Migrantes venezolanos en Chile: de la celebración a la incertidumbre

La autora de esta columna recuerda el empadronamiento biométrico que el actual gobierno implementó como una política para regularizar a los inmigrantes indocumentados en el país y sostiene que todavía no se sabe qué va a pasar con esos datos de más de 180 mil personas que voluntariamente se sometieron al procedimiento. Dice que «el Estado de Chile (con independencia de la gestión gubernamental de que se trate) tiene una responsabilidad ética con el destino de las personas que le entregaron esta información sobre su identidad. Para la gestión gubernamental actual, que recogió esos datos y generó, con su ambigüedad, una genuina expectativa de regularización, esa responsabilidad ética es doble».

El sábado 3 de enero varias calles y plazas de Santiago se volvieron escenario de una in(largamente)esperada celebración: en otra parte de nuestro hemisferio habían “extraído” a un dictador -las comillas son, en este caso, un signo de ironía-. Resulta difícil no empatizar con la alegría por la caída de un dictador, excepto que quien lo hace caer es otra peligrosa expresión de autoritarismo; excepto que se trata de un Estado interviniendo en otro por los intereses de algunas empresas; excepto que no hay ningún propósito de recuperar las instituciones de la democracia en la operación de “extracción”; excepto que los argumentos que se esgrimen para sustentar la acción echan por tierra con una enclenque estructura de derecho internacional, y tantas otras excepcionalidades en torno a esta especie de déjà vu de pesadilla. 

De las numerosas aristas de este acontecimiento que pueden analizarse, nos interesa una en particular: su impacto en el escenario migratorio chileno, en relación con una acción de política pública que podría poner en serio riesgo la integridad de muchas de las personas venezolanas que residen en el país: el Empadronamiento Biométrico. 

EMPADRONAMIENTO, EXPECTATIVAS Y… ¿REALISMO POLÍTICO? 

El Empadronamiento Biométrico fue una de las medidas centrales de la política migratoria del actual gobierno, implementada a través de resoluciones del Servicio Nacional de Migraciones (SerMig) de mayo y junio de 2023 (25.425 y 27.896). El dispositivo tuvo como objetivo “empadronar biométricamente (registro de huellas dactilares, rostro, documentos de identificación y caracterización socio-demográfica), a las personas extranjeras mayores de 18 años que hayan ingresado a Chile hasta el día 30 de mayo del 2023, eludiendo un control migratorio o por un paso fronterizo no habilitado”. En total, 182.119 personas se presentaron voluntariamente ante el Estado para empadronarse, de las cuales el 91% son venezolanas.

Si bien hubo una notable opacidad en torno al destino que tendría esta información que se estaba recogiendo, algunos personeros del gobierno dejaron entrever, o directamente deslizaron, que podrían utilizarse para un proceso de regularización acotada. En la versión ejecutiva de la Política Migratoria lanzada en julio de 2023 se señalaba, por otra parte, que para esa eventual acción se considerarían la identidad y los antecedentes penales de las personas registradas, y que se revisaría “en detalle y caso a caso la situación de las personas” para “definir las vías que existen para resolver su situación”. 

La propuesta (empadronar y revisar caso a caso) estaba presente ya en el “Programa de Gobierno Apruebo Dignidad” (2021), en el que se sostenía que: “Como respuesta a la crisis migratoria y al crecimiento de la migración irregular proponemos realizar un  empadronamiento de las personas que se encuentran en situación de irregularidad para iniciar una evaluación de cada caso, atendiendo las necesidades y capacidades de los mercados de trabajo locales y los compromisos internacionales que tiene Chile en materia de refugio y protección de la infancia”.

Además, se señalaba en el documento que la política migratoria de un eventual gobierno de la coalición tendría como base el enfoque de derechos humanos, mejoraría los sistemas de regularización migratoria y potenciaría los mecanismos de protección de los grupos más vulnerables de la población migrante.

En cambio, la política migratoria de esta gestión gubernamental que llega a su fin se orientó, como han mostrado numerosos estudios, a una intensificación de la narrativa criminalizante y expulsora de la población migrante. Esa orientación creció progresivamente, cediendo a la presión que fue imponiendo un proceso de politización de los temas migratorios empujado sobre todo por los partidos de derecha hacia una clave de lectura securitaria. 

Este proceso lleva tiempo generándose, y tuvo en la campaña presidencial de 2017 una suerte de hito inicial, como muestran Lucía Dammert y Matthias Erlandsen en un análisis que evidencia la emergencia, en ese momento, de un “discurso político centrado en el populismo punitivo, la innecesaria generalización de imágenes estigmatizadoras y la consolidación de la metáfora que vincula la migración con el peligro, principalmente la criminalidad”. Este discurso no ha dejado de crecer en los últimos años, tensando la convivencia entre nacionales y migrantes de manera peligrosa e irresponsable. El actual gobierno, en términos generales, no ha disputado este discurso. Por el contrario, parece haber cedido los temas migratorios en función de otras peleas. Pero esto lo ha enfrentado a un dilema ético que, por lo mismo (es decir, por su carácter ético), interpela el espíritu mismo de la propuesta política que este gobierno ha intentado representar. 

PROYECTO MIGRATORIO Y EXPECTATIVAS DE RETORNO

Según un informe de caracterización de la población empadronada elaborado por el SerMig y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 2024, un 55,7% de las personas empadronadas dijo querer quedarse a vivir en Chile para siempre, y un 30,8% por un período largo de tiempo, de al menos 5 años. Es decir, un 86,5% tenía al momento de registrarse un proyecto de vida en Chile de mediano y largo alcance. Recordemos que el 91% de los empadronados son personas venezolanas, es decir, esta proyección de futuro corresponde mayoritariamente a población de este origen nacional. 

Un 91,9% de los registrados dijo además que su principal motivo para empadronarse fue “poder residir de manera legal en Chile”, es decir, había una clara preocupación por el respeto de las normas nacionales, y probablemente dificultades para poder realizar el ingreso de manera regular, como han mostrado numerosas publicaciones académicas que se han ocupado del tema. 

Respecto de las razones por las que salieron de su país, un 96% dijo que lo hizo por necesidades económicas; un 52,1% para reunirse con familiares en Chile; un 25,3% por necesidades de salud; 24,1% porque fue víctima de violencia, amenaza o intimidación, y un 17,6% porque lo fue un miembro de su familia directa.

¿Debemos suponer entonces que el escenario generado en Venezuela por la “extracción” de Nicolás Maduro y su esposa implicará un retorno de las personas de ese origen viviendo en Chile? La encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo aplicó el pasado 4 de enero un cuestionario orientado a medir percepciones sobre la intervención de los Estados Unidos en Venezuela que puede echar luz sobre esa inquietud. Una de las preguntas planteadas al panel de venezolanos consultaba textualmente: “Si la situación en su país de origen mejorara de manera clara en los próximos 12 meses, ¿usted volvería a vivir allá?”. Un 31% respondió que no volvería, y un 21% que no lo sabía.

LA RESPONSABILIDAD ÉTICA

El pasado 18 de diciembre, día internacional de las personas migrantes, un grupo de representantes de organizaciones de y para migrantes, y de académicas y académicos que trabajan en temas migratorios, entregaron en la Oficina de Partes de La Moneda una carta dirigida al presidente Gabriel Boric. La misiva, firmada por más de 5.200 personas (nacionales y migrantes), entre ellas dos premios nacionales de derechos humanos (Elizabeth Andrade Huaringa y Claudio González Urbina), y por más de 100 organizaciones de diverso tipo, solicitaba la regularización de las personas migrantes que fueron empadronadas. En la carta se sostenía que “las personas migrantes que residen en Chile están atravesando uno de los momentos más adversos de las últimas décadas, enfrentando un clima de xenofobia, racismo y criminalización inusitado”, y que este gobierno “tiene el deber ético de abordar esta situación, más aún cuando implementó una acción de política pública como el Empadronamiento voluntario de personas migrantes, que generó la fundada esperanza de que podría conducir a un proceso de regularización”.

La preocupación por el futuro de las personas empadronadas expresada en esa carta no se ha disipado por los sucesos ocurridos en Venezuela a comienzos de este 2026, más bien ha ocurrido lo contrario. El fundado temor que surge a partir del agravado escenario generado por la intervención de los Estados Unidos en una ya crítica situación de Venezuela, por una parte, y debido al ánimo expulsor de las medidas migratorias anunciadas en campaña por la gestión de gobierno que asumirá en Chile el 11 de marzo de este año, por la otra, es el riesgo en que se podría poner a las personas venezolanas en situación irregular en caso de ser expulsadas a su país de origen. Para concretar estas expulsiones eventuales, el Estado dispone ahora de una base de datos amplia a partir del empadronamiento biométrico. 

El Estado de Chile (con independencia de la gestión gubernamental de que se trate) tiene una responsabilidad ética con el destino de las personas que le entregaron esta información sobre su identidad. Para la gestión gubernamental actual, que recogió esos datos y generó, con su ambigüedad, una genuina expectativa de regularización, esa responsabilidad ética es doble.