El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso el pasado martes 23 una querella contra los dueños y representantes de las inmobiliarias que son investigadas por la presunta venta con millonario sobreprecio de seis bienes raíces comprados por el Gobierno Regional de Coquimbo, cuando Lucía Pinto (UDI) era la intendenta. Según el SII, con el fin de pagar menos impuestos las mismas empresas diseñaron una planificación tributaria que implicaba una división de sociedades y un aumento de capital ficticio.

La promesa para los residentes de La Serena sonaba atractiva: la ciudad contaría con un nuevo recinto deportivo, moderno y amplio. Pero ese proyecto -gestionado por el Gobierno Regional (GORE) de Coquimbo que encabezó la entonces militante de la UDI Lucía Pinto- ha hecho noticia principalmente por graves irregularidades. Primero, cuando se supo que el GORE pagó $9 mil millones por terrenos que costaban $485 millones, lo que generó una investigación del Ministerio Público que se conoce como “Papayagate”. Ahora, la noticia que está sacudiendo a los habitantes de la región es la denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII), que calculó en unos $900 millones la pérdida fiscal por un eventual incumplimiento tributario realizado por las mismas empresas inmobiliarias que participaron en la venta de los terrenos.

Este martes 23 de mayo el SII presentó, en el Tribunal de Garantía de La Serena, una querella contra los representantes legales de las seis inmobiliarias que vendieron al GORE, en 2020, los bienes raíces con precios presuntamente abultados. Según anunció el ente tributario, la acción penal se dirige contra los empresarios Lorenzo Iduya y Nicolas Bakulic, además de los hermanos Karim y Manuel Alejandro Daire. Asimismo, el SII se querelló contra el abogado y asesor de los ejecutivos, Gastón Iver. Todos, por el presunto delito de haber ingresado declaraciones tributarias maliciosamente falsas respecto de las sociedades inmobiliarias Guayacán SpA., La Herradura SpA., La Serena SpA., El Faro SpA., Pan de Azúcar SpA. y Cerro Grande SpA.

CIPER tuvo acceso a la querella, donde se detalla el mecanismo utilizado por las empresas para, a juicio del SII, disminuir la base imponible que se generaría al haber enajenado los bienes que le vendió al GORE y que, tanto la Contraloría como el Consejo de Defensa del Estado (CDE), han señalado que lo hizo a un precio muy superior al real: se pagaron $9 mil millones por terrenos avaluados en $485.229.830.

La supuesta venta con sobreprecio es investigada, por designación del ex Fiscal Nacional, Jorge Abbott, por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Y en la causa todavía no hay formalizaciones. En el proceso, que se abrió cuando la Contraloría objetó una serie de contratos entre el gobierno regional y las inmobiliarias, se imputan delitos de fraude al fisco, luego que la gobernación comprara a estas sociedades seis terrenos que en total suman 61.874 metros cuadrados, adquiridos para que la Municipalidad de La Serena levantara allí un centro deportivo.

En la causa que lleva la fiscal Perivancich se investigan los roles de la exintendenta, Lucía Pinto (UDI); del exjefe del Departamento Jurídico del Gobierno Regional, Eduardo Espinoza, y del exadministrador regional, José Cáceres. Según una acción penal que interpuso en julio de 2021 el CDE, todos ellos habrían realizado “múltiples gestiones para concretar, bajo la modalidad de trato directo y por montos cuantiosamente sobrevalorados”, la adquisición de los terrenos. La intendenta Pinto, de hecho, designada por Sebastián Piñera, a raíz de estos hechos renunció al cargo el 26 de septiembre de 2020.

En la querella que presentó esta semana, el SII no alude a la situación de la exintendenta Pinto ni de las otras exautoridades del GORE, sino a las inmobiliarias que vendieron a la gobernación de Coquimbo los terrenos. Según el libelo, estas sociedades diseñaron una “planificación tributaria agresiva”, donde se incluyeron divisiones y modificaciones de una sociedad madre para crear una docena de sociedades “hijas”, provocando distribución de capitales entre estas sociedades nacientes, además de la creación de un Fondo de Inversión Privado (FIP) que buscaba absorber a estas sociedades nuevas. La operación descrita por el SII también consideró la suscripción de un aumento de capital de las sociedades “hijas”. Todo esto, en solo dos meses.

Según el SII, el mencionado aumento de capital fue ficticio, es decir, suscrito y no pagado. Y, a juicio de la autoridad tributaria, el perjuicio fiscal que habría generado esta reorganización asciende a $900 millones, originado por la presentación de declaraciones de impuestos con datos falsos.

El senador Daniel Núñez (PC), quien se hizo parte de la causa como querellante en 2022, señala que espera que haya formalizaciones en este caso: “Lo positivo de la querella que interpuso el Servicio de Impuestos Internos es que, los antecedentes de esa querella emanaron de la investigación penal que desarrolla la fiscalía. Por lo tanto, está habiendo investigación, están habiendo hallazgos. Lo que queremos es que se trabaje con premura para que esos hallazgos permitan tener formalizados. Y es evidente que aquí hay delito. Ya se logró encontrar los delitos tributarios de quienes se vieron beneficiados con la venta de los terrenos para pagar menos impuestos. Un perjuicio de $900 millones es relevante”, dijo.

CIPER se comunicó con Samuel Donoso, abogado de la exintendenta, pero este declinó referirse al tema.

Asimismo, también fue contactado el abogado y asesor de los ejecutivos detrás de las inmobiliarias, Gastón Iver. Según las declaraciones que los empresarios querellados entregaron al Ministerio Público, habría sido el abogado que hoy forma parte de de Asesoría Jurídica Phillips, Iver y Compañía Limitada el responsable del mecanismo tributario que detectó y cuestiona el SII. Sin embargo, tras acordar un día y hora para entregar su versión antes de esta publicación, Iver no contestó los llamados. En una publicación realizada hoy en la versión impresa del diario El Día, Iver sostuvo que la asesoría tributaria que le encargaron se hizo acorde a la ley de 2014: «En esa época estas operaciones eran usuales y de acuerdo a la legislación y dictámenes», fue lo que señaló.

Gobierno Regional de Coquimbo (Fuente: Google Maps)

EL MECANISMO

“En algún momento del primer semestre del año 2014”, dice la querella, “las personas naturales controladoras de las sociedades accionistas de la empresa Inmobiliaria CPS S.A., decidieron llevar a cabo una planificación tributaria fraudulenta, mediante una reorganización empresarial”. Y, según detalla a continuación, este esquema planificado y eventualmente fraudulento se dividió en los siguientes seis pasos:

1) El 29 de julio de 2014, Luis Gastón Iver (el abogado), constituyó seis sociedades con un capital de sólo $500 mil cada una, todas controladas por él. Estas son:

Inmobiliaria Guayacán SpA.

Inmobiliaria La Herradura SpA.

Inmobiliaria La Serena SpA.

Inmobiliaria El Faro SpA.

Inmobiliaria Pan de Azúcar SpA.

Inmobiliaria Cerro Grande SpA.

2) Trece días después de la constitución de estas sociedades, el 11 de agosto de 2014, Inmobiliaria CPS se dividió en 12 sociedades y disminuyó su capital, entregando terrenos a seis de estas. Esos predios habían sido adquiridos en octubre de 2010 por Inmobiliaria CPS en $485 millones. Las seis sociedades son:

Rentas Inmobiliarias Lote G.S.A.

Rentas Inmobiliarias Lote Quince S.A.

Rentas Inmobiliarias Lote Dieciséis S.A.

Rentas Inmobiliarias Lote Diecisiete S.A.

Rentas Inmobiliarias Lote Setenta y Nueve S.A.

Rentas Inmobiliarias Lote Ochenta S.A.

3) Diez días más tarde de la división, se constituyó el Fondo de Inversión Privado (FIP) Cuatro Amigos, cuyo único socio es el abogado Gastón Iver, mientras que los querellados Iduya y Bakulic, junto a los hermanos Karim y Manuel Daire, eran sus representantes legales. ¿El capital del FIP? $481.757.000.

4) Al cabo de seis días, el 27 de agosto de 2014, Iduya, Bakulic, Karim y Manuel Daire, a través de otras empresas que también eran accionistas de Inmobiliaria CPS, compraron a Gastón Iver las seis inmobiliarias mencionadas en el paso número 1, es decir, con las que el abogado comenzó la operación. Hasta ese momento estas sociedades no tenían cuantiosos activos. Cada uno de los querellados se quedó con el 25% de las siguientes inmobiliarias compradas:

Inmobiliaria Guayacán SpA.

Inmobiliaria La Herradura SpA.

Inmobiliaria La Serena SpA.

Inmobiliaria El Faro SpA.

Inmobiliaria Pan de Azúcar SpA.

Inmobiliaria Cerro Grande SpA.

5) Con fecha 5 de septiembre de 2014, el FIP Cuatro Amigos, que seguía siendo de propiedad del abogado Iver, suscribió un aumento millonario de capital de las seis sociedades nacidas por la división de CPS y que habían recibido terrenos. El FIP, que había informado que constituyó con $481 millones, apareció aportando $3.610 millones a estas seis sociedades. “Se pudo constatar que no existió flujo efectivo de dinero, sino, que solo se trató de capital suscrito y no pagado”, dice la querella.

6) Iduya, Bakulic y los hermanos Daire, el 25 de septiembre de 2014, a través de las inmobiliarias que compraron al abogado y que iniciaron esta operación, pasaron a controlar el FIP Cuatro amigos, además de las sociedades hijas de Inmobiliaria CPS que poseían los terrenos y otras de los cuatro socios. El SII subraya que esta maniobra significó un monto de $4.112 millones, pero que no se pagaron en el acto, sino que se consignaron “por pagar”. El servicio señala que la fusión sería eventualmente “impropia”, permitiendo -dice su querella- “disminuir maliciosamente la base imponible del Impuesto de Primera Categoría”.

LAS DECLARACIONES

Entre los días 13 de septiembre y 23 de noviembre de 2022, los cuatro representantes legales querellados por el SII, Nicolás Bakulic, Manuel Daire, Karim Daire y Lorenzo Iduya, prestaron declaraciones ante la Fiscalía Regional de Valparaíso.

En la querella se exponen extractos de estas declaraciones, en las que cada uno de los socios, con mayor o menor detalle, intentan transferir la responsabilidad sobre los movimientos tributarios a su abogado asesor, Gastón Iver. Por ejemplo, Lorenzo Iduya señaló que se trata de un abogado “en quien confié” y al que pidió una asesoría “en regla”, asegurando incluso que no se acordaba de haber firmado un aumento de capital.

– ¿Por qué si el costo de adquisición de los inmuebles fue por la suma de $485.229.830 se imputó un costo total por la suma de $3.881.162.782?- le preguntó la fiscalía a cada socio.

Bakulic y Karim Daire respondieron que no se acordaban en cuánto se compró el terreno ni cómo se llegó a esa cifra, mientras que Manuel Daire dijo que se declaraba “incompetente en los aspectos tributarios. Se hicieron una serie de operaciones societarias por parte del asesor (Gastón) Iver”.

Sólo Iduya intentó dar una justificación respecto a los casi $3.400 millones aumentados: “Esto se explica por lo que ya les comenté anteriormente; cuando se compró el terreno, como este no contaba con factibilidad sanitaria ni eléctrica, tenía un valor determinado. Cuando se vende esto, ha cambiado, en atención a las mejoras realizadas, como, por ejemplo, el viaducto, la avenida central de cuatro carriles, la factibilidad para todo el terreno de agua, luz y alcantarillado…”.

Respecto al aumento de capital de las sociedades en más de $3.600 millones, dijeron:

– “Tampoco lo sé o no lo recuerdo” (Bakulic).

– “No lo sé. Sería mejor preguntarle a Gastón Iver” (Manuel Daire).

– “Tampoco lo sé” (Karim Daire).

Iduya se extendió al respecto, pero también apuntó a Iver: “Eso es entrar al área chica y yo en todas las empresas que manejo no voy al área chica”, dijo. “Derivé el encargo de dividir las 54 hectáreas a un abogado que sabe lo que hace. A su pregunta, el encargo que se le hizo a Iver, de dividir las 54 hectáreas, entiendo y espero que se haya hecho en regla, todo en regla, todo legal. Yo no sé si esto que me consulta del Fondo de Inversión Privado y el aumento de capital, tiene que ver con ese encargo de dividir las 54 hectáreas que se le hizo a Gastón Iver. A su pregunta, ignoro si estos aumentos de capital fueron documentados”, puntualizó.

Luego Iduya negó haber sabido de un aumento de capital: “Yo encargué los servicios a un abogado que debe hacer su pega y en quién confié. A su pregunta, no me consta que se le haya pedido a Iver un informe de cumplimiento de sus servicios; yo no estoy al tanto de la documentación de respaldo de los trámites encargados a él; sé que están hechas las divisiones, pero desconozco otro tipo de antecedente que dé cuenta del trabajo realizado. A su pregunta, no recuerdo haber enterado esos aportes para aumento de capital, a mí nadie me ha pedido $3.000 millones verbalmente, en ese caso lo recordaría, sin perjuicio de lo que pude haber firmado”.

(*) Los antecedentes expuestos en este artículo corresponden a un proceso judicial en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.