La delgada línea entre innovación y seguridad

Señor Director:

En el ecosistema digital chileno, la Clave Única es la llave maestra que permite a las personas realizar trámites oficiales, obtener certificados y validar su identidad frente a organismos estatales y entidades certificadoras. No es solo una contraseña, es la identidad digital oficial de cada ciudadano.

En los últimos días, una startup ha generado atención mediática por su servicio de validación de antecedentes laborales. Sin embargo, más allá del debate sobre su utilidad, preocupa una práctica que se está expandiendo: solicitar la Clave Única directamente a los usuarios para acceder, en su nombre, a plataformas como el SII, AFC o el Poder Judicial. Esto, según los Términos y Condiciones de Clave Única, constituye suplantación de identidad, sancionable por ley.

¿Le entregarías las llaves de tu casa y tu auto a alguien que acabas de conocer? Probablemente no. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre cuando entregas tu Clave Única a un tercero. Cuando una empresa privada pide esta credencial, expone al usuario a vulnerabilidades graves. Las contraseñas pueden filtrarse, ser mal utilizadas o abrir puertas a fraudes. Y quienes tienen menos experiencia digital son los más expuestos.

Y el riesgo no es hipotético, ya hemos visto casos concretos, desde personas inscritas en partidos políticos sin su autorización, hasta contribuyentes sorprendidos por declaraciones falsas en el SII, muchas veces facilitadas por el acceso indebido a esta clave.

Esta empresa no utiliza la Clave Única como un método de autenticación para su plataforma. La solicita para algo más delicado: acceder directamente a sistemas estatales en nombre del usuario extrayendo información oficial tributaria, judicial y laboral.

El problema no es que una persona quiera autorizar el acceso a sus datos —lo que puede ser legítimo—, sino el método utilizado: entregar las credenciales completas a un tercero, permitiendo que éste opere digitalmente «como si fuera el ciudadano».

Y es ahí donde se abre un debate urgente, Chile necesita definir un modelo de acceso delegado seguro, donde las empresas puedan consultar información privada autorizada por el usuario, mediante mecanismos formales como APIs oficiales o sistemas de consentimiento explícito y controlado, donde el usuario autoriza qué datos compartir, cuándo y con quién.

Proteger la Clave Única es proteger la identidad de cada persona. Es urgente definir un modelo que permita el desarrollo de servicios digitales sin poner en riesgo la privacidad ni la seguridad ciudadana.