Presupuesto 2026 sin margen: urge profundizar la responsabilidad fiscal

El autor de esta columna analiza las prioridades anunciadas por el Presidente Boric en el presupuesto 2026, poniendo el foco en el gasto social. Sostiene que “Chile enfrenta el desafío de compatibilizar sus legítimas demandas sociales con una política fiscal responsable y sostenible. La disciplina en el gasto, la priorización de las verdaderas necesidades de los ciudadanos y la mejora en la eficiencia del uso de los recursos públicos deben ser los pilares de la gestión presupuestaria. Cada peso del erario nacional debe destinarse a generar valor público y bienestar para la ciudadanía, no a expandir estructuras ineficientes o financiar déficits recurrentes. Solo con una gestión fiscal prudente, que privilegie la estabilidad y la eficiencia, se podrá garantizar que las políticas públicas respondan efectivamente a las prioridades del país y a las generaciones futuras”.

Créditos imagen de portada: Óscar Guerra / Agencia Uno

El presupuesto fiscal de Chile es la ley anual que define los ingresos y gastos del Estado, determinando cuánto y en qué se puede gastar durante el año siguiente. Constituye el principal instrumento de política fiscal, pues refleja las prioridades del gobierno en áreas como salud, educación e infraestructura, entre otras, y al mismo tiempo debe resguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas bajo las reglas de responsabilidad fiscal.

En 2024, el déficit fiscal de Chile alcanzó un -2,9% del PIB, superando la proyección inicial de -1,9%. Una situación similar se observa para 2025, con proyecciones que han pasado de -1,6% a -1,8% y, más recientemente, a -2,2%. Para contextualizar, el exceso de gasto para este año equivale a una cifra similar a la que se proyecta recaudar mediante la Ley de Cumplimiento Tributario 2026. Este deterioro fiscal ejerce presión sobre la deuda pública, que ya sobrepasa el 40% del PIB, y ha obligado a utilizar recursos en cubrir el déficit que originalmente estaban destinados a otros fines, como los US$3.400 millones provenientes de CORFO en 2023 y los US$2.407 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) en 2024.

Este escenario constituye el punto de partida para la discusión sobre el presupuesto fiscal recientemente presentado por el gobierno. En este contexto, la discusión presupuestaria trasciende lo meramente técnico y adquiere una relevancia política y social al conciliar la sostenibilidad fiscal con las crecientes demandas de gasto en áreas como salud, educación e infraestructura, y al mismo tiempo que se resguarda la credibilidad de las reglas fiscales y la estabilidad macroeconómica.

El presupuesto fiscal 2026 presentado recientemente por el gobierno contempla un crecimiento del 1,7%, con prioridades en salud, trabajo y previsión social, educación, y vivienda y urbanismo. Mientras este último presenta un alza de 7,6% (311.181 millones), salud aumenta en 5,6% (899.045 millones), trabajo y previsión social en 4,3% (669.037 millones) y educación en 2,2% (360.721 millones). Uno de los mayores incrementos se observa en cultura, con un alza de 11,3% (55.660 millones), mientras que defensa registra uno de los más bajos, con un 0,3% (7.623 millones). Por otro lado, una de las mayores disminuciones se aprecia en obras públicas, con una reducción de 16,4% (858.052 millones). Si bien el incremento general del gasto parece prudente, con un aumento total de 1,7% y un déficit proyectado de -1,1%, existen factores que generan incertidumbre y anticipan una acalorada discusión en el Congreso durante los próximos meses.

El principal problema radica en que los presupuestos de los años anteriores no se han cumplido, lo que ha implicado una presión excesiva sobre la deuda pública. Así, el déficit proyectado para 2026 genera poca confianza en que efectivamente se cumpla. En este punto, los ingresos proyectados cobran especial relevancia, dado que en ejercicios anteriores fueron sobreestimados. Esto es importante, porque el país debe gastar sobre la base de los recursos que realmente dispone, no sobre los que desearía tener; de otra forma, se transita peligrosamente en el límite de la irresponsabilidad fiscal.

La composición del presupuesto también genera debate respecto de si los recursos se están destinando a las verdaderas prioridades de los chilenos. El aumento en cultura, por ejemplo, responde principalmente a un pase cultural que entregará $50.000 por persona para la compra de bienes y servicios culturales. Por otra parte, 28 programas quedaron con presupuesto cero, principalmente en los ministerios de Desarrollo Social y Educación. En un aspecto relacionado, el área de salud ha acumulado un incremento superior al 30% desde 2022, sin que se observen cambios estructurales ni mejoras sustantivas en su gestión. En materia previsional, el gasto aumenta en 8,9%, centrado en el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que en 2026 alcanzará los $250.000 para mayores de 75 años, profundizando su dependencia del gasto corriente. De hecho, los aportes propios de la PGU no generan más del 20% de los recursos necesarios para su financiamiento. De manera similar, en educación, la reforma de gratuidad no ha logrado recaudar ni el 1% del PIB, pese a que originalmente se proyectaba alcanzar un 3%.

Polémica aparte ha generado la exclusión de la denominada “glosa republicana”, que dejaba fondos de libre disposición al nuevo gobierno para iniciar su mandato con cierto margen presupuestario y poder ejecutar las prioridades anunciadas durante la campaña. Mientras el gobierno del expresidente Lagos dejó US$287 millones, los gobiernos de Bachelet I, Piñera I, Bachelet II y Piñera II dejaron US$494, US$550, US$781 y US$678 millones, respectivamente. En este contexto, resulta llamativo que el presupuesto fiscal 2026 no contemple recursos destinados a este ítem.

Frente a este panorama, distintos expertos han hecho llamados reiterados a la mesura y la prudencia fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo ha advertido que en 15 de los últimos 17 años el gasto público ha superado los ingresos, subrayando la urgencia de avanzar hacia una consolidación fiscal sostenible en el mediano y largo plazo. Los fondos de estabilización económica y social, concebidos para enfrentar emergencias, se han utilizado parcialmente para cubrir déficits estructurales y gastos corrientes. Incluso los impuestos extraordinarios y transitorios creados para financiar la reconstrucción tras los incendios en Valparaíso se han destinado a cubrir el déficit. Hoy en día, las holguras fiscales se han reducido drásticamente y ya no existe margen para seguir financiando excesos, proyecciones erradas o ineficiencias en la gestión de los recursos públicos.

Chile enfrenta el desafío de compatibilizar sus legítimas demandas sociales con una política fiscal responsable y sostenible. La disciplina en el gasto, la priorización de las verdaderas necesidades de los ciudadanos y la mejora en la eficiencia del uso de los recursos públicos deben ser los pilares de la gestión presupuestaria. Cada peso del erario nacional debe destinarse a generar valor público y bienestar para la ciudadanía, no a expandir estructuras ineficientes o financiar déficits recurrentes. Solo con una gestión fiscal prudente, que privilegie la estabilidad y la eficiencia, se podrá garantizar que las políticas públicas respondan efectivamente a las prioridades del país y a las generaciones futuras.