Anatomía de las preferencias medioambientales de los ciudadanos

El autor de esta columna detalla los principales datos obtenidos en una encuesta nacional sobre eco-ansiedad y cambio climático. Sostiene que «los resultados de esta encuesta muestran con claridad meridiana que enfrentar la crisis climática constituye un clásico problema de acción colectiva. Por un lado, los ciudadanos valoran que los beneficios de la acción climática se distribuyan en forma uniforme en la sociedad, pero esto reduce los incentivos económicos individuales para alcanzarlos. Por otro, la ciudadanía valora menos aquellas medidas que implican costos personales directos, de modo que la disposición al sacrificio personal también es baja. En consecuencia, los incentivos económicos y sociales para enfrentar las dificultades climáticas son bajos».

Créditos imagen de portada: Óscar Guerra / Agencia Uno

La Dirección de Estudios Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile lanzó los resultados de una encuesta nacional –con muestra probabilística y aplicada vía telefónica a 1.000 adultos– sobre eco-ansiedad y cambio climático. Los hallazgos ofrecen claves valiosas para entender cómo se configuran las preferencias medioambientales en la población chilena. Tres heurísticas destacan con especial nitidez. La primera: lo urgente le gana a lo importante. Aunque una mayoría (59%) indica que se encuentra «muy preocupado» por la contaminación y el cambio climático, otros desafíos sociales como la delincuencia (80%), el mal funcionamiento del sistema político (75%) o la falta de acceso a servicios de salud (72%) concitan aún mayor preocupación en la población. Este patrón coincide plenamente con la noción económica de que las personas descuentan el valor del futuro, en tanto las presiones del presente reducen el peso de aquello temporalmente lejano. 

Segundo, los ciudadanos prefieren acciones ambientales, ya sea de parte del mundo privado o público, cuyos beneficios tengan alcance colectivo. Por ejemplo, un 59% de los encuestados valoran positivamente que una empresa minera financie a comunidades cercanas con iniciativas ambientales como áreas verdes y acceso a agua, pero un 69% valora positivamente que una empresa minera reduzca en 50% sus emisiones invirtiendo en energía renovable y limpia. En otras palabras, se construye mayor legitimidad ambiental con medidas que trascienden el ámbito local y benefician a la sociedad en su totalidad.

Tercero, la ciudadanía respalda mayormente aquella acción ambiental cuyos costos no recaigan directamente en sus bolsillos: un 77% de los encuestados respondió aprobar (o aprobar en parte) invertir fuertemente en energías renovables, «aunque eso implique costos iniciales altos para el país»; un 61% aprueba cerrar todas las centrales de carbón, «aunque implique la pérdida de la fuente laboral para un grupo de personas»; y sólo un 47% aprueba prohibir la venta de autos a gasolina desde 2035, «aunque eso implique que aumenten los costos de los autos nuevos». Es decir, cuanto más lejano y disperso sea el potencial costo, mayor disposición a apoyar la medida.

Los resultados de esta encuesta muestran con claridad meridiana que enfrentar la crisis climática constituye un clásico problema de acción colectiva. Por un lado, los ciudadanos valoran que los beneficios de la acción climática se distribuyan en forma uniforme en la sociedad, pero esto reduce los incentivos económicos individuales para alcanzarlos. Por otro, la ciudadanía valora menos aquellas medidas que implican costos personales directos, de modo que la disposición al sacrificio personal también es baja. En consecuencia, los incentivos económicos y sociales para enfrentar las dificultades climáticas son bajos. 

Algo similar ocurre con el acto de votar en contextos de sufragio voluntario. Tal como el voto, acciones proambientales como reciclar o adquirir productos certificados, es una forma de acción social de bajo costo y bajo beneficio. Es decir, no implica gastar muchos recursos económicos, pero tampoco genera impactos visibles a nivel personal, pues el resultado final de una elección o una campaña de cuidado ambiental depende de las acciones de muchas otras personas y organizaciones sobre las cuales no tenemos el menor control. Y, no obstante, en Chile vota al menos la mitad del electorado, y hay presunciones de politización que sugieren que hoy votaría un contingente importante de ciudadanos, aun sin multa. Las claves detrás de este comportamiento han desafiado a las ciencias sociales por décadas, pero las respuestas tienden a enfatizar el componente normativo y expresivo. Las personas votan, y probablemente también reciclan o adoptan otras prácticas sostenibles, en cuanto sienten que cumplen con un deber social y, al mismo tiempo, ese acto les permite manifestar sus valores o identidad social. 

Entender y considerar las preferencias ciudadanas puede ser un elemento importante para movilizar progresivamente conductas más sostenibles frente a la crisis ambiental. Intentos previos, como la primera Convención Constitucional, apostaron a forzar un cambio estructural en la cosmovisión de los ciudadanos. Sin embargo, los chilenos son, en gran medida, personas sensatas y prácticas, dispuestas a cooperar, siempre y cuando perciben que tiene sentido hacerlo.