Fiscalía acusa que diputado Lavín no transfirió a proveedor $34 millones que le fueron reembolsados por el Congreso y el Servel

En la solicitud de desafuero contra el diputado Joaquín Lavín, el Ministerio Público lo acusa de ser dueño “de forma subrepticia” de Modo74 SpA, su principal proveedor en el Congreso. Si bien el diputado no tiene participación formal en esa sociedad, la fiscalía afirma que fue el principal financista de la empresa –creada por un asesor de su confianza–, que consiguió la totalidad de sus clientes y que mantenía un registro de sus ingresos y egresos en su computador y teléfono. Dos facturas rendidas por Lavín al Servel y otras 44 entregadas como gastos parlamentarios al Congreso, fueron reembolsadas al diputado y, según la fiscalía, el dinero nunca fue transferido a esta empresa. Su abogado, Cristóbal Bonacic, lo niega: “La diferencia advertida por el Ministerio Público es fruto de una selección arbitraria del total de pagos”.

La solicitud de desafuero que interpuso el Ministerio Público en contra del diputado Joaquín Lavín León (exUDI) detalla un aspecto hasta ahora desconocido del caso. Según la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, entre el Congreso y el Servicio Electoral (Servel) le reembolsaron a Lavín un total de $34 millones por servicios que le habría prestado la empresa Modo74. El Congreso restituyó una parte de ese dinero como gastos de asignaciones parlamentarias. El resto, lo entregó el Servel por trabajos de campaña. La fiscalía señala que, tras revisar los movimientos bancarios del diputado, se pudo constatar que estos fondos efectivamente llegaron a las cuentas de Lavín, pero que no fueron traspasados a la empresa.

La sociedad Modo74 está siendo investigada en esta causa porque fue creada por un estrecho colaborador de Lavín León y porque sus únicos clientes se vinculan al diputado y a la UDI. La fiscalía señala en su petición de desafuero que esta empresa en realidad es de Lavín.  

La Corte de Apelaciones de Santiago todavía no fija fecha para revisar la solicitud de desafuero que la fiscal Constanza Encina presentó el 30 de junio pasado. Con esta acción penal el Ministerio Público pretende despojar a Lavín León de sus privilegios parlamentarios, con el fin de aplicarle medidas cautelares en una eventual formalización. 

En el documento de 150 páginas que pide el desafuero, el Ministerio Público cifra un total de $22 millones que fueron rendidos por Lavín a la Cámara de Diputados como gastos parlamentarios, dinero registrado en 44 facturas emitidas por Modo74, el que fue reembolsado íntegramente con fondos públicos y consignados en las cuentas del legislador. Del mismo modo, de acuerdo con las pericias de la fiscalía, Lavín rindió como gastos de campaña ante el Servel otras dos facturas de Modo74 por un total de $12 millones cuando fue reelecto en 2021. Esos servicios también fueron reembolsados y constan en su cuenta electoral.

Tras hacer seguimiento bancario, la fiscalía acusa en su solicitud de desafuero que esos fondos no llegaron finalmente a las cuentas de Modo74. Algo que la defensa de Lavín León, niega. Cristóbal Bonacic, abogado del parlamentario, señaló a CIPER que la fiscalía hizo una selección arbitraria de los pagos: “La diferencia advertida por la solicitud de desafuero realizada por el Ministerio Público es fruto de una selección arbitraria del total de pagos realizados por el H. Diputado Lavín al proveedor mencionado, de suerte que no existe ninguna diferencia, tal como esta defensa lo explicó en detalle en la presentación efectuada ante el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago”.

En ese documento –al que tuvo acceso CIPER y donde la defensa de Lavín contesta la solicitud de desafuero– Bonacic critica la metodología con la que se realizó el análisis de los pagos registrados en las cuentas del diputado. Según ese escrito, para el análisis de la fiscalía “no se consideraron transferencias desde Joaquín Lavín León a la cuenta corriente de la empresa Modo74 o a Felipe Vázquez Diéguez [asesor de Lavín que figura como dueño de la empresa] como persona natural, que en su mensaje de transferencia no se hiciera alguna alusión a pagos de facturas, o que, del mensaje del asunto, resulte evidente que no se corresponda con un pago de las mismas”.

En la contestación a la solicitud de desafuero, Bonacic señala que el Ministerio Público descartó “arbitrariamente ciertos pagos del Sr. Lavín”, los cuales, de ser considerados, dejarían “meridianamente claro que las respectivas facturas fueron pagadas”.

En la solicitud de la fiscalía también se consigna otro detalle que surgió del análisis de las cuentas del diputado: que este recibió $56,7 millones a través de 26 depósitos en efectivo de origen desconocido entre 2018 y 2024. De estos, en nueve comprobantes se registró el nombre del propio Lavín como “depositante”, los que suman $15,4 millones. Y en cuatro papeletas de depósito, no se logra identificar a la persona que realiza ese ingreso, sumando $5,3 millones, mientras que en otras 13, que ascienden a $36 millones, no se individualizó quiénes los hicieron. Esto último motivó la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en virtud del “alto flujo en su cuenta corriente producto de depósitos en efectivo y transferencias recibidas sin respaldos formales”, dice ese reporte de la UAF.

Bonacic aseguró a CIPER que el diputado Lavín entregó las explicaciones correspondientes a la UAF, instancia que habría concluido su revisión “sin reparo alguno”. Y agregó: “No está demás decir que este tema es levantado por el Ministerio Público para generar dudas donde no las hay, para con ello pretender respaldar una solicitud de desafuero caracterizada por su parcialidad”.

EL SOFTWARE FAVORITO DE LA UDI

El escrito que argumenta la solicitud de desafuero fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago por la fiscal regional oriente, Lorena Parra, y la fiscal adjunta, Constanza Encina, el pasado 30 de junio. Con esto el Ministerio Público busca despojar de su inmunidad parlamentaria al diputado Lavín para así formalizarlo por potenciales delitos de fraude al fisco reiterados, falsificación de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias. La fiscalía cifra en $104,2 millones el monto presuntamente defraudado.

Son tres las aristas que sostienen la petición de desafuero. Una se relaciona con el actuar de Lavín en la Municipalidad de Maipú, cuando su cónyuge, Cathy Barriga, era su alcaldesa. Esto, porque la fiscalía asegura que el diputado ordenó una serie de gestiones que serían constitutivas de tráfico de influencias, entre ellas contrataciones, despidos y ascensos de funcionarios en los que no le correspondía intervenir. Además, afirma que Lavín se benefició políticamente al acceder a bases de datos con información de contribuyentes de Maipú.

En segundo lugar, las investigadoras apuntan a la eventual rendición de facturas falsas por parte de Lavín ante el Congreso, emitidas por la imprenta MMG, las que el parlamentario, según los antecedentes expuestos por la fiscalía, habría hecho pasar como gastos propios de su labor legislativa, cuando en realidad se trataba de deudas por trabajos realizados para su campaña a diputado (vea el artículo de CIPER donde se detallan esas rendiciones).

La tercera arista se vincula a Modo74, empresa que, según el Ministerio Público, tendría a Lavín como uno de sus dueños en las sombras, la que fue financiada con fondos del Congreso para desarrollar el software SocialTazk, un aplicación que almacena bases de datos y permite el envío masivo de mensajes a todos esos contactos en forma simultánea. La fiscalía sostiene que esta plataforma se creó con fines electorales ajenos al trabajo parlamentario. Así lo describe en su solicitud de desafuero:

“El imputado Joaquín Lavín León, en colaboración con los demás coimputados, defraudaron al fisco través de la rendición fraudulenta de facturas de la empresa Modo74, y la plataforma SocialTazk creada al efecto, simulando gastos operacionales asociados a su función parlamentaria, para obtener financiamiento para el desarrollo y mantenimiento de una herramienta destinada al beneficio político y electoral suyo, y de otros miembros de su partido”.

Entre 2018 y 2024, Lavín rindió ante el Congreso 153 facturas emitidas por Modo74 SpA. La sociedad fue constituida en enero de 2018 por Felipe Vázquez Diéguez, quien se desempeñó como asesor parlamentario del diputado entre julio de 2018 y agosto de 2019. Si bien Joaquín Lavín León no es parte de la estructura societaria de la empresa, la fiscalía sustenta su presunción de que él tiene intereses en esa sociedad en varios hechos, entre los que destacan dos: 1) en el teléfono y computador personal del legislador había registros de ingresos y egresos de esa empresa, además de listados actualizados de usuarios de la plataforma o programa SocialTazk, y 2) según correos, mensajes, presentaciones y declaraciones de testigos, el diputado capacitaba a clientes de Modo 74 para el uso de ese software.

“[Lavín] se preocupaba de cobrar personalmente o a través de su asesor parlamentario, Arnaldo Domínguez, a quienes adeudaban montos a la referida empresa”, afirma la solicitud de desafuero.

La revisión contable de la sociedad que hizo el Ministerio Público arrojó que Lavín era el principal cliente de Modo74. En el desafuero se señala que el parlamentario recibió “el 56% de las facturas emitidas” por esa empresa. Asimismo, el 44% restante también estaba ligado a Lavín: todos eran clientes vinculados a la UDI que el diputado habría reclutado.

De acuerdo con la solicitud de desafuero, sólo entre 2020 y 2021, año en que se desarrollaron elecciones municipales, de constituyentes, de gobernadores regionales y presidencial, Joaquín Lavín ofreció la plataforma SocialTazk a 70 candidatos UDI a nivel nacional. La fiscalía sustenta su afirmación de que fue Lavín el que gestionó los servicios para esos candidatos en que “les creó un usuario y contraseña de acceso, y procedió al envío masivo de mensajería de campaña de manera gratuita”.

Las investigadoras además señalan que el diputado no cobró por esas tareas, sino que lo hizo con otro propósito: “Únicamente a cambio de hacerse en forma ilícita de las bases de datos de todos los candidatos y funcionarios públicos a nivel nacional, quienes proporcionaban información privada de millones de personas que obtenían en el desempeño de sus labores públicas”.

Las otras personas a las que facturó Modo74 fueron dos. Una es la esposa del diputado, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga –imputada por esta misma fiscalía por fraude al fisco por su gestión en la comuna entre 2016 y 2021–, quien rindió facturas por $10 millones de esa empresa como gastos de su campaña a la reelección en 2021. El segundo es el padre del parlamentario, Joaquín Lavín Infante, quien también rindió al Servel $3 millones por su campaña para la primaria presidencial de Chile Vamos en 2021.

En el Congreso, Lavín no fue el único parlamentario que contrató servicios de Modo74 SpA para que fueran pagados con asignaciones parlamentarias. CIPER accedió vía Ley de Transparencia al listado de todos los diputados y senadores que contrataron esta empresa y rindieron esos gastos con cargo al fisco. En total son $17,4 millones entre 2019 y 2023. Todos están ligados a la UDI.

1)      Sergio Gahona (UDI): $2.100.000.

2)      Enrique van Rysselberghe: $1.400.000.

3)      Osvaldo Urrutia (UDI): $7.000.000.

4)      Juan Manuel Fuenzalida (UDI): $5.300.000.

5)      Felipe Donoso (UDI): $1.000.000.

6)      Juan Antonio Coloma (UDI): $350.000

7)      Marlene Pérez (Independiente, bancada UDI):  $236.000.

La fiscalía asegura que “el imputado Lavín era dueño del proyecto en forma subrepticia y cliente de manera formal, conociendo la incompatibilidad que existe de contratar como proveedor del Congreso Nacional a una empresa con quien mantiene vínculos societarios formales”.

CIPER consultó al abogado José Pedro Silva, representante de la Municipalidad de Maipú –entidad que se sumó a la solicitud de desafuero del Ministerio Público– sobre los reembolsos solicitados por Lavín al Congreso y al Servel. Silva señaló lo siguiente: “Es importante distinguir que lo que se imputa al diputado Lavín es el delito de fraude al fisco por todas las rendiciones que él hizo vinculadas a esta aplicación que tenía fines electorales”.