Educadora del antiguo Sename fue destituida por proveer drogas a adolescentes de un centro de ese servicio

La destitución se dio por falta a la probidad. La investigación interna acreditó que la inculpada proveyó, avaló y facilitó el consumo de drogas, tanto al interior del recinto, ubicado en Temuco, como fuera de éste. Además, se comprobó que tuvo como allegada en su domicilio a una joven del mismo centro e invitó a otros adolescentes a participar en fiestas. La denunciada no presentó descargos, pero en los tres años y medio que duró la investigación cobró un sueldo promedio de $1,6 millón. En enero, ante la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, la directora del Sename (servicio que está en proceso de cierre), advirtió sobre las demoras en los sumarios que se aplican a los funcionarios.

Tras un proceso administrativo que duró más de tres años, en octubre de 2024 el Servicio Nacional de Menores (Sename, entidad que se encuentra en proceso de cierre) aplicó la sanción de destitución a una educadora de trato directo que ejercía en el centro semi cerrado de Temuco. En dicho recinto, los jóvenes cumplen sanciones decretadas por tribunales, con pernoctación obligatoria y desarrollo de actividades. La investigación se inició en abril de 2021 por la Dirección Regional de la Araucanía del Sename, debido a las sospechas de que una joven del centro había consumido cocaína, y otras sustancias, junto a la educadora. 

El documento que ordenó la sanción de destitución dio cuenta de que a la funcionaria se le formularon cinco cargos: tres relacionados con proveer, avalar y facilitar el consumo de drogas tanto al interior como fuera del recinto del servicio; y los dos restantes por mantener como allegada en su domicilio a una joven del mismo centro y sostener un trato horizontal con otros adolescentes, invitándolos a fiestas en su domicilio. El sumario acreditó que los hechos denunciados existieron y que la funcionaria tuvo participación en ellos. La inculpada no presentó descargos. 

Actualmente, el Sename atraviesa un proceso de cierre, mientras en paralelo se instala el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. CIPER consultó al Sename sobre el caso de la educadora sancionada. El servicio respondió que durante el periodo que duró el sumario administrativo, debido al periodo de pandemia, la trabajadora “dejó sus labores al interior del recinto para realizar teletrabajo, no teniendo contacto con los jóvenes durante todo el transcurso del sumario, ya que no regresó al centro por presentar licencias médicas”. 

Dada la extensión del sumario, durante el periodo de éste, la funcionaria siguió percibiendo una remuneración bruta promedio de $1,6 millones.

CIPER consultó a la Fiscalía Regional de La Araucanía si se realizó alguna indagatoria durante el proceso administrativo o posterior a éste. Según la entidad, la causa “fue ingresada en el año 2021. Se emitieron órdenes de investigación, pero posteriormente fue archivada el 2021, debido a la falta de antecedentes suficientes para esclarecer los hechos”.

Tres años después, cuando se aplicó la medida de destitución a la funcionaria, Sename volvió a notificar al Ministerio Público. CIPER consultó sobre el estado de la causa, pero hasta el cierre de la nota, no se recibió respuesta. 

LOS CARGOS QUE DETONARON LA DESTITUCIÓN

La investigación interna determinó que hubo una falta grave a la probidad administrativa. Según el documento, desde el mes de diciembre de 2018 la educadora suministró droga a jóvenes del centro. El documento la acusa, además, de que observó y avaló el consumo de sustancias ilícitas al interior del centro, estando de turno, sin reportar los hechos. También determinó que la trabajadora alteraba las actividades de acompañamiento a los jóvenes fuera del centro “para dirigirlos a su propio domicilio, o de sus familiares, para facilitar el consumo de drogas”.

La investigación determinó que existían múltiples antecedentes que sirvieron para acreditar los cargos imputados. Entre ellos, un informe reservado del centro, declaraciones de una persona denunciante, rendiciones de cuentas y capturas de pantalla. 

Créditos: Mario Dávila / Agencia Uno

PAÑALES CON DROGA

El pasado 21 de enero, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados recibió a distintas autoridades para abordar la situación de niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado. La directora nacional del Sename, María Eugenia Fernández, detalló ante la comisión que uno de los problemas que deben atender es el consumo de alcohol y drogas de los adolescentes que recibe la institución, situación que a veces es facilitada por familiares que los visitan: “Tenemos un 16% que presenta consumo habitual. El problema son las familias que ingresan a las visitas y que no ayudan. La mayoría de las drogas ingresan por los pañales de las visitas”.

Ante esto, Fernández señaló que, en un trabajo conjunto con la Defensoría de la Niñez, se habilitó en los centros un lugar para mudar a los bebés que llevan los familiares a las visitas, para prevenir el ingreso de droga por esta vía.

Otro problema que mencionó la autoridad es la demora en los sumarios administrativos. “Tiene el mismo tratamiento administrativo que a alguien se le haya perdido un celular y alguien que haya vulnerado. Son muy pocas las herramientas que tenemos para tomar decisiones para poder desvincular a personas. O tenemos que traspasar estos procesos vía judicial. Tenemos casos donde contamos con toda las pruebas y la fiscalía nos dice que esperemos. Son medidas administrativas que no nos permiten mejorar el proceso de sanción”, argumentó la directora ante la comisión.