Evópoli finiquitó con $9 millones al secretario general del partido y dos meses después contrató su empresa por $24 millones

En abril de 2024, Evópoli desvinculó a su secretario general, Juan Carlos González, por necesidades de la empresa. Según su finiquito, le pagaron $9 millones. Dos meses después, la directiva del partido contrató a su empresa para realizar el mismo trabajo, Asesorías e Inversiones Ergon S.A. Ese servicio costó cerca de $24 millones por trabajos realizados entre julio y diciembre de 2024. El Servel no cuestiona que la empresa haya realizado las tareas, pero rechazó el gasto porque, entre otras razones, la Ley de Partidos Políticos impide la participación de empresas en las directivas de los colectivos. En noviembre de 2025 el servicio solicitó restituir esos fondos que fueron pagados con dinero estatal.

El 8 de abril de 2024, el partido Evolución Política (Evópoli) desvinculó de sus funciones a Juan Carlos González Calderón, quien desde octubre de 2022 era secretario general del colectivo. En su despido, el partido argumentó que se efectuaba por necesidades de la empresa y se calculó un finiquito por $9.429.289 que incluía pago por vacaciones. 

Dos meses después, el 1 de junio de 2024, bajo la presidencia de la exministra de Transportes, Gloria Hutt, el colectivo firmó un contrato con Asesorías e Inversiones Ergon S.A., una empresa de González creada en 2014. Según consignó en las observaciones que el Servel realizó al balance del partido, esos servicios correspondían justamente a “labores de asesoría a la secretaria general del partido”. Es decir: Evópoli contrató a la empresa de su secretario general para asesorar al secretario general del partido. 

Por el trabajo de asesoría, se acordó el pago de 100 UF mensuales para Ergon S.A., que al cambio de la época, asciende a poco más de $3.7 millones. El monto es casi el mismo que Juan Carlos González percibía cuando tenía el cargo de secretario general, cuya remuneración era de $4 millones mensuales.

CIPER contactó a González para entender los pormenores del cambio en la manera como prestó sus servicios a Evópoli, quien explicó por escrito lo siguiente: 

“Desde fines de 2023 hubo un quiebre interno entre la directiva nacional y el estamento de senadores, que se intentó solucionar a través de innovar en la Secretaría General, y por eso tuve que poner mi cargo a disposición en abril [de 2024] y se firmó el finiquito laboral, ya que se suponía que yo no iba a seguir trabajando. Sin embargo, el conflicto no se solucionó y yo seguí haciendo las labores propias del rol para el que fui elegido en 2022”, dijo. 

Según agregó, para solucionar ese conflicto interno, la directiva nacional convocó a un Consejo General donde se aprobó prorrogar esa directiva hasta diciembre de 2024. Y señala: “Continué con mi rol, pero según la encargada de personal del partido se hizo consulta a la Dirección del Trabajo y no me podían contratar de vuelta, así que tomamos la opción de usar mi empresa para remunerar ese trabajo”.

De acuerdo a la información de Transparencia Activa del partido, a través de Ergon S.A, el exsecretario recibió entre julio y diciembre de 2024 un total de $24.622.483 por las labores de asesoría administrativa. 

El Servel realiza anualmente a todos los partidos políticos una fiscalización a su contabilidad interna. Esto, desde que a partir de 2016 todos los colectivos reciben financiamiento estatal para subsistir.  En ese proceso que culminó en noviembre de 2025, el servicio rechazó el pago a Ergon S.A. y solicitó la restitución de los más de $24 millones. 

CIPER contactó a Evópoli a través de su unidad de comunicaciones y su presidente, Juan Manuel Santa Cruz, para saber las razones de no haber enviado la acta al Servicio Electoral, y cómo se está trabajando en resolver esa observación. Sin embargo, al cierre de esta nota, no fue posible tener una respuesta. También contactó a su expresidenta, Gloria Hutt, quien tampoco respondió. 

RECHAZO AL BALANCE Y DISOLUCIÓN DE EVÓPOLI

En la fiscalización anual realizada por el Servel a los balances de los partidos respecto a su ejercicio financiero del año 2024 -y que se revisa en 2025- el Servel rechazó los balances de 14 partidos, entre ellos, el de Evópoli.  Además, el colectivo es uno de los 13 partidos que no alcanzaron lo establecido en la ley para existir. Evópoli no obtuvo el porcentaje mínimo de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados. Por otra parte, no logró obtener el mínimo de cuatro parlamentarios que exige la ley, en al menos dos regiones distintas. El 6 de febrero pasado, el servicio emitió la resolución 0043, donde resuelve la disolución de Evópoli, algo que el colectivo espera revertir ante el Tribunal Calificador de Elecciones (lea esa resolución).

Si el partido logra sortear su disolución, deberá además conseguir aprobar su balance. Hasta ahora, el Servel solicitó que los $24 millones que se le pagaron a la empresa de Juan Carlos González fueran restituidos. Pero, el colectivo busca que esa obligación también sea revertida y entregó un segundo informe al Servel donde acompaña una declaración jurada que señala que la directiva resolvió hacer la recontratación. El propio González lo señala a CIPER: “La exdirectiva nacional firmó una declaración ante notario donde ratifica su acuerdo con este procedimiento, y que está contenida en el informe”, dijo (lea la declaración jurada).

La declaración jurada que envió el exsecretario a CIPER, fue firmada el 15 de diciembre de 2025, posterior a la resolución del Servel y señala lo siguiente: “Dado que el Secretario General continuó prestando sus labores sin variación, la Presidenta –Gloria Hutt-, en uso de sus atribuciones y previa consulta informal a los integrantes de la Directiva Central, resolvió reponer a partir del 1 de junio de 2024 la remuneración del Secretario General”. 

El Servel no cuestionó que el trabajo de la empresa de González se haya realizado, porque en su balance existen respaldos de reuniones con militantes, campañas políticas y actividades del colectivo. Pero el ente fiscalizador determinó rechazar esos gastos ya que el colectivo no adjuntó “copia del acta de la mesa directiva donde se toman los acuerdos de desvincularlo y recontratar como empresa.

También, de acuerdo a la Ley 18.603 que regula el financiamiento estatal a partidos políticos se señala que estos “no podrán constituir ni participar en personas jurídicas, salvo las expresamente autorizadas por esta ley y por la ley N°19.884. Tampoco podrán prestar servicios a título oneroso”.

Además, en escrito se señala que no fue posible volver a contratar a González: “No era posible restablecer la relación laboral ya finiquitada, por lo cual se acordó con el Secretario General que la retribución por sus labores se realizara bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios de carácter civil, y por un monto equivalente al ingreso líquido que recibía anteriormente, para lo cual utilizó una persona jurídica (Asesorías e Inversiones ERGON S.A) cuyo beneficiario final era el Secretario General Juan Carlos González Calderón”.

El 27 de noviembre de 2025 el Servel rechazó el balance de Evópoli y con ello, la retención del financiamiento trimestral mientras el partido no logre revertir las observaciones: “Resulta forzoso concluir el rechazo del ejercicio contable 2024 ya que se configura el incumplimiento y efecto regulado en el artículo 44 de la Ley 18.603, por cuanto el balance no se ajusta con las anotaciones de los libros, sin perjuicio de los errores y omisiones manifiestos” (vea esa resolución). 

Evópoli recibió durante el año 2025, una suma cercana a los $463 millones, divididos en pagos trimestrales que fluctuaron  entre los $125 millones y los $106 millones.