Postergar la meta de eficiencia de los autos nuevos: un costo que pagarían las familias
18.11.2026
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18.11.2026
El autor de esta columna sostiene que los argumentos de la industria automotriz para aplazar la norma no resisten los datos: el cambio en la forma de medir el rendimiento afectó menos de lo previsto y casi la mitad de los importadores ya cumple la meta de 2027. Concluye que «no estamos frente a una exigencia inesperada, sino ante un compromiso para el cual ha tenido tiempo suficiente de prepararse».
Imagen de portada: Francisco Flores / Agencia Uno
¿Quién no ha visto impactado su bolsillo por el alza de la bencina? Probablemente todo el país, y es que según el Banco Central, uno de los principales motivos que golpea la economía de los chilenos, generando incluso una recesión técnica en el país, es el alza de los combustibles, la cual se congeló hasta abril con un proyecto de ley luego del paro de los camioneros.
En este contexto de emergencia, lo que más deberíamos estar pensando es cómo poder llenar el tanque sin gastar tanta plata. La solución es clara y está a la mano: tener vehículos que rindan más, es decir, continuar con la segunda fase del estándar de eficiencia vehicular, que comienza a regir en enero. Esto exige a los importadores que entre todas las ventas del año alcancen un rendimiento vehicular promedio de 22,8 km/lge. Un estándar que permitiría, a quienes quieran comprar nuevos vehículos, andar en autos modernos, recorriendo más kilómetros y gastando menos plata.
Hagamos el cálculo matemático: Con el recorrido promedio anual en Chile, uno de los vehículos más vendidos que rinde 12 km/lt gasta al año cerca de $2.300.000 en gasolina. Mientras que por otro lado, un vehículo que cumpla con el nuevo estándar gastaría al año cerca de $1.200.000 en gasolina. Prácticamente un ahorro cercano al 50%. Considerando un uso de 10 años, ese ahorro alcanza los $11 millones de pesos, bajo el caso hipotético de un precio de la gasolina congelado (sabemos que no es así, por lo que el ahorro sería mayor aún). Un auto no es necesariamente más barato por tener un menor precio de venta. Lo que realmente importa para el bolsillo de las familias es cuánto terminarán pagando por comprarlo y utilizarlo durante toda su vida útil.
El beneficio económico para los conductores es innegable, sobre todo en el contexto actual, en que la bencina no ha parado de subir. Esta visión fue la que tuvo el Gobierno de Piñera II en 2021, que con un acuerdo transversal de los sectores políticos, promulgó esta ley de eficiencia energética que definió plazos y fases para que la industria tuviese el tiempo suficiente para importar vehículos rendidores con tecnología que otros países ya gozaban.
Las marcas no venden la misma oferta en todos los países. Donde las reglas son exigentes, llevan sus versiones más eficientes; donde son laxas, siguen vendiendo motores más antiguos y gastadores. Desde que rige el estándar en Chile, los modelos a combustión que salieron del mercado eran justamente los menos rendidores. La industria conoce estas reglas desde hace años, por lo que no estamos frente a una exigencia inesperada, sino ante un compromiso para el cual ha tenido tiempo suficiente de prepararse.
Pese a los claros beneficios, la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) junto a gremios fabricantes de vehículos de Japón, Argentina y Brasil; le han pedido al Ministerio de Energía postergar, por dos años, esta segunda fase del estándar. Esta presión de la industria automotriz busca modificar una normativa cuyos plazos se conocen desde hace años, privilegiando los intereses de quienes solicitan más tiempo por sobre el ahorro que podrían obtener las familias chilenas. Uno de los argumentos centrales de ANAC es que el nuevo ciclo de medición WLTC –obligatorio desde 2025– es más exigente, lo que, para ellos, los aleja de alcanzar la meta fijada. La razón de esta nueva medición es acercarse de manera más realista al rendimiento de los autos, y no al teórico que definen los fabricantes.
Sin embargo, los datos oficiales del Ministerio de Energía contradicen ese argumento de ANAC. Cuando se fijó la norma en 2022, el Gobierno y expertos proyectaron los impactos del nuevo ciclo de medición incorporando un margen para considerar sus efectos. Con ello incluido se fijó la meta de la fase dos en 22,8 km/lge. Aún así, en la práctica, el impacto fue mucho menor de lo previsto: el informe técnico más reciente midió que el cambio de ciclo redujo las mediciones en apenas un 2,4%. Si el impacto fue menor al previsto, ¿por qué ANAC insiste en utilizar este argumento para solicitar una nueva postergación?
La industria también argumenta que adaptarse encarecerá los autos. ANAC le planteó al Ministerio de Energía alzas de hasta US$5.000 por vehículo. El ajuste de precio que proyectan los organismos técnicos es de apenas 2,3%. Por otro lado, considerando el ahorro y alzas de combustible, el beneficio llegaría a ser de US$15.000, es decir, 3 veces más del costo que advierte ANAC. Esto sin considerar que si se continúa con el estándar, los vehículos vendidos en esta nueva fase pagarían en promedio un menor impuesto verde.
Un tercer argumento de ANAC es que varios modelos de auto dejarían de venderse en Chile. Una advertencia que genera temor entre los consumidores, pero que omite algo fundamental: la normativa no prohíbe vender vehículos menos eficientes. La ley en ningún artículo establece la prohibición de importar vehículos con menor rendimiento. De hecho, pueden seguir en el mercado siempre y cuando pongan a disposición modelos más eficientes y que en promedio las ventas alcancen al nuevo estándar. Lo que busca la ley es entregarle al conductor una mayor libertad de elección, exigiendo a la industria mayor rendimiento con una mayor variedad de modelos vehiculares a la actual.
Ahora, ¿es toda la industria automotriz? No. En 2026 ya 11 de las 23 marcas que venden autos en Chile superan la exigencia de 2027, pero son tres marcas las que, junto a ANAC, buscan retrasar la fase dos. ¿Por qué les importa tanto nuestro país? Porque Chile es el cuarto mayor mercado vehicular de Latinoamérica, y el principal mercado si consideramos sólo países que importan la totalidad de vehículos.
Cada auto a combustión que se vende hoy seguirá circulando entre 15 y 20 años, por lo que postergar la norma no es una decisión neutral. Esto implica que miles de hogares pagarán ese sobrecosto en bencina hasta el 2040. Mientras algunas marcas ganan dos años más para seguir vendiendo autos poco eficientes, las familias podrían terminar pagando durante más de una década el costo de esa postergación.
Si el lobby de ANAC y gremios extranjeros logran su objetivo, Chile seguirá quedando atrás, no tan solo en crecimiento económico, sino también en el ahorro de bencina. Un costo que sería trasladado a las familias porque algunas pocas marcas decidieron no traer a Chile la tecnología que ya tienen en las calles de otros países.
Lo que necesitamos es que el Gobierno y el Ministerio de Energía, no solo piensen en una nueva ley que modere el alza de combustibles, sino que resuelva el problema de raíz y siga avanzando hacia la meta de 2027 para tener la libertad de escoger vehículos rendidores con una mayor variedad de modelos.