La contrarreforma educacional de la ultraderecha chilena: claves para su análisis inicial

Créditos imagen de portada: Jesús Martínez / Agencia Uno

Contrario a lo que algunos creen, la ultraderecha chilena ha venido avanzando desde hace tiempo en propuestas de transformación –esencialmente- del sistema escolar con subsidio público, inspiradas en lo fundamental en el gobierno de Meloni (Italia), no siendo pertinente confundir la aparente simpleza de sus argumentos con el eventual impacto de sus medidas.

Para los gobiernos democráticos –salvo excepciones- la educación es muy importante tanto en el plano de lo cultural como de lo instrumental. Lo fue para la Concertación y ahora pareciera que lo será para el nuevo gobierno conservador. Por lo mismo, esta es una materia con profunda raíz ideológica, que más que sustentarse solo en datos duros que avalen las propuestas, se selecciona aquella información que respalda los argumentos esgrimidos por cada quien, para sostener sus posturas, lo que en este caso también pareciera cumplirse.

Entonces, más que encontrarnos ante una propuesta articuladora de un rediseño del sistema educativo, estamos ante algunas iniciativas –aparentemente puntuales- pero suficientes para cambiar el rumbo de la educación escolar financiada por el Estado.

Un aprendizaje de estos 45 años de consolidación del neoliberalismo en nuestra educación (matizado con ciertos correctores instalados tras la dictadura en diversos gobiernos), es que no se necesita de proyectos tan completos ni considerados en sus impactos últimos para instalar transformaciones decisivas para el sector.

La evidencia de nuestro país al respecto es contundente. En todos estos años el neoliberalismo ha desafiado exitosamente al progresismo en educación, al extremo que la educación pública ha terminado siendo conminada prácticamente a un “nicho de menos del 35% de la matrícula total del sistema”, la cual cerca del 25% está en territorios urbanos donde compite con los privado-subvencionados (el 10% restante corresponde a matrícula rural donde el sector público es hegemónico).

La clave de la vigencia de la lógica de funcionamiento neoliberal en la escuela ha sido su sistema de financiamiento. Fenómeno subestimado hasta hoy por las corrientes progresistas, al extremo que éste sigue operando prácticamente sin cambios que conlleven una alteración relevante de sus principios, incluso este mecanismo de financiamiento sigue siendo el mismo para las escuelas de los Sistemas Locales de Educación Pública.

En esta materia destaca que ningún país en el mundo –excepto Chile- aplique un sistema de subsidio fiscal a la educación escolar basado en la asistencia diaria de los estudiantes al establecimiento escolar. “Amarrar” el financiamiento a la asistencia de los estudiantes al centro educativo es intentar negar la naturaleza operacional de un establecimiento escolar, configurada mayoritariamente por costos fijos independientes del número de estudiantes que asisten a ella. También sabemos que este mecanismo “castiga” a los estudiantes de sectores más vulnerables pues –entre otros factores- estos presentan problemas de asistencia al establecimiento debido a elementos climáticos, de distancia del establecimiento, de traslado diario y más aún, de enfermedades vinculadas a mayor morbilidad sanitaria, aspectos que nada tienen que ver con la lógica de mercado con la cual opera el modelo de financiamiento escolar vigente.

Al tenor de lo señalado, sería importante preguntarnos: ¿por qué países serios que utilizan criterios de financiamiento de mercado en educación no aplican este mecanismo de asignación de recursos “tan originalmente chileno”? Como también sincerarnos acerca de por qué en casi 50 años no hemos cambiado este modelo pese a la evidencia contundente que existe sobre sus efectos negativos directos en la operación de las escuelas y la calidad de la enseñanza. Muestra de ello es la precaria calidad de la educación municipal en todos estos años, más allá del color político de sus autoridades.

También desde hace más de 25 años se ha propuesto –sin éxito- a los directivos ministeriales de turno, realizar estudios representativos de los costos reales de “educar” un niño/a según los diversos quintiles o deciles socioeconómicos familiares. Es insostenible asignar anualmente casi el 40% del presupuesto público total de educación en una partida cuyos fundamentos técnicos son estimaciones febles sin una sólida base que la respalde. Ello es injustificable salvo que las autoridades de turno estimen que, de saberse efectivamente el costo efectivo, sería imposible mantener sus actuales montos del subsidio para acometer debidamente la tarea pedagógica, pues implicaría –sin excusas- un incremento cuantioso de esa partida presupuestaria. 

La propuesta de la alianza política de ultraderecha se centra en “recuperar la educación chilena, restaurar el orden en las aulas y devolver a las familias el derecho a elegir”, ello responde al supuesto que la libertad de enseñanza ha sido vulnerada, cuestión que no tiene asidero ni en lo constitucional ni tampoco en la Ley General de Educación de 2009, pues ambos textos garantizan que este principio rige incluso por sobre el de calidad de la enseñanza cuando ambos entran en conflicto. 

La expresión operacional de esta supuesta vulneración se expresaría en tres aspectos: (i) que los padres perdieron el derecho a elegir el establecimiento en que estudiarán sus hijos; y que las escuelas no pueden seleccionar a sus estudiantes, sea por afinidad con el proyecto educativo y/o el mérito académico; y (ii) que al restringirse el derecho a crear nuevos colegios se atenta contra el principio de libertad de enseñanza, y adicionalmente (iii) se postula “garantizar la continuidad del servicio educativo”. 

En sintonía con estas materias, pero también con la temática de la calidad de la enseñanza, se insiste en la elección/selección de establecimientos escolares como elemento icónico, y también en reformar de manera importante –aún sin mayores pistas- el proyecto en curso de la Nueva Educación Pública, especialmente los Sistemas locales de Educación y las atribuciones de la Dirección Nacional de este proceso (DEP), desde el principio de “terminar con la burocracia paralizante y devolver el control a las comunidades escolares”.

Previo a contrastar las propuestas más específicas con algunos datos, es importante tener en cuenta –para todo evento- que el presupuesto neto del Ministerio de Educación ha sido a lo menos los últimos 18 años el más alto de todos los ministerios (salvo en pandemia), por lo mismo si éste se piensa reducir, el desafío de no afectar la calidad será extremadamente complejo, teniendo en cuenta que cerca del 85% de los gastos son de continuidad, por ende, está mandatado por leyes que asignaron estos recursos a diversos compromisos. 

El segundo aspecto a tener en cuenta es que, producto de la abrupta caída de las tasas de natalidad de la población del país en esta década, hacia fines del nuevo gobierno se estaría reduciendo en medio millón de estudiantes la matrícula total del sistema escolar. Sin contar con que, en la actualidad en muchas comunas populares de las principales ciudades, cerca de la mitad de sus estudiantes son migrantes, buena parte de los cuales están en situación irregular. Lo que, de implementarse las restricciones de permanencia anunciadas para esta población, incidirían aún más en reducir los estudiantes del sistema y por ende, en elevar sus costos operacionales, lo cual tensionaría las fuertes restricciones de recursos que se han mencionado por las nuevas autoridades.

Respecto de la “recuperación del derecho de los padres a elegir el establecimiento en que estudiarán sus hijos”; ciertamente ello es más un efecto propagandístico que real. Esto debe entenderse como una crítica al Sistema de Admisión Escolar (SAE). No obstante, los padres siempre han tenido y actualmente tienen -incluso en el SAE- el derecho a postular a sus hijos a diversos establecimientos, pero el derecho de admisión efectiva antes lo ejercía cada colegio, es decir no era la familia la que practicaba directamente este derecho: de ser así, habría bastado con inscribir a su hijo en un establecimiento y éste, automáticamente, estaría aceptado sin que existiese un proceso de selección adicional.

Mas allá de estas arengas electorales, el SAE no es una tómbola, pues considera primero el interés de la familia expresado en las opciones de inscripción que ésta realiza. El SAE es un modelo de asignación que integra diversos antecedentes. En la actualidad se discute en el Congreso algunos cambios al SAE producto de los acuerdos entre la oposición y el gobierno para aprobar el presupuesto público 2025, generándose una mesa técnica con representantes de diversos sectores políticos, la cual formuló recomendaciones para optimizarle. Si bien no todas las sugerencias fueron incorporadas al proyecto impulsado por el gobierno, el cual está en debate avanzado en el parlamento, incorpora algunos criterios referidos a la meritocracia, debidamente controlada por el origen socioeconómico del estudiante. Diversos personeros de derecha, con trayectoria en el área, insisten en que no hay que caer en fundamentalismo, y aprovechar la experiencia internacional fortaleciendo la equidad y calidad que otorga el SAE, incorporando mayores cuotas de selección de liceos emblemáticos y bicentenarios, entre otros aspectos, no obstante, éstos reconocen la importancia que el SAE permanezca operando con correcciones.

Acerca de que las escuelas no puedan seleccionar a sus estudiantes, sea por afinidad con el proyecto educativo y/o el mérito académico; esta materia está considerada en grado relevante en los cambios en debate del SAE. Sin embargo, sería importante preguntarse porque si como país queremos educación de calidad para todos como un derecho, se dota a algunos establecimientos del poder de discriminar estudiantes y a otros no, entonces ¿dónde reside el derecho garantizado por la sociedad al respecto?

En referencia a la restricción de velar por el correcto uso de los recursos, por ende, si estos nuevos establecimientos demandan – precisamente- recursos públicos, al Estado le corresponde la obligación de analizar si se trata de una necesidad real de un territorio o ya existen en éste suficientes plazas escolares para satisfacer la demanda, distinto es el caso de establecimientos privados de pago, que no implican esta condición del derecho a crear nuevos colegios, la cual atentaría contra el principio de libertad de enseñanza, su discusión sin mayores antecedentes podría llevarnos a una trampa, ya que el Estado debe. 

Adicionalmente, aunque se argumente que no demandan recursos de subsidio por sobre los ya existentes, de ser una necesidad debidamente cubierta en un territorio, se estaría aumentando innecesariamente los costos burocráticos (de gestión de un nuevo establecimiento), complementariamente se ha estudiado que existen tamaños óptimos mínimos de matrícula escolar en lo pedagógico que de existir muchos establecimientos pequeños (entendiendo que la población potencial se reduce cada vez más, sostenida débilmente por los migrantes), eso también afecta negativamente la calidad de la enseñanza. Por ende, ha de existir un equilibrio entre el sentido aplicado de esta restrictiva visión de la libertad de enseñanza, con la necesidad efectiva de creación de nuevos establecimientos y su sustentabilidad financiera y calidad pedagógica, evitando fundamentalismos inconducentes.

Finalmente, la cuestión más compleja y controversial es garantizar la continuidad del servicio educativo. Esta propuesta proviene literalmente de la experiencia ultraconservadora italiana que ha tenido múltiples incidencias. Si se pretende restringir el derecho a huelga o impulsar sanciones al gremio magisterial bajo el argumento de que los estudiantes se ven perjudicados por las interrupciones del servicio, ello sería extensivo también a los servicios de salud y cualquier otro, como por ejemplo todo el sistema de control de tránsito aéreo, entre otros, por lo cual se abre una puerta muy amplia a un escalamiento de conflictos sociales significativos en el país en el mediano plazo.

Ciertamente quedan temas pendientes, como la tensión entre impulsar el proyecto de Sala Cuna Universal y los reparos de parlamentarios republicanos ante la propuesta del Ejecutivo, por su eventual su impacto en el empleo.

Complementariamente pareciera que “viudos y viudas de la municipalización de la educación” buscan detener el proceso de implementación de los nuevos SLEP, permitiendo que algunos municipios mantuviesen a la educación bajo su tutela. Ello conlleva dos situaciones críticas. La primera, que ya han trascurrido más de cuatro décadas con el modelo de municipalización y sus resultados son altamente nocivos; no se entendería mantener un modelo fracasado, más allá por cierto de argumentos ideológicos que no se condicen con los impactos negativos en la población que más necesita de mejor educación. El proyecto de mejoramiento de la NEP cuenta con apoyo en el Parlamento, corrige cuestiones fundamentales del proceso de implementación de los SLEP.

El segundo aspecto es que, desde el punto de vista en esta materia, para el administrador de la educación pública (el Ministerio) tener un sistema con modos de gestión tan diferentes, a saber, los SLEP, las municipalidades y los establecimientos de administración delegada, complican innecesariamente el manejo de este sector, aumentando la burocracia que, según señala Kast, se busca erradicar.

Dos temas muy importantes no han sido tratados directamente en las propuestas en debate: Primero, que las nuevas autoridades que asuman “no vengan a aprender en el cargo”, no hay tiempo para ello, como lo hemos vivenciado demasiadas veces en educación. Éstas deben dominar los desafíos educacionales país y la operatoria regular del complejo Ministerio de Educación, si se busca coherencia con la importancia del sector, sus retos y la capacidad de sus directivos para acometer debidamente la gestión pública.

La segunda materia se refiere a la tramitación en el Parlamento del proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES), iniciativa con muchas aristas, pero que el partido político del nuevo Presidente no está muy de acuerdo con ella. Un antecedente para considerar este proceso sería recordar que la mayor parte los principales conflictos políticos generados en el país, desde el gobierno de Bachelet (2006) en adelante, han sido detonados por los sectores estudiantiles, siendo uno de sus argumentos iniciales más potentes aquellos referidos al financiamiento en sus diversos aspectos.

Con seguridad, el tiempo será un juez implacable de lo que acontecerá.