Una semana poco santa: el subreporte de delitos

En esta columna, escrita sobre la base de los datos obtenidos de un estudio realizado por sus autores, ambos investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP), se concluye que en el universo de análisis hay un transversal subreporte de los hechos delictuales. Concluyen que al “normalizarse” la violencia “la consecuencia de ello es una contracción fuerte de la sociabilidad, lo que se traduce en desconfianza interpersonal e institucional, en ausentismo escolar, en encierro en el espacio doméstico y desuso de plazas, parques y equipamientos deportivos, con los efectos que ello tiene para la salud mental y física. Todo esto se sublima finalmente en un deseo muchas veces ciego por orden y seguridad a como dé lugar”.

Imagen de portada: Claudia Pérez / Agencia Uno

INTRODUCCIÓN

Entre el 17 y el 22 de abril tuvieron lugar los siguientes acontecimientos. El jueves 17, en La Pintana, dos personas fueron baleadas, una de ellas resultó muerta. En Melipilla sucedió algo similar, aunque sin consecuencias fatales. El viernes 18, en Lota, se produjo una balacera en la entrada a una discoteca de la zona; los afectados fueron tres guardias del local. En las afueras de otra discoteca en Valparaíso, el mismo día hubo un doble intento de homicidio con uso de armas de fuego. El sábado 19 de abril, un joven de 19 años murió en Lampa producto de un disparo en la cabeza. Se trataba de un enfrentamiento entre barristas de Colo Colo y Universidad de Chile. Tres personas resultaron heridas en el evento. El 20 de abril, en celebraciones del centenario de Colo Colo en Puente Alto, un adulto y dos niños fueron heridos en más balaceras. En la noche de ese día, dos personas recibieron disparos en el Paseo Bandera, comuna de Santiago. Y en la madrugada de aquel domingo se produjo el mayor atentado en la zona sur de Chile en los últimos años: en el límite de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, sitio de construcción de la central hidroeléctrica Ralcahue, 50 camiones fueron quemados y guardias de la obra intimidados. El lunes 21 de abril dos personas murieron y tres fueron heridas en la comuna de Colina producto de balaceras por conflictos territoriales. El 22 de abril se detuvo al presunto autor del homicidio frustrado en la discoteca de Valparaíso y, además, se informó la finalización de una operación contra una organización criminal de tráfico de drogas que operaba en la comuna de Quilpué. El operativo también incluyó enfrentamientos a bala. Ese es el balance del fin de semana santa.

Un elemento transversal de estos hechos es el uso de armas de fuego contra personas; subyace a varios eventos un componente territorial; destaca la participación de miembros de barras de fútbol, la relación con drogas y el involucramiento de personas jóvenes –una cifra en alza desde 2020 (de Marval, Llanos y Leyton 2024). El caso del ataque a la central Rucalhue no es ajeno a estas características, aunque ahí se introduce el elemento etnonacional y se diferencia por la envergadura del atentado.

ANÁLISIS

En investigaciones recientes del Centro de Estudios Públicos (Gamarra, Rozas, Cardeiro y Mascareño 2024 y Gamarra, Mascareño, Cardeiro y Rozas 2024), con datos a nivel comunal de ENUSC 2023, hemos llamado la atención sobre la victimización por crímenes violentos en las comunas de Chile sobre las que hay datos disponibles, y su relación con el subreporte de delitos. La Figura 1 presenta estos resultados.

La Figura 1 muestra la victimización por delitos violentos y el subreporte de los mismos en distintas comunas de Chile. Considerando los acontecimientos de semana santa, la posición de las comunas mencionadas en la Introducción es la siguiente:

• Cuadrante 1, alto subreporte con menor victimización: Quilpué
• Cuadrante 2, alto subreporte con alta victimización: La Pintana, Melipilla, Valparaíso, Puente Alto, Santiago
• Cuadrante 3, menor subreporte con menor victimización: Lota
• Cuadrante 4, menor subreporte con alta victimización: Lampa, Colina

Santa Bárbara y Quilaco no registran datos, pero son colindantes con la comuna de Los Ángeles que está en el cuadrante 1 (alto subreporte, menor victimización) y en la que las redes de narcotráfico, el enfrentamiento entre bandas chilenas por control territorial y el uso de sicarios para esta disputa se ha incrementado en el último año (Ayala y Andrews 2025; Parrini 2025). Todos los cuadrantes son problemáticos. Las comunas de menor riesgo en las variables analizadas son Limache, Angol y Pichilemu (cuadrante 3). Todas las demás tienen más de 20% de subreporte, y mientras más a la izquierda se ubiquen, la victimización por delitos violentos es mayor. En tal sentido, cualquier otra posición en el gráfico es problemática por una razón u otra, o por ambas. La situación de mayor riesgo es, sin duda, la del cuadrante 2, con alto subreporte y alta victimización; el cuadrante 4 también lo es, pues en él, el subreporte nunca es bajo. De las nueve comunas para las cuales hay datos, cinco están en el cuadrante 2 de alto subreporte y alta victimización, y dos en el 4, con alta victimización y un subreporte de alrededor del 45%.

En otro procedimiento realizado para el análisis comunal (Gamarra et al. 2024), seis de las nueve comunas observadas se agrupan en un clúster con alta cantidad de robos violentos, seguido de agresiones y vandalismo; ellas son Colina, La Pintana, Lampa, Melipilla, Puente Alto y Valparaíso. La comuna de Santiago se ubica en un clúster en el que los delitos económicos priman y, en segundo lugar, se posicionan los delitos violentos. Sin embargo, al observar los cuadrantes 2 y 4 se observa una fuerte presencia de comunas de Santiago poniente entre las de mayor riesgo de crímenes violentos.

CONCLUSIONES

Una primera conclusión del análisis es que la mayoría de las comunas en las que acontecieron hechos de violencia armada en el fin de semana santa, están entre las de mayor riesgo del país. Territorialmente, estas comunas de mayor riesgo pertenecen a la zona poniente de Santiago, incluida la comuna de Santiago, más algunas del norte (Calama, Iquique, Arica, Alto Hospicio) y otras de la región de Valparaíso (comunas de San Felipe, Quillota, Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio). Es decir, la comisión de delitos violentos en la mayoría de las comunas observadas es algo que el análisis anticipa.

Los delitos violentos incluyen el uso de armas de fuego. Los nueve casos observados muestran el empleo de este tipo de armas contra personas, no solo para amedrentar o disuadir, sino para atacar o directamente asesinar. La circulación de armas se muestra como una constante en las comunas con alta victimización por delitos violentos. Esto hace ver que el control de este tipo de crímenes no solo está en la intervención territorial, sino también en la intervención en las condiciones contextuales del delito, como los flujos de dinero o de armas (García 2021).

Especialmente la regularidad del uso de armas es una característica del crimen organizado. En la década de 1990 y 2000, la cultura del hampa (Cooper 1994) rechazaba el uso de la violencia y de armas en asaltos y robos particulares, en tanto dañaban la imagen del ‘ladrón profesional’, quien se situaba en la cima de la jerarquía delictual. Hoy justamente son la violencia y las armas las que caracterizan el delito violento concentrado en los cuadrantes 2 y 4 de la Figura 1. Según investigaciones del CEP, el uso de armas es la principal característica de la cultura narco (30%), seguida del control territorial (20%), del uso de drogas y la ostentación de bienes de alto costo (14%), así como de la exaltación de la violencia (11%) (Rozas, Chuaqui, Mascareño 2024). Es, por tanto, plausible pensar que un alto número de homicidios o ataques con armas de fuego que acontecen cotidianamente –como los del reciente fin de semana santa– se relacionan con el narcotráfico, y que en las comunas de riesgo que muestra la Figura 1, sea esta constelación la que predomina.

Al observar los porcentajes de subreporte de delitos violentos, se advierte que este es importante en la mayor parte de las comunas de Chile. Se podría considerar que solo Limache, Angol y Pichilemu tienen índices menos preocupantes. El subreporte tiene como justificación la desconfianza en la labor de las policías y los tribunales, el bajo monto de las pérdidas en casos de robos menores, pero también el hecho de conocer a los responsables de los crímenes (Gamarra et al. 2024). Esta última justificación es dramática y, además, difícilmente reconocida por las personas. Ella puede implicar el conocimiento directo de los responsables de los delitos, la cercanía territorial con el crimen organizado, o incluso el ser parte de sus territorios. Por esto es plausible pensar que el temor a represalias (también armadas y con costo de vidas) es una base emocional fundamental para no reportar delitos violentos, especialmente enfrentamientos armados frente a los que, además, existe la posibilidad de responder por la vía de las armas si se es parte o cercano a un grupo rival.

La distribución comunal del delito violento en la Figura 1 sugiere asimismo que distintos grupos de comunas requieren formas de atención e intervención distintas. Las comunas del cuadrante 3, por ejemplo, con predominio de comunas de la zona sur, invita al conocimiento de las condiciones que mantienen un subreporte y el delito violento en niveles bajos o menores. Preguntas que se deben responder son, por ejemplo, si la migración interna o condiciones institucionales de distinto tipo inciden en los resultados. Especial atención merecen el tamaño, la conectividad, las características de la urbanización y la distribución socioespacial de los barrios. La escala barrial permite u obstaculiza mayores interacciones con vecinos, y el diseño urbano es también un factor que favorece el delito si es que no se atiende a la calidad de los espacios públicos y la proliferación de lugares abandonados o sin circulación de personas. El Estudio Longitudinal Social de Chile 2016-2023 (ELSOC-COES 2025) ha demostrado que la densidad habitacional y la tenencia de la vivienda –si es arrendada o propia, en lo que el tiempo viviendo en el barrio juega un rol– se relacionan con un mayor grado de conflictividad social. Por ello, la observación de características físicas y prácticas de movilidad y habitabilidad en los barrios es necesaria para conocer si ellas son las que promueven resultados aceptables, y si esas mismas u otras variables son las que refuerzan los riesgos en otras comunas.

La variedad de comunas de todas las zonas geográficas del país presentes en el cuadrante 1, por su parte, indica que el subreporte es transversal y que la intervención debe ser ahí menos territorial y más de tipo institucional. En estos casos habría que favorecer procedimientos para facilitar denuncias, para realizar el seguimiento de casos y la entrega de información clara y oportuna a los afectados, para efectuar algún tipo de reparación simbólica e incrementar la calidad de la atención de ellos. Por el contrario, las comunas de los cuadrantes 2 y 4 precisan intervención policial en redes delictivas, inteligencia de investigación, estrategias de rotación de agentes para que no sean capturados por redes delictuales, investigación de los nexos entre policía y crimen, coordinación interinstitucional entre entidades policiales y sociales; y se requiere por sobre todo un apoyo político transversal a medidas de este tipo.

En definitiva, el problema no son únicamente los ataques armados de semana santa, sino el hecho de que este tipo de crímenes se haya vuelto cotidiano en la experiencia de muchos chilenos. Si no lo han sufrido directamente, lo vivencian vicariamente a través de víctimas cercanas, o lo perciben presente en su entorno como deterioro urbano, como encuentros casuales con un funeral narco, como explosiones de fuegos artificiales en la población cercana, como cierre de escuelas o universidades por tomas territoriales, o con la clausura de las líneas del metro o asaltos en buses producto del enfrentamiento entre barras de fútbol (Campos, Tello y Latorre 2025). La consecuencia de ello es una contracción fuerte de la sociabilidad, lo que se traduce en desconfianza interpersonal e institucional, en ausentismo escolar, en encierro en el espacio doméstico y desuso de plazas, parques y equipamientos deportivos, con los efectos que ello tiene para la salud mental y física. Todo esto se sublima finalmente en un deseo muchas veces ciego por orden y seguridad a como dé lugar. Poco tiene que ver esto con motivaciones políticas, doctrinarias o ideológicas profundas; más bien, el origen de esta reacción está en el temor demasiado real de que la vida se pone en juego permanentemente, y que su valor es equivalente al de la bala de un arma de fuego.