Groenlandia: el pulso que reordena a los aliados

En la siguiente columna su autor hace un análisis de las tensiones que se viven en torno a la presión de Estados Unidos sobre Groenlandia y la forma en que está reaccionando la Unión Europea. Sostiene que “el movimiento general de Europa reafirma principios para que la soberanía no quede como variable transaccional; al mismo tiempo, inserta salvaguardas en el expediente comercial para que el acceso al mercado no sea inmune a amenazas políticas; y, en paralelo, el marco OTAN ofrece un plano técnico (vigilancia y presencia) que permite cooperación sin reescribir fronteras. El resultado no es ruptura automática: es un ajuste del vínculo, con más condicionalidad económica y más esfuerzo por encauzar lo militar”.

En 1956, Egipto nacionalizó el Canal de Suez. Reino Unido y Francia —en coordinación con Israel— impulsaron una intervención militar para ocupar la zona del canal y forzar un desenlace político favorable frente al gobierno de Nasser, pero Estados Unidos bloqueó esa salida y empujó la retirada mediante presión diplomática y financiera. El episodio dejó una idea útil para leer la política internacional: el poder también se ejerce hacia adentro de una alianza entre socios occidentales —y, en el caso de Londres y París, aliados OTAN de Washington—, fijando límites a los propios socios.

La coyuntura de Groenlandia no replica ese episodio, pero sí vuelve visible una tensión del mismo orden: la presión ya no se aplica solo contra adversarios, sino que puede operar dentro del eje transatlántico, con efectos sobre disciplina, autonomía y reglas compartidas. ¿Qué se modifica en el orden internacional cuando la presión deja de ser excepcional y empieza a operar dentro de las alianzas?

DE SUEZ AL ÁRTICO: PRESIÓN DENTRO DE LA ALIANZA

No hay vacío institucional. La presencia estadounidense en Groenlandia descansa en arreglos vigentes con el Reino de Dinamarca —y, por extensión, con el autogobierno groenlandés— y en una agenda ártica que la OTAN viene empujando desde hace años. Dinamarca es Estado miembro de la Unión Europea; Groenlandia no integra la UE y se vincula como territorio asociado (OCT), lo que ayuda a entender por qué Bruselas reacciona políticamente aun sin “pertenencia” territorial plena. En la práctica, esa presencia se apoya también en infraestructura crítica: Pituffik Space Base sostiene misiones de alerta temprana y defensa antimisiles, un dato operativo que conecta soberanía y seguridad aliada sin grandilocuencia. Lo nuevo es el método: introducir la soberanía, y su eventual “control”, como variable de negociación bajo amenaza comercial y apremio político.

Dinamarca, además, gestiona una ecuación doble. Debe contener un apremio externo y, al mismo tiempo, administrar una trayectoria interna en Groenlandia que no se ordena por decreto desde Copenhague. Esa agencia quedó formulada en la estrategia groenlandesa 2024–2033, “Greenland in the World — Nothing about us without us”, que explicita aspiraciones y prioridades propias para su inserción internacional. En ese marco, Mikkel Vedby Rasmussen (Universidad de Copenhague) ha descrito el dilema danés como un desgaste potencial: invertir capital político para “asegurar” Groenlandia mientras el territorio mantiene su propio curso político.

La reacción europea se movió en dos planos. En el normativo, António Costa (presidente del Consejo Europeo) y Ursula von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea) fijaron la línea en soberanía e integridad territorial, pero lo relevante fue el encuadre: no lo presentaron como gesto retórico, sino como un umbral que condiciona la propia relación transatlántica, incluida la cooperación ártica. Esa operación es política: subir el costo de que la presión se normalice “hacia adentro”.

LA RESPUESTA EUROPEA: NORMAS, COMERCIO Y SALVAGUARDAS

El 4 de febrero, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA), encabezada por Bernd Lange (presidente de INTA y ponente permanente para EE.UU.), acordó reactivar la tramitación de las propuestas asociadas al entendimiento comercial UE–EE.UU., pero incorporando “grounds for suspension”: bases para suspender preferencias arancelarias si hay amenazas a los intereses esenciales de seguridad de la Unión o de sus Estados miembros, incluida su integridad territorial. Esto no es un castigo aplicado; es una salvaguarda introducida en el expediente para que el comercio no quede desconectado del comportamiento político.

Con esa salvaguarda, el “estado de la cuestión” queda más nítido. Lo que ya ocurrió fue el uso del procedimiento legislativo como palanca: suspensión de facto (al congelar el trabajo) y reanudación condicionada (al definir causales de suspensión). Lo que no ha ocurrido —y por eso el episodio es más “señal” que ruptura— es la activación de una suspensión del acuerdo: el diseño apunta a disuasión y condicionalidad, y cualquier paso más duro requiere mayorías, texto final y calendario parlamentario.

La Comisión, además, sostuvo el gesto de contención por la vía formal. El 4 de febrero adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/295 y, con ello, suspendió medidas de “reequilibrio” comercial vinculadas a productos de EE.UU. —y a exportaciones de la UE—, manteniendo margen para negociación. Es un dato duro: hay capacidad de respuesta, pero también una preferencia por mantenerla en pausa mientras se estabiliza el vínculo.

En la OTAN, el esfuerzo fue desplazar el conflicto al plano operativo de seguridad: coordinación ártica, vigilancia y presencia. Mark Rutte (secretario general de la OTAN) insistió en Davos en la centralidad estratégica del Ártico y en que la defensa de la región exige acción colectiva entre los aliados árticos. En ese contexto, el cuartel militar aliado (SHAPE) informó el inicio de “Arctic Sentry”, un esfuerzo para coordinar y dar visibilidad operativa a actividades aliadas en el Ártico y el High North. El 11 de febrero, además, el Ministerio de Defensa británico anunció que duplicará en tres años su contingente en Noruega, enmarcando el refuerzo en la seguridad del Ártico y el High North. La utilidad política de este movimiento es clara: ofrecer cooperación técnica como salida, sin abrir la cuestión de la soberanía.

La economía, en este cuadro, no es un plano menor. David A. Baldwin, en Economic Statecraft, plantea una idea simple: los instrumentos económicos son una forma de poder porque permiten alterar costos y beneficios para influir en decisiones ajenas sin recurrir a la fuerza; lo decisivo es evaluar con qué instrumentos, con qué credibilidad y quién paga el costo de la medida. Henry Farrell y Abraham Newman, en Weaponized Interdependence, afinan el mecanismo: en redes globales —pagos, finanzas, datos, cadenas de suministro—, quien controla nodos centrales puede vigilar, bloquear o condicionar el acceso de otros, convirtiendo la interdependencia en palanca coercitiva. En Groenlandia, la presión no opera en abstracto: pasa por comercio, aranceles, procedimientos legislativos y señales de inversión.

Ahí entra el Anti-Coercion Instrument (ACI). No es un eslogan ni un “botón rojo”: es un marco legal de la UE, vigente desde el 27 de diciembre de 2023, que define “coerción económica” como presión de un tercer país —mediante medidas o amenazas que afectan comercio o inversión— para forzar decisiones soberanas. Establece una secuencia: examen por la Comisión, determinación por el Consejo, fase de compromiso y consultas y, solo como último recurso, medidas de respuesta que pueden ir desde restricciones de acceso al mercado hasta medidas en servicios, inversión, contratación pública o propiedad intelectual.

Esto plantea un problema práctico para Bruselas: el ACI se diseñó pensando en terceros y, sin embargo, el debate público lo arrastra hacia un escenario en que el socio central también podría quedar bajo ese lenguaje. Bruegel abordó esa tensión en un “First Glance”, su formato de nota breve de coyuntura orientada a intervenir rápido en debates de política pública; allí Ignacio García Bercero sostuvo que amenazas arancelarias ligadas a una exigencia política pueden encajar en el concepto de coerción y que la UE debería prepararse para responder, incluso si el objetivo principal es disuasión. En la misma línea, Laura von Daniels (SWP) publicó Positioning the Anti-Coercion Instrument in the Greenland Crisis (Working Paper No. 01/2026), donde ordena escenarios de uso del ACI y el dilema: activarlo puede proteger credibilidad europea, pero también elevar el conflicto con Washington; no activarlo puede abaratar futuras presiones.

El movimiento general de Europa reafirma principios para que la soberanía no quede como variable transaccional; al mismo tiempo, inserta salvaguardas en el expediente comercial para que el acceso al mercado no sea inmune a amenazas políticas; y, en paralelo, el marco OTAN ofrece un plano técnico (vigilancia y presencia) que permite cooperación sin reescribir fronteras. El resultado no es ruptura automática: es un ajuste del vínculo, con más condicionalidad económica y más esfuerzo por encauzar lo militar.

TRES TRAYECTORIAS: DESESCALADA, FRICCIÓN, AUTONOMÍA

De ahí se abren tres trayectorias plausibles, más como dinámica que como menú. Una desescalada transaccional es posible si la cooperación operativa en el Ártico absorbe la fricción y el expediente comercial avanza con las nuevas causales de suspensión como seguro, no como amenaza inmediata. Un segundo curso es la fricción recurrente: la relación continúa, pero con episodios periódicos de presión y respuestas institucionales europeas que buscan elevar el costo sin cortar el vínculo. El tercer curso es una autonomía por acumulación: sin “divorcio” militar en el corto plazo, pero con una Europa que acelera instrumentos económicos-jurídicos defensivos y reduce reflejos automáticos de confianza cuando la coerción se vuelve un recurso disponible dentro de la propia alianza.

Finalmente, hubo un hecho que marca la ampliación del tablero: más diplomacia en Nuuk. Canadá formalizó la apertura de su consulado y lo vinculó explícitamente a un aumento de compromiso diplomático y cooperación con Groenlandia. Francia, por su parte, informó oficialmente la instalación de un Consulado General en Nuuk y el inicio de funciones de Jean-Noël Poirier como cónsul general, presentándolo como expansión de su red consular y como primer país de la UE en establecer un consulado general allí.