Incendios forestales en Chile: cuando lo previsible se vuelve mortal

Al momento de publicar esta columna, el balance oficial indicaba 19 personas muertas en los incendios en las regiones de Ñuble y del Biobío. El autor de esta columna sostiene que Chile está desactualizado para la realidad del cambio climático, afirmando su tesis con datos. Dice que «Chile no va a eliminar los incendios forestales. Habrá eventos imposibles de contener. Nadie está obligado a lo imposible. Pero el Estado sí está obligado a hacer lo necesario cuando las condiciones son previsibles y las consecuencias -como ya vimos- son desastrosas».

Créditos imagen de portada: Rodrigo Fuica / Agencia Uno

Chile ya no enfrenta incendios forestales “difíciles”. Enfrenta incendios de comportamiento extremo como condición estructural de la gestión de emergencias en todas sus fases (mitigación – prevención, preparación, respuesta, recuperación). 

Desde hace al menos 15 años, las variables críticas – olas de calor más frecuentes, sequía prolongada, calor extremo, topografía compleja y una interfaz urbano-rural crecientemente expuesta – dejaron de ser excepcionales. Son conocidas, medibles y reiteradas. Lo que no ha evolucionado con la misma velocidad es el sistema encargado de anticipar, conducir y proteger a la población.

Las cifras permiten ordenar el debate. Entre 1985 y 2010, la superficie afectada por incendios forestales en Chile promedió del orden de 54.000 hectáreas por temporada. Entre 2011 y 2025, ese promedio se elevó a aproximadamente 132.000 hectáreas anuales. Si se observa el período más reciente, los últimos 12 años, se concentran 7 de las 10 temporadas más catastróficas en superficie afectada y el promedio supera las 150.000 hectáreas por temporada. No estamos frente a una leve variación de la tendencia: el problema cambió de escala.

Esto no es un dato anecdótico. Es una alerta sistémica. El número de incendios ha fluctuado dentro de rangos conocidos; lo que cambió radicalmente ha sido la afectación en vidas y superficie,  a partir de su comportamiento extremo, velocidad de propagación y capacidad de impactar zonas habitadas. Seguir midiendo el problema solo en cantidad de eventos o incluso en superficie, oculta la verdadera dimensión del riesgo.

EL INDICADOR QUE CHILE SIGUE SUBESTIMANDO: LAS VIDAS

En incendios de interfaz urbano-forestal, el indicador central no debe ser la hectárea o superficie afectada, sino la vida humana. Y aquí Chile cruzó un umbral preocupante.

Con 138 personas fallecidas confirmadas por Fiscalía, el megaincendio del 2 de febrero de 2024 en Viña del Mar no solo es el más letal de la historia nacional por incendios forestales: se ubica entre los incendios forestales y de interfaz más mortíferos del siglo XXI a nivel mundial. Supera tragedias comparables como Mati (Grecia, 2018; 104 fallecidos) o Lahaina/Maui (Estados Unidos, 2023; 102 fallecidos), y solo es superado -según registros oficiales y bases de datos internacionales- por el Black Saturday en Australia (2009; 173 fallecidos).

A ello se suma un dato aún más inquietante: las cinco temporadas con más personas fallecidas en incendios forestales en toda la historia de Chile se concentran en los últimos 15 años. 

Ningún incendio comienza con cientos de hectáreas ni con decenas de víctimas. Llega ahí cuando confluyen condiciones previsibles con incapacidad institucional para anticipar, atacar temprano – de manera precisa y contundente – y evacuar de forma oportuna, ordenada y efectiva.

CRIMINALIZAR EL ORIGEN NO REEMPLAZA LA GESTIÓN

Parte del relato público ha tendido a explicar estas catástrofes casi exclusivamente desde la intencionalidad. La persecución penal es necesaria. Pero convertirla en el eje explicativo principal tiene un efecto perverso: desplaza la responsabilidad de la gestión institucional.

En materia de intencionalidad, incluso si toda ignición fuese delictual, eso no explica por qué un incendio escala hasta arrasar poblados completos.

Pero en el proceso de mejora continua posterior a la tragedia la pregunta relevante no es solo quién lo inició, sino por qué el sistema permitió que creciera sin control y alcanzara zonas pobladas. ¿Se hizo lo posible y necesario para evitar aquello? ¿Qué se pudo hacer mejor?

EVACUAR NO ES MANDAR UN MENSAJE

Las evacuaciones no son una notificación: son una operación compleja. Requieren información clara y direccional, control de flujos, protección de rutas, apoyo a personas con movilidad reducida, y comunicaciones robustas, interoperables y redundantes.

Las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputadas y Diputados que analizaron las temporadas 2022-2023 y 2023-2024 fueron explícitas en este punto. Ambas identificaron debilidades estructurales del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) y recomendaron avanzar hacia un sistema que no se limite al envío de mensajes, sino que forme parte de operaciones reales de evacuación, con conducción clara desde SENAPRED y el Ministerio del Interior.

Lo más grave es que estas advertencias fueron formuladas antes del megaincendio de Viña del Mar. No se introdujeron los cambios necesarios. Cuando una tragedia ocurre después de advertencias formales, documentadas y públicas, ya no estamos ante un problema técnico, sino ante un problema de accountability.

Un incendio puede no ser controlable en su frente. Pero eso no es sinónimo de que el Estado carezca de capacidad para operar una correcta evacuación. Confundir ambas cosas es aceptar la fatalidad como política pública.

El cuestionamiento fue reiterado en la Comisión Especial Investigadora creada con motivo de la tragedia en Viña del Mar, solo un año después de la ya citada. Cambios que a la fecha no se han realizado.

“La Comisión pudo constatar, luego de cotejar la información proporcionada por las autoridades de gobierno, la de bomberos de Chile y los testimonios de las víctimas, que las alertas SAE se evacuaron al menos 20 minutos después de que el fuego ya había alcanzado numerosas viviendas en algunos sectores de las comunas de Quilpué y Viña del Mar, por lo que se puede concluir que las Alertas de Emergencias no tuvieron ninguna utilidad para los vecinos de dichas comunas. Es necesario revisar el Sistema de Alertas de Emergencia a fin de perfeccionar los protocolos para el caso de Incendios Forestales.”

“Una reforma al sistema SAE que hoy no funciona más que como un sistema de avisos, en circunstancias que debe ser un sistema de implementación de acciones. Es imperativo contar con un sistema de comunicaciones con interconectividad con otros medios como radio y TV, uno que permita el monitoreo, alerta e información para evacuaciones que cumpla con mínimas expectativas acorde al desarrollo de nuestro país y la experiencia internacional”.

GOBERNANZA LENTA FRENTE A UN RIESGO ACELERADO

Desde el terremoto y maremoto de 2010 se reconoció que Chile arrastraba décadas de atraso en su sistema de emergencias. SENAPRED reemplazó a ONEMI, pero mantuvo un modelo fragmentado, con estándares insuficientes y una conducción que no logra imponerse en escenarios complejos y dinámicos. En paralelo, la institucionalidad forestal fue reconocida como insuficiente durante casi dos décadas. La reforma llegó tarde y aún debe probar su eficacia.

El problema no ha sido la falta de diagnóstico, sino la resistencia a transformar advertencias reiteradas en medidas concretas.

COMBATE AÉREO: EL COSTO DEL REZAGO

El debate sobre combate aéreo nocturno, flotas semi-pesadas y pesadas, y capacidades multipropósito como MAFFS II, se arrastra desde hace más de una década. Durante años se descartó su incorporación con argumentos técnicos que luego se han demostrado débiles. Solo tras grandes tragedias se introdujeron cambios, y aun así de manera parcial, reactiva e insuficiente. 

Hace un año se prometía combate aéreo nocturno para esta temporada, pero hoy se reconoce que hace falta abordar debilidades de nuestro sistema antes de incorporar proveedores que entregan el servicio a nivel internacional. Es cierto. Lo que no se explica es por qué, después casi una década de advertencias, y promesas, el país sigue partiendo desde cero. El problema no ha sido tecnológico, de conocimiento sino de voluntad política, diseño institucional y liderazgo para vencer las resistencias al cambio.

EL ROL PRIVADO Y LA PREVENCIÓN QUE SÍ ESCALA

Algo sistemáticamente subvalorado es el rol del sector privado forestal en la mitigación y prevención, preparación, combate ante incendios y su trabajo comunitario, que va más allá de sus faenas. 

Como elemento de contexto, no está de más señalar que las estadísticas oficiales de CONAF muestran que la gran mayoría de los incendios se origina fuera de faenas forestales, distribuyéndose entre negligencias, causas accidentales y otras acciones humanas. En las faenas forestales se originan solo el 4,44% del total de incendios a nivel nacional. 

Entre las regiones del Maule y Los Ríos, las empresas del sector agrupadas en CORMA operan del orden de 65 aeronaves, con altos estándares operacionales, personal altamente calificado y una red comunitaria que trabaja todo el año en mitigación, prevención y preparación.

En materia del combate que hacen las empresas, sus capacidades no se restringen a faenas propias: combaten incendios que amenazan comunidades completas. En contraste, el Estado opera alrededor de 77 aeronaves para un territorio que se extiende desde Atacama a Magallanes.

En prevención comunitaria, la diferencia es aún más clara. La red impulsada por el sector forestal mantiene mayor continuidad, despliegue territorial y mayor presupuesto que el programa de organización y entrenamiento comunitario CERT de SENAPRED, cuyo financiamiento -ya acotado– se reduce en el presupuesto 2026. No se trata de privatizar la emergencia, sino de aprender, integrar y escalar lo que funciona bajo rectoría pública con estándares claros, potenciando el trabajo colaborativo entre el sector público, el privado y la comunidad.

USO DEL FUEGO: NORMA ANACRÓNICA FRENTE A RIESGO EXTREMO

El uso del fuego sigue regulado por un marco normativo antiguo, diseñado para un clima y un régimen de incendios que ya no existe. En países con experiencia en incendios extremos, como Estados Unidos, Canadá o Australia, estas prácticas se suspenden de forma estricta. No es ideología ambiental: es gestión de emergencias (Emergency Management) basada en evidencia.

Chile no va a eliminar los incendios forestales. Habrá eventos imposibles de contener. Nadie está obligado a lo imposible. Pero el Estado sí está obligado a hacer lo necesario cuando las condiciones son previsibles y las consecuencias -como ya vimos- son desastrosas.