El autor de esta columna advierte que el proyecto que castiga las denuncias falsas en causas de familia y delitos sexuales avanza sin datos que midan el fenómeno. Plantea que hay que distinguir entre una denuncia fabricada y una sospecha que no se pudo probar, y que el artículo 211 del Código Penal ya sanciona la denuncia maliciosamente falsa. Concluye que “el deber de denunciar no puede convertirse en una obligación de asegurar una condena. Proteger a la infancia exige que comunicar una sospecha fundada sea una vía segura para activar ayuda, no una nueva razón para guardar silencio”.

Imagen de portada: Pablo Ovalle / Agencia Uno

En el Senado se tramita, desde mediados de año, un proyecto que crea un nuevo delito de denuncia o querella falsa, con penas de hasta cinco años de presidio y agravación cuando los hechos se refieren a delitos sexuales o se formulan en sede de familia. Una moción equivalente avanza en la Cámara, respaldada por agrupaciones de afectados y por figuras públicas que se presentan como víctimas de acusaciones infundadas. A la vez, en redes sociales y en la discusión de los tribunales de familia, la controversia se ha vuelto cotidiana, sobre todo cuando se invoca un presunto abuso del padre hacia los hijos en medio de disputas por el cuidado personal o por el régimen de relación directa y regular.

El debate se ha instalado, pero mal planteado. Unos sostienen que estas denuncias instrumentales son frecuentes y que el sistema las premia; otros advierten que penalizar al denunciante criminalizará a las víctimas y agravará la cifra oscura, ya elevada, de abusos que nunca se denuncian. Ambas posiciones comparten un mismo defecto: afirman una magnitud que nadie ha medido. No es un reparo menor. El 5 de octubre de este año, la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género del Senado, el órgano técnico llamado a pronunciarse sobre la materia, rechazó la idea de legislar; y, pese a ese informe desfavorable, el proyecto continuó su curso hacia la Comisión de Constitución. Allí su propia autora ingresó una indicación para exigir dolo directo, de modo que solo se sancione a quien conoce la falsedad de la denuncia, y admitió que no existen datos que permitan dimensionar con exactitud el fenómeno. Legislar penas en su grado máximo sobre una frecuencia desconocida es, cuando menos, prematuro.

Conviene entonces desplazar la pregunta. El punto no es decidir por adhesión ideológica si las falsas denuncias son muchas o pocas, sino asumir que existen y producir el conocimiento que permita dimensionarlas con precisión. Esa es una cuestión técnica antes que política, y es ahí donde la psicología jurídica y forense tiene algo que decir.

La discusión chilena reproduce, con retraso, una tensión que recorre los sistemas de justicia de familia en todo el mundo, y lo hace además en una dirección que sus promotores no siempre advierten. Durante las últimas dos décadas, el eje del debate internacional no ha sido la expansión de los castigos al denunciante, sino la crítica al uso del llamado síndrome de alienación parental como estrategia para desacreditar denuncias de abuso. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, en su informe de 2023 sobre custodia y violencia, documentó que ese constructo, acuñado por Richard Gardner y nunca reconocido por la Organización Mundial de la Salud, se emplea de manera transversal para reinterpretar las denuncias de madres protectoras como manipulación del vínculo, con la consecuencia de minimizar abusos efectivamente ocurridos.

La evidencia empírica en esa línea es considerable. Estudios sobre miles de sentencias de custodia en los Estados Unidos muestran que, cuando el padre denunciado contraataca alegando alienación, las denuncias de abuso sexual de la madre son creídas por los tribunales en una fracción muy menor de los casos. España es, hasta ahora, la única jurisdicción que ha proscrito expresamente la alienación parental como pseudociencia en su legislación de familia. El movimiento legislativo internacional dominante, por tanto, apunta en sentido inverso al que hoy se propone en Chile: no a penalizar a quien denuncia, sino a impedir que una teoría sin respaldo científico sea usada para enterrar denuncias verdaderas.

Reconocer esto no obliga a negar el fenómeno contrario. La misma literatura científica que denuncia el abuso del concepto de alienación admite que las denuncias deliberadamente fabricadas existen y causan daño. El problema chileno, entonces, no se resuelve importando el activismo de ninguno de los dos bandos, sino construyendo la capacidad técnica de distinguir, caso a caso, lo acreditado de lo no acreditado y lo falso de lo simplemente no probado.

Esa capacidad de distinguir es, precisamente, el núcleo del problema, y conviene abordarlo con el máximo rigor en ambas direcciones. Porque el abuso sexual infantil constituye una de las formas más graves de vulneración de derechos, el sistema debe tratarlo con seriedad tanto en la investigación de los hechos como en la producción y valoración de la prueba. Reconocer que existen denuncias falsas no relativiza esa gravedad: la supone.

Una controversia reciente en Rosario, Argentina, ilustra la necesidad de ese rigor en ambas direcciones. Tres psicólogas fueron denunciadas por la presunta elaboración de informes falsos en causas de abuso sexual infantil. Sin embargo, el 5 de octubre de 2026 la Fiscalía archivó la causa al concluir que no se habían reunido elementos serios y verosímiles para sostener que las profesionales hubieran distorsionado deliberadamente la información. Las fiscales fueron claras: no estar de acuerdo con el contenido de un informe no lo convierte en falso, y tratar un desacuerdo profesional o un diagnóstico equivocado como si fuera un delito afectaría el principio de legalidad; la eventual mala praxis, precisaron, corresponde al Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos, no a la justicia penal. No corresponde, por tanto, presentar ese caso como una fabricación acreditada de informes, así como tampoco el archivo permite, por sí solo, certificar la corrección científica de cada evaluación realizada.

El episodio deja una lección de mayor alcance. La crítica metodológica de una pericia es indispensable; convertir una discrepancia técnica, una absolución o un archivo en prueba automática de engaño resulta tan improcedente como utilizar un informe insuficientemente fundamentado para dar por acreditada una agresión. La producción defectuosa o sesgada de conocimiento experto puede conferir apariencia de validación institucional a hipótesis todavía no corroboradas. Y la acusación de que esa producción fue deliberadamente falsa exige, a su vez, evidencia específica. Allí el problema no es solo de mala praxis: es un problema de epistemología judicial.

Una de las mayores dificultades reside en la confusión entre categorías distintas. No toda denuncia que termina sin condena es falsa; no toda absolución prueba una invención; no toda insuficiencia probatoria implica mendacidad. Conviene diferenciar, al menos, las denuncias acreditadas, aquellas que no pudieron acreditarse y aquellas respecto de las cuales existen elementos para sostener que los hechos denunciados no ocurrieron. Dentro de esta última categoría debe distinguirse, además, entre la denuncia intencionalmente fabricada y la sospecha errónea expresada de buena fe. La sugestión, la contaminación del recuerdo o la sobreinterpretación de conductas pueden contribuir a una imputación equivocada, pero no prueban, por sí mismas, que quien denunció haya mentido deliberadamente ni que el hecho denunciado necesariamente no haya ocurrido.

La investigación empírica respalda la necesidad de estas distinciones. Una revisión de alcance publicada en abril de 2026 por Schemmel y colaboradores, que examinó 47 estudios sobre alegaciones de abuso sexual infantil en procedimientos de custodia, visitas y protección, halló una prevalencia media de estas alegaciones cercana al nueve por ciento y una tasa de corroboración en torno al 43%. Su conclusión es la más relevante para este debate: las denuncias deliberadamente fabricadas resultan infrecuentes, y la mayoría de las que no logran acreditarse nacen de preocupaciones genuinas, aunque equivocadas. No se trata de cifras universales ni trasladables sin más a Chile, pero sí de evidencia convergente: las denuncias intencionalmente falsas existen y deben diferenciarse de la categoría, mucho más amplia, de las denuncias no corroboradas. Confundir ambas magnitudes distorsiona el debate y conduce a respuestas institucionales mal orientadas.

En un capítulo publicado en 2018, junto con Josefa Porter Ekdahl y Ana Federica Pinter, titulado «Factores asociados a falsas denuncias en causas de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes», examinamos carpetas investigativas de una fiscalía local metropolitana. En nueve de los casos estudiados, de varios cientos, fue posible formular fundadamente la hipótesis de una denuncia falsa. El propósito de ese trabajo no fue estimar la prevalencia del fenómeno en el sistema penal chileno, sino explorar circunstancias y mecanismos que podían intervenir en la construcción de imputaciones erróneas o deliberadamente engañosas.

Entre los factores examinados figuraban la intervención de profesionales que atribuían significación sexual a indicadores inespecíficos sin sustento empírico suficiente; el temor de algunos adolescentes a castigos o represalias; la sobreinterpretación de conductas ambiguas en contextos de alta conflictividad parental; la extensión de una sospecha a partir de otro caso cercano sin evidencia independiente; y la inducción o contaminación del relato mediante entrevistas cerradas, sugestivas o confirmatorias. En determinadas situaciones, además, la denuncia surgía de interpretaciones formuladas por adultos y no de una revelación directa del niño, niña o adolescente. Reconocer esos mecanismos no implica concluir que toda denuncia surgida en un conflicto familiar sea falsa: obliga, precisamente, a examinar cada hipótesis con cautela.

Reconocer esta posibilidad no significa minimizar el abuso sexual infantil ni adherir a una agenda de sospecha indiscriminada. Significa aceptar que el conocimiento judicial se construye con información frecuentemente fragmentaria, elevada presión emocional, intereses contrapuestos y una intensa dependencia del saber experto. El deber institucional no consiste en confirmar el relato que resulte más persuasivo a primera vista, sino en producir decisiones mediante procedimientos controlables, racionalidad probatoria y prudencia inferencial.

Lo decisivo tampoco es desconocer la función protectora de las medidas cautelares. Frente a antecedentes de riesgo, puede ser indispensable intervenir antes de que los hechos estén plenamente esclarecidos. Pero la urgencia protectora no equivale a una declaración de culpabilidad: las restricciones al contacto familiar deben estar motivadas, ser proporcionales y someterse a revisión oportuna. Un sistema serio ha de proteger frente al riesgo sin transformar automáticamente una imputación todavía no acreditada en una verdad judicial definitiva.

Ante un relato o una sospecha de abuso, el profesional no debe actuar como creyente ni como negacionista, sino como analista. Debe considerar la hipótesis de ocurrencia de los hechos y explorar explicaciones alternativas, entre ellas la sugestión, el error y el engaño, atendiendo a las características específicas del caso. No se trata de asignar probabilidades arbitrarias a cada explicación, sino de impedir que una sola hipótesis se imponga por sesgo de confirmación, presión moral o comodidad narrativa.

Por eso, si queremos proteger efectivamente a niños, niñas y adolescentes y, al mismo tiempo, resguardar la legitimidad de la justicia, necesitamos estándares institucionales robustos: registro íntegro y técnicamente adecuado de las entrevistas y evaluaciones cuando corresponda; explicitación y contraste de hipótesis alternativas; límites claros a las conclusiones categóricas sobre la ocurrencia de hechos basadas exclusivamente en inferencias de terceros; y formación especializada, supervisión y evaluación de calidad de quienes intervienen. Estas exigencias no deben confundirse con la necesidad de adoptar medidas urgentes de protección sobre la base de un riesgo razonablemente fundamentado.

La energía legislativa debería dirigirse a mejorar la recepción de los relatos, reducir trámites, asegurar acompañamiento y garantizar investigaciones, evaluaciones y peritajes oportunos y rigurosos. También a coordinar las instituciones y evitar que los niños deban repetir innecesariamente experiencias dolorosas.

Las denuncias deliberadamente falsas causan daño y deben tener consecuencias, y tenemos herramientas legales para enfrentarlas; solo tenemos que hacerlas efectivas. El artículo 211 del Código Penal ya sanciona la denuncia maliciosamente falsa. Corresponde evaluar y perfeccionar esa herramienta, junto con las vías civiles de reparación de perjuicios, incluido el daño moral cuando proceda, sin convertir la falta de prueba en una presunción de mentira.

Quienes trabajamos con infancia debemos responder por la honestidad, el rigor y los límites de nuestro trabajo. Pero no podemos garantizar el resultado de una investigación judicial. El deber de denunciar no puede convertirse en una obligación de asegurar una condena. Proteger a la infancia exige que comunicar una sospecha fundada sea una vía segura para activar ayuda, no una nueva razón para guardar silencio.