Niñez, desalojos, periodismo y justicia laboral: el balance del Informe Anual sobre Derechos Humanos 2026 de la UDP
15.11.2026
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15.11.2026
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presenta este martes 17 de noviembre la 24ª edición de su informe anual, que revisa cómo ha respondido el Estado a sus obligaciones en derechos humanos durante el cambio de gobierno. CIPER publica en exclusiva uno de sus ocho capítulos. En él, los académicos Pablo Salinas y Claudio Fuentes muestran que la justicia laboral está lejos de los plazos que fija la ley y advierten que esa demora pone a Chile en riesgo de incumplir sus compromisos internacionales.
Imagen de portada: el informe está en su versión 24 (David von Blohn / Agencia Uno)
El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP) lanzará este martes 17 de noviembre su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2026, que llega a su edición número 24. Esta versión cubre el paso entre los gobiernos de Gabriel Boric y José Antonio Kast y analiza si las medidas del Estado cumplen con sus obligaciones en la materia. Además de los temas del título, sus ocho capítulos revisan la autonomía de los organismos de derechos humanos, la situación educativa, la salud de las personas trans y de género diverso, y la atención de salud a las víctimas del estallido social. La presentación será a las 12:00 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UDP. Comentarán el informe la excandidata presidencial Evelyn Matthei; el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic; la periodista Mónica Pérez; el director de CIPER, Pedro Ramírez, y Marcela Zúñiga, editora general del informe.
Como adelanto, CIPER publica el capítulo «Radiografía a la justicia laboral chilena desde los derechos humanos: ¿más vale tarde que nunca? ¿Hasta cuándo?». Sus autores son los profesores de Derecho Procesal de la UDP Pablo Salinas Ibarra y Claudio Fuentes Maureira. Los autores cruzaron los registros públicos del Poder Judicial y comprobaron que la promesa de la reforma procesal laboral, que era resolver un conflicto en menos de 90 días, no se cumple. Entre 2023 y 2025, una causa laboral tardó en promedio 227 días entre la demanda y el cierre. Cuando la causa terminó en sentencia, el promedio subió a 338 días. Solo el 4,8% de las causas tuvo su audiencia preparatoria dentro de los 35 días que exige la ley. El caso más grave es el de la tutela laboral, el procedimiento pensado como vía urgente para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores: es el más lento de todos, y cuatro de cada diez tutelas falladas demoran más de un año.
El capítulo explica que el problema de fondo es un desequilibrio entre la cantidad de causas y la capacidad de los tribunales. En 2009 ingresaron 26.461 causas laborales y en 2025 fueron 112.083, sin que el número de tribunales creciera al mismo ritmo. Los autores reconocen que la Ley 21.839, que crea un tercer juzgado del trabajo en Santiago y suma jueces en Antofagasta, Concepción y Punta Arenas, es un avance. Pero advierten que no incluye ningún plan para poner al día las causas que ya están atrasadas.
Lee aquí el capítulo «Radiografía a la justicia laboral chilena desde los derechos humanos: ¿más vale tarde que nunca? ¿Hasta cuándo?».