Caso Democracia Viva: el detalle de los argumentos de la fiscalía para presentar su acusación por fraude al fisco

El fiscal Cristián Aguilar presentó al tribunal un escrito de 232 páginas en el que describe los argumentos del Ministerio Público para acusar por tres delitos de fraude al fisco a los protagonistas del caso Democracia Viva. Entre sus principales cartas están la supuesta intervención improcedente del exseremi Carlos Contreras en el proceso para seleccionar a esa fundación, porque esa elección sería una atribución exclusiva del Serviu. A esto se suma el posible incumplimiento de los requisitos por parte de la fundación para firmar los convenios. Y una supuesta coordinación entre Contreras y la diputada Catalina Pérez para convocar a la fundación, aunque en este último punto, hasta la fecha, la fiscalía no ha mostrado pruebas.

Créditos imagen de portada: Pablo Ovalle Isasmedi / Agencia Uno

La causa de la Fundación Democracia Viva, que dio vida al Caso Convenios, ha entrado en su recta final hacia el juicio oral. Esta semana el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Antofagasta presentó la acusación contra los imputados: el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras; la diputada Catalina Pérez; la exconcejala Paz Fuica y el representa legal de Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade.

Si bien en algún momento los fiscales barajaron la idea de imputar varios delitos en contra de los protagonistas del caso y se dijo que podían ser encausadas personeros del gobierno central, finalmente se acusó solo a los cuatro mencionados por tres delitos de fraude al fisco, correspondientes a los tres contratos por $426 millones en total que firmó Andrade con el seremi Contreras.

En el escrito del fiscal Cristián Aguilar, el Ministerio Público le solicitó a la corte una pena de 10 años y un día de cárcel para Contreras, Andrade, Pérez y Fuica, junto al pago de una multa equivalente a la mitad de los recursos que -según la fiscalía- fueron defraudados por la fundación, sumado a la inhabilitación perpetua de los imputados para ejercer cargos públicos, entre otras sanciones. 

Según el Ministerio Público el daño patrimonial al fisco es por la suma total de los tres convenios firmados con Democracia Viva, que alcanzan la suma de $426 millones, independiente de que los gastos rendidos fueron aprobados por el Ministerio de Vivienda y los saldos no ejecutados resultaron devueltos por la fundación.

En el caso del ex seremi Carlos Contreras, además de responsabilizarlo por haber suscrito y aprobado los tres convenios, la fiscalía sumó la acusación de que la ex autoridad intervino en el proceso de selección de la Fundación Democracia Viva a pesar de que las resoluciones exentas N° 083 del 20 de enero de 2022 y la N°8.829 del 13 de noviembre de 2015, indican que los seremis de vivienda solo están facultados para intervenir en la aprobación, suscripción y modificación de los convenios, mientras que el proceso de selección sería exclusivo para el Serviu.

Entre las pruebas que ha presentado el Ministerio Público se encuentra un correo enviado el 12 de julio de 2022 por Contreras a Alfonso Legunda, jefe del Departamento de Planes y Programas de la Seremi, en el que incluyó los contactos de distintas fundaciones para evaluar una potencial colaboración. Según el escrito de la fiscalía la instrucción era contactar a Daniel Andrade, para que Democracia Viva “fuera receptora de los fondos públicos de los convenios”, por lo que le proporcionó sus datos de contacto. La solicitud se concretó dos días después, cuando Legunda se comunicó vía correo electrónico con Daniel Andrade.

La fiscalía también le atribuye a Carlos Contreras intervenir para que el Serviu oficiara al poder central del Minvu con el objetivo de reasignar recursos para dos proyectos específicos que fueron asignados a Democracia Viva, a pesar de que uno de ellos ya había sido destinado a otra fundación.

A la diputada Catalina Pérez, desaforada en el marco de esta investigación, el fiscal Aguilar le atribuyó haberse “puesto de acuerdo” con Carlos Contreras “para que éste invitara a la Fundación Democracia Viva, para ser considerada como institución competente y con experiencia requerida para suscribir tratos fiscales por el Programa de Asentamientos Precarios (PAP) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, relativos especialmente a obras de habitabilidad primaria”.  Si bien en el documento de la fiscalía se destaca en distintos pasajes esta supuesta coordinación previa entre Contreras y Pérez, hasta la fecha la fiscalía no ha mostrado pruebas de dichos contactos anteriores a la firma de los contratos. No lo hizo ni en la formalización de cargos, ni en el escrito con que solicitó el desafuero de la parlamentaria, ni esta la última acusación, aunque todavía queda la instancia del juicio donde el Ministerio Público podría presentar pruebas que hasta ahora se desconocen. CIPER consultó a la fiscalía por más antecedentes respecto a la imputación, pero desde su equipo de prensa señalaron que el fiscal Aguilar no estaba dando entrevistas sobre el caso.

En la acusación del Ministerio Público también se señala que la diputada Pérez “estaba en conocimiento que se había suscrito en el mes de julio de 2022 un contrato falso de arriendo”, entre Daniel Andrade y una militante de RD que residía en Ñuñoa, Cecilia Millán. El objetivo era que la fundación contara con un domicilio para iniciar actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. En la acusación el fiscal Aguilar destacó que este trámite ante el SII -que se concretó a fines de ese mes- era un requisito para que la fundación accediera a los fondos del PAP. 

Además, el escrito agrega que la diputada Pérez: “Posteriormente, intervino directamente en la obtención de una copia del referido contrato de arrendamiento del inmueble que simulaba ser la dirección de la Fundación, sabiendo que ello no era efectivo, todo, con el fin que se asignaran los fondos fiscales a la Fundación Democracia Viva. De esta forma, Pérez propició que Daniel Andrade postulara a los programas de inversión y lo asistió para que pudiera adjudicarse fondos fiscales del PAP, en conocimiento de que ni Democracia Viva ni Andrade tenían experiencia, competencias ni experticia en materia de habilitación primaria, de modo que sabía que no se podrían ejecutar los tratos fiscales al tenor de lo posteriormente convenido”.

Si bien la fiscalía no entrega detalles de cómo la diputada habría propiciado la postulación de Democracia Viva, en 2023 trascendió en medios la declaración de la dueña de la casa de Ñuñoa, Cecilia Millán, quien dijo a la PDI que en “el mes de septiembre de 2022, Daniel me indica que necesitaba el contrato físico, por lo que coordinamos y fue a mi casa junto a su pareja de ese entonces, Catalina Pérez, a quien conocía desde que comencé a militar en RD. A Daniel lo conocí en esa oportunidad. No hablamos ninguna particularidad de la fundación sino que explicaron a grandes rasgos de las funciones que tendría y más que nada hablamos de contingencia política de ese entonces”, publicó El Líbero. 

Los otros antecedentes que presenta la fiscalía ya han sido conocidos por la opinión pública y apuntan al accionar de la diputada a partir del destape del caso a mediados de 2023. La acusación destaca que la parlamentaria le dio indicaciones a Daniel Andrade con el fin de aparentar que la casa ubicada en Ñuñoa efectivamente funcionaba como sede de la Fundación, agregan que habría acordado con Contreras y Andrade que ellos “asumieran la responsabilidad por la suscripción de los tres convenios de transferencia de fondos, dejándola fuera a aquélla”. A esto, le suma una conversación con Andrade en que le recomienda hacer una carta de renuncia a la Fundación, y que estuviera fechada cerca de la firma del primer convenio.

CONFLICTO DE INTERESES

Uno de los puntos transversales a todos los imputados en la acusación del fiscal Aguilar son las conexiones que tenían Catalina Pérez, Carlos Contreras, Paz Fuica y Daniel Andrade, quienes compartían su militancia en Revolución Democrática. Además, Fuica y Contreras habían sido asesores parlamentarios de la diputada Pérez, quien fue pareja de Daniel Andrade hasta que estalló el caso. Según el Ministerio Público “los referidos vínculos les impedían, especialmente en el caso de los imputados Contreras y Fuica, ambos funcionarios públicos, intervenir en actos que le permitieran a Daniel Andrade recibir fondos fiscales (…) lo que incumplieron deliberadamente”.

Respecto a la imputación por fraude al fisco contra la concejala Paz Fuica, se centra en su contratación -a través de la Fundación para la Pobreza (Fusupo)- para prestar servicios para programa PAP en la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Fuica comenzó a trabajar para la Seremi a mediados de 2022, pero su contrato con Fosupo fue firmado el 17 de octubre y, según la acusación, su fichaje respondió a una serie de gestiones del entonces seremi. También se le acusa de tener un rol activo dentro del proceso de selección que realizó la Seremi para proponer una lista de fundaciones al Serviu, organismo que debía aprobar y presentar los proyectos a nivel central. 

Además, la fiscalía apunta a una serie de contactos que Fuica tomó con Daniel Andrade antes y durante el proceso de postulación de Democracia Viva entre el 19 de junio y el 20 de octubre de 2022. Según la acusación “Paz Fuica mantuvo conversaciones con el representante legal de Democracia Viva, el imputado Daniel Andrade, en las que inicialmente éste le ofreció trabajar en un proyecto que involucra fondos fiscales, que resultaron ser los fondos del PAP, lo que en esa época ya conocía Andrade pese a que la invitación oficial fue cursada el 14 de julio de 2022, por correo electrónico”. A esto, agrega que intermedió en el otorgamiento de un tercer convenio para Democracia Viva suscrito el 25 de octubre del 2022.

Por último el fiscal Aguilar establece como prueba del fraude al fisco el hecho de que Democracia Viva no cumpliría con los requisitos que habían sido definidos por Carlos Contreras en el protocolo según la Resolución Exenta N°366, en la que se determina que debe ser una institución sin fines de lucro, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, contar con seis meses de antigüedad, poseer experiencia en intervenciones territoriales y comunitarias, y que los recursos fueran administrados en una cuenta bancaria de la fundación la que debe ser informada a la Seremi.

Según la fiscalía, a pesar de que Democracia Viva tenía más de seis meses de su fundación cuando fue convocada por el Minvu al programa PAP, aún no cumplía un año, por lo que no habría tenido “la experiencia, idoneidad, ni competencias necesarias para convertirse en receptora de fondos públicos para el PAP”. 

Además, la invitación a la entidad privada fue remitida con fecha 14 de julio de 2022, por un funcionario de la Seremi de Antofagasta, la fundación no contaba con el inicio de actividades ante el SII, lo que se materializó 17 días después, el 31 de julio de 2022. Y sólo una vez firmados dos de los convenios Andrade amplió el giro de la fundación a “construcción de proyectos de servicio público” ante el SII. Esto, a juicio del Ministerio Público, “no se adecuaba al objeto social contemplado en su acta de constitución y estatutos”. Por otra parte, si bien Democracia Viva sí estaba inscrita en el Registro de Colaboradores del Estado cuando firmó el primer convenio, para la fiscalía el hecho de que se integrara solo 18 días antes da cuenta de que al momento de ser seleccionada no cumplía el requisito.

Respecto a la ejecución del proyecto, el Ministerio Público destaca la falta de una boleta de garantía por parte de Democracia Viva, aunque no estaba dentro de las bases, pero asume la entrega de este seguro como una forma de cuidar los recursos del fisco. También señala que Andrade “excediéndose en el uso de las facultades otorgadas por los convenios suscritos, administró indebidamente el patrimonio de afectación fiscal, destinando gran parte del ítem recursos humanos de los fondos recibidos para la ejecución de los convenios”, lo que habría superado el monto de honorarios que había definido Contreras como requisito para aprobar las rendiciones.

La causa completa por el caso convenios en Antofagasta también suma los convenios firmados con otras dos fundaciones, Fibra y Tomarte, cuyos contactos también fueron entregados por Carlos Contreras, junto a la contratación de Fuica en Fusupo. Ya que la causa aúna estos grupos de convenios, el ex seremi Carlos Contreras arriesga 35 años de cárcel, al igual que la concejala Paz Fuica. El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó audiencia de preparación de juicio oral para el lunes 29 de septiembre, a las 08:30.