La movilidad indígena: historia colectiva de despojo y resistencia

Señor Director:

¿Podemos hablar de movilidad social cuando el progreso se construyó sobre siglos de despojo? En Chile, miles de jóvenes indígenas son la primera generación en acceder y graduarse de la universidad . Sin embargo, este logro no responde solo al mérito personal: cada título universitario guarda una herencia de resistencia, desplazamientos forzados y exclusiones que aún marcan el presente.

Desde los años noventa, las políticas de equidad educativa buscaron abrir la educación superior a grupos históricamente excluidos. La Ley Indígena N.º 19.253, promulgada en 1991, incorporó becas especiales para estudiantes indígenas. Hoy más de 140 mil cursan estudios superiores, según el Ministerio de Educación de 2024. Aun así, la encuesta CASEN de 2022 evidencia que la pobreza por ingresos alcanza al 8,8 por ciento de la población indígena frente al 6,2 por ciento del resto, y la pobreza extrema al 2,7 por ciento frente al 1,9 por ciento. Estas cifras muestran que el acceso a la educación no basta para revertir desigualdades históricas profundamente arraigadas.

Las trayectorias familiares reflejan procesos de migración, despojo y reconstrucción. En el sur, la Ocupación de la Araucanía entre 1860 y 1883 fragmentó comunidades mapuche, mientras que en el norte la chilenización posterior a la Guerra del Pacífico en 1884 transformó la vida de los pueblos aymara y quechua. Desde entonces, la migración interna funcionó como estrategia de sobrevivencia más que como vía de ascenso social. Cada generación trasladó su esperanza a la siguiente, incluso cuando la educación aparecía como un horizonte inalcanzable.

Hoy, muchos descendientes de esas familias egresaron de la universidad y  trabajan en sus respectivas carreras profesionales como psicólogos, ingenieros o profesores. Sin embargo, sus experiencias confirman que la movilidad indígena continúa limitada por jerarquías étnicas, territoriales y simbólicas. La discriminación laboral, la estigmatización identitaria y la exclusión cultural se entrelazan con desigualdades de género. La investigación de Alvarado-Urbina publicada en 2025 demuestra que los estudiantes indígenas cursan con mayor frecuencia enseñanza media técnico-profesional, lo que restringe su paso a la universidad y reduce sus oportunidades futuras.

En 2020, un artículo publicado en CIPER Chile bajo el título “El techo de cristal educacional del pueblo mapuche” ya advertía que el mérito académico no opera en condiciones de igualdad. Los hallazgos actuales refuerzan esa conclusión: las trayectorias profesionales indígenas siguen atravesadas por desigualdades estructurales que el sistema educativo reproduce incluso frente a los logros personales.

Las entrevistas recogidas revelan una tensión constante entre reconocimiento e invisibilidad. “Si alguien preguntaba, no éramos mapuche. No se nos enseñó la lengua”, recuerda un ingeniero mapuche que vivió la asimilación forzada. Otra entrevistada relata cómo su madre migró a Santiago en los años cincuenta para trabajar como nana, mientras una psicóloga aymara vincula su práctica profesional con la experiencia del desplazamiento transfronterizo. Estos relatos confirman que el acceso a la educación no elimina las fronteras coloniales, sino que las reconfigura.

Hablar de mérito sin contexto implica negar la historia. Por eso, las políticas de inclusión deben reconocer que la desigualdad trasciende lo económico y se expresa también en las dimensiones étnica, territorial y de género. Transformar la movilidad en justicia social requiere una mirada interseccional y decolonial que comprenda estas trayectorias como parte de un proceso colectivo de reparación. Mientras el discurso de la superación personal oculte las huellas del despojo, la promesa de integración seguirá resultando ilusoria.