Más de mil boletas sin respaldo: corporación municipal de La Serena detectó cerca de $1.400 millones pagados a “funcionarios fantasmas”

A principios de 2024, la Contraloría reveló que en el departamento de Salud de la Corporación Municipal de La Serena se habían pagado $800 millones por servicios de los que no había respaldos. Y tras una investigación interna elaborada por la propia municipalidad, se detectó que el descalabro era mayor. CIPER accedió a ese informe desconocido hasta ahora, en el que se identifican pagos por $1.339 millones a 21 “funcionarios fantasmas” que habrían cobrado honorarios por trabajos inexistentes y sin tener una relación contractual con la corporación. Además, la corporación le está siguiendo la pista a más irregularidades: el exconcejal RN y actual funcionario de la repartición, Jorge Hurtado, está siendo investigado por recibir un sueldo de más de $2,5 millones por funciones que no estaría cumpliendo, además de haber solicitado anticipos de sueldo por $18 millones, sin justificación.

Un documento interno elaborado en mayo de este año por la Corporación Municipal Gabriel González Videla, dependiente de la Municipalidad de La Serena, revela que, durante años, al menos 21 personas cobraron honorarios por trabajos que nunca se hicieron. El documento, al que tuvo acceso CIPER y que hasta ahora se había mantenido en reserva, señala que los pagos a esas personas superarían los $1.339 millones.

En febrero de 2024, la Contraloría General de la República (CGR) publicó los resultados de una auditoría a la corporación, donde se descubrió que entre 2020 y 2021, 19 “funcionarios fantasmas” desfalcaron en casi $800 millones el Departamento de Salud de esa municipalidad. Pero lo que el ente contralor detectó con su auditoría, terminó siendo solo una parte del descalabro existente al interior de la corporación.

En el documento donde se cifra en casi el doble el presunto fraude en la entidad de la Municipalidad de La Serena, figura el caso de un hombre que emitió 96 boletas a honorarios y que, entre 2015 y 2021, cobró casi $200 millones por servicios que no se habrían realizado. También revela que hay otro individuo que emitió 83 boletas en ese mismo periodo, percibiendo cerca de $160 millones por trabajos inexistentes. Asimismo, en la investigación interna se identifica a una mujer que cobró más de $120 millones a través de 61 boletas de cuyos trabajos tampoco hay respaldo.

En la auditoría elaborada por la corporación se señala que solo en noviembre de 2023, en el Departamento de Salud se emitieron 1.205 boletas a honorarios cuyos emisores no “tenían ningún respaldo contractual” con la entidad. Una situación que se habría mantenido hasta abril de este año.

Los hechos son parte de una trama mayor, un fraude que se habría generado en el Departamento de Salud de La Serena y que hoy está siendo investigado por el Ministerio Público y por la actual administración municipal, liderada por la alcaldesa Daniela Norambuena (RN), quien ejerció como concejal durante el periodo anterior. 

Al menos 19 de los 21 “funcionarios fantasmas” mencionados en el informe hoy están imputados y privados de libertad en la causa penal —iniciada en 2022— donde se investiga el desfalco de $761 millones en el Departamento de Salud de la comuna. Además de ellos, dos funcionarias del departamento y el marido de una de ellas, identificados como los cabecillas del fraude por la fiscalía, hoy están en prisión preventiva.

A esta situación se suman los casos de dos exconcejales de La Serena que ingresaron como funcionarios a la corporación, y que hoy son acusados de irregularidades por la misma entidad: Mauricio Ibacache (Independiente) y Jorge Hurtado (RN).

El 16 de mayo de 2024, el Secretario General de la corporación en ese entonces, Jorge Díaz, informó que Ibacache —quien fue precandidato a alcalde de La Serena— había sido despedido de la entidad luego de que una investigación interna concluyera que desatendió sus funciones en el área cultural de la corporación para asistir a actividades de la Orquesta Sinfónica de La Antena, de la cual es director. Consultado por CIPER, Ibacache aseguró que su despido fue por razones políticas, debido a su candidatura a la alcaldía.

El otro caso involucra al exconcejal de Renovación Nacional y actual funcionario de la corporación, Jorge Hurtado Torrejón, quien protagoniza una investigación interna en curso —hasta ahora desconocida—, en la que se busca determinar si ha cumplido con las obligaciones para las cuales fue contratado a comienzos de 2017, con un sueldo de más de $2,5 millones. Los hallazgos de esa investigación serán relevantes porque, de comprobarse que no cumplió sus funciones, se abrirá otro flanco para el exconcejal: la corporación le entregó anticipos de sueldo por un total de $18 millones, sin razones que los justificaran.

La situación administrativa y financiera al interior de la corporación municipal de La Serena, es todavía más compleja. Esto, porque según reportó The Clinic en junio pasado, la corporación además debe más de $34 mil millones en cotizaciones previsionales impagas a sus funcionarios, lo que la convierte en la segunda corporación municipal con la deuda de este tipo más grande del país.

A esto se suma que otra auditoría realizada entre 2023 y 2024, encargada a una consultora externa, detectó que, al interior de la corporación, había un desorden financiero tal, que se propiciaba el escenario para realizar “pagos duplicados” o “pagos en exceso”.

Consultados por CIPER, desde la Corporación Municipal Gabriel González Videla respondieron que el cobro de sueldos y honorarios sin respaldo fue producto de una crisis administrativa:

“Esta situación ocurrió debido a una debilidad estructural de control interno (…) y responsabilidad en los procedimientos de contratación, habiéndose identificado casos presuntamente orientados al fraude, y otros con finalidades aún bajo análisis”, señalaron.

Desde la entidad aseguran además, que el monto defraudado en pagos por servicios inexistentes “podría incrementarse conforme avancen nuevas auditorías internas, particularmente en otras áreas de la Corporación, como educación u otras unidades administrativas” (vea aquí la respuesta completa de la Corporación Municipal Gabriel González Videla).

Créditos: Francisco Paredes / Agencia Uno

TRABAJOS INEXISTENTES POR $1.339 MILLONES

En febrero de 2024, la Contraloría emitió un informe demoledor para la corporación municipal de La Serena: identificó una deuda de más de $2.000 millones con la Tesorería General de la República y la existencia de 19 funcionarios fantasmas que habían cobrado cerca de $800 millones (vea aquí ese documento).

Ese informe sería la antesala de la investigación interna que cerró en mayo de este año y que recabó más antecedentes: confirmó a los 19 funcionarios fantasmas identificados por la CGR y sumó a otros dos. También aumentó el monto defraudado, pues concluyó que entre 2015 y 2021, la corporación le pagó a ese grupo de 21 trabajadores más de $1.300 millones por trabajos que nunca realizaron.

Según la investigación interna, durante esos seis años, las 21 personas emitieron un total de 687 boletas a honorarios sin tener respaldo de sus trabajos. Entre ellos, hay varios acusados que facturaron más de $100 millones de manera individual. Del total, al menos cuatro habrían percibido montos entre los $100 millones y los $200 millones.

Desde la Corporación Municipal dijeron a CIPER que “varios de estos casos se encuentran actualmente bajo investigación penal, existiendo personas formalizadas y sujetas a medidas cautelares en una causa que ha estado en tramitación por más de tres años ante el Ministerio Público, debido a hechos que podrían revestir carácter de delitos económicos”.

Según agregan, los acusados que no han sido incluidos en la causa penal que lleva la fiscalía, están hoy bajo el ojo de la Contraloría y “se han iniciado investigaciones internas para determinar la eventual intencionalidad en las contrataciones”.

Hasta enero de 2024, la corporación municipal de La Serena no contaba con protocolos establecidos para el pago de boletas a honorarios. Y recién el 10 de enero de 2024, se estableció un mecanismo para evitar los fraudes a las arcas de la entidad. “No se procederá al pago de ninguna boleta de honorarios que no lleve adjunta copia del contrato o de la Orden de Trabajo respectivo, debidamente firmados o tramitados”, se definió en ese protocolo.

Pero esto no fue suficiente para frenar los pagos sin respaldo. Porque el informe detectó que en abril de 2025, posterior a todo el escándalo, se emitieron otras 221 boletas sin justificación, lo que equivale al 26% de los documentos emitidos ese mes. Sin embargo, en el informe no se detalla lo ocurrido bajo la actual administración.

Créditos: Sitio web Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena.

UNA RED DE BOLETEROS

El 30 de enero de este año, un operativo de la PDI detuvo a 13 personas ligadas a un desfalco de más de $761 millones en el Departamento de Salud de la Corporación Gabriel González Videla a través de boletas falsas generadas por “funcionarios fantasmas”. El entramado de esa red estaba liderado por tres personas que hoy están en prisión preventiva: la secretaria del Departamento de Salud, Bélgica Guerra, la excoordinadora de esa área, Nicole Cadena, y su esposo, Cristián Muñoz.

El día de las detenciones, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, a cargo de la investigación, explicó cómo, según él, estas personas habían defraudado a la corporación: “Preparaban documentación con trabajos inexistentes, generaban pagos a terceros que retenían comisiones, y luego desviaban los fondos al marido (de la coordinadora del área)” , afirmó Cooper (vea esas declaraciones).

En total, la causa tiene 22 imputados: los tres cabecillas y 19  “funcionarios fantasmas” que habrían conformado la red de boleteros, quienes también figuran en el informe interno de la corporación. De los 19 boleteros solo uno está en prisión preventiva junto a las tres personas sindicadas como cabecillas, mientras que el resto se mantiene con arresto domiciliario.

Según la explicación de Cooper, los falsos funcionarios se quedaban con una parte del dinero, a modo de comisión por facilitar la boleta de honorarios, y el resto del dinero era enviado a Muñoz, quien no era funcionario municipal.

Dos de los emisores de boletas que están con medidas cautelares de arresto en su domicilio,  encabezan el listado al que llegó ahora la corporación en su análisis interno. Se trata de Macarena Salazar, quien percibió más de $122 millones a través de 61 boletas por servicios presuntamente no prestados. Su esposo también está imputado en la causa como parte de la red de boleteros.

El otro sujeto es Rodrigo Vallejo, quien emitió 83 boletas de honorarios por más de $159 millones. Antes de ser detenido, el 17 de marzo de 2025, Vallejo había sido declarado en “rebeldía” por los tribunales. Su hermana, su madre y su excuñado, también figuran como imputados por facilitar boletas.

CIPER tuvo a la vista las boletas falsas emitidas. Las de Vallejo eran por supuestos “talleres de mueblería” para centros de rehabilitación de jóvenes del ex Sename y para adultos con problemas de drogas. Mientras que las boletas de Salazar eran por labores como “monitora social” en centros de rehabilitación para adultos.

Los dineros defraudados, según una ampliación de querella que presentó la corporación municipal en la causa penal, provenían del Servicio de Salud Coquimbo, institución que firmó un convenio con la Municipalidad de La Serena para realizar programas de rehabilitación de drogas en la salud primaria de la comuna, trabajo que debía ser ejecutado por la corporación (vea aquí la ampliación de querella de la corporación).

Ni los abogados de Vallejo ni de Salazar respondieron las solicitudes que este medio les hizo llegar.

Según una querella presentada en abril de 2022 por el exalcalde de La Serena, Roberto Jacob —destituido por notable abandono de deberes y que hoy enfrenta una causa penal por “apropiación indebida de cotizaciones previsionales”—, los imputados tenían un esquema para defraudar a la corporación.

Y según el documento, el mecanismo se basaba principalmente en intervenir el sistema de registro de boletas, llamado Minerva, donde estas personas eliminaban o agregaban boletas a destajo, “para ocultar el procedimiento engañoso ante las fiscalizaciones y asegurar el pago de las boletas fraudulentamente generadas” (vea aquí esa querella).

La investigación interna de la corporación muestra cómo esas fallas en los controles de la entidad fueron explotadas sin límites. Las cifras de noviembre de 2023 son un ejemplo claro: solo durante ese mes en el Departamento de Salud de la corporación se pagaron miles de boletas: “En el período se cursaron 1.326 boletas de honorarios de las cuales solo el 9,1% (121) contaba con orden de trabajo vigente, mientras que el 90,9% (1.205) no tenía ningún respaldo contractual”, dice el informe.

Ese mismo mes, aclara el documento, hubo 317 personas “sin vínculo contractual con la institución” que emitieron 525 boletas de honorarios. En total, cobraron más de $286 millones, “monto equivalente al 49,5% del pago de honorarios del mes”, reza el informe.

Según la respuesta que la corporación municipal dio a CIPER, “esto no implica automáticamente que todas esas boletas fueron emitidas por personas que no prestaron servicios. Lo que sí señala con claridad el informe es que no existía documentación formal de respaldo para (el pago de) esas boletas, lo que constituye una irregularidad administrativa grave (…) Por lo tanto, esas boletas entran en una categoría de riesgo potencial de fraude”.

EL CASO DE LOS EXCONCEJALES

Mauricio Ibacache fue concejal por La Serena desde 2008 hasta el 2021. Llegó ahí como independiente en cupo UDI. Luego, en 2024, se postuló como precandidato a alcalde en cupo PPD. Ese mismo año, mientras ejercía como funcionario de la corporación municipal, fue destituido por “incumplimiento de la jornada laboral pactada” y la “falta de ejecución de las funciones encomendadas”, según señala un documento de la Contraloría Regional de Coquimbo.

De acuerdo a ese mismo texto, Ibacache fue contratado por la corporación en 2021 como “coordinador del Programa de Valoración Cultural”. Su labor era fomentar las expresiones artísticas y musicales en los establecimientos educacionales de la comuna. El sueldo, según el documento, superaba los $1,6 millones.

A partir de una investigación abierta a comienzos de 2024, la corporación determinó que Ibacache, quien también ejercía como director de orquesta fuera de la entidad municipal, “no cumplía con su jornada de trabajo” y “no realizaba el trabajo convenido para el cual fue contratado, motivo por el cual se configuró la causal de término del contrato”, el 10 de mayo de 2024.

Según el documento de Contraloría, Ibacache incumplió su jornada de trabajo “toda vez que no registraba su asistencia y no acudía a su lugar de trabajo de lunes a viernes como debería hacerlo”, porque “utilizó tiempo de su jornada de trabajo para atender asuntos referentes a la Orquesta Sinfónica Juvenil de La Antena, de la cual es director, agrupación ajena a la Corporación Municipal”. Esa orquesta fue fundada por Ibacache, quien la dirige hasta el día de hoy.

En el mismo documento, la Contraloría enumeró los hechos que pusieron a Ibacache en aprietos: “El día 8 de marzo de 2023, asistió a un acto conmemorativo donde se repartió propaganda referente a la orquesta”. El 13 de marzo de ese año, sigue el documento, el director de orquesta “asistió a una reunión con la Junta de Vecinos de Islón para acordar un concierto de la referida orquesta”. Además, “durante la jornada de trabajo realizó ensayos y clases de la orquesta indicada, preparando futuros conciertos”.

Consultado por CIPER, Gustavo Ibacache desmintió las acusaciones y atribuyó su despido a razones políticas: “Lo mío no tiene nada que ver. Cuando tú hablas de fantasmas, no es el caso mío. A mí se me echó porque cometí la osadía de ir de candidato a alcalde. Y Roberto Jacob (exalcalde de La Serena) me sacrificó. ​​Porque me dijeron ‘no, no puedes ir de candidato, porque si no te vamos a echar’. Y me echaron. Me despidieron el 10 de mayo, y el 10 de mayo hice el lanzamiento de mi campaña a la primaria”.

“El único error que reconozco, entre comillas, porque tampoco es un error mío, es que nunca firmé un libro (de asistencia). Yo no tenía nada que ir a hacer a la corporación, si mi trabajo era en los colegios. En la corporación no hay niños, en la corporación hay funcionarios”, agregó. Además, hizo llegar a CIPER una serie de archivos audiovisuales y fotográficos donde se le ve haciendo actividades musicales en colegios.

Jorge Ibacache (Créditos: Facebook PPD)

Aparte de Ibacache, el otro exconcejal cuestionado es Jorge Hurtado, quien ejerció el cargo  desde 2004 hasta 2016. Actualmente es funcionario de la corporación y está siendo investigado por la entidad desde noviembre de 2024, cuyo objetivo es determinar si realmente realizó los trabajos para los que fue contratado en la repartición municipal.

Hurtado ha estado contratado de manera indefinida en la corporación desde, al menos, marzo de 2017. Su labor, según su contrato, es “gestionar la presentación de proyectos de acuerdo con empresas (…) los cuales irán en directo beneficio de los/as usuarios/as del sistema de salud primaria y de los/as alumnos/as de los colegios municipalizados”. Su sueldo quedó pactado en más de $2,5 millones.

Según la respuesta enviada a CIPER por la Corporación Gabriel González Videla, “no se ha podido verificar documentalmente el ejercicio efectivo de sus funciones, pese a percibir una remuneración significativa, lo que es motivo actual de investigación”. Lo que se cuestiona, dijeron, es “el cumplimiento de su jornada laboral y la falta de evidencia concreta sobre las funciones que habría desempeñado en el cargo de gestor de recursos”.

Si la investigación determina que el exconcejal no cumplió con sus funciones, se abriría otro flanco para él y la corporación, pues entre abril de 2019 y mayo de 2024, Jorge Hurtado recibió anticipos de remuneraciones por $18 millones.

Los traspasos, según confirmó la corporación a CIPER, fueron aprobados en siete resoluciones distintas.  Todas ellas, dice la entidad, sin criterios claros. “Todos los anticipos fueron formalizados mediante resoluciones dictadas por los secretarios generales de cada época (…) No obstante, los criterios no se encuentran en ninguna parte, por lo que se presume que no existen”.

CIPER consultó a Jorge Hurtado por su situación, quien derivó las consultas al estudio jurídico Gorroño-Jara. Los abogados respondieron lo siguiente: 

“Nuestro cliente no ha sido notificado de ninguna investigación válida, conforme a las normas del Código del Trabajo y del reglamento interno que le rige, ya fuere iniciada por su empleador o por la Dirección del Trabajo, únicas que estimaremos como válidas”. 

Y agregan: “Cualquier hecho no informado ni reconocido por esta parte y respecto de los cuales se consulta en las preguntas formuladas por la prensa, corresponden a suposiciones, deducciones o en el peor de los casos, a filtraciones imprecisas, tendenciosas y maliciosas realizadas por terceros, respecto de las cuales se ejercerán las acciones legales pertinentes, ya provinieren del mismo empleador como de terceros, incluyendo a los medios de prensa si correspondiere” (vea aquí la respuesta completa de los abogados de Hurtado).

Jorge Hurtado (Créditos: Perfil de Instagram de Jorge Hurtado)

ESCENARIO IDEAL PARA EL FRAUDE

CIPER accedió a un análisis de control interno de la corporación realizado por la consultora Fuenzalida Auditores, empresa que evaluó los mecanismos de probidad de la entidad municipal entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024.

La investigación, dice el informe, “se centró en los sistemas y procedimientos diseñados para garantizar la eficacia operativa, la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias”.

Los resultados no fueron auspiciosos para la corporación municipal. La auditoría hizo varios hallazgos que calificó como “graves”.

Por ejemplo, el informe concluyó que la Corporación Municipal Gabriel González Videla no emitía libros contables, documentos donde se registran las transacciones de la entidad.

“En cualquier organización con o sin fines de lucro infringe los principios básicos de los principios contables generalmente aceptados”, dice el documento. 

Las conclusiones respecto a ese hallazgo son reveladoras: “La no emisión de dichos libros es una clara falencia del control interno dentro de la organización lo que incrementa la falta de trazabilidad financiera, incrementa el riesgo de fraude, manipulación de información o filtración de información clave de la organización”.

Además, la auditoría detectó que la corporación no realizaba análisis de sus cuentas bancarias, lo que podía provocar “graves problemas dentro del control interno de la organización”. En este punto, los riesgos a los que —según la auditoría— se exponía la corporación tienen directa relación con los hechos identificados en este reportaje, dado que la falta de análisis de cuentas podía generar “pagos duplicados, pagos en exceso o no saber los correspondientes saldos de cuentas por cobrar o por pagar”.

Por esto, entre otras cosas, el informe recomendaba “establecer procedimientos claros para la autorización de transacciones y gastos, asegurarse de que todas las transacciones financieras se encuentren debidamente autorizadas”.

*Este artículo fue modificado a las 22:00 del lunes 7 de julio de 2025. Inicialmente decía que el informe contenía los casos de los exconcejales Mauricio Ibacache y Jorge Hurtado, pero eso no es correcto. Ambos exconcejales son investigados aparte por la corporación, por eventuales irregularidades.

* Vea la carta enviada por los abogados de Jorge Hurtado el 1 de septiembre de 2025,