Colaborador de Codina y cambio climático

Trabajó solo cinco meses como director jurídico de la Corporación Educacional de Puente Alto, pero al ser separado del cargo demandó a la municipalidad por $67 millones y finalmente llegó a un acuerdo y obtuvo una indemnización de $18 millones, vale decir, $3,6 millones por cada mes trabajado. Es la historia de Christian Gore revelada por CIPER. Gore, quien había sido administrador municipal, consiguió el millonario finiquito 17 días antes de que Codina dejara el sillón edilicio luego de 12 años de gestión.

CIPER informó este jueves que, sin embargo, un tribunal retuvo la indemnización que Gore consiguió tras demandar al municipio por “daño moral”, ya que aseguró que fue despedido por aparecer vinculado al Caso Luminarias.

El Ministerio Público interpuso una cautela de garantía y solicitó al tribunal retener la indemnización debido a que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en contra de Gore por cohecho pasivo. En 2023, un reportaje de CIPER reveló que el abogado recibió 66 pagos en efectivo mientras era alcalde subrogante (vea aquí el reportaje), por un monto superior a los $200 millones.

El actual alcalde de Puente Alto, Matías Toledo (independiente apoyado por el FA), declaró a CIPER que Gore además enfrenta un juicio de cuentas. La Contraloría General de la República (CGR) detectó una condonación irregular de multas a la empresa Telecomunicaciones Net Uno Limitada, la que fue aceptada por Gore cuando ejercía como alcalde subrogante. La CGR catalogó la rebaja como improcedente y exigió la restitución de $75 millones.

En el Caso Luminarias se investigan eventuales pagos de coimas por parte de la empresa Itelcom, a alcaldes y concejales, a cambio de la adjudicación de la instalación de luminarias. Gore habría actuado como intermediario entre el municipio y la empresa en esas negociaciones.

Christian Gore
Fuente: Facebook de Christian Gore

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo histórico en el que reconoció el cambio climático como un “riesgo existencial universal” causado por la actividad humana. Este pronunciamiento establece que todos los Estados, incluido Chile, tienen la obligación de prevenir, cooperar entre sí y reparar daños.

La CIJ emitió una opinión consultiva en la que impone a los Estados obligaciones legales “apropiadas, consistentes, rápidas y sostenibles”.

Chile ha tenido un rol activo en la justicia climática global. En 2023, junto con Colombia, lideró la Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese acuerdo sentó las bases del fallo y reconoció la obligación de los Estados de prevenir daños climáticos y garantizar los derechos humanos de comunidades vulnerables, como pueblos indígenas y habitantes de zonas rurales. Se espera que Chile refuerce su compromiso, acelere las acciones y profundice en su agenda climática. Pese a que se ha avanzado en materia legislativa como con la Ley Marco Climático, continúa con iniciativas que cuentan con inversiones públicas en proyectos fósiles y conflictos socioambientales no resueltos.

En respuesta al fallo de la CIJ, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que: “reitera su compromiso con la justicia climática, el multilateralismo y los derechos de las generaciones presentes y futuras”.

Lago Peñuelas
Fuente: Manuel Lema / Agencia Uno