Exconcejal de Las Condes, Carlos Larraín Hurtado, fue multado con $1 millón por no presentar declaraciones de intereses y patrimonio

El exconcejal de Las Condes Carlos Larraín Hurtado (RN), quien estuvo en ese cargo entre 2012 y 2021, fue sancionado por no presentar su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) en todas las ocasiones que debía hacerlo. Con el objetivo de prevenir conflictos de interés y eventuales enriquecimientos ilícitos, las autoridades deben detallar periódicamente en este formulario sus actividades económicas y profesionales, sus propiedades y si participan en empresas, entre otros datos que luego deberían ser fiscalizados por la Contraloría. Contactado por CIPER, Larraín dijo que apelará el pago de la multa y que intentó arreglar su situación, pero que “los sistemas de software de la CGR no han sido muy acogedores”. No es el único caso de este tipo en Las Condes: tampoco se han publicado las declaraciones del concejal en ejercicio Guillermo Ureta Larraín (UDI), quien asumió el cargo en 2024. Consultado para este artículo, el edil dijo que envió sus formularios a la CGR, pero que no ha finalizado el trámite de su publicación porque debe firmarlos y no sabe cómo hacerlo.

Créditos imagen de portada: Carlos Larraín Hurtado (Sitio web Larraín y Asociados Abogados) / Municipalidad de Las Condes (Francisco Paredes / Agencia Uno).

En la última sesión del concejo municipal de Las Condes, celebrada este martes 5 de agosto, se comunicó que el exconcejal de esa comuna, Carlos Larraín Hurtado (RN), deberá pagar una multa cercana a $1 millón porque no presentó todas las Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) que debía mientras ejerció el cargo. Larraín cumplió dos períodos como autoridad municipal (2012-2021) y solo emitió cuatro declaraciones: tres en 2017 y una en 2021. No hay rastros de sus DIP de 2018, 2019 y 2020 (búsquelas aquí).

La normativa que rige la presentación de las DIP entró en vigencia en 2016 y exige que los formularios se actualicen cada vez que haya cambios en el patrimonio o potenciales fuentes de conflictos de interés del declarante. Y si no los hay, de todas formas, debe emitirse una actualización anual. El ente encargado de velar por el cumplimiento de esto es la Contraloría General de la República (CGR), quien debe fiscalizar que las DIP “se hagan de manera oportuna, íntegra y veraz”.

De acuerdo con las definiciones contenidas en la página web Infoprobidad, donde la ciudadanía puede leer las declaraciones de las autoridades, “si existieran faltas a esta normativa, la Contraloría podrá multar por hasta 50 UTM y, si el incumplimiento permanece, será considerado falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución del cargo”. Sin embargo, el caso de Larraín demuestra que, en la práctica, quienes infringen la normativa se exponen a multas bajas y sanciones poco oportunas.

La primera DIP de Larraín data del 11 de enero de 2017. En ella declaró un bien inmueble y participación en tres sociedades, entre otros datos (véala aquí).

La segunda y tercera declaración están datadas el 3 de abril de 2017. Una la emitió bajo el rótulo “actualización periódica” y otra “por cese de funciones”, pese a que continuó participando en el concejo municipal de Las Condes hasta que culminó su segundo período, en 2021. No hay diferencias en el contenido de estas DIP.

La cuarta y última declaración se publicó cuatro años después, en marzo de 2021, como una actualización de las anteriores. La principal diferencia respecto de las de 2017 es que –de acuerdo con lo registrado en esa última DIP– ya no participaba en sociedades. Larraín no se presentó a las elecciones de 2020 y el último concejo en el que participó fue el del 17 de junio de 2021.

Municipalidad de Las Condes (Créditos: Francisco Paredes / Agencia Uno)

La sanción a Larraín se dio a conocer en el concejo municipal del 5 de agosto de 2025, cuando el secretario municipal de Las Condes, Jorge Vergara, abrió la tabla. Si bien no identificó al exedil en su intervención, CIPER corroboró que se refería a Larraín:

“En el primer tema, me toca dar cuenta del oficio N°19.800 2025 de la Contraloría General de la República, en la que se sanciona con multa a un exconcejal, cuyo nombre lo omito por tratarse de un tema sensible. Mi obligación es ponerlo en conocimiento del concejo y recuerden todos que tienen la obligación de hacer sus declaraciones de intereses y patrimonios. Que el concejal no haya querido hacerla, ya es un problema de él. Y cumplió pagando la multa”.

Luego, la alcaldesa Catalina San Martín (exEvópoli), enfatizó en que las autoridades municipales deben cumplir con esta normativa y mencionó que no todos los miembros del actual concejo han emitido su declaración: “Todos los concejales, todas las autoridades, tenemos que hacer nuestra Declaración de Interés y Patrimonio. Es un mínimo que se nos exige y que corresponde por ley. No sé si todos ustedes han hecho sus DIP, concejales, les pido que, si no la han hecho, háganla, por favor. No solo porque no queremos una sanción de Contraloría, sin duda alguna, sino también por lo que implica el poder contar con la DIP. Entiendo que no todos lo han hecho, así que, por favor, les pido que la hagan”.

Consultado por CIPER, Larraín confirmó que se le cursó una multa: “el 21 de julio pasado me notificaron por correo electrónico de la Municipalidad de Las Condes, donde no soy concejal desde junio 2021, que Contraloría General de la República inició un procedimiento de cobro de una multa de 15 UTM ($1.029.705) por incumplimiento de obligación de presentar Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) de cuando era concejal. Me da un plazo para recurrir contra la resolución que entiendo está en curso. He tratado de hacerla muchas veces en estos años sin que se permitiera porque los sistemas de software de CGR no han sido muy acogedores y como que se paralizaban, quizás por lo viejo del caso. Además que no soy muy hábil en la materia”, dijo. 

El exconcejal envió a CIPER un documento que acredita que, en septiembre de 2024, tres años después de haber dejado la municipalidad, intentó realizar la DIP que le correspondía por haber cesado en el cargo (vea ese documento).

Para el abogado y director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, cursar una multa no es una de las sanciones más efectivas para evitar la omisión de las DIP: “Las sanciones vinculadas al incumplimiento de las obligaciones de presentar declaraciones de intereses y patrimonio, presentar información incompleta o intencionalmente falsa, parten justamente desde la multa, las que pueden ir aumentando con la reiteración de la infracción, pero también existe la posibilidad de declarar vacante el cargo, y es justamente esa la mayor sanción y el mayor disuasivo”, señala. 

El exdirector de Chile Transparente y panelista de TVN, Alberto Precht, agrega que “más que la cantidad, en este caso lo que llama la atención es la oportunidad, porque si fuera una multa oportuna y generara de inmediato el impacto en el público, evidentemente el cumplimiento sería mucho mayor. No necesariamente por subir una pena o una multa, el cumplimiento va a aumentar. Lo disuasivo, sobre todo en el ámbito político, tiene que ver con la publicidad de las sanciones”. 

EL OTRO CASO EN LAS CONDES

Un caso similar al de Larraín presenta el actual concejal Guillermo Ureta Larraín (UDI), electo en 2024. Según la ley, ya deberían haberse publicado al menos tres declaraciones, una como candidato, otra al asumir el cargo y otra al actualizarla en marzo de este año. Pero, hasta el momento, no hay información pública respecto de sus eventuales conflictos de interés y patrimonio.

Contactado para este artículo, en primera instancia, el concejal dijo que a propósito de la consulta formulada por CIPER “pude corregir las declaraciones hechas, no me di cuenta que no cambié de candidato a concejal y que tenía que poner Municipalidad de Las Condes”. Luego, compartió pantallazos de tres correos electrónicos enviados por la CGR, con el asunto “Comprobante de envío de declaración”, fechados en julio de 2024, y enero y marzo de 2025.

Cuando se le preguntó por qué no se han publicado las DIP que envió al organismo fiscalizador, agregó que es porque para finalizar el trámite debe firmar sus declaraciones, y “el problema es que no sé dónde se firman”. 

“Mañana veré con la DIP cómo puedo dejar firmadas mis declaraciones. Las que fueron enviadas se recepcionaron, pero nunca me llegó un aviso de que debía firmarlas”, concluyó.

Ureta alcanzó cierta notoriedad durante su campaña porque exhibió imágenes de Jaime Guzmán y el primer logo de la UDI, utilizado por la colectividad desde su fundación en 1983 hasta el retorno a la democracia. Es contador auditor de profesión y exoficial de Ejército.

De acuerdo con información revisada en el Registro de Empresas del Diario Oficial, Ureta ha estado ligado a cerca de 20 sociedades, ya sea como propietario, socio o representante legal. Entre ellas destacan Holdco I, Holdco II y Sister Holdco, creadas en 2011 en el contexto de la fusión entre las aerolíneas LAN (Chile) y TAM (Brasil) para canalizar la participación de los accionistas de la empresa brasileña. Ureta aparece en el extracto del acta de constitución de las tres firmas.

Además, el concejal es socio fundador de la consultora Addval, donde también figura como director su hermano Cristian Ureta Larraín, quien ha desempeñado funciones similares en Red MTS, EFE y LATAM Cargo.