Locomoción colectiva en Valparaíso

Señor Director:

El transporte público en la Región de Valparaíso lleva años siendo motivo de descontento y preocupación para quienes dependemos de él. Los problemas son diversos: micros en mal estado, choferes que trabajan sin sueldo base y con sistemas de pago por boleto cortado, lo que fomenta la competencia entre conductores, detenciones fuera de las paradas y, en ocasiones, malos tratos hacia los pasajeros, especialmente estudiantes.

A esto se suma la gran irregularidad en los horarios. Aunque la aplicación “Red Regional de Movilidad” del Ministerio de Transportes ha permitido un mínimo avance al ofrecer mayor control y seguimiento, el problema estructural se mantiene: un sistema inestable, desordenado y que deja a los usuarios en constante incertidumbre. Esta situación afecta la calidad de vida de miles de personas en el Gran Valparaíso.

Quisiera destacar un caso particular que ha afectado profundamente a mi comunidad: las líneas 102 y 103 de Villa Alemana–Valparaíso. Tras el cierre de Fenur S.A. en agosto, ambas quedaron bajo la concesión del empresario Reinaldo Sánchez. Desde entonces, el servicio se ha deteriorado de forma evidente. Las máquinas, antes nuevas e identificables por su color gris con rojo, fueron reemplazadas por buses de distintas tonalidades y en peor estado, dificultando reconocerlos en medio del tráfico. Aunque algunas ya presentan los nuevos colores institucionales (magenta y blanco), la flota sigue siendo irregular y heterogénea.

Además, los recorridos fueron modificados, afectando a quienes dependíamos de las rutas tradicionales. Sin embargo, el problema más grave ha sido la frecuencia: donde antes había micros cada 7 u 8 minutos, ahora las esperas pueden llegar a 40 minutos. En promedio, rondan los 25 minutos, lo que resulta insuficiente para cubrir la alta demanda. Esta baja frecuencia ha obligado a muchos vecinos a buscar alternativas más costosas, como colectivos o apps de transporte, generando un impacto económico que no todos pueden asumir.

Frente a esto surgen preguntas necesarias: ¿por qué cambiar un servicio que, aunque imperfecto, funcionaba razonablemente bien, por uno que hoy opera con peores condiciones? ¿Cómo puede un solo empresario concentrar tantas líneas en la región, creando un virtual monopolio que deja a los usuarios sin alternativas ni instancias reales de reclamo?

La locomoción colectiva debería ser un derecho básico garantizado, no un privilegio sujeto al azar o a decisiones poco transparentes. Es momento de que las autoridades escuchen a los usuarios y tomen medidas concretas para asegurar un servicio justo, eficiente y humano para todos.