La autoridad sanitaria identificó al menos 120 centros de diálisis que incumplen estándares mínimos de calidad

En los últimos cuatro años, las seremi de 14 regiones del país iniciaron sumarios sanitarios a 120 centros por incumplimientos de las normas de calidad. En ese periodo, Fonasa además ha recibido 1.964 reclamos sobre la hemodiálisis a nivel nacional, aunque solo ha cursado 44 multas. Los prestadores reconocen una crisis del sistema y responsabilizan a cambios implementados en la licitación de 2021 de Fonasa, que les habría provocado problemas financieros. Expertos aseguran que este servicio, que atiende a más de 22 mil pacientes en todo el país en una modalidad público-privada, está en una «situación límite».

Carmen, cuyo nombre ha sido modificado para proteger su identidad, es paciente de un centro de diálisis de la Región Metropolitana. Alrededor de las 10 de la mañana llega a la sala de espera de su establecimiento y cerca del mediodía la llaman para comenzar su sesión junto a otros cinco pacientes. Ya sentada en un sillón parecido al que se ocupa en el dentista, un técnico profesional le conecta una vía intravenosa al dializador, una máquina que, durante cuatro horas, depura su sangre de líquidos y toxinas. Durante ese tiempo ella puede distraerse escuchando música con sus audífonos, viendo la televisión o ingeniándoselas para hacer algo sin mover ni los brazos, ni las manos, ni las piernas. El transporte del centro la deja en su casa aproximadamente a las 16:30, a donde llega sin energía, sino a solo descansar. Carmen sigue esta rutina durante tres días a la semana, sin importar que sea feriado, Navidad, Fiestas Patrias, invierno o verano.

Hace varios años que Carmen quiere dejar de dializarse en su centro. Entre las cosas que ha visto, afirma que hay momentos del día en que solo una enfermera ha quedado a cargo de los casi 30 pacientes, o que el personal le da un peor trato a ella que a sus compañeros por ser “conflictiva”. Su centro es uno de los que acumula más sumarios sanitarios en los últimos cuatro años en la Región Metropolitana.

Carmen ha puesto reclamos formales, pero no ha notado mejoras que la hagan cambiar de opinión. “Lo que más quiero es cambiarme de esa diálisis. Lo que más quiero. Y no solamente yo, hay otros pacientes más (en la misma situación)”, señala. El problema es que no puede dejar de ir: ese tratamiento la mantiene con vida.

Carmen es una de las 22 mil personas que según Fonasa son pacientes de hemodiálisis crónica en Chile, el principal tratamiento utilizado en el país para sobrellevar la Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT). Su historia es solo una muestra de las deficiencias de calidad que hay en el servicio de diálisis nacional, una prestación de salud cubierta por el sistema GES (Garantías Explícitas de Salud), pero suministrada, en su mayoría, por prestadores privados.

Según información obtenida vía Ley de Transparencia, entre el 1 de enero de 2021 y el 18 de octubre de 2024, Fonasa recibió 1.964 reclamos referidos a la hemodiálisis, pero cursó sólo 44 multas a centros de diálisis a nivel nacional. La Superintendencia de Salud, en tanto, recibió 23 reclamos en 2021, pero 67 en 2022. Y las secretarías regionales ministeriales (Seremi) de Salud de 14 regiones del país iniciaron sumarios sanitarios a 120 centros por incumplimientos de las normas de calidad.

Tras el análisis de esos antecedentes, resalta el hecho de que el número de reclamos recibidos tanto por Fonasa como por la Superintendencia, se disparó cuando en 2021 hubo cambios en la licitación para proveedores de estos servicios de salud. En ese proceso, se implementó una rebaja al pago por paciente, el que, según pudimos constatar, resultó por debajo del costo del servicio.

En 2023, ante la Comisión de Salud del Senado, Fonasa señaló que la licitación de 2021 indicaba que “los precios ofertados por los prestadores se mantendrán durante cada año calendario de vigencia del contrato” y que se reajustarán automáticamente según la variación del arancel de la Modalidad de Atención Institucional (MAI). Fonasa admitió que estas condiciones en las bases provocaron que los centros manifestaran “detrimento financiero”, lo que puso “en riesgo su atención y la calidad de esta”. Fonasa señaló también que “no se incluyeron indicadores de calidad de la atención” y que esto afectó “directamente a los pacientes”.

Imagen referencial

A partir de este diagnóstico, Fonasa pidió un estudio de costo a la Universidad de Chile, el que reveló que el precio de cada prestación de hemodiálisis debía ser de $66.999, con traslado incluido. Esta cifra era superior a lo que se estaba pagando en 2022, que era un máximo de $61.780 por sesión con o sin traslado (vea ese estudio).

La licitación de 2021 tenía una duración de tres años, por lo que en diciembre de 2024, se volvió a licitar el servicio, quedando ahora los precios así: el máximo por cada hemodiálisis es de $73.360 sin traslado y de $78.400 con transporte (vea esa acta de adjudicación). El alza no dejó contentos a los proveedores y tampoco  solucionó los problemas de los usuarios.

Leticia Villegas es paciente del centro Diaverum de Independencia y en una entrevista realizada en diciembre de 2024 afirmó haber tenido un problema con una enfermera que manejaba su catéter con brusquedad y le causaba dolor. Contó que un día, cuando estaba siendo desconectada del dializador, elevó su brazo para asegurar su venda adhesiva, pero la enfermera que la atendía levantó sus manos y gritó que la estaba golpeando.

Tras el hecho, otros usuarios de ese centro se organizaron para redactar una carta entregando su apoyo a Villegas. Así, lo que nació como una situación puntual, terminó por revelar varios problemas que aquejaban a los pacientes del centro Diaverum de Independencia.

El 13 de noviembre de 2024, los pacientes entregaron una carta dirigida a la empresa (vea esa misiva), en la que expusieron diversos reclamos. Allí relataban situaciones de maltrato de parte del personal, incompetencia de la coordinadora del centro, falta de atención por parte de su nefróloga e, incluso, que el personal pedía dinero prestado a los pacientes. “Hemos vivido, en ocasiones, reiteradas amenazas de represalias, cambios de centro, insinuaciones de ser incapaces mentales, regaños innecesarios, presión psicológica para evitar reclamos hacia el centro”, se lee en la carta. “Ya no quiero ir más a diálisis”, decía Villegas, mientras intentaba contener las lágrimas.  

En los meses posteriores, la paciente presentó reclamos ante Fonasa, la Superintendencia de Salud, el Hospital San José y el centro Diaverum. Y recién el 3 de marzo pasado recibió una respuesta por parte de la empresa, la que lamentó lo ocurrido y le señaló haber realizado una investigación en el centro.  A su vez, se comprometió a tomar medidas. 

El doctor Rodrigo Orozco, expresidente de la Sociedad Chilena de Nefrología (Sochinefro), asegura que, gracias al sistema, hasta ahora “nadie se muere por falta de diálisis”. Sin embargo, advierte: “Tenemos una alta prevalencia de Enfermedad Renal Crónica (ERC no terminal) y no viene bajando, viene subiendo”. Preocupado, Orozco indica que, “si empieza a aumentar la cantidad de pacientes y no aparecen nuevos centros porque no es un negocio económicamente rentable, el puro problema nos va a mover a una realidad que no queremos: que no tengamos cupo para nuestros pacientes, que la gente se muera por falta de diálisis, cosa que hace muchas décadas que en Chile no pasa”. 

A ser consultado, Fonasa resalta que para la licitación que rige desde 2025 se ajustaron los aranceles, “incrementando en un 13,6% la prestación de hemodiálisis con traslado, alcanzando el valor de $73.270, y aumentando en un 6,3% la atención sin traslado, llegando a $68.560”. Además, el organismo argumentó que atienden más de 22 mil pacientes en todo el país, que entre 2021 y 2024 se generaron en total 13.728 atenciones y que el porcentaje de reclamos corresponde al 0,014%. En Fonasa no ven descontento: “Observamos que, mayoritariamente, nuestros beneficiarios no se encuentran descontentos por la calidad de la atención que reciben en los centros de diálisis en convenio, sin perjuicio de las medidas de mejoramiento permanente de los contratos y supervisión que Fonasa realiza” (vea la respuesta completa que Fonasa envió a CIPER).

CASI EL 30% DEL MERCADO EN UN PROVEEDOR

En Chile, la mayoría de los centros de diálisis son establecimientos privados que se dedican al tratamiento de la ERCT, como centros independientes o como parte de una cadena de prestadores de servicios. Según cifras del Registro Público de Prestadores Institucionales Acreditados de la Superintendencia de Salud, 216 unidades de hemodiálisis en el país corresponden a centros privados, lo que equivale a un 79% del total, mientras que el resto se encuentran en hospitales. En consecuencia, un 88% de los dializados se atienden en centros privados financiados por el Estado. 

Para seleccionar estos centros privados, en 2021 Fonasa hizo una licitación pública para contratar el servicio de prestadores de diálisis por un periodo de 36 meses. De acuerdo con los datos del último informe publicado por la Sochinefro, la mayoría de estos centros se ubican en la Región Metropolitana (78), mientras que las regiones extremas, como Arica y Parinacota (3) y Magallanes (1), son las que cuentan con menos. La Región de Aysén es la única en la que no hay centros privados, pues solamente tiene dos unidades en hospitales.  

Según el Registro Público de Prestadores Institucionales Acreditados, los proveedores que se adjudicaron la licitación de 2021, en su mayoría pertenecen a la empresa multinacional de origen estadounidense Davita, con 64 centros –lo que implica un 29,8% de concentración del mercado– y Diaverum, de origen sueco, con 19 centros, equivalentes a un 9,3% del mercado.

En las últimas décadas, el número de personas con necesidad de diálisis no ha dejado de aumentar. Según Sochinefro, entre 2014 y 2024 hubo un crecimiento de 10.681 pacientes de hemodiálisis crónica. Este aumento va en concordancia con la prevalencia, pues si en 2014 había 1.019 pacientes por cada millón de habitantes, en 2024 esta cifra aumentó a 1.286.

Según el sitio web de la National Kidney Foundation (NKF), una institución de referencia mundial para el estudio de patologías renales, la enfermedad renal crónica (ERC) “es una afección que indica que los riñones están dañados (…) por lo que no pueden filtrar la sangre lo suficientemente bien, y no pueden hacer sus otros trabajos (como la eliminación de desechos naturales y el exceso del agua del cuerpo) tan bien como deberían”. Los factores de riesgo más comunes de la ERC son la diabetes, la presión arterial alta y ser mayor de 60 años, entre otros.

En caso de que el estado de los riñones empeore al nivel de perder su funcionalidad por completo, la vida de la persona está en peligro. Es por esto que, de acuerdo con el listado de prestaciones específicas 2016-2018 de la Ley 19.966 –que establece un régimen de Garantías en Salud– la ERCT (es decir, la ERC en etapa terminal) es un problema de salud número uno de las Garantías Explícitas de Salud (GES). 

Según el decreto que aprueba y regula el sistema GES, la ERC en etapas 4 y 5 corresponde a “la situación clínica derivada de la pérdida progresiva y permanente de la función renal (…). En etapa 5 requiere tratamiento de sustitución renal por diálisis o trasplante”. 

Por su parte, la Superintendencia de Salud indica que, quienes se encuentran en estas fases de la ERC, tienen asegurado su tratamiento en los centros de diálisis de manera gratuita si es que pertenecen a Fonasa y con un costo del 20% del monto total si tienen Isapre. 

En este escenario, con un aumento sostenido de pacientes que se atienden en un sistema que opera en modalidad de colaboración público-privada, el rol fiscalizador del Estado es clave para garantizar la calidad del servicio.

Los estándares de calidad mínimos con los que deben operar los centros de diálisis son regulados por el Decreto 45 del Ministerio de Salud, que fija el reglamento “sobre las prestaciones de diálisis y los establecimientos que las otorgan”. Esta misma normativa determina que son las seremis de Salud las encargadas de la fiscalización de los centros. En caso de que se detecten infracciones, se sancionarán “en conformidad a lo dispuesto en el Libro Décimo del Código Sanitario”, donde se describen los sumarios sanitarios. 

Según el manual de fiscalización sanitaria del Ministerio de Salud, el sumario es un “procedimiento administrativo especial”, a través del cual la autoridad sanitaria “investiga y constata hechos que puedan configurar infracción”. Un sumario puede ser iniciado por oficio por parte de la autoridad sanitaria o por una denuncia de particulares. Dentro de las sanciones que se contemplan en el Código Sanitario, están la aplicación de multas y la clausura de establecimientos cuando “exista un riesgo inminente para la salud”.  

Por otro lado, la dimensión humana de la calidad del servicio, que vela por la dignidad del paciente y el resguardo de sus derechos, está regulada por la Ley 20.584, sobre los derechos y deberes del paciente. 

Si un paciente considera que sus derechos no están siendo respetados, puede interponer un reclamo, según el procedimiento regulado por el Decreto 35. Los reclamos se gestionan internamente dentro de cada centro y, en caso de que el paciente considere que la solución no fue satisfactoria o que esta no fue entregada dentro de un plazo oportuno, puede elevarlo a la Superintendencia de Salud. Es decir, los reclamos se gestionan primero de manera interna en los centros, por lo que muchos no llegan hasta la autoridad sanitaria. 

Superintendencia de Salud (Créditos: Luis Bozzo B. / Agencia Uno)

SUMARIOS SANITARIOS

Según información obtenida vía Ley de Transparencia, desde enero de 2021 hasta octubre de 2024, sólo en la Región Metropolitana se han abierto 109 sumarios sanitarios contra centros de diálisis. De estos, 28 centros cuentan con más de un sumario en su contra y varios acumulan más de dos. Por ejemplo, una sucursal de Nephrocare en San Bernardo tiene siete sumarios en su contra y el centro Mendoza Limitada, de la comuna de Melipilla, tiene cinco, al igual que la sucursal Nephrocare de Lo Prado.  

El balance en las demás regiones no es tan diferente. En total, sin considerar a Valparaíso y el Maule, entre 2021 y 2024 se registraron 108 sumarios contra centros de diálisis. De estos datos, resalta lo ocurrido en Coquimbo, donde Davita –que, de acuerdo con su sitio oficial, cuenta con seis centros en esa región- ha enfrentado 15 sumarios. También, en el Biobío se registraron cinco sumarios contra el centro Diálisis Arauco. 

David Benavente, nefrólogo, enfatiza en la gravedad de esta situación, ya que, a diferencia de un reclamo, los sumarios sanitarios requieren de una “base que permita que este se abra” y agrega que “tiene que haber una causa que lo justifique. Por lo tanto, son situaciones delicadas”. 

Daniela, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad, es una tecnóloga médica que lleva cerca de diez años trabajando en distintos centros de diálisis. A ella no le sorprende esta cantidad de sumarios. “Me ha pasado que a los centros que uno va, por ejemplo, ahora para el temporal se llovieron enteros, donde había ratones, donde la planta de agua ha fallado (…) que alguna membrana del filtro venza en junio y no la cambien hasta diciembre. Que en cuanto a infraestructura falten cerámicas…”, enumera. 

La Superintendencia de Salud recibió 67 reclamos contra centros de diálisis en 2022, el primer año de la licitación vigente. Ese número representó un 191,3% más que en 2021, cuando sólo se contaron 23. La situación no fue tan distinta en los años siguientes. En 2023, se registraron 56 reclamos, un 143,5% más que en 2021 y, finalmente, hasta el 8 de octubre de 2024, se habían recibido 28 reclamos, un 21,7% más que en todo 2021.  

Estos reclamos fueron en su mayoría categorizados en los motivos de “Trato Digno” y “Atención oportuna y sin discriminación”.  

El nefrólogo David Benavente señala que estas cifras “son súper graves” y que “las situaciones no son admisibles y deberían ser investigadas porque (…) el espíritu de la ley es tolerancia cero en ese tipo de hechos de discriminación o maltrato”. 

Además, las respuestas vía Ley de Transparencia enviadas desde Fonasa revelaron que, desde enero de 2022 hasta octubre de 2024, los pacientes han interpuesto 1.672 reclamos. En contraste con este dato, desde el 1 de enero de 2021 hasta octubre de 2024, Fonasa sólo ha cursado 44 multas contra centros de diálisis. Dentro de los motivos de las sanciones, los que más se repiten son “Incumplimiento de registro” (14 casos), “Incumplimiento de traslado de pacientes” (9) y “Falta de ingreso de antecedentes clínicos” (7). 

CIPER consultó a la Seremi Metropolitana respecto a los centros donde hay más de un sumario, señalando que en esos lugares “se han intensificado las fiscalizaciones y aplicado las medidas conforme a la normativa vigente”.

UNA CRISIS DE CALIDAD

Sobre los problemas de calidad que hay en el mercado de los centros de diálisis, los expertos señalan que su origen podría encontrarse en el diseño de la licitación de 2021. El doctor Orozco apunta a que aquella licitación “no puso al paciente como primera opción, lo que es el error garrafal en todas las acciones de salud”, dice. “Fue hecha solo para ahorrar plata (al Estado)”, agrega. El expresidente de la Sochinefro se refiere a que el monto que paga Fonasa a los centros por cada sesión de diálisis no sería suficiente para entregar una atención de calidad.

Fonasa se apoyó en un estudio de la Universidad de Chile para sostener ante la Comisión de Salud del Senado que la mantención de los precios durante tres años puede provocar el problema de terminar operando por debajo del costo real de los servicios. En ese estudio se reveló que el precio de cada prestación de hemodiálisis debía ser de $66.999 con traslado incluido. La cifra sobrepasa lo que se estaba pagando en 2022, que llegaba a un máximo de $61.780 por sesión con o sin traslado.

El administrador de un centro de diálisis del sector oriente -que prefirió mantener su identidad en reserva-, concuerda con este diagnóstico sobre la crisis del sistema. Explica que mantener el arancel por un año es problemático porque “los reajustes que hace Fonasa no van en proporción a cómo sube el costo de la vida, entonces eso también siento que nos perjudica mucho. Y esos son los cambios que siento que, de alguna u otra forma, debería ver el Estado”. Para solucionar el problema, Fonasa indicó en su presentación ante los senadores que reajustó el valor basándose en el estudio de costos de la Universidad de Chile y eso generó que, en 2023, el monto pagado por cada diálisis con traslado pasara de $61.780 a $70.180.  

Después de los duros efectos iniciales de la licitación, el doctor Orozco califica la situación actual como mejor que la de hace dos años: “Hay ahora un equilibrio, pero es precario (…) Entonces, va a depender de cómo sea la nueva licitación. Yo creo que la situación actual es de espera, de ver qué va a pasar, pero es una situación límite”. 

Fuente: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno

Para que pueda haber cambios, el diseño de una licitación es clave, dice el nefrólogo David Benavente: “Cómo tú configures la licitación impacta directamente en la calidad de atención de los pacientes, en base a criterios técnicos, acceso oportuno, tiempos de diálisis (…). Sin duda la licitación contiene elementos que son fundamentales para el impacto en la calidad del servicio que se presta”, señala. 

El 30 de octubre de 2024, Fonasa publicó en Mercado Público la nueva licitación, que tiene vigencia desde enero de 2025 y hasta 2027. En las bases, el organismo señala que el precio máximo por cada hemodiálisis es de $73.360 sin traslado y de $78.400 con transporte. Además, a diferencia de la anterior, esta licitación otorga un mejor puntaje a los centros que prestan “servicios adicionales para pacientes”, como nutricionistas, psicólogos y asistentes sociales. Sin embargo, los proveedores no ven estas nuevas condiciones con optimismo. 

En diciembre de 2024, la licitación fue adjudicada con esos precios. 

Doris De La Fuente, coordinadora del centro Administradora de Centros de Diálisis S.A., que opera en la comuna de Santiago, opina que se le sigue exigiendo a los prestadores elementos que deberían ser otorgados por Fonasa o por el hospital que derivó al paciente, como, por ejemplo, la atención psicológica. “Llevamos hace mucho tiempo teniendo una carga que no debiera ser, porque la función de nosotros es cumplir bien con el procedimiento dialítico. Esa es nuestra función, para eso se crearon los centros de diálisis”, señala.  

El administrador del centro de diálisis de una comuna del sector oriente, agrega otro problema: “Esta licitación nos perjudica un montón, porque los aranceles para las boletas de garantía de este año subieron un 600% respecto de la licitación pasada. Esto quiere decir que nosotros antes dejamos $20 millones como boleta de garantía en caso de que se cierre el centro, para hacer los pagos legales frente a un quiebre de la empresa. Y este año, para la licitación que comenzó a partir de enero del 2025, nos pidieron $123 millones”. 

En este escenario de colaboración público-privada, el doctor Orozco reafirma la importancia de hacer esfuerzos para incentivar a los privados, con miras a garantizar el servicio para los pacientes: “Con esta situación límite no hay inversión, no hay nuevos centros (…), mucha gente quiere vender sus centros, quiere deshacerse de ellos, porque más que un negocio es un problema”. 

*Este reportaje fue realizado por los estudiantes Pablo Mora y Benjamín Rebolledo, en la sección de la profesora Catalina Gaete del curso Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.