Criptoactivos del crimen organizado: solo $187 millones incautados en billetera virtual de la Fiscalía

Policías y fiscales reconocen estar frente a un desafío complejo: llegar a tiempo a congelar los activos digitales con los que se está lavando dinero del tráfico de drogas, trata de personas, extorsiones, estafas y fraudes. Su uso creciente por parte del crimen organizado obligó a la Fiscalía a recurrir a un exchange para abrir su propia billetera virtual donde alojar los decomisos. La PDI ha invertido más de $500 millones en softwares para seguir transacciones en un sistema que ha resguardado los activos del Tren de Aragua.

*Este reportaje forma parte del especial La Cripto Lavadora, una investigación periodística coordinada por el ICIJ en la que participaron 37 medios asociados de 35 países, entre ellos CIPER y LaBot. 

En Chile, la primera condena por lavado de activos con uso de criptomonedas ocurrió en junio de 2022. Se trató de un procedimiento abreviado. Tal como sucede en este tipo de causas, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpió un año antes en el domicilio de Cristián Elgueta para detenerlo –por entonces vivía en la ciudad de Valdivia–, procedió a decomisar las especies vinculadas al delito: teléfonos celulares, computadores y cualquier pista que les permitiese dar con las rentas ilícitas que el sujeto había obtenido por el tráfico de drogas. 

Muy poco después, la PDI y la Fiscalía se enfrentaron a un problema inédito. Una parte de las ganancias de ese negocio no estaba ni en efectivo ni en instrumentos bancarios ni tampoco había sido convertida a bienes materiales, como un automóvil o una propiedad. La investigación detectó que una porción de las utilidades –más de 10 mil dólares– eran criptomonedas alojadas en una billetera virtual y no había cómo decomisarlas. 

Cuando se incauta dinero en monedas corrientes, el Ministerio Público lo dispone en una de las dos cuentas –en pesos y en dólares– que mantiene a su nombre en el Banco Estado. Así lo hizo, por ejemplo, con los más de $5.600 millones provenientes de actividades criminales que logró requisar (sin contar propiedades, vehículos y activos congelados) entre 2018 y 2024, según datos recabados por el CIP.UDP (ver especial “La Lavadora”). En este caso, no había dónde derivar esos activos.  

La historia de Elgueta no es la de cualquier traficante. Además de la chilena, fue requerido por la justicia de Estados Unidos por varios cargos, entre ellos, la comercialización en línea de metanfetamina, fentanilo y de pastillas de oxicodona en el estado de Ohio, según documentos judiciales de ese país obtenidos para esta investigación. 

Al chileno se le acusa de vínculos con una organización criminal liderada por traficantes mexicanos que utilizaba sucursales del servicio postal de Estados Unidos (USPS) para distribuir la mercancía desde California hacia el distrito sur de Ohio. En la investigación, Elgueta es identificado con el alias klx225, que son las mismas siglas alfanuméricas utilizadas por la organización para vender drogas a cambio de criptomonedas en una página alojada en la dark web. Para coordinar las entregas utilizaban Wickr, un sistema de mensajería instantánea que cuenta con un potente cifrado. Pese a ser una operación diseñada para dificultar su rastreo, el movimiento anómalo de algunos paquetes levantó sospechas. 

Entre fines de 2020 y comienzos de 2021, agentes encubiertos del FBI hicieron dos compras de un kilo y medio de metanfetamina cristalina (Crystal Meth) a klx225, pagando por ella el equivalente a 9 mil dólares en Bitcoin. Poco después, detuvieron a dos integrantes de la banda, quienes fueron sentenciados a 7 años de prisión. 

Elgueta nunca compareció en Estados Unidos. Escapó a Chile poco antes de que el FBI terminara de desarticular la organización. Pasó un tiempo en Valparaíso y finalmente se radicó en Valdivia, donde instaló una botillería –de nombre “Oasis”– con el dinero que obtuvo tras convertir a pesos parte de los activos digitales que consiguió con la venta de drogas. Su patrimonio estaba repartido en varias billeteras virtuales administradas por tres exchanges internacionales (Localbitcoin, Blockchain y Blockfy) y vinculadas a cuentas corrientes que mantenía en el Banco Estado. 

Un saldo aun no liquidado de ese patrimonio es con el que dio la policía en 2021 cuando allanó su domicilio en Valdivia buscando indicios de lavado de activos, delito por el que finalmente se le condenó acá a una pena de libertad vigilada. 

Como no había dónde guardar esos activos, uno de los policías que participó de la investigación facilitó una billetera virtual de su propiedad, operada por el exchange Buda (fundado en Chile), para transferir los fondos. Allí quedó alojado el primer decomiso.  

LAS BILLETERAS DE LA FISCALÍA

Poco después de esa operación, en septiembre de 2022, la policía allanó un departamento en la comuna de Providencia siguiendo la pista de otro traficante que traía drogas sintéticas desde Holanda. Jan Acuña fue formalizado por tráfico y por lavado de activos. Por cuenta propia y a través de testaferros abrió tres billeteras también a través de la plataforma Buda, en las que repartió más de $35 millones. Cuando la policía detectó esos movimientos, las criptomonedas habían sido liquidadas a pesos chilenos. En esta causa, la policía y el Ministerio Público no se vieron enfrentados al problema de qué hacer con el botín. Ya era evidente, eso sí, que no había espacio para la improvisación. 

Fue en 2023 cuando el organismo persecutor se vio forzado a abrir su propia billetera digital a partir de una investigación iniciada en 2022 por la Fiscalía de Tarapacá a una célula del Tren de Aragua, y que fue liderada por la unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de esa jurisdicción. En esa oportunidad, se logró congelar y recuperar –previa orden judicial– 1,6 Bitcoin de una billetera virtual alojada en la plataforma Binance. A ese dinero se llegó luego de incautar el computador y el teléfono de un importante operador financiero de la organización criminal. Actualmente, 1,6 Bitcoin equivalen a casi $146 millones. A mediados de 2023, cuando se produjo el decomiso, el valor de esa suma era de poco más de $39 millones. 

Fue producto del requerimiento de esa misma fiscalía ante la jefatura nacional que el Ministerio Público instruyó a la Unidad Especializada en Delitos Económicos (ULDDECO) hacer las gestiones para abrir un monedero y trasladar allí lo incautado en esa investigación. 

La apertura de esa cuenta virtual se hizo a través del exchange nacional CryptoMKT. “Es el que ofrecía mejores condiciones de seguridad y de pago de comisiones”, indican desde la Fiscalía. 

Junto a esa billetera digital, el organismo persecutor adquirió también 10 billeteras frías para guardar activos offline. Una billetera fría es un depósito físico (parecido a un pendrive) que permite almacenar criptomonedas sin la necesidad de un exchange y fuera de Internet, de modo que las claves privadas quedan a resguardo de eventuales hackeos o ataques en línea. En el caso de la Fiscalía pueden llegar a ser muy útiles para, por ejemplo, albergar allí monedas virtuales menos típicas y que no estén en el catálogo del exchange que administra su cuenta. 

Tras ese primer depósito, la billetera de la Fiscalía se fue engrosando con la obtención de resultados en al menos otras tres causas. Una de ellas corresponde a una larga investigación que comenzó en 2018 por un millonario fraude con declaraciones falsas de exportación, y que fue liderada por la Fiscalía de Pudahuel; otra de 2024 vinculada a trata de personas y que fue seguida por la Fiscalía de Calama; y una tercera ese mismo año relacionada al mega operativo que terminó por desbaratar a Los Trinitarios, la organización criminal dominicana que dominaba la toma Nuevo Amanecer en la comuna de Cerrillos. 

En esta última investigación de la Fiscalía Occidente, que ya cuenta con algunas condenas, fueron imputadas más de 60 personas. Allí aparece mencionado un contador de nombre Joel Santos, a quien se le acusa de estar vinculado al engranaje financiero de la organización. El Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló en su contra por sub-declarar ingresos por más de $60 millones, tal como consignó un reportaje de El Mostrador (ver aquí). 

En la querella del SII se lee: “Joel Santos está vinculado a la organización denominada Los Trinitarios, dedicada al tráfico ilícito de droga en la toma Nuevo Amanecer. Por lo cual, las inversiones realizadas por el querellado dicen relación con dineros provenientes de esa organización criminal”. Según la autoridad tributaria, entre 2020 y 2021, Santos compró el equivalente a $133 millones en criptomonedas. 

Documentos judiciales adjuntos a la causa indican que Santos administraba sus activos digitales a través del exchange Binance. A mediados de 2024 envió un Whatsapp al servicio al cliente de esa plataforma consultando por el estado de su cuenta: “Su cuenta ha sido congelada ya que actualmente está bajo investigación por parte de las autoridades”, le respondieron. 

La información recabada para este reportaje indica que la billetera a nombre del Ministerio Público mantiene actualmente activos digitales por un valor de $187 millones (se fija el cambio al momento del decomiso). Por cantidad, las monedas incautadas con mayor recurrencia han sido: Litecoin, Polkadot, Bitcoin, Ethereum y USDT (moneda estable cuya conversión es 1:1 con el dólar). Por valor, en cambio, el porcentaje mayor se lo lleva por lejos la moneda Bitcoin con incautaciones equivalentes a más de $100 millones.  

En el caso de las incautaciones de dinero corriente, instrumentos bancarios, bienes y otros activos en operaciones de narcotráfico, la ley considera que estas puedan ser destinadas a una institución pública o privada sin fines de lucro que se dedique a la prevención, tratamiento y rehabilitación de drogas. Nada dice sobre criptomonedas y, por ahora, la instrucción que emana del Ministerio Público es que los activos virtuales incautados y repartidos en las billeteras bajo su administración queden allí y no se liquiden. 

–Nosotros no hacemos conversión a moneda corriente. Si nosotros liquidamos activos digitales por un valor de, no sé, $100 mil al cambio de hoy y los metemos a una cuenta corriente, ese dinero no va a generar intereses. ¿Qué sucede si el imputado dueño de esas criptomonedas es absuelto? Va a exigir su dinero virtual y como ha pasado tiempo resulta que esos activos ya no valen $100 mil, sino $500 mil. Eso generaría un problema contable básico para la fiscalía porque no tenemos cómo cubrir ese incremento– dice Marcela Toledo, subdirectora de la Unidad Especializada en Delitos Económicos (ULDDECO) del Ministerio Público. 

CAPACITACIONES Y MÁS DE $500 MILLONES EN SOFTWARES

Aunque la Policía de Investigaciones maneja con cierta reserva las características y funcionalidades de las herramientas con las que sigue la pista de los flujos de dinero virtual, dos órdenes de compra registradas en Mercado Público dan cuenta que desde mediados del año pasado ha comprado al menos cuatro licencias de dos softwares distintos que permiten analizar transacciones digitales y hacerle trazabilidad al movimiento de criptoactivos. 

En junio de 2024, la Jefatura Nacional contra el Crimen Organizado de la PDI (JENANCO) zanjó la compra de dos licencias de la plataforma de análisis de blockchain Grey Wolf, por un valor total de $268 millones. Entre los clientes con los que trabaja este proveedor, según declara en su web, hay gobiernos y organismos policiales. La compra se hizo con recursos allegados a la PDI en el marco del Plan Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO) impulsado en 2023. De esas partidas, se gastaron otros $290 millones en la adquisición de licencias para operar el programa Babel Street, el que no rastrea criptos pero sí permite desarrollar inteligencia a partir de fuentes abiertas de información y también de redes sociales. 

Hasta entonces, la policía no contaba con sistemas informáticos que permitieran analizar billeteras de criptodivisas ni tampoco con softwares para procesar búsquedas masivas de información de fuentes abiertas o desde perfiles de usuarios de plataformas sociales. 

En noviembre de 2024, la JENANCO adquirió otras dos licencias, esta vez del software Reactor de la compañía Chainanalysis, por un total de $260 millones. En su web la empresa declara trabajar con más de 1.500 organismos –entre ellos el FBI y la DEA– y haber posibilitado el congelamiento y recuperación de $34 billones de dólares en activos robados. 

Esta última compra estuvo precedida de dos instancias de capacitación organizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En abril de 2022, cuatro policías de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC) viajaron a Panamá y obtuvieron un certificado internacional que los acreditó para manejar el programa Reactor. El Departamento de Justicia norteamericano aprovechó además de impulsar la creación del Grupo de Trabajo de Criptomonedas del Hemisferio Occidental, que reúne a policías, fiscales y funcionarios de inteligencia financiera de Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y otros países. Al año siguiente, el grupo volvió a reunirse, esta vez en Cartagena de Indias, donde agentes especiales del FBI, del Departamento del Tesoro y del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos entrenaron a los participantes –entre ellos a dos policías chilenos– en actualizaciones y funciones específicas del software Chainanalysis. 

Inicialmente el acercamiento en materia de criptomonedas de la PDI con organismos y autoridades norteamericanas se dio en el marco de la investigación de tráfico de drogas y lavado de activos que involucró al chileno Cristián Elgueta, una causa “pionera” en la región, comentan en la institución. La trazabilidad de los activos digitales que le congelaron y terminaron confiscándole habría sido apoyada desde Estados Unidos con el programa Reactor. 

–En términos generales se puede decir que por la enorme cantidad de información que existe en el blockchain, este tipo de software nos permite ahorrar horas hombre. A través de gráficos, también nos permite mostrar en simple ante el Ministerio Público o ante un tribunal qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista transaccional con activos digitales que no están regulados y que van cambiando de forma, de nombre y de valores – cuenta el comisario Víctor Contreras de la BRILAC.  

Otra de las utilidades del programa, agrega Contreras, es que permite preservar información. “Podemos incautarle a un imputado un teléfono, pero muchas veces no tenemos la capacidad de analizarlo inmediatamente, más aún cuando hay 30 o 50 detenidos al mismo tiempo. Su pareja, por ejemplo, podría en el intertanto extraer las criptomonedas que tenga y sacarlas de nuestro resguardo. Ese movimiento deja rastro”, dice. También le suma transparencia al proceso de investigación: “En términos de malas prácticas policiales, sustraer una cantidad de dinero (que ha sido decomisado) es visible, pero en el caso de los criptoactivos es prácticamente invisible. El sistema ha sido utilizado en labores de contrainteligencia en otros países y ha permitido evidenciar malas prácticas policiales al momento de incautar”. 

INCAUTACIÓN: MUCHO MENOS DE LO QUE SE ESPERA

Existen varios factores que inciden en que el decomiso de criptodivisas en el contexto de estafas o de actividades criminales tenga una tasa menor de éxito que aquellas que involucran bienes muebles o instrumentos financieros de tipo bancario. Es solo una pequeña fracción de todo lo que se podría incautar, reconocen policías y fiscales. 

Una de las razones tiene que ver con la oportunidad y rapidez con la que se llevan a cabo las investigaciones. “Uno de los desafíos dice relación con llegar a tiempo a descubrir que el dinero producto de una actividad delictiva se está moviendo a través de cripto (…) Basta con que una persona le entregue por cualquier medio su clave privada a otro sujeto para que este a través de un teléfono al otro lado del mundo entre con esa clave a esos criptos y los liquide en la moneda del lugar donde esté”, señala la fiscal Marcela Toledo.

Como no es un producto tangible, seguir la ruta del dinero es mucho más complejo. “Hay que entender que esto también es parte de la labor investigativa. Así como rastreo cuentas corrientes, depósitos a plazo, fondos mutuos, acciones, como policía y como Ministerio Público también debemos rastrear criptoactivos”, agrega Toledo.

–¿Cómo se hace?

–Por ejemplo, yo puedo tener una cartola de cuenta corriente en la que aparece una transferencia a un determinado exchange y ahí ya tengo un indicio. A veces en el teléfono que incautamos aparece la aplicación (app) de un exchange y también ahí hay un hilito desde donde empezar. A veces podemos acceder utilizando palabras semilla (secuencias de palabras que funcionan como claves para resguardar criptomonedas): si yo entro a una casa y me encuentro un cuaderno y lo reviso y veo que hay varias palabras escritas una al lado de la otra que no significan nada, que no son una oración, que no son un párrafo, eso podría ser un indicio de que son palabras semillas con las que podríamos ingresar a una billetera –señala Toledo. 

Ciertos exchanges le ofrecen al Ministerio Público la posibilidad de realizar congelamientos preventivos de fondos en el contexto de investigaciones por lavado de activos. Se trata principalmente de algunas empresas chilenas o extranjeras pero con domicilio en nuestro país. Así sucedió, por ejemplo, con el caso de Joel Santos a quien Binance le congeló sus activos por requerimiento de la BRILAC cuando se le investigaba en la causa de Los Trinitarios. 

Sin embargo, en el universo de intermediarios de activos virtuales los que colaboran son los menos. Incluso, en el caso de compañías transnacionales con presencia en varios países, puede que en un territorio determinado sí lo hagan y en otros no.  

En junio de este año, se supo de la detención de más de 50 miembros del Tren de Aragua y, con ello, del desbaratamiento de su brazo financiero, esto es, de la estructura contable a través de la cual se administraban los dineros que provienen de su amplia cartera de crímenes: tráfico de drogas y personas, secuestros y extorsiones, entre otros (ver aquí). Esta es una ramificación de la misma investigación que inició la Fiscalía de Tarapacá en 2022 y a la que por instrucción de la dirección nacional se sumaron más tarde las de Valparaíso y Los Lagos. 

La investigación conjunta determinó que la organización movió hacia el extranjero más de 13,5 millones de dólares, haciendo uso de decenas de cuentas bancarias a nombre de testaferros e inversiones en activos digitales. 

Más del 90% de ese monto fue transformado a criptomonedas –mayormente USDT– y la conversión se hizo en pequeñas fracciones utilizando principalmente al exchange Binance bajo el sistema P2P (Peer to Peer), que permite la interacción directa entre usuarios. Fueron entre siete y ocho personas –coordinados por el venezolano Julio Montero Carrillo, hoy prófugo y cercano a la cúpula de la organización– las que movieron los dineros entre países, principalmente a intermediarios residentes en Venezuela, Colombia y Ecuador, donde los activos virtuales fueron convertidos a moneda local. 

Hasta ahora, en esta nueva etapa de la investigación, no se ha recuperado un solo criptoactivo y la esperanza de hacerlo es prácticamente nula. Conocedores de esa causa indican que en un principio la oficina local de Binance prestó ayuda en Chile para rastrear el origen y movimiento de esos fondos, pero que no existe forma de saber qué sucedió con el retiro de los dineros en el extranjero porque ha sido imposible obtener información fuera del país. Las transacciones de criptoactivos vía P2P pueden ser más difíciles de rastrear debido a que el intercambio de dinero convencional se realiza directamente entre las cuentas bancarias de los usuarios, sin intermediación del exchange. 

Poco después de ese golpe policial, a través de su cuenta pública en X la compañía Chainanalysis felicitó a la Policía de Investigaciones por desmantelar las operaciones financieras del Tren de Aragua. En el mensaje expresó además su “orgullo” por apoyar a la policía en esta “compleja investigación transfronteriza con nuestras soluciones de inteligencia de blockchain”.

En el marco de esta investigación Chainanalysis no habría tenido un rol de primera línea. La ruta de los dineros manejados por la organización y que fueron transferidos a través de una serie de empresas de fachada –para luego ser convertidos en criptomonedas– fue trazada a partir de un sistema informático propio –de nombre Lucas– desarrollado al alero de la SACFI de Los Lagos.

Otro de los obstáculos para recuperar patrimonio vinculado a activos digitales dice relación con que el domicilio fiscal de varios intermediarios de criptomonedas está ubicado en territorios financieramente opacos o derechamente en paraísos fiscales. Ahí, los intentos de poder congelar y recuperar activos es nulo. 

En 2023, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción condenó a Paulina Carrasco, médica cirujana de profesión, por fraude al Fisco y lavado de activos en la mega causa de bonos falsos que causaron un millonario perjuicio a Fonasa. Una fracción de los dineros que resultaron de esas operaciones fraudulentas –casi $200 millones– fueron derivados a través de Safety Pay –entidad que ofrece servicios alternativos de intermediación financiera– hacia la plataforma Ontega, dedicada al mercado Forex y al exchange de criptoactivos y que figura con domicilio legal en Chipre.  

–Sin perjuicio de que logramos establecer la ruta y la cuantía de los dineros que la imputada movió hasta ese punto, no pudimos realizar exitosamente el congelamiento y tampoco la incautación. Ahí chocamos con una barrera. La representación legal de esta compañía está en Chipre y Chile no mantiene ningún acuerdo con ese territorio –dice el comisario Víctor Contreras.