Confianza, celeridad y sumarios municipales: el desafío tras las licencias médicas irregulares

El escándalo desatado por el informe de la Contraloría General de la República dando cuenta de más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país estando con licencia médica es analizado por el autor de esta columna desde la perspectiva de las herramientas de las municipalidades para evitar estas situaciones. Sostiene que  este caso «no solo ha expuesto una conducta reprochable de ciertos funcionarios, sino que ha puesto en evidencia debilidades estructurales en los procedimientos de fiscalización, sanción y conducción de sumarios al interior del aparato municipal. El desafío inmediato considera dos dimensiones: actuar con celeridad y sin errores formales para restablecer la confianza institucional, y al mismo tiempo fortalecer las capacidades internas de los municipios para enfrentar este tipo de procesos»

Las municipalidades son la cara más visible del Estado ante la ciudadanía, en consecuencia tienen los mejores resultados en términos de confianza para las personas. Desde sus oficinas en los distintos territorios se gestionan servicios clave, se escucha al vecino y se resuelven problemas cotidianos relevantes. Por lo mismo, su actuar —cuando se enfrenta a crisis o irregularidades— debe ser rápido, transparente y riguroso. La confianza en el Estado se juega en gran parte en cómo actúan los municipios. Por ello, su capacidad de actuar con celeridad, transparencia y rigurosidad frente a hechos de irregularidad es fundamental para mantener la fe pública y también para resguardar la moral interna de sus propios funcionarios.

La inacción o las respuestas tibias no solo afectan la imagen institucional, sino que generan un profundo desánimo entre los propios funcionarios públicos municipales. Quienes cumplen con su deber, asumen las tareas de colegas ausentes y esperan justicia mediante sanciones proporcionales para los responsables, y estos podrían verse profundamente frustrados si los sumarios se llevan a cabo de forma deficiente y, en consecuencia, se termina “perdonando” a quienes incurrieron en faltas a la probidad. Peor aún, si estos siguen operando en las mismas condiciones laborales o si su reincorporación es vista como una derrota del sentido común.

Actualmente, todos los municipios del país involucrados ya han sido informados por Contraloría General de la República de los casos detectados en sus instituciones. Se trata de una base consolidada, con detalle por comuna, que permite iniciar procesos disciplinarios. Aquí conviene realizar dos observaciones esenciales:

• Primero, los municipios han definido como canal de comunicación con la Contraloría correos electrónicos que incluyen obligatoriamente al alcalde, y en algunos casos también a otros funcionarios clave, como los administradores municipales y directores jurídicos, quienes debieran estar impulsando acciones inmediatas frente a los antecedentes recibidos. Esto confirma que la información ya ha sido conocida por las autoridades locales, bajo condiciones de total reserva y confidencialidad.
• Segundo, la cifra total de “casos” no equivale al número de personas involucradas. Un mismo funcionario pudo incurrir en múltiples situaciones irregulares. Así, por ejemplo, un municipio con 23 casos podría tener solo 7 funcionarios comprometidos. Esta distinción es clave para evitar conclusiones erradas o juicios colectivos injustos para los municipios involucrados.

El instructivo de la Contraloría establece una diferenciación según la calidad contractual del trabajador: si es funcionario público (estatuto administrativo), debe iniciarse un sumario; si está bajo el Código del Trabajo, ya se han comenzado procesos de desvinculación por incumplimiento grave de contrato. Sin embargo, se suma una dificultad operativa: la Contraloría ha solicitado que los municipios pidan antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI) para avanzar en estos procesos (Oficio N° E89569-2025). Pero en la práctica, esto puede convertirse eventualmente en un cuello de botella en su tramitación. La obligación de iniciar un sumario está establecida en el estatuto administrativo, el cual deberá instruirse un sumario administrativo cada vez que existan antecedentes de una infracción grave a los deberes funcionarios.

Conversando con Bastián Jul, el administrador municipal de la Municipalidad San Joaquín, me señaló una paradoja burocrática: hace unos meses, este municipio solicitó a la PDI antecedentes sobre un funcionario sospechoso de presentar licencias médicas fraudulentas. La respuesta fue negativa, ya que no había un sumario en curso. Pero para iniciar un sumario, justamente se requería contar con la información. El cruce de datos que ahora entrega Contraloría destrabó ese problema, pero revela un punto débil en la capacidad institucional del Estado: ¿tienen los municipios y las contralorías regionales suficientes herramientas para fiscalizar eficazmente?

A ello se suma la “fragilidad” de los propios procesos disciplinarios. En muchos municipios, el alcalde designa —de manera discrecional— a quien actuará como fiscal de la investigación. A veces sin experiencia, sin formación jurídica, o sin conocimiento técnico, lo que puede derivar en errores de procedimiento que invalidan el sumario. El Oficio N.º E89569/2025  advierte expresamente sobre este riesgo, señalando que incurrir en errores formales —como una citación incorrecta, la omisión en la formulación de cargos o una notificación mal realizada— puede vulnerar el debido proceso y, con ello, invalidar toda la investigación disciplinaria. Por ello, resulta urgente que estas funciones sean asumidas por funcionarios con experiencia en procedimientos administrativos, preferentemente abogados o profesionales de planta jurídica, cuya formación les otorgue mayores garantías de rigor y legalidad.

No menos relevante es lo que ocurre al final del proceso: aunque el fiscal proponga una sanción, es el alcalde quien decide si la acepta o la modifica con una decisión fundada por escrito de acuerdo con lo señalado por el estatuto administrativo. Esta discrecionalidad política puede llevar a sanciones dispares ante situaciones similares, dependiendo de factores tan poco técnicos como la cercanía con la autoridad o la presión pública. Este escenario plantea una discusión pendiente: la inexistencia de una tabla nacional de sanciones —como instrumento que permita estandarizar criterios disciplinarios— expone a que casos similares reciban tratamientos disímiles entre municipios, afectando la equidad y credibilidad del sistema.

Lo que está en juego aquí no es solo la “disciplina interna”. Se trata de restaurar la confianza en las instituciones públicas, proteger el trabajo honesto de miles de funcionarios que cumplen con rigor su deber, y demostrar que los municipios están a la altura del desafío ético y administrativo que enfrenta el país.

El caso de las licencias médicas irregulares no solo ha expuesto una conducta reprochable de ciertos funcionarios, sino que ha puesto en evidencia debilidades estructurales en los procedimientos de fiscalización, sanción y conducción de sumarios al interior del aparato municipal. El desafío inmediato considera dos dimensiones: actuar con celeridad y sin errores formales para restablecer la confianza institucional, y al mismo tiempo fortalecer las capacidades internas de los municipios para enfrentar este tipo de procesos. Esto requiere dotar a los equipos de formación jurídica, protocolos claros y criterios homogéneos de sanción.

Sin embargo, también se abren interrogantes más amplias que podemos considerar: ¿Es suficiente el actual marco normativo para garantizar la probidad en el nivel local? ¿Debemos avanzar hacia una tabla nacional de sanciones? ¿Cómo protegemos a los funcionarios íntegros sin caer en arbitrariedades o laxitudes disciplinarias? Resolver estos puntos no es solo una tarea técnica, sino responder con convicción a las exigencias de transparencia que hoy plantea la ciudadanía.