POR SU TRABAJO CON YÁBER SE ABRIÓ UN SUMARIO A SU MARIDO, EXPRESIDENTE DE LA CORTE DE SAN MIGUEL
Esposa de juez que fue contratada por el conservador Sergio Yáber ahora integra unidad que asesora al Presidente de la República
13.01.2026
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POR SU TRABAJO CON YÁBER SE ABRIÓ UN SUMARIO A SU MARIDO, EXPRESIDENTE DE LA CORTE DE SAN MIGUEL
13.01.2026
Luis Sepúlveda fue uno de los jueces que votó por Sergio Yáber para que integrara la lista de candidatos a Conservador de Puente Alto. Cuando ya estaba en ese cargo, Yáber empleó a su esposa, Isabel Ponce. Esa relación originó un sumario al exjuez Sepúlveda. Dos meses después de dejar de trabajar con Yáber, Isabel Ponce llegó a una entidad que entonces dependía del ministro Álvaro Elizalde: el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno (CAIGG), de la Secretaría General de la Presidencia. Hasta hoy, la ingeniera es analista en ese organismo que asesora al Presidente de la República en materias de control interno, como la probidad. Su contrato fue sin concurso. En el CAIGG explicaron que cumplía con los requisitos, pues fue auditora del Gobierno Regional de Aysén.
Las contrataciones de familiares de jueces y políticos en notarías y conservadores, es uno de los focos investigativos del Ministerio Público en el caso del consorcio de origen bielorruso CBM. Esto, porque esos empleos podrían ser la forma en que notarios y conservadores “devuelven el favor” por haber sido nominado para ocupar esos cargos. En esta arista, destaca el suspendido conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, quien será formalizado por lavado de activos esta semana. Hasta ahora, se sabe que Yáber le dio trabajo a la abogada Paulina Gahona, hija del senador Sergio Gahona (UDI); a un hermano del juez Carlos Farías, quien lo puso en la terna para postular al cargo, y a Isabel Ponce, esposa del exmagistrado Luis Sepúlveda, otro juez que votó por él para que quedara entre los candidatos.
La hija del senador Gahona, como lo ha informado CIPER, tras dejar de trabajar para Yáber fue nombrada como notaria interina a solo cinco años de haberse titulado como abogada. En tanto, el hermano del juez Carlos Farías seguía desempeñándose, al menos hasta fines de noviembre pasado, en el Conservador de Puente Alto.
Y ahora se sabe que Isabel Ponce, la esposa del expresidente de la corte de San Miguel, Luis Sepúlveda Coronado, después de dejar el empleo que le dio Yáber fue contratada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cuando esa cartera era liderada por el actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS). Hasta hoy, Isabel Ponce trabaja ahí, en una unidad que asesora al Presidente de la República en distintas materias de control interno, entre ellas, la probidad.
En 2018, el entonces juez de la corte de San Miguel, Luis Sepúlveda, fue uno de los magistrados que votó por Sergio Yáber para que integrara la terna de aspirantes a titular del Conservador de Bienes Raíces (CBR) Puente Alto. Solo unos meses después, su esposa fue contratada por Yáber. A raíz de estos antecedentes, la corte de San Miguel abrió un sumario al exjuez Sepúlveda que está en curso.
Isabel Ponce trabajó en el CBR de Puente Alto casi cuatro años, estaba contratada por media jornada, con un sueldo de $1 millón. En un sumario abierto al suspendido conservador Sergio Yáber, en el que la fiscal, Carla Troncoso, ya presentó los cargos, la “mano derecha” de Yáber, Nelson Vera, declaró que “Ponce llegó del brazo de su marido a ser presentada como ‘la señora del ministro’”.
CIPER constató que dos mes después de dejar su trabajo con Yáber, en mayo de 2023, Ponce fue contratada en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que entonces era dirigido por el ministro Álvaro Elizalde (PS). La ingeniera llegó a cumplir funciones en el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno (CAIGG), unidad que asesora al Presidente de la República en materias de control interno, como la probidad en actos de organismos públicos.
La contratación de la ingeniera en el CAIGG fue directa, sin concurso público ni mediación del sistema de Alta Dirección Pública. Ante la consulta de CIPER sobre cómo surgió el nombre de Isabel Ponce para ocupar ese cargo, la Auditora General de Gobierno, que encabeza el CAIGG, Daniella Caldana, señaló que fue escogido a partir de una serie de currículos que les han ido llegando. En el caso de Ponce, dijo, habría destacado los años que trabajó como auditora del Gobierno Regional de Aysén. Según los registros de transparencia, actualmente, Isabel Ponce recibe un sueldo bruto de $3 millones en promedio y a fines de 2025 pasó a la modalidad de contrata.

Corte de Apelaciones de San Miguel (Créditos: Poder Judicial)
La Auditora General de Gobierno explicó a CIPER que el organismo “recibe de manera permanente antecedentes curriculares de profesionales del ámbito de la auditoría interna”, los que han sido evaluados para fortalecer el área de analistas y cubrir plazas vacantes por renuncias. De esta forma habría llegado Isabel Ponce al organismo. Agregó que el trabajo de analista no es directivo, ni de confianza, y que el CAIGG “es un programa presupuestario, por lo que no se encuentra sujeto al sistema de Alta Dirección Pública ni obligado a realizar concursos públicos”.
CIPER consultó a la Auditora General de Gobierno y a la Segpres quién envió el currículo de la ingeniera y si habían recibido alguna recomendación o solicitud especial para su contratación, pero no hubo respuesta. La Auditora General de Gobierno, Daniella Caldana dijo conocer a Isabel Ponce, ya que entre 2014 y 2018 fue Auditora General de Gobierno y en esa época tuvo contacto laboral con ella. En esas fechas, Ponce ejercía como auditora interna del Gobierno Regional de Aysén y en 2018 pasó a retiro de su carrera funcionaria.
La esposa del exjuez Sepúlveda aún trabaja en el CAIGG, entidad que se define a sí misma, en su página web, como un “órgano asesor del Presidente en auditoría interna, gobernanza, probidad, control interno y gestión de riesgos”. Según los registros de transparencia de la Subsecretaría General de la República, el trabajo de Isabel Ponce consiste en brindar asesoría técnica y retroalimentación a las unidades de auditoría interna y gestión de riesgos que le sean asignadas.
Su actual labor, es distinta a la que habría realizado para Yáber. Según la declaración de Nelson Vera, mano derecha del suspendido conservador, el trabajo de Isabel Ponce en el CBR de Puente Alto consistía en llevar el libro de asistencia y tareas administrativas de recursos humanos.
CIPER intentó tomar contacto con Isabel Ponce, se le envió un correo electrónico a su casilla institucional y se solicitó una entrevista a través del equipo de Prensa de la Segpres, pero no hubo respuesta. El exjuez Luis Sepúlveda, en tanto, dijo a CIPER que no se referiría al actual trabajo de su esposa.
Cabe destacar que, dentro de la agenda de probidad y modernización que impulsó el gobierno, durante el periodo del ministro Álvaro Elizalde la Segpres realizó una serie de ajustes a las labores del CAIGG para reforzar y ampliar sus labores, lo que se concretó en agosto de 2023.
Tal como reveló Reportea, la contratación de Ponce en el conservador de Puente Alto fue uno de los hechos analizados en el sumario que se abrió a fines del año pasado a Yáber. La investigación administrativa, ordenada por la corte de San Miguel y ejecutada por la fiscal judicial Carla Troncoso, concluyó el 31 de diciembre con una severa formulación de cargos contra Yáber, a quien Troncoso acusó de integrar una “red” destinada a incidir en nombramientos judiciales.
En su indagatoria, la fiscal judicial entrevistó al menos a tres funcionarios de la oficina de Yáber que dieron cuenta “del nulo o escaso aporte” de Ponce en el CBR. Uno de ellos fue el oficial primero del CBR, Nelson Vera, quien afirmó que la labor de Ponce “consistía en llevar el libro de asistencia y los comprobantes de permisos o vacaciones, sencillas tareas en las que no se mostraba muy prolija”.
Estos antecedentes, sumados a la remuneración mensual de $1 millón que percibía por dichas funciones, llevaron a la fiscal judicial a concluir que la contratación de Ponce constituía “una forma encubierta de retribución a quien apoyó al conservador no solo con su votación, sino que además más de una vez ingresó a alguna decisión de pleno en los asuntos administrativos en los que estaba involucrado Yáber o tomar parte en su calificación”.
Contactado por CIPER, Yáber declinó referirse a estos hechos. En tanto, el exjuez Sepúlveda explicó que, si bien votó a favor de Sergio Yáber, “no lo conocía de antes” ni habían cruzado palabra. Aseguró que fue Yáber quien llamó a Isabel Ponce para ofrecerle un trabajo de media jornada. Según el relato del exjuez, se enteró del nuevo trabajo de su esposa cuando ella ya había aceptado la propuesta de Yáber, por lo que en esa fecha informó a la Corte de San Miguel y se abstuvo de participar en cualquier instancia que involucrara a Yáber.