Desigualdad territorial y violencia contra las mujeres en Chile: una mirada crítica

En esta columna se utilizan los datos conseguidos entre 2008 y 2022 por uno de sus autores para revelar que hay regiones que concentran una tasa más alta de femicidios, como son Los Ríos y Aysén, y que hoy las acciones del Estado para detener la violencia de género no consideran las particularidades territoriales. Sostienen que «desde un enfoque crítico, se requieren acciones concretas en cuanto a recursos, capacitación y abordaje de la violencia, pues la lucha contra la violencia de género y la violencia de pareja no puede limitarse a la mera promulgación de leyes, toda vez que requiere una transformación real y contundente, que reconozca la desigualdad territorial como una de sus principales causas y que permee a las policías, fiscalía y tribunales, trascendiendo el discurso del Poder Ejecutivo».

Créditos imagen de portada: Fernando Lavoz / Agencia Uno

La violencia contra las mujeres, en especial la violencia intrafamiliar y los femicidios, revela las profundas desigualdades estructurales que asolan a Chile. Aunque en los últimos años se han aprobado leyes y se han implementado políticas públicas para enfrentar esta problemática, siendo la más reciente la Ley 21.675, pareciera que las desigualdades territoriales tienen un papel importante en términos de protección, impunidad frente a los desacatos y vulnerabilidad.

La investigación doctoral llevada a cabo por Juan Paulo Marchant develó que entre los años 2008 y 2022 en Chile hubo 629 femicidios causados por la actual pareja o ex pareja de la mujer. Lo alarmante es que estos delitos no se distribuyen de manera equitativa en el territorio, sino que se concentran en ciertas regiones, como Los Ríos y Aysén, con tasas mucho más altas que la media nacional. De hecho, la tasa de femicidios en Aysén, en el período mencionado, es la más alta del país triplicando la del nivel nacional (28,8 casos versus 8,7 por cada 100.000 mujeres).

¿CÓMO SE EXPLICAN ESTAS DIFERENCIAS ENTRE LAS DISTINTAS REGIONES DEL PAÍS? 

Una de las posibles respuestas se encuentra en las desigualdades que cruzan el país y en la poca capacidad del Estado para garantizar protección en contextos donde la pobreza, la exclusión y la falta de acceso a servicios básicos son moneda común. Teniendo en cuenta esto, desde el Núcleo Milenio para el Desarrollo Integral de los Territorios (CEDIT) estamos realizando una investigación para analizar las Desigualdades Territoriales en la Violencia de Género: Femicidios, Servicios de Protección y Capacidad Estatal en Chile y, de esta manera, evaluar si las brechas de acceso a los servicios estatales están asociadas con una mayor tasa de femicidios y de desacatos de las medidas cautelares.

Las desigualdades territoriales son un caldo de cultivo para precarizar los servicios básicos asociados a la prevención, atención y protección de las mujeres que viven violencia de pareja. De hecho, algunos estudios señalan que esto se debe a una negligencia institucional por parte del Gobierno debido a la falta de capacidad para hacer frente a las acciones que se deben realizar en cada caso, lo cual, incluso, influye en que las personas tienen miedo a denunciar la violencia que viven por miedo a las posibles represalias.

Otro aspecto que considerar al momento de pensar el abordaje y atención de las violencias contra las mujeres es lo que ocurre en las zonas rurales, donde es común normalizar la violencia de pareja amparándose en estereotipos sociales de género patriarcales, aislamiento y dificultad para el seguimiento de las medidas de protección que los tribunales decreten a favor de la mujer y sus hijos e hijas. En estos lugares, quizás, es donde se refleja con mayor crudeza la desigualdad socioeconómica, el aislamiento social y la escasa presencia de instituciones de protección lo que, en su conjunto, transforma a muchas mujeres de zonas rurales en víctimas invisibles. 

ACCIONES Y PROPUESTAS DESDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Si bien ha habido avances en cuanto a generar espacios de atención a mujeres que viven violencia de pareja, como el Centro de la Mujer Sorda, del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, el que brinda atención remota a mujeres sordas mayores de 18 años para entregar orientación e información, también es cierto que en comunidades aisladas y cruzadas por factores de vulnerabilidad las respuestas por parte del Estado son insuficientes o tardías. Pareciera, entonces, que la protección y abordaje de estos casos se convierte en un asunto azaroso, cuyas chances de ganar dependerán del lugar donde reside la mujer y de las redes que tenga.

Este escenario nos lleva a cuestionar si el Estado chileno se encuentra o no realmente comprometido con la protección de las mujeres en todos sus territorios. A simple vista y a la luz de los datos mencionados en esta columna, pareciera que la política pública adolece de un enfoque territorial, de un traje a la medida que considere las particularidades de cada caso: la violencia se transforma, manipula, se vuelve subterránea muchas veces y su ejercicio se perfecciona en cuanto a frecuencia e intensidad. Por lo tanto, no existe una única manera de abordar este flagelo, por lo que se requiere flexibilidad frente a cada caso.

Desde un enfoque crítico, se requieren acciones concretas en cuanto a recursos, capacitación y abordaje de la violencia, pues la lucha contra la violencia de género y la violencia de pareja no puede limitarse a la mera promulgación de leyes, toda vez que requiere una transformación real y contundente, que reconozca la desigualdad territorial como una de sus principales causas y que permee a las policías, fiscalía y tribunales, trascendiendo el discurso del Poder Ejecutivo.

Desde hace años, Chile se comprometió a erradicar la violencia contra las mujeres, cuando el 24 de octubre de 1996 ratificó la Convención Belém do Pará. Por lo tanto, debe asumir su responsabilidad: proteger a todas las mujeres en igualdad de condiciones, sin importar dónde se encuentren. Vivir en una determinada región no puede implicar convivir con la impunidad, el terror en el cuerpo y la posibilidad real de tener una mayor probabilidad de ser víctimas de femicidio. Ninguno de estos 629 casos puede quedar en el olvido, sino transformarse en una ventana de mejora y aprender de ellos, es la manera simbólica de redimirnos por no haber actuado a tiempo.