Sistema político chileno: una discusión necesaria

La siguiente columna aborda el problema que genera la desconfianza y el distanciamiento ciudadano sobre la política, y los problemas del sistema político en Chile el cual se ha visto atomizado, principalmente, por el fraccionamiento partidario y el personalismo, entre otros problemas. El autor sostiene que ello otorga un espacio hacia las voces autoritarias y populistas que fraguan la cultura política democrática predominante en Chile, por lo que hablamos de posibles herramientas que pueden ser útiles al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del Estado-Nación chileno.

Imagen de portada: Pablo Ovalle / Agencia Uno

Un 90% de los habitantes de Chile cree que el Congreso, las Municipalidades y los Tribunales de Justicia son corruptos, un 4% confía en los partidos políticos y un 66% se siente poco o nada identificados con estos. No obstante, un 61% está de acuerdo o muy de acuerdo con que “los partidos políticos son indispensables para el funcionamiento de la democracia”, y un 63% prefiere la democracia ante otro sistema político. Todo esto basado en el último estudio publicado por Democracia UDP (Universidad Diego Portales). Esta importante medición realizada nos muestra una cuestión que es fundamental de entender: los chilenos entienden la estructura democrática del país y la validan, mas no entregan su confianza en sus instituciones. Y es precisamente ese espacio “vacío” en el que hay que poner cuidado, dado que es terreno fértil para las voces autoritarias y narrativas populistas que intentar permear la cultura política democrática que prevalece en Chile, provocando disputa social y política en la cual la institucionalidad del Estado vaya perdiendo legitimidad social.

Y es que la tendencia por los gobiernos autoritarios ya ha subido. Citando la misma encuesta realizada por Democracia UDP, un 31% considera que en determinadas circunstancias es preferible una autocracia, particularmente para abordar problemas relacionados a la delincuencia. Esto habla de la falta de cumplimiento de una premisa fundamental para cualquier democracia: el control de la fuerza y la represión hacia los “antisociales”, sujetos que dañan la vida pública. En ambos, el Estado ha ido cediendo terreno con su escasa presencia en los sectores bajos y una muy cuestionada en los sectores medios. Hecho fatal porque es fundamental que el Estado muestre “presencia presente” en la cotidianeidad de los ciudadanos, lo cual se logra con la disposición de establecimientos y centros educativos, de salud, gubernamentales y recreación social. Incluso la organización y mantenimiento de las calles tienen relevancia en esta enmienda, puesto son señales que representan una directa y fundamental preocupación entre un Estado y sus habitantes. Lastimosamente en Chile esto está bastante deteriorado.

Preocupantemente, parte importante de los problemas país, como los mencionados anteriormente, se han visto agravados por causa de la estructura del sistema político y su inoperatividad. Aunque no necesariamente por una falta de “intención” de parte de los honorables, sino por la incapacidad de nuestro sistema político de generar garantías y/o condiciones para los grandes acuerdos, puesto que fomenta la división y el desorden partidista y el surgimiento de actores “independientes”, instituyendo así una atomización del sistema. Máxima de ello es la presencia de 22 partidos en el Congreso y tres en formación, cuando en todo sistema que quiera y pretenda ser eficaz este número no debería ser superior a cinco, por lo que rectificar esto es indefectible. Ante ello, otros sistemas democráticos como el alemán, han expuesto evidencia que el establecer umbrales de votación, como el del 5% que todo partido debe tener para poder acceder al Bundestag, el Parlamento Federal Alemán, viene siendo una prevención sustantiva para cuidar dicho órgano estatal. Y es que por una cuestión de “salud institucional” es elemental crear una reforma que liquide dichos contrapuestos, porque es un asunto que perjudica a todo el arco político y que hace ingobernable al Estado en su totalidad y eficacia. Por ende, tenemos un órgano incapaz de cumplir su rol a cabalidad, lo cual se refleja en menores estándares de vida para las personas puesto que las dificultades que surgen dentro de la población, no pueden ser resueltas en un 100% por quien tiene la obligación de hacerlo

Un vasto número de expertos y estadistas ha entregado interesantes posibles soluciones a nuestra estructura política, y deseo detenerme en tres que considero esenciales: la pérdida del escaño para quien renuncie a su partido, habiendo sido electo bajo el alero de este, el establecimiento de las elecciones parlamentarias para la segunda vuelta presidencial y la eliminación de las “coaliciones” que agrupan a numerosas colectividades que, por sí solas, no tendrían oportunidad de ingresar al Congreso. La primera con el objetivo de disminuir el número de independientes y así el desorden legislativo, la segunda para promover que los gobernantes puedan tener mayorías conforme a su programa, y así poseer mayor gobernabilidad que es para lo que los ciudadanos les han elegido, mientras que la tercera constriñe a los partidos pequeños/colectividades a formar un gran partido, o unirse a otro que reúna sus intereses e ideales, lo cual facilita la negociación parlamentaria y el orden partidista. Estas son sólo tres posibles herramientas que nos pueden permitir enmendar nuestro mal rumbo político, el cual requiere de máxima urgencia porque no podemos dar espacio a otro estallido social ni seguir cediendo terreno a las narrativas populistas y autoritarias, en un país donde la democracia y el Estado de Derecho ha costado sangre y pena.

Otro punto que me parece necesario de abordar es la relación entre los partidos, sus militantes y los ciudadanos, la cual ha se ido diluyendo y transformando gradualmente en una más bien simbólica. A nuestro parecer esto se debe a dos hechos que configuraron la militancia política: el olvido del trabajo en terreno (“poner los pies en la calle”) por parte de los partidos, y la imperiosa tarea que se propuso la dictadura de Augusto Pinochet de desarticular a los partidos, a toda agrupación social que tenga fines sociopolíticos –centros de madres, juntas de vecinos, centros estudiantiles- y restringir el pensamiento crítico y fundamentado hacia la política que toda sociedad democrática debe tener para con sus gobernantes. La misión era romper con el corpus político del Contrato social chileno. Ello en buena parte tuvo éxito y hoy en día podemos ver parte de esas consecuencias, expresadas principalmente en la falta de interés sobre la política y la intención de participar en esta.

Sugiero que los partidos políticos chilenos no han abordado de manera responsable la herencia del sistema pos-dictadura, puesto que una vez eliminado el riesgo de Pinochet fueron olvidando la importancia de la coacción partidaria e ideológica entre los suyos y entre partidos, cayendo en el personalismo, indisciplina desmedida y la incapacidad de articular intereses colectivos que esbocen un proyecto país. Pienso más en los partidos de izquierda y centro-izquierda, dado que son los llamados a conglomerar a “las grandes masas” y tener un fuerte ideario político puesta la histórica experiencia leninista donde, al hablar del partido, la izquierda refiere a una expresión orgánica de la teoría y la práctica. Al menos en la medida de lo posible.

Hoy en día por el contexto regional y global es fundamental que tanto el sistema político como los partidos tomen cartas en el asunto, direccionados hacia el fortalecimiento de la democracia. Y esta no sólo se protege reformando al sistema y sus partidos, pese a lo imprescindible que es dicha tarea, sino también otorgando espacios de democracia directa y ciudadana en la que todos los actores políticos, siendo los ciudadanos los más importantes, tengan y sientan parte y potestad ante la política, una que nos intente reunir y no excluya. Fortalecer la microdemocracia que se da en los trabajos y escuelas, fomentar la educación cívica y la importancia de la libertad, los derechos y deberes ciudadanos para que la democracia se vigorice en todas sus expresiones y sea defendida como un ideal personal y nacional. Para ello nuestros representantes deben ser los primeros en promover estas banderas, y los ciudadanos exigirlas y estar alerta puesto que, para bien o mal, los cambios políticos siempre afectan mayormente a la sociedad civil. Es una tarea como sociedad.