¿A quién protege la Ley 20.009 cuando un banco suspende la restitución de nuestros ahorros?
13.11.2026
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13.11.2026
Señor director:
Quiero plantear una pregunta que dejó de ser abstracta para mí: ¿a quién protege realmente la legislación sobre fraudes bancarios?
Mantenía mis ahorros en la Cuenta Vista Más de Banco Consorcio, atraída por los intereses que pagaba y la posibilidad de disponer del dinero. No era una cuenta de uso cotidiano.
Entre las 23:30 del 1 de agosto y las 02:12 del 2 de agosto de 2026, mientras dormía, se realizaron once operaciones que desconozco, entre transferencias, compras y pagos, por $5.586.733. Una de ellas fue un pago de $2.166.489 a la Tesorería General de la República. También recibí una notificación de desbloqueo de mi tarjeta de débito, procedimiento que nunca solicité ni autoricé.
El banco restituyó $924.244. Respecto de los $4.662.489 restantes, me informó el 17 de agosto que suspendería su restitución, invocando el artículo 5 ter, letra h), de la Ley 20.009, relativo a la autenticación reforzada, y que solicitaría autorización judicial para mantener la suspensión. A la fecha, no he sido notificada de una resolución que establezca mi responsabilidad.
Aquí está la tensión que me inquieta: el artículo 4 de esa ley dispone que corresponde al banco probar que una operación desconocida fue autorizada por el usuario, y que su solo registro no basta necesariamente para demostrarlo. Sin embargo, mientras se esclarece qué ocurrió, sigo sin disponer de mis ahorros.
¿De qué sirve reconocer legalmente esa protección si una persona puede pasar meses sin su dinero y sin una explicación de cómo se autorizó su utilización? ¿Qué significa que una operación haya superado controles tecnológicos si el titular niega haberla consentido? Si el banco invoca autenticación reforzada, ¿no debería informar qué factores se utilizaron y qué registros respaldan esa conclusión? ¿Se empleó algún factor biométrico y, en tal caso, qué evidencia técnica existe?
Presenté una denuncia ante Fiscalía y un reclamo ante la Comisión para el Mercado Financiero. Tengo comprobantes de cinco transferencias a cuentas receptoras identificadas y de un pago a Tesorería. Dos meses después de denunciar, la fiscalía me solicitó antecedentes adicionales. Sigo sin saber qué controles aplicó el banco, qué alertas se generaron y si se ha reconstruido el destino de los fondos. Si parte de mi dinero llegó a la Tesorería, ¿no es posible identificar a qué obligación se imputó el pago y a nombre de quién?
No sostengo que el banco carezca del derecho a acudir a tribunales ni anticipo el resultado de una investigación. Cuestiono que una herramienta legal destinada a regular la responsabilidad frente al fraude pueda traducirse, para quien denuncia operaciones desconocidas, en meses de incertidumbre y una pérdida económica que debe soportar mientras espera respuestas.
Deposité mi dinero en un banco para resguardarlo, no para verme obligada a demostrar que no fui yo quien lo utilizó de madrugada. La protección financiera no puede reducirse a que una transacción figure como autenticada: también debe existir una vía efectiva, transparente y oportuna para esclarecer lo sucedido.