El gobierno alcanzó este jueves un acuerdo con la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y la Confederación de Camioneros Centro-Sur de Chile para poner fin al paro que en los últimos días bloqueó rutas en distintas zonas del país. El anuncio lo hizo el ministro del Interior, Claudio Alvarado, junto al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, y dirigentes de ambas organizaciones. Alvarado dijo esperar que las carreteras comiencen a despejarse.

El acuerdo revierte el alza de los combustibles que debía regir este jueves, de $39 por litro en las bencinas y $42 en el diésel, mediante el proyecto de ley ingresado hoy a la Cámara de Diputados, que el gobierno espera despachar el próximo martes. A eso se suma una rebaja adicional de $100 por litro de diésel, con lo que la baja total llega a $142, y la suspensión de nuevas alzas hasta el 31 de marzo de 2027. Si los precios internacionales bajan en ese período, la rebaja se traspasará a los consumidores.

Además, la devolución del impuesto específico al diésel para el transporte de carga, que venía en diciembre de este año, se extenderá hasta diciembre de 2027 con porcentajes más altos según facturación: 90% para las empresas con ingresos de hasta 6.000 UF, 65% hasta unas 20.000 UF y 50% para las más grandes. El reintegro de peajes para el transporte interurbano de pasajeros subirá de 35% a 70%, y se creará una mesa de trabajo para el resto de las demandas. Quiroz cifró el costo fiscal del acuerdo en unos US$500 millones, la mayor parte en 2027, y aseguró que no altera las metas de consolidación fiscal. Esto, pese a que el informe financiero del proyecto que se ingresó al Parlamento calculaba que eran cerca de US$550 millones, sin considerar las nuevas medidas acordadas hoy.

Tras el acuerdo, el ministro Alvarado encabeza el punto de prensa junto con el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, además de dirigentes de los camioneros movilizados (Créditos: Sebastián Beltrán / Agencia Uno)

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, presentó este jueves el Informe Anual 2026 de la institución durante su Cuenta Pública. Según informó Emol, el documento advierte que al cierre de 2025 había 180.765 medidas de protección vigentes, de acuerdo a datos del Poder Judicial, y más de 41 mil niños, niñas y adolescentes en listas de espera para ingresar a programas de protección. Quesille señaló que uno de los principales desafíos es que el sistema “tenga la capacidad de responder a tiempo”

El informe también detectó problemas en el cuidado alternativo y la representación jurídica. En marzo de 2026, 649 niños de entre 0 y 3 años estaban en residencias de protección, aunque los estándares de derechos humanos establecen que en los primeros años de vida debe priorizarse el cuidado en un entorno familiar. En el programa “La Niñez y Adolescencia se Defienden”, las cifras proyectadas para 2025 muestran un promedio de 428 casos por abogado, cuando el límite técnico es 150, y de 1.653 casos por trabajador social.

La Defensoría hizo recomendaciones a varias instituciones. Al Ministerio de Desarrollo Social y al Servicio Nacional de Protección Especializada les pidió revisar el modelo de financiamiento de las familias de acogida y reforzar la supervisión. Al Ministerio de Justicia le recomendó fortalecer los equipos profesionales e incorporar psicólogos permanentes, y a la Dipres, revisar el financiamiento del programa. Entre julio de 2025 y junio de 2026, el organismo recibió 2.958 requerimientos y presentó 37 querellas, un 36% más que en el período anterior.

El informe se conoce mientras se discute el Presupuesto 2027. En su análisis, la Defensoría identificó disminuciones en 102 de las 197 asignaciones presupuestarias revisadas que están destinadas a niños, niñas y adolescentes, algunas de ellas vinculadas al cuidado alternativo.

La Defensoría de la Niñez entregó este jueves su cuenta pública (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)

La Contraloría General de la República detectó que el 49% de los sitios de disposición final de residuos domiciliarios del país no tiene autorización sanitaria vigente, lo que podría generar riesgos ambientales, sanitarios y financieros. La mayoría son vertederos y basurales operados por municipios o de gestión mixta. El hallazgo forma parte del Consolidado de Información Circularizada N° 28, que revisó datos de 2022 a 2025 de las 345 municipalidades del país.

El informe identificó ocho vertederos con su vida útil vencida entre 2003 y 2015, y constató que 12 sitios reciben la basura del 59% de las comunas y el 64% de las toneladas generadas en el país. Entre ellos figuran el vertedero Morrompulli, que recibe los residuos de toda la Región de Los Ríos, y el de Curaco, en Osorno, al que le queda un año de vida útil estimada. Además, 11 regiones no tienen un Plan Regional de Gestión de Residuos vigente, y el 82% de los municipios no reportó, en al menos uno de los períodos entre 2022 y 2024, datos sobre recolección, valorización o eliminación de residuos.

Ante estos resultados, la Contraloría anunció una fiscalización nacional sobre el manejo de residuos domiciliarios, que revisará la infraestructura, la calidad de la información reportada y el cumplimiento de la normativa. También oficiará a las Seremi de Salud y a la Superintendencia del Medio Ambiente para que informen sus planes de fiscalización para 2026 y 2027.

Imagen referencial (Créditos: Pablo Ovalle / Agencia Uno)

La Agencia de Calidad de la Educación terminó este jueves el calendario regular de aplicación del Simce 2026, en el que participaron cerca de 800 mil estudiantes de 4° básico, 6° básico y II medio. La cobertura llegó al 99,38% de los establecimientos en 6° básico y al 99,14% en 4° básico. Para II medio se proyecta una rendición superior al 99,69%, cifra que se confirmará cuando se consolide el cierre de la última jornada.

La aplicación partió el 28 y 29 de octubre con 6° básico, siguió el 4 y 5 de noviembre con 4° básico y terminó el 11 y 12 de noviembre con II medio. Se desplegaron unos 14 mil examinadores en todo el país.

Según la Agencia, en las últimas jornadas el proceso tuvo que enfrentar condiciones climáticas adversas, dificultades de transporte, convocatorias a paralizaciones y movilizaciones estudiantiles en algunos establecimientos. Para eso, adelantó el traslado de materiales, identificó rutas alternativas, reforzó la convocatoria de examinadores y coordinó medidas de seguridad con Carabineros y la Armada. Los establecimientos que no pudieron rendir por razones justificadas tendrán sesiones complementarias.

La aplicación de este año contrasta con la de 2025. En octubre de ese año, la falta de examinadores obligó a suspender el Simce de 8° básico en varios colegios de la Región Metropolitana; la Agencia culpó al proveedor externo INFER y anunció sanciones, y el Ministerio de Educación instruyó una investigación sumaria.

Cerca de 800 mil estudiantes rindieron el Simce (Créditos: Diego Martin / Agencia Uno)