“Me van a matar”: la súplica de Manuel Coto, financista de Nayib Bukele y Nuevas Ideas en El Salvador

El presidente de Nuevas Ideas pidió un préstamo de USD 5 millones a la cooperativa en 2020. Manuel Coto, el principal implicado, gestionó cuando ya era prófugo una reunión con un “hermano” del presidente. Este reportaje relata por primera vez detalles de la captura de Coto en Honduras y sus súplicas de que no lo enviaran a El Salvador. Ahí, dijo a sus captores, el gobierno de Bukele lo mataría. Esta es una investigación periodística difundida por la alianza entre Prensa Comunitaria (Guatemala) y Reporteros de Investigación (Honduras), y que es replicada por CIPER.

Vea aquí la publicación original de este reportaje en Prensa Comunitaria

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Al cadáver del ciudadano salvadoreño Manuel Coto le habían quitado las uñas de las manos. Tenía varios huesos quebrados y una costura gruesa que le atravesaba la frente de una oreja a la otra. Su familia recibió el cuerpo cerca del mediodía el martes 10 de septiembre de 2024 en la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, en el oriente de El Salvador. Dos noches antes, cuando un retén policial lo detuvo en Honduras, cerca de la frontera salvadoreña, y se enteró de que lo iban a deportar a su país natal, Coto hizo una advertencia a sus captores: “Me van a matar como sea, me voy a morir en manos de Bukele”.

Manuel Alberto Coto Barrientos había sido, antes de morir, gerente general de la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI), una institución de ahorros y créditos protagonista de uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años en El Salvador, una trama en la que, además, está envuelto Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele.

El menor de cinco hermanos, Coto nació en Ciudad Delgado, un suburbio popular de San Salvador, y muy joven empezó a trabajar como dependiente en un banco. Conocido como un hombre que ahorraba buena parte de su salario, Coto se hizo popular por prestar dinero a sus colegas y cobrarlo al final de mes con pequeños intereses. En 2012 se junto con dos amigos para fundar COSAVI, que una década después era una de las cooperativas más fuertes del sistema.

En marzo de 2024, la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) y la superintendencia del sistema financiero (SSF) intervinieron COSAVI y arrestaron a 15 de una treintena de personas a las que relacionaron con un esquema masivo de fraude y lavado de dinero. Uno de los implicados era Coto, a quien en principio las autoridades salvadoreñas no lograron arrestar. La cooperativa, sin embargo, siguió recibiendo fondos de sus socios, poco más de 10,000 personas según cifras oficiales, hasta el 9 de mayo, cuando el gobierno estableció una especie de corralito que congeló los cerca de 250 millones de dólares anotados por la cooperativa en forma de bienes activos y pasivos. Centenares de personas perdieron su dinero.

Coto se convirtió en el rostro principal de todo el desfalco, pero él tenía muchas cosas que decir respecto a la cooperativa y a su relación con Nuevas Ideas y algunos funcionarios del Ejecutivo salvadoreño. Y las dijo en privado: en conversaciones digitales recuperadas por Prensa Comunitaria y Reporteros de Investigación, ocurridas entre abril y julio de 2024, cuando él era prófugo, Coto alega que fue traicionado por Javier Argueta, quien fue asesor jurídico de la presidencia entre 2019 y 2022. Coto, según muestran estas comunicaciones, programó al menos una reunión con Argueta en Casa Presidencial. Este medio intentó contactar al exfuncionario pero no hubo respuesta.

Esas comunicaciones demuestran también que el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, el presidente Nayib Bukele y la secretaría de prensa de la presidencia mintieron el 27 de julio de 2024 cuando divulgaron que Coto había sido detenido en Panamá. Coto nunca fue arrestado ahí. De hecho, ese día, tras enterarse de que los funcionarios salvadoreños lo daban por preso, el exgerente de COSAVI chateaba con allegados sobre las implicaciones del gobierno en toda la trama.

“Es una noticia equivocada… Es bien raro que el presidente ha reposteado”, escribió aquel 27 de julio. El teléfono desde el que se hicieron esas conversaciones, en el que Coto se identifica como Rabi Ali, pertenecía al exgerente de COSAVI según confirmó una persona que sostuvo comunicaciones con él por ese medio y recibió llamadas y mensajes de él desde ahí. Prensa Comunitaria y Reporteros de Investigación leyeron y escucharon varias de esas comunicaciones además de confirmar con un experto en ciberseguridad la autenticidad de estos.

Nayib Bukele, en efecto, reposteó en su cuenta X una noticia que el fiscal general había dado, en la misma red, a las 3:46 p.m.: “El principal asociado en el desfalco contra los asociados (sic) de la Cooperativa Santa Victoria de R.L., COSAVI, ha sido detenido por las autoridades en Panamá”, escribió Delgado. Menos de una hora después, a las 4:38 p.m., Bukele reprodujo el mensaje y añadió: “Para los opositores que decían que el gobierno lo había ayudado a escapar… Me imagino que se retractarán ahora (seguido de un emoticón de rostro con guiño de ojo). Excelente trabajo Sr. Fiscal ¡Justicia! (seguido de emoticones de banderas de El Salvador y Panamá y un puño). Y alas 4:51 p.m., fue la secretaría de prensa de la presidencia la que se hizo eco de la falsa captura.

No está claro si el gobierno ayudó a escapar a Coto -como sí lo hizo, por ejemplo, con el líder de la MS13 Élmer Canales Rivera, alias Crook, como parte de un pacto de gobernabilidad con la pandilla-, pero sí es cierto que, cuando Delgado y Bukele posteaban, el exgerente de COSAVI intercambiaba mensajes en los que hablaba de sus propios tratos y acercamientos con el gobierno salvadoreño.

Durante el resto de esa tarde del 27 de julio de 2024, cuando según el presidente Bukele y su fiscal general Delgado, Manuel Coto estaba preso en Panamá, el exjefe de COSAVI intercambió decenas de mensajes sobre un posible acuerdo con las autoridades salvadoreñas para “arreglar” la situación de la cooperativa, pero también sobre su determinación de hablar en público para “salvar su imagen”.

En una de esas conversaciones digitales, sostenida poco después de las 7:00 p.m., Coto dice a uno de sus interlocutores que “ya se está tocando al presidente y el fiscal está de acuerdo ambos (sic)… El presidente no se opone y está abierto a dialogar y solucionar”. Y un minuto después, dice que él: “dará entrevistas de levantar la imagen de COSAVI y la mía. Ya basta.”

Para comprobar la autenticidad de esos mensajes, Prensa Comunitaria y Reporteros de Investigación consultaron con al menos dos personas que tuvieron acceso a las comunicaciones y comprobaron los registros de propiedad de los números telefónicos desde los que se hicieron los intercambios. Se intentó contactar a los funcionarios implicados en estos mensajes pero nunca respondieron.

La fiscalía salvadoreña ha manejado todo el caso con hermetismo absoluto y un tribunal ordenó la reserva total del expediente judicial abierto. De lo poco que han dicho los fiscales es que los imputados, Coto entre ellos, desviaron unos 35 millones de dólares a cuentas personales. Algunos ahorrantes, organizados en diversos grupos desde que inició el corralito, han dicho en redes sociales y en grupos privados de mensajería digital que entre los principales receptores de dinero estaban el partido Nuevas Ideas y su presidente, Xavier Zablah, primo de Nayib Bukele.

Documentos en poder de Prensa Comunitaria y Reporteros de Investigación prueban, por ejemplo, que Zablah discutió un préstamo de cinco millones dólares con la directiva de COSAVI en 2020, justo antes de las elecciones legislativas de 2021, en las que Bukele y Nuevas Ideas lograron mayoría absoluta en el Congreso nacional. Esto se une a reportes públicos de que la cooperativa hizo al menos una donación de 60,000 mil dólares a Nuevas Ideas en 2020 y que varias alcaldías administradas por el oficialismo también recibieron préstamos de COSAVI.

Cuando finalmente lo arrestaron en Honduras, en septiembre de 2024, Manuel Coto confirmó la relación financiera entre COSAVI, Nuevas Ideas y el presidente Bukele. La causa de la persecución en su contra, dijo Coto a los policías hondureños, es que él había financiado la carrera política de Bukele. Después de eso, el presidente de El Salvador lo buscaba para capturarlo porque a toda la gente que esté en contra de él, la mete a la cárcel, declaró Coto Barrientos de acuerdo con un informe elaborado por la inteligencia hondureña al que este medio ha tenido acceso. Se constató la autenticidad de ese informe con un alto oficial de la Policía Nacional de Honduras y con un miembro del gabinete de la presidenta Xiomara Castro.

LA TRAGEDIA DE MANUEL COTO Y LA MUERTE DEL POLICÍA MÁS FAMOSO DE LA ERA BUKELE

A Coto lo detuvieron policías hondureños estacionados en un puesto conocido como Pavana, en el sur de Honduras, a unos 60 kilómetros de la frontera con El Salvador. Los vehículos que pasan por Pavana deben bajar la velocidad y los extranjeros suelen ser sometidos a registros biométricos. Los agentes de fronteras y los detectives especializados en operaciones tácticas, con uniforme negro, suelen ser intimidantes, algunos van acompañados de perros.

Esa noche, la del 7 de septiembre de 2024, ante el despliegue policial, Coto se puso nervioso. Venía desde Nicaragua. Había recorrido 21 kilómetros desde Choluteca, la ciudad más grande del sur de Honduras, a Pavana; le faltaban casi nueve horas para llegar a la frontera con Guatemala. Su plan, se deduce por lo que dijo a los policías que lo detuvieron, nunca fue ir a El Salvador. Ahí lo podían matar. Durante las casi veinticuatro horas que estuvo en manos de las autoridades hondureñas, Coto no paró de decir cuatro palabras: “Me van a matar”, según el testimonio de un funcionario que estuvo en Pavana aquel día, y quien habló para este reportaje desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo de otra forma.

Los policías hondureños de fronteras y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), especializado en operativos críticos, se acercaron al taxi en que viajaba Coto. Los agentes, entonces, no sabían quiénes eran los tres hombres que iban en aquel carro; pidieron documentos al conductor y a los dos pasajeros que estaban en el asiento de atrás.

Uno de ellos se identificó como dueño del taxi. El segundo dio sus papeles; era nicaragüense. El tercero respondió que no llevaba documentos encima y dijo que era de Ecuador; estaba nervioso, lo que llevó a los agentes del GOET a profundizar el interrogatorio. El nicaragüense aceptó que llevaba al otro hombre hasta México haciéndolo pasar como ecuatoriano. El caso fue reportado a la Fiscalía de turno.

A las 9:20 de la noche, los policías dieron el primer reporte de novedades. Informaron que habían detenido al nicaragüense Juan Antonio Tórrez Varela, a quien identificaron como un agricultor soltero de 29 años, residente en el barrio Francisco Reyes, en la localidad de Somotillo, un municipio de Nicaragua fronterizo con Honduras. Lo acusaron de tráfico ilícito de personas en perjuicio del supuesto ecuatoriano que era, en realidad, salvadoreño.

Coto, de 45 años, llevaba encima 470 dólares, 19,700 córdobas nicaragüenses (unos 540 dólares) y un celular marca Pova color azul.

A las 2:45 de la tarde del 8 de septiembre, la fiscal hondureña Claudia Laínez determinó llevarlos al juzgado. Ahí, Coto dio versiones incoherentes de su identidad e insistió en que él era ecuatoriano. Finalmente, las autoridades hondureñas precisaron que ese detenido era Manuel Coto Barrientos, de origen salvadoreño, sobre quien entonces pesaba una alerta roja de Interpol, y que habían verificado una orden de captura del 16 de mayo de 2024, remitida en el oficio número 1023 del tribunal sexto contra el crimen organizado de San Salvador. Es decir, cuando los hondureños consultaron, en septiembre de 2024, la orden de captura contra Coto seguía vigente, lo cual refuerza que él nunca estuvo preso en Panamá como habían dicho el presidente Bukele y el fiscal general Delgado.

Coto pasó cerca de 24 horas bajo custodia de la policía hondureña, con aros de presión en las muñecas. Repitió cada vez que le preguntaron que en El Salvador moriría a manos de los agentes de Nayib Bukele. Según los informes policiales levantados entonces, a parte de los cuales Prensa Comunitaria y Reporteros de Investigación tuvieron acceso, Manuel Coto dijo frases como esta: “A mí me busca Bukele porque a toda la gente que está contra él la meten a la cárcel”, “Me persiguen porque financié la carrera política de él”.

El exgerente general de COSAVI fue entregado a la policía de El Salvador a las 7:30 de la noche del 8 de septiembre en la frontera El Amatillo. Empezó, entonces, el último capítulo de la tragedia de Manuel Coto.

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El comisionado Mauricio Arriaza Chicas, Orden Numerario Institucional (ONI) 001 y director de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, estaba con su familia en la playa El Tamarindo, en el oriente salvadoreño. Uno de los raros días de descanso para el policía más importante del país. La llamada le cayó al final de la tarde de aquel 8 de septiembre: El presidente quiere que vaya usted a recogerlo, le dijo su interlocutor, un empleado de la secretaría de comunicaciones de la presidencia cercano a Nayib Bukele según contaron a este medio dos oficiales de la PNC que trabajaron con Arriaza.

Desde Casa Presidencial solicitaron, también, la presencia del tercero al mando en la PNC, el comisionado Douglas Omar García Funes, conocido con el sobrenombre Carabinero, y de Rómulo Pompilio Torres, subdirector de investigaciones. Un oficial que estaba en el cuartel central de la Policía en San Salvador el día del accidente explicó que hubo una sensación de extrañeza entre varios policías cuando se enteraron de que la cúpula de la institución había sido convocada en pleno para ir a traer a Manuel Coto a El Amatillo; era, sí, un caso grande, pero no uno que requiriera a tres de los policías más importantes del país.

Arriaza Chicas era uno de los fundadores de la PNC. Graduado primero de su clase en 1993, con un pasado en los cuerpos de seguridad pública vinculados al ejército, fue uno de los oficiales que entraron a la policial civil que se fundó en El Salvador como producto de los Acuerdos de Paz de 1992. Muy pronto, sin embargo, se vio envuelto en polémicas relacionadas con supuesta implantación de evidencia en una investigación y por una relación tirante con Mauricio Sandoval, un exjefe de inteligencia reconvertido en director de la PNC. Fue dado de baja y reinstalado en 2003 luego de un fallo judicial que le favoreció.

Arriaza llegó a dirigir las fuerzas especiales de la policía a mediados de la década pasada. También ahí estuvo envuelto en controversia como jefe de las unidades a las que pertenecían policías acusados en la desaparición y asesinato de la agente Carla Ayala en 2017.

En 2019, Arriaza ascendió al mando máximo de la PNC, nombrado director por el recién inaugurado presidente Nayib Bukele. Desde el principio, el comisionado mostró una lealtad sin fisuras por su jefe.

Cuando, el 9 de febrero de 2020, Bukele entró al Congreso con hombres uniformados, policías y soldados, a pedir por la fuerza que los diputados le aprobaran un préstamo para seguridad, Arriaza Chicas dirigió el operativo. Luego, cuando los legisladores de oposición le hicieron un juicio político por eso, el policía no se movió un ápice en la defensa a su jefe durante los interrogatorios. El abogado que defendió a Arriaza en aquel proceso fue Rodolfo Delgado, a quien luego Bukele escogería como fiscal general. Los tres hombres terminarían implicados en la trama COSAVI; a Arriaza Chicas le costaría la vida.

Dice un oficial de la PNC cercano a Arriaza, quien accedió a hablar desde el anonimato por seguridad, que para mediados de 2024, el director policial estaba ya cansado del puesto y había empezado a pensar en retirarse. A punto de cumplir los 60 años, y a un paso de la jubilación, Arriaza Chicas quería irse a los Estados Unidos, donde vive buena parte de su familia.

Cuando aquel 8 de septiembre le hablaron de Casa Presidencial, el ánimo del comisionado Arriaza para cumplir con la misión encomendada, la de recoger al sospechoso del fraude en COSAVI, subirlo en un helicóptero y llevarlo hasta San Salvador no era el mejor, dice el oficial consultado.

Los hondureños entregaron a Coto en El Amatillo a las 7:46 de la noche. Llovía. Arriaza, al frente de una docena de oficiales y funcionarios salvadoreños, mantuvo su mano derecha en posición de saludo frente a su gorra mientras agradecía a sus colegas hondureños, alineados de espaldas a los agentes que sujetaban al exgerente de COSAVI:

“Gracias a las autoridades de la república de Honduras por colaborarnos en esta operación internacional. Un agradecimiento especial de parte del señor presidente Nayib Bukele de la república de El Salvador… Que el pueblo salvadoreño, los ofendidos en este caso de COSAVI y la defraudación a la economía pública, el lavado de dinero y las agrupaciones ilícitas no quede impune y que se haga justicia con todas las víctimas. Muchas gracias”, dijo Arriaza.

Tanto Arriaza como el presentador del canal estatal, que transmitía en vivo las imágenes de la entrega, decían que la captura ocurrió gracias a un extenso operativo internacional. No fue así según los reportes policiales de Honduras a los que se ha tenido acceso: cuando los agentes destacados en Pavana detuvieron el taxi en que viajaba Coto ni siquiera sabían que se trataba del exgerente de COSAVI.

Muchos meses más tarde, uno de los hondureños que presenció aquello dijo que le pareció extraordinaria la presencia de toda la jefatura policial salvadoreña en la entrega del reo. Era “inexplicable”, para este oficial, que un funcionario de alto rango llegara hasta la frontera para un trámite así.

Cuando lo entregaron en El Amatillo, Coto respondía a todo que sí. Lo hizo cuando le leyeron sus derechos y cuando, en medio del discurso de Arriaza, el comisionado García Funes y otros policías lo obligaron a arrodillarse. “Claro, claro”, decía. Mientras estaba hincado, dos paramédicos le chequearon los signos vitales con estetoscopios y un agente le leía sus derechos. Cinco minutos más tarde, Coto estaba dentro de una radiopatrulla.

Eran las 7:52 de la noche cuando la cámara de la televisión estatal salvadoreña, presente en la entrega, registró la última imagen conocida de Manuel Coto Barrientos. Mojado, en medio de dos policías, con las manos esposadas detrás de la espalda, el exgerente de COSAVI inclina su cabeza para secarse la frente con el pantalón.

De acuerdo con policías salvadoreños que estuvieron en El Amatillo aquel día, Arriaza no tenía planificado viajar en el helicóptero que transportaría a Coto. Fue, asegura uno de los agentes que no se identifica por seguridad, el mismo presidente Nayib Bukele quien telefoneó a Arriaza para pedirle que él acompañara al exgerente general de COSAVI en la aeronave.

Una media hora más tarde, Coto, Arriaza, García Funes y otras seis personas que viajaban en el helicóptero UH1H que los trasladaba estaban muertos. La aeronave se estrelló sobre la ciudad de Pasaquina, unos 10 kilómetros al oeste de El Amatillo.

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Al cadáver de Coto lo llevaron al cuartel de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel, la ciudad más grande en el oriente salvadoreño, la madrugada del 9 de septiembre. Familiares del exejecutivo llegaron hasta ahí esa misma mañana. El cuerpo lo entregaron horas después, el martes 10 ya entrada la mañana.

Solo uno de los parientes entró a identificar el cadáver. Estaba sobre una mesa ordinaria. Cuando la familia recibió el cuerpo les dijeron que no habían hecho autopsia, preguntaron por qué pero no les dijeron más. Se lo llevaron a San Salvador.

El entierro fue el 11 de septiembre. Desde que Coto murió en el accidente de helicóptero, las redes sociales salvadoreñas se llenaron con posts de teóricos de la conspiración que negaban la muerte del exejecutivo. Pero él estaba ahí, en el ataúd, según confirmaron tres personas que asistieron a los actos fúnebres. Durante el entierro, de hecho, abrieron el féretro: “Tenía una mano encima de la otra. Se le miraban las manos. Los dedos con sangre y solo carne…”, contó alguien que lo vio.

Era el final del camino para un hombre que se asoció con el poder político que gobierna El Salvador, facilitó dinero a funcionarios del gobierno y, en chats privados, se lamentó cuando, según él, le descargaron todo el escándalo de COSAVI.

Meses antes de que su cuerpo yaciera en una mesa común en el cuartel, el mismo día en que funcionarios salvadoreños hablaban de una captura falsa, Manuel Coto aún tenía esperanzas de un acuerdo con las autoridades. Al menos así lo dijo a dos personas con las que intercambió mensajes en julio de 2024, en los días de la falsa detención en Panamá.

Una de las tesis de las que Coto habla con uno de sus interlocutores es que la noticia de la falsa captura es una “cortina de humo” por el “tema de la Asamblea… De corrupción en la Asamblea (Legislativa)”, se lee en mensajes electrónicos que el exejecutivo intercambió en la plataforma Signal con un exsubalterno. Coto se refiere a filtraciones y noticias sobre la contratación de familiares, fotógrafos y modelos hechas por diputados de Nuevas Ideas, escándalo que golpeó la imagen del partido oficialista e incluso generó divisiones internas.

Pero la narrativa que Coto más reiteró en sus intercambios digitales fue que él era el chivo expiatorio de una historia que incluía a gente de Nuevas Ideas y al presidente mismo. En sus mensajes llegó a insinuar que uno de sus abogados estaba procurando una reunión con un enviado de Bukele para aclarar las cosas.

Copias de mensajes enviados por Manuel Coto a través de Signal.

Prensa Comunitaria y Reporteros de Investigación también comprobaron la autenticidad de estos mensajes con uno de los interlocutores y con la persona a la que el exdirector ejecutivo de COSAVI entregó en resguardo copias de algunos mensajes y quien ahora está fuera de El Salvador. Una de las conversaciones es del 27 de julio de 2024, día en que el fiscal general Rodolfo Delgado publicó un post sobre la falsa captura del exgerente general de COSAVI.

Después de asegurar que lo de su arresto era falso, Coto se extiende en la posibilidad de reunirse con un enviado del presidente Nayib Bukele para aclarar las cosas.

“Dios está obrando. En teoría me reuniré con uno de sus hermanos… Y Godoy”, dice Coto. “Godoy” es Carlos Godoy, un abogado que trabajaba para el exgerente cuando el escándalo COSAVI estalló en marzo de 2024 y quien antes había sido uno de los defensores de Nayib Bukele en el caso conocido como “Trollcenter”, en el que se acusó al político, entonces alcalde de San Salvador, de estar ligado a una red de piratas informáticos que reprodujeron ilegalmente los logos comerciales del periódico La Prensa Gráfica.

“El presidente se acordó de mí y de Godoy y ha delegado a una persona de su confianza para solucionar esto”, escribe Coto.

No hay evidencias de que Manuel Coto se haya reunido con Nayib Bukele, pero sí de que el exgerente de COSAVI pactó al menos un encuentro con Javier Argueta, el hombre que fue el asesor jurídico del presidente en los primeros años del mandato y cerebro de algunas de las acciones políticas más controversiales del gobierno.

Una reunión en Casa Presidencial y un préstamo para Nuevas Ideas

La Cooperativa Santa Victoria de El Salvador y el entorno de Bukele tuvieron una relación cercana al menos desde 2020 hasta marzo de 2024, cuando estalló el escándalo por la vinculación de la institución financiera con delitos de estafa y lavado de dinero. Esa relación incluyó préstamos y donaciones por al menos USD 7 millones que involucran, entre otros, a Xavier Zablah, primo del presidente salvadoreño y jefe máximo de Nuevas Ideas, el partido oficialista, y a una docena de alcaldías administradas por ese partido.

A finales de 2020, cuando El Salvador no terminaba de salir del cierre decretado por la pandemia de Covid-19 y los partidos políticos locales se preparaban para unas elecciones legislativas que probarían ser vitales en el camino político de Bukele, Zablah solicitó un préstamo de 5 millones de dólares a COSAVI. Así consta en una carta dirigida a la junta directiva de la cooperativa el 10 de noviembre, sellada por Nuevas Ideas y firmada por Zablah.

Prensa Comunitaria y Reporteros de Investigación confirmaron la autenticidad de la carta con dos ex empleados de la cooperativa y cotejando la firma de Zablah en el documento con la que aparece en el asiento del Documento Único de Identidad, que es de dominio público. Tratamos de contactar a Zablah para pedir su reacción pero no hubo respuesta.

El 10 de noviembre de 2020, Zablah informó a COSAVI sobre los destinos del dinero que el partido Nuevas Ideas ya entonces había solicitado. “El préstamo en trámite por el monto de cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América ($5,000,000.00) a plazo de un año es debido a la necesidad de reforzar nuestro capital de trabajo en vista de las próximas elecciones legislativas y municipales a realizarse el día 28 de febrero del año dos mil veintiuno… por lo que surge la necesidad de incrementar nuestros recursos para la realización de las actividades de este partido político”.

Obtener resultados favorables en las municipales y legislativas de 2021 era vital para Nuevas Ideas y para el presidente Nayib Bukele, quien había llegado a la presidencia del país en 2019, pero, durante los primeros años de su mandato, no tuvo correlación en el Legislativo. Además de garantizarle vía libre para aprobar presupuestos y contratar deuda, una mayoría legislativa permitiría al presidente tomar control del judicial y de la fiscalía general, algo que en efecto hizo. A finales de 2020 aún le faltaba ganar la mayoría con Nuevas Ideas.

En aquellos días en que gestionaba el préstamo con COSAVI para financiar al partido oficialista, Zablah, primo del presidente y hombre fuerte de Nuevas Ideas, buscaba dinero de varias fuentes. En una conversación que sostuvo con el entonces asesor presidencial de seguridad nacional, Alejandro Muyshondt, por ejemplo, Zablah mencionó que había instado a los candidatos a diputados que buscaran ellos también líneas de financiamiento.

Hasta ahora se conocía que COSAVI era donante de Nuevas Ideas. Un documento publicado por la organización Acción Ciudadana probó que, también en 2020, el partido oficialista recibió una donación de USD 60,000. Había también una relación financiera a través de créditos, como demuestra la carta de Zablah. Esa relación no terminó después de la municipal y legislativa de 2021, que el partido de Bukele ganó con amplios márgenes.

El escándalo de COSAVI es una historia que incluye rasgos que son ya típicos en la administración de Bukele, como el ocultamiento de información, el acoso constante de la Policía Nacional Civil a potenciales testigos y personas con datos que implican al oficialismo y el uso del aparato gubernamental de propaganda para desviar la atención de la relación entre la cooperativa y el entorno presidencial.

Documentación interna de la cooperativa y mensajes electrónicos entre sus ejecutivos indican que el vínculo estaba vigente en 2023, y que COSAVI y NI seguían teniendo una relación financiera.

El 30 de noviembre de 2023, Héctor Cruz, uno de los gerentes de COSAVI, envió un correo electrónico a trece empleados de la cooperativa, entre ellos a Manuel Coto, el gerente general. El asunto listado en el correo, del que Prensa Comunitaria y Reporteros de Investigación tienen copia, es la “autorización de reestructura, revisión de préstamo urgente NI”. María Alas, gerente de cobros, responde a Cruz en otro correo que “la resolución de casos no previstos debe ser con la autorización de la gerencia general”. Este último correo fue enviado a las 2:15 p.m.

Más tarde ese día, otra ejecutiva intercambió mensajes con Manuel Coto en WhatsApp acerca del préstamo a Nuevas Ideas. Sobre una imagen del correo de María Alas, la otra empleada escribió a Coto: “Este correo va dirigido a usted (sic) es por razón que el plazo de nuevas ideas lo dejaron en años y debió ser en días… pero reestructurar creo que no afecta con las observaciones de la SSF (superintendencia)”. El director ejecutivo respondió: “aprobarlo según la superintendencia”.

No está claro si, cuando ocurrieron estos intercambios, la SSF ya estaba investigando a COSAVI, pero sí que a finales de 2023, pocos meses antes de los allanamientos de la fiscalía, la cooperativa que sería acusada de desfalcar millones de dólares de sus ahorrantes se disponía a aprobar la reestructuración de un crédito al partido político del presidente Nayib Bukele.

Años antes, Manuel Coto ya hablaba con personas cercanas al presidente. Uno de sus nexos con la casa de gobierno era Javier Argueta.

El 19 de mayo de 2020 fue uno de los días en que Coto intercambió mensajes con el funcionario de Casa Presidencial. El entonces gerente general de COSAVI escribió a las 10:34 a.m., sin signos de puntuación: “Muy buenos días mi estimado favor me confirmas la reunión de este día si se va a realizar o no o quedamos para otro día quedo en espera muchas gracias”. Argueta confirma, dice que a la 1:30 p.m. en capres (que es como en El Salvador se conoce popularmente a la Casa Presidencial). Coto, luego, aclara que ha hablado con la asistente de Argueta, quien le ha dicho que la cita será a la 1:00 p.m. “De acuerdo”, responde el asesor de Bukele.

Años después, ya prófugo de la justicia, Coto dirá a uno de los exempleados de COSAVI con quien hablaba desde su escondite que “Javier” lo traicionó. Una persona familiarizada con esas pláticas confirmó que Javier es Javier Argueta, el exasesor de Nayib Bukele.

“¿Qué pasó, se negó a algo o cayó en las mentiras de alguien?”, pregunta la persona con quien Coto chateaba en mayo de 2024, unos tres meses después de que la fiscalía pidió congelar las cuentas a varios ejecutivos de la cooperativa y pocos días después de que se hiciera pública la orden de captura contra el exgerente. Coto contesta sin signos de puntuación: “Sí lo más seguro Fui vendido Por Javier”.

Javier Argueta era, en los albores del primer periodo presidencial, un hombre importante, alguien que estaba cerca del presidente Nayib Bukele.

Cuando Bukele ganó las presidenciales en 2019, Argueta era director jurídico de la influyente Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), de donde fue reclutado para formar parte del equipo legal de Casa Presidencial bajo la supervisión de Conan Castro, otro de los miembros del círculo íntimo de Bukele.

Durante los primeros dos años de gobierno, Argueta se convirtió en uno de los defensores más vocales del presidente en temas como el manejo de la pandemia y la reelección, con la que Bukele ya coqueteaba a pesar de que está prohibida en la Constitución de la república.

Las gremiales privadas salvadoreñas y algunos think tanks vinculados a ellas hicieron críticas públicas a decisiones tomadas por Bukele durante el cierre por el coronavirus y cuestionaron la legalidad de algunas de ellas. Argueta contestó en la misa línea en que lo hacía su jefe entonces, diciendo que los señalamientos eran un complot injusto de grupos oscuros que querían afectar a Bukele. En una entrevista televisiva dijo por ejemplo: “Son parte de los planes oscuros que se tienen con algunos diputados, algún líder empresarial, algunos líderes empresariales con estas asociaciones, quienes de verdad han buscado a nivel internacional, han financiado a nivel internacional, que nosotros como Ejecutivo seamos atacados… Que vil, que oscuro es atacar a una persona que además anda también en un riesgo de contagio…”.

Y cuando los rumores sobre la intención que tenía Bukele de reelegirse se convirtieron en una discusión pública, Argueta fue uno de los funcionarios que repitió malabares retóricos en cuanta entrevista estuvo para justificar el reenganche a pesar de la prohibición constitucional.

En 2021, al menos dos investigaciones periodísticas de la prensa independiente salvadoreña demostraron que Argueta fue uno de los cerebros del acto político más importante de Bukele en su camino a la consolidación del poder, la destitución de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general de la república para imponer, en ambas instituciones, a personas leales.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó a Argueta por aquellos hechos. En una publicación de diciembre de 2023, tras incluirlo en la llamada Lista Engel de funcionarios centroamericanos corruptos y antidemocráticos, Washington dijo que Argueta había sido el cerebro de la operación política para sustituir a los magistrados constitucionales y al fiscal. “Perjudicó al proceso e instituciones democráticas al planificar la remoción de cinco jueces del Supremo y del fiscal general en un proceso inusual en aparente contravención con los procesos establecidos… en la Constitución”.

Argueta también obtuvo fondos del estatal Banco Hipotecario de forma poco transparente de acuerdo con documentos citados en otra investigación periodística. Entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, Argueta y su esposa recibieron créditos exprés del banco por USD 785,000

En 2024, Argueta salió en silencio del gobierno sin que ni él ni Casa Presidencial diesen mayores explicaciones. Con él se entendió Manuel Coto según lo dijo el exejecutivo a sus subalternos. En febrero de ese año varios hechos desencadenaron el escándalo en torno a COSAVI.

EL FRAUDE Y LOS ÚLTIMOS DINEROS DE UN PILOTO

Luis Edgardo Alvarenga es piloto aviador. Voló helicópteros hasta que cumplió 83 años, en 2020, cuando se retiró para atender a su esposa, que en aquellos días empezaba a mostrar síntomas agresivos de Alzheimer. Luis tenía un consuelo: en sus cuentas de ahorro había cerca de 210,000 dólares que había guardado durante los 60 años que se ganó la vida volando. La seguridad que le daba aquel colchón financiero se derrumbó el día en que fue a retirar parte de sus ahorros para pagar los servicios geriátricos que su esposa necesitaba y encontró todo dado vuelta.

Alvarenga es uno de 10,317 socios listados por COSAVI, una institución registrada en 2013 y autorizada para recibir fondos del público. El 9 de mayo del año pasado, cuando intentó retirar su dinero, le dijeron que no podían dárselo. Un día antes, el gobierno de El Salvador había hecho público que la cooperativa estaba intervenida.

A partir de aquel día, Luis Alvarenga no ha visto un centavo de sus ahorros. La SSF, a tropezones y sin dar demasiada oportunidad a los afectados o a la prensa de ahondar en preguntas sobre la intervención en COSAVI, ha ido entregando dinero a los afectados que tenían depósitos menores a los USD40,000. Alvarenga tiene dos certificados, uno por USD9,000 y otro por USD200,000, pero no puede acceder al dinero porque su total supera con creces el techo impuesto por la superintendencia.

El corralito de COSAVI marcó a la familia de Alvarenga. Sin los intereses que le entregaban cada mes, el expiloto no tenía para sostener los cuidados médicos que su esposa, con Alzheimer avanzado, necesitaba. Tuvo que recurrir a sus hijos para llevarla a una casa geriátrica. La mujer murió en junio.

“Llevamos ya muchas muertes por esto, contando la de todos los que murieron en el (accidente de) helicóptero (en el que fallecieron el director policial Arriaza Chicas y otros). Son doce muertes que pudieron haberse evitado”, reflexiona Juan José Ortiz, vocero de un grupo de afectados por COSAVI.

El tramo final de la debacle había empezado en octubre de 2023 según lo contó el mismo Manuel Coto a uno de sus antiguos subalternos en una de sus conversaciones digitales de 2024, cuando ya era prófugo.

-“Todo iba bien

Todo comenzó

Con los malos rumores

Allá como en octubre”, escribió.

A finales de aquel año Coto llegó emproblemado a las fiestas navideñas. Un familiar que compartió con él, unos días antes de la Nochebuena, lo recuerda taciturno. A eso de las nueve de la noche, el gerente anunció que se iba a una reunión “con el gobierno”. “Tenga cuidado con esa gente, Manuel”, le advirtió el pariente. Coto asintió y se fue.

Poco de dos meses después de aquello, el 22 de febrero de 2024, unas semanas antes de la intervención gubernamental en la cooperativa, la fiscalía había pedido congelar las cuentas bancarias y bienes de 10 sociedades anónimas y 36 personas naturales. El 3 de marzo, los fiscales solicitaron a un juez autorizar allanamientos en 10 propiedades vinculadas a la cooperativa, los cuales iniciaron ese mismo día. Entre el 22 de febrero y el 3 de marzo, al menos dos personas vinculadas a la directiva de COSAVI desaparecieron luego de advertir a sus familiares que sus vidas corrían peligro por lo que sabían.

La fiscalía pidió a COSAVI, el mismo 22 de febrero, los productos financieros de las personas a las que investigaba por el fraude. Los fiscales solicitaron la información a Judith Espinoza, entonces la oficial de cumplimiento de la cooperativa; es decir, la persona encargada por ley de vigilar que no haya lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Contra Espinoza la FGR nunca emitió orden de captura.

Testimonios de personas, entre funcionarios y exempleados de la cooperativa, indican que cuando la SSF y la FGR intervinieron COSAVI por primera vez a principios de marzo de 2024, agentes del Estado salvadoreño destruyeron papelería y archivos digitales que encontraron en las oficinas centrales de la cooperativa.

Entre abril y julio de 2024, Coto tuvo varias charlas con sus subalternos, las cuales quedaron registradas en dispositivos digitales a los que Prensa Comunitaria y Reporteros de Investigación tuvieron acceso y cuya autenticidad comprobaron con personas al tanto de las conversaciones. En esas comunicaciones Coto ofrece sus opiniones sobre la debilidad del sistema de cooperativas financieras en El Salvador, la corrupción en el gobierno y el rol del fiscal general en todo el entramado.

Las charlas son una especie de bitácora del desastre.

El 11 de abril de 2024 (todos los mensajes son enviados por Coto):

-“No tienen como recuperarlo

El huevo (problema) es de ellos ahorita

La SSF.”

-“Pero no lo pueden tocar (el dinero)

Porque la FGR

Lo tiene congelado”.

El exejecutivo de COSAVI se refiere en esa conversación a los reclamos de los afectados como el piloto Luis Alvarenga y cientos más que ya habían empezado a llegar en grupos grandes a la oficina central y a las sucursales a exigir la devolución de su dinero, capital e intereses.

Ni la fiscalía ni la superintendencia, que había tomado las riendas de la cooperativa en marzo, daban respuestas a los ahorrantes. Tampoco les devolvían el dinero.

Mientras Coto chateaba con sus exsubalternos, la fiscalía y el sistema judicial ponían reserva absoluta a las investigaciones y a los procesos judiciales. Los socios de COSAVI estaban ciegos, no podían ver más allá de lo que a cuentagotas les decían las autoridades. Nadie les dijo cuánto dinero habían encontrado en las cuentas de COSAVI, pero ellos hacían sus cálculos.

Juan José Ortiz, vocero de los afectados, está seguro de que les deben, al menos, USD 60 millones entre capital e intereses. Y recuerda que COSAVI siguió captando dinero después de marzo, incluso en mayo, cuando ya la SSF sabía con exactitud qué había y qué faltaba en la cooperativa. Certificados de depósito en poder de Prensa Comunitaria y Reporteros de Investigación, al menos seis, corroboran que la recepción de fondos continuó tras la intervención, lo cual no contraviene leyes salvadoreñas, pero, asegura Ortiz, abre más preguntas sobre los destinos reales del dinero. “Nunca ha habido explicación de nada”, dijo el vocero en una llamada telefónica realizada en marzo pasado.

Para mayo de 2024, sin respuesta alguna sobre los ahorros de su vida, el piloto Luis Alvarenga veía como la salud de su esposa, agobiada por una enfermedad degenerativa, empeoraba. A finales de aquel mes, Coto chateaba son los suyos sobre lo ocurrido a COSAVI y especulaba sobre un posible efecto dominó.

El 21 de mayo, Coto sostuvo otra conversación digital. El interlocutor del exgerente, a quien no se identifica por razones de seguridad, aborda el rol en todo el asunto del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), el ente estatal encargado de apoyar el desarrollo del sector. Así la respuesta del exgerente de COSAVI:

-“Según ellos están bien

Pero la gente los critica

Y se ve chanchullo (trampa)

Pierden credibilidad.

Según me informan

Todas las cooperativas

Están mal

Están queriendo retener dinero

Tienen fuga

Todos quieren irse a los bancos”.

El sistema de cooperativas en El Salvador está amparado en el artículo 114 de la Constitución, que contempla le existencia de estos entes para actividades económicas y financieras. Las cooperativas no son sujetas a las mismas regulaciones que los bancos, los cuales cuentan con varias capas de protección legal en lo que a ahorros se refiere. Instituciones como COSAVI no han estado sujetas a supervisión de la superintendencia durante años.

También el 21 de mayo, Coto nombra al fiscal general Delgado en una conversación al hablar de la intervención de la SSF en COSAVI:

-“El que está en la silla de la FGR

ESE (escrito en mayúsculas en el mensaje original) es el problema”.

En las conversaciones a las que este medio ha tenido acceso, Manuel Coto, el hombre de cuyas decisiones dependió el dinero de ahorrantes como Alvarenga, al menos hasta que el gobierno de Bukele y la fiscalía general intervinieron COSAVI, se cuida de nombrar al presidente como responsable de algo, pero no duda en decir que él, el mandatario, tiene el poder de arreglar algunas cosas.

Acaso por eso, con uno de sus interlocutores, Coto insiste en que Godoy, el abogado que ha sido el suyo y también el del presidente, ha gestionado una reunión con un enviado de Bukele para deshacer el entuerto de COSAVI. Otro fragmento del chat del 21 de mayo de 2024. Escribe Manuel Coto:

-“Esto me lo mandó Godoy

En resumen

Ya se está tocando mejor al presidente y

El fiscal (sic) está de acuerdo ambos

Para que los dos estén enterados

El presidente no se opone y está abierto

A dialogar y solucionar…

Y también:

-“El presidente se acordó de mí y

De Godoy y ha delegado a una persona de

Confianza para solucionar esto…

• “Si se acordó

Y mandó a decir que no es cosa de él

Fue cosa del fiscal

Que tomó una decisión arbitraria…”.

En esa conversación, con el mismo interlocutor, es que Coto asegura que han negociado reunirse con un hermano de Bukele, cuyo nombre no especifica. El presidente tiene tres hermanos, hijos del mismo padre y la misma madre: Karim, Ibrajim y Yusef. Ninguno es funcionario público pero todos desempeñan roles de importancia política en el gobierno según han establecido varias investigaciones periodísticas. Karim es su principal asesor político mientras Ibrajim y Yusef lo asesoran en materia económica y comercial.

Veintiocho días después de aquel chat, la esposa de Luis Alvarenga falleció. El hombre se quedó solo y sigue sin tener respuestas. “Estamos a merced de la voluntad del señor presidente (Nayib Bukele); es él quien ordena que se haga o no se haga”, asegura este afectado.

El 14 de junio de 2024, Coto profundizaba en la situación de COSAVI y en cómo, a su juicio, la intervención y el default con los ahorrantes estremecerá al sistema de cooperativas en El Salvador:

-“Con COSAVI fue más relevante recuerde

Que éramos los reyes de las cooperativas

Pero nada bueno le espera a El Salvador.”

-“Todo El Salvador ya empezó el declive

Más grande de la historia…”

-“Espero que devuelvan a COSAVI y

Espero llegar a tiempo porque la SSF

Está entregando depósitos en vez

De entregar intereses”.

A diferencia de un banco, que en caso de bancarrota puede acudir a dinero de salvaguarda depositado por ley en un fondo de garantía, una cooperativa como COSAVI no puede, en teoría, hacer lo mismo.

El debido proceso en un caso de sospechas de irregularidades en un caso como este debería de pasar por el INSAFOCOOP y la superintendencia en principio y luego, al haber sospechas de lavado de dinero, a la fiscalía general. No está claro cómo esa línea de tiempo se dio en COSAVI. Lo cierto es que el sistema colapsó y no fue capaz de proteger a personas como el piloto Luis Alvarenga, quien vio morir a su esposa mientras atestiguaba como los cerca de USD200,000 ahorrados durante su vida se perdían en un limbo que nadie puede explicar.

Después de 12 conferencias de prensa, la jefa de la SSF, Evelyn Marisol Gracias, ha intentado explicar un sistema de devoluciones a los afectados de COSAVI que consiste en entregas graduales de dinero, primero a quienes tenían depósitos más bajos y luego a los que habían metido más. Las entregas empezaron en mayo para los que tenían certificados de ahorro por debajo de USD5,000 y ha continuado hasta subir a USD40,000.

Los afectados acusan a la SSF de falta de transparencia y de inventar reglas que han dejado sin opción a miles de usuarios. Dicen, por ejemplo, que si alguien tiene un certificado de USD 40,000 y otros que suban el total de sus ahorros por encima de esa cifra no califican para devoluciones hasta ahora. Es el caso de Luis Alvarenga.

Gracias dijo que, en febrero de 2025, el gobierno ya había respondido a cerca del 80% de los ahorrantes en COSAVI. Los afectados dicen que eso es mentira y que, según sus cálculos, la SSF no ha devuelto ni el 20% del dinero.

“Se ha entregado el 20%… Y lo que han entregado es solo capital, ningún socio ha recibido intereses”, asegura Juan José Ortiz, el vocero de uno de los grupos de afectados.

No hay, en realidad, forma certera de saber cuánto dinero debe COSAVI a sus ahorrantes, cuánto ha entregado la superintendencia, a cuántas personas, o cuál es el monto que aún está resguardado en cuentas bancarias o el equivalente en activos de la cooperativa. Es imposible saberlo porque, como en otros casos judiciales en los que hay indicios de malos manejos del gobierno o de implicación de sus funcionarios, en este la administración de Nayib Bukele también ha declarado todo bajo reserva: todo lo pertinente a COSAVI es un secreto de Estado.

Este medio sí pudo comprobar algo que ya había sido publicado en redes sociales, y es que la superintendencia ha informado al tribunal que lleva el expediente penal por el fraude en COSAVI que en la cuenta bancaria de la cooperativa solo hay USD 2.03 millones reportados. Uno de los grupos de afectados calcula, sin embargo, que solo 300 de los 10,000 afectados son dueños de unos USD60 millones, sumando capital e intereses, de los que nadie puede dar cuenta.

Cuando la información sobre la anémica cuenta de COSAVI se hizo pública, ni la fiscalía ni la SSF ni el gobierno dijeron algo. La jueza remitió un aviso la fiscalía para advertir que se había roto la reserva total impuesta al caso y pedirle si era necesario entablar acciones penales contra quienes la habían roto. Nada más.

Han pasado ya siete meses después del accidente aéreo en el que murieron Manuel Coto y los más altos jefes de la policía salvadoreña. A Coto no le hicieron siquiera autopsia según los familiares. Sobre las muertes del director Arriaza Chicas y los otros mandos policiales dijeron que recibirían ayuda del FBI para establecer las causas del accidente solo para declarar, unas semanas después, que no habían encontrado nada.

Los afectados siguen esperando con apenas información y, la mayoría, sin su dinero.

El proceso judicial abierto a la treintena de exempleados de COSAVI sigue su curso en completa oscuridad.

***

Corre marzo de 2025. Uno de las afectados por el fraude de COSAVI vuelve de su trabajo a su casa en un barrio popular de San Salvador. El carro sin placas sigue ahí. Ha estado parqueado en la acera de enfrente desde que todo empezó, en febrero de 2024, cuando los policías y dos fiscales llegaron a su casa en busca de dispositivos electrónicos. Era, les dijeron, para una investigación de la que no podían hablar. El hombre los confrontó; ¿tenían orden de allanamiento?, inquirió. Nada, no tenían nada. Pero siguieron ahí. Y nunca se han ido del todo. Cada vez que hay noticias sobre la cooperativa, cuenta el afectado, llega un segundo carro y se parquea durante unos días.