Incendios forestales: la catástrofe anunciada y la educación que no llega

El autor de esta columna comenta la importancia de la educación como parte de la estrategia de prevención de incendios como los que están transformándose en constante en el centro y sur del país y sostiene que «es momento de que las autoridades asuman su responsabilidad con medidas concretas: ordenamiento territorial vinculante, fortalecimiento de capacidades locales, prevención comunitaria, fiscalización efectiva y revisión estructural de las condiciones territoriales que vuelven estos incendios recurrentes. Pero también —de manera urgente— es necesario transformar la educación para integrar pensamiento crítico, historia del territorio y comprensión social del riesgo».

Créditos imagen de portada: Rodrigo Fuica / Agencia Uno

El cielo se vuelve opaco y la luz del día adquiere un tono extraño. El humo se mete en las casas, en las escuelas, en los pulmones. En la Provincia de Concepción el olor a ceniza se vuelve rutina: basta abrir una ventana para sentirlo, mirar hacia los cerros para comprender —sin necesidad de noticias— que algo grave está ocurriendo. La escena se repite con demasiada frecuencia: incendios forestales que avanzan hacia sectores poblados, sirenas, evacuaciones, incertidumbre, familias que cargan apuradas lo que pueden y una sensación colectiva de fragilidad.

Pero lo más inquietante no es solo el fuego. Es la familiaridad con la tragedia.

Los incendios forestales en Concepción —como en tantas otras zonas del centro-sur de Chile— ya no pueden entenderse como una simple “emergencia estival” ni como un hecho inevitable asociado al clima. Son la expresión de una catástrofe anunciada, resultado de decisiones políticas, modelos productivos y omisiones institucionales que se arrastran por décadas. La pregunta ya no es por qué ocurren incendios, sino por qué el país insiste en organizar su territorio como si arder fuera un costo aceptable.

Porque en Chile los desastres rara vez son simplemente naturales.

La historia ambiental lo ha mostrado con claridad: los incendios no son solo eventos físicos, sino hechos socioecológicos donde convergen condiciones climáticas y, al mismo tiempo, relaciones de poder, desigualdades territoriales, políticas públicas, marcos regulatorios, tipos de uso del suelo y economías extractivas. El fuego no es una amenaza externa: es parte de una forma histórica de habitar y producir el territorio.

Y aquí conviene decirlo sin rodeos: un incendio se convierte en tragedia cuando una sociedad decide convivir con el riesgo como si fuera normal, naturalizando la vulnerabilidad de comunidades enteras.

En ese sentido, el incendio no parte cuando aparece la primera chispa. Comienza antes: cuando se tolera una interfaz urbano-forestal sin planificación seria; cuando se permite la expansión urbana hacia zonas de alto riesgo; cuando los cortafuegos son insuficientes; cuando la fiscalización es débil; cuando la política forestal prioriza la rentabilidad por sobre la seguridad; y cuando el Estado reacciona solo cuando el daño ya es irreparable.

Los incendios, por tanto, son también un diagnóstico. Y el diagnóstico que se repite es inquietante: administramos el desastre, pero no transformamos sus causas.

Desde una mirada histórica, es imposible no reconocer un patrón. Chile ha construido parte importante de su modernización empujando la ocupación intensiva de territorios sin planificación ambiental robusta ni comprensión histórica de sus límites. En distintos ciclos productivos —forestal, agrícola, minero, urbano— se ha instalado una racionalidad donde el paisaje se mira como soporte: un lugar disponible para el “desarrollo”. La historia ambiental ha evidenciado que esa mirada no es neutra: define qué vale, qué se protege, qué se explota y quiénes asumen los costos sociales y ecológicos.

Esa lógica se expresa cada verano: el fuego corre con ventaja porque el territorio ha sido estructurado para arder.

Sin embargo, hay un elemento menos mencionado —pero igualmente grave—: el sistema educativo chileno sigue sin abordar estas problemáticas con la urgencia y profundidad crítica que requieren. Mientras los incendios devastan ecosistemas, destruyen viviendas y amenazan vidas, la escuela continúa enseñando como si el territorio fuese una noción abstracta: un mapa mudo, una coordenada. Se enseña geografía sin conflicto, historia sin poder, ciencias sin comunidad. Se reduce el problema a “fenómenos naturales” o “riesgos climáticos”, y se omite lo esencial: las causas sociales, económicas y políticas que convierten un fenómeno en catástrofe.

Esto no es un detalle curricular: es una forma de desarmar a la ciudadanía.

En la práctica, se niegan herramientas para comprender críticamente lo que se vive. Porque los estudiantes de nuestras comunas —desde Coronel o Santa Juana hasta Tomé, Penco o Florida— no son espectadores distantes del desastre: son habitantes del territorio afectado. Sus familias, barrios, escuelas y memorias quedan atravesados por estas tragedias. Educar no puede reducirse a transmitir contenidos: implica formar conciencia territorial, lectura crítica del entorno, participación ciudadana y comprensión histórica de los procesos que nos han conducido a este escenario.

Aquí aparece una dimensión crucial: la memoria histórica.

Cada temporada de incendios tiene algo de repetición. La sociedad se conmueve durante algunas semanas —humo, evacuaciones, pérdidas— y luego cae en una amnesia institucionalizada. Esa amnesia no es casual: tiene un componente político. Olvidar permite mantener las cosas como están. Olvidar vuelve aceptable lo intolerable. Olvidar reduce la tragedia a contingencia y la contingencia a mala suerte.

En cambio, recordar incomoda, exige explicaciones, obliga a revisar responsabilidades. Y eso es precisamente lo que el enfoque de historia ambiental aporta: la idea de que el territorio tiene memoria, pero también la advertencia de que esa memoria suele ser contradicha por la desmemoria social y estatal.

Cuando la historia ambiental observa un paisaje, lo lee como archivo: bosque reemplazado, monocultivos, quebradas degradadas, urbanización en laderas, ecosistemas debilitados. Todo ello “escribe” procesos históricos. Los incendios son entonces un episodio extremo donde esa escritura se vuelve violencia.

Por eso es tan problemático que las políticas públicas operen como si cada verano fuera excepcional.

Si analizamos nuestra historia, encontramos un patrón recurrente: muchos desastres en Chile han sido agravados por deficiente planificación territorial y negligencias sistemáticas. Terremotos, aluviones, inundaciones, incendios: el problema no es solo el evento, sino la vulnerabilidad previamente construida. En este marco, la gestión pública suele actuar sobre los efectos, no sobre las condiciones que sostienen el riesgo.

No basta con gestionar la emergencia cuando el daño ya está hecho. Es urgente un enfoque educativo y político que fomente pensamiento crítico y prevención desde la historia, las ciencias sociales y la educación en su conjunto.

Y esa prevención no puede reducirse a una lista de conductas individuales (no botar colillas, no hacer fogatas). Son acciones relevantes, pero insuficientes. El riesgo de incendio es estructural: se produce en un territorio ordenado (y desordenado) por políticas, inversiones e intereses. Si la educación solo moraliza conductas sin abordar el problema territorial, entonces despolitiza y simplifica.

En otras palabras: la escuela no puede seguir llegando después.

Hoy se habla mucho de “educación ambiental”, pero a menudo se la reduce a actividades superficiales. Lo que necesitamos es una educación ambiental y territorial verdaderamente formativa: que enseñe a leer el paisaje como construcción histórica; que cuestione extractivismo y desigualdad; que forme estudiantes capaces de comprender la relación entre economía, política y naturaleza; y que haga del territorio —real y vivido— un espacio de aprendizaje permanente.

La pregunta no es solo cuánto se quemó o cuántos recursos se destinarán a reconstruir. La pregunta de fondo es por qué, año tras año, seguimos reproduciendo las condiciones de posibilidad del desastre. Por qué toleramos un orden territorial frágil. Por qué el debate público se agota en la contingencia. Y por qué el sistema educativo opera con un currículum que rara vez se atreve a nombrar responsabilidades.

Aquí la memoria histórica vuelve a ser fundamental. Recordar no es quedarse en la tragedia: es comprenderla. Implica reconstruir continuidad, conectar el incendio actual con políticas de uso del suelo, transformaciones productivas y la manera en que el Estado ha concebido (o ignorado) el ordenamiento territorial. Implica reconocer también que cada desastre deja huellas materiales y afectivas: comunidades marcadas y miedo permanente durante el verano.

Esa memoria es un conocimiento social. Negarla —o no integrarla en la educación— es una forma de violencia simbólica: se les exige a las personas vivir la catástrofe como evento aislado, sin derecho a comprenderla como proceso histórico.

Es momento de que las autoridades asuman su responsabilidad con medidas concretas: ordenamiento territorial vinculante, fortalecimiento de capacidades locales, prevención comunitaria, fiscalización efectiva y revisión estructural de las condiciones territoriales que vuelven estos incendios recurrentes. Pero también —de manera urgente— es necesario transformar la educación para integrar pensamiento crítico, historia del territorio y comprensión social del riesgo.

Porque el incendio no es solo fuego: es una ruptura del vínculo entre sociedad y naturaleza. Es el momento en que el paisaje —archivo vivo de decisiones humanas— devuelve el resultado de décadas de intervención sin límites. Mientras las instituciones insistan en mirar el incendio como episodio aislado y lo encierren en el lenguaje neutral de la “emergencia”, seguirán negando lo esencial: que el territorio no está fallando, está respondiendo.

El territorio no olvida. Arde donde ha sido debilitado. Arde donde el bosque fue reemplazado. Arde donde se permitió construir sin condiciones. Arde donde se hizo del verano una condena.

Pero la sociedad sí puede olvidar. Y cuando olvida, el desastre se vuelve costumbre; la tragedia, rutina; la pérdida, un costo calculado. Por eso, la verdadera prevención no consiste únicamente en contener el fuego: consiste en disputar la desmemoria. Consiste en construir una educación que haga del territorio un saber crítico, una memoria activa y una responsabilidad política.

Que la escuela y las políticas públicas sigan actuando como si no lo supieran es, simple y llanamente, una irresponsabilidad imperdonable.