Las autoras de esta columna cuestionan que el Museo de Historia Natural de Basilea haya iniciado la restitución de tres ancestros kawésqar a través de una fundación privada que no representa al conjunto del pueblo. Cuestionan los criterios con los que el Museo seleccionó a sus interlocutores y atribuyó autoridad para decidir sobre derechos colectivos, mientras otras comunidades permanecieron al margen del proceso. Advierten que restituir antepasados  sin reconocer la autoridad indígena prolonga la relación colonial que se dice reparar. Concluyen que “las comunidades indígenas tienen derecho a intervenir desde las primeras investigaciones y negociaciones, mantener su autonomía y decidir sobre la recepción, las ceremonias, la custodia, el lugar de descanso y el cuidado futuro de sus ancestros”.

Imagen de portada: foto referencial gentileza de las autoras

El Museo de Historia Natural de Basilea (Suiza) aprobó, en septiembre de 2026, la restitución de tres ancestros identificados como kawésqar, quienes habían sido trasladados a Europa a comienzos del siglo XX y apropiados con fines científicos. El Museo estableció un acuerdo con la Fundación Pueblo Kawésqar; una organización privada chilena, que asumió la coordinación y promovió espacios de participación con algunas personas y familias. En ese contexto, comunidades kawésqar —entre ellas Grupos Familiares Nómades del Mar y Jetarkte, presididas respectivamente por Leticia Caro y Margarita Vargas, coautoras de este artículo— cuestionaron las condiciones del proceso, ya que no habían recibido información previa ni otorgado mandato, y plantearon que no debe confundirse el retorno con la reparación de la violencia colonial. Ante la celeridad de las gestiones y la inminencia del traslado, las autoridades de ambas comunidades solicitaron, el 7 de septiembre, una revisión ética ante el Consejo Internacional de Museos (ICOM). Su reclamo plantea interrogantes relativos a las políticas de restitución: ¿quién tiene autoridad para decidir sobre los ancestros? ¿Qué criterios utilizó el Museo para seleccionar a ciertos interlocutores y delegarles la representatividad sobre los derechos colectivos del pueblo kawésqar?

En la Patagonia austral, las formas de organización indígena pueden no coincidir con las categorías de representación institucional que los museos esperan encontrar. El pueblo kawésqar cuenta actualmente con 18 comunidades constituidas bajo la legislación chilena, con sus propias autoridades. La Fundación, en cambio, no es una comunidad indígena, sino una entidad privada que, según sus propias declaraciones, no representa política ni tradicionalmente al pueblo en su conjunto.

Esta fundación conformó un equipo integrado por personas de distintos núcleos familiares de la región chilena de Magallanes en octubre de 2025, al que atribuyó decisiones culturales y comunitarias. En junio de 2026, cuatro comunidades (Atap, Aswal Lajep, Grupos Familiares Nómades del Mar y Residentes en Río Primero) cuestionaron ante la Embajada de Suiza la representación que ejercía la fundación y sus gestiones de repatriación. En consecuencia, solicitaron suspenderlas hasta garantizar su participación. Aunque a principios de septiembre reclamaron ante el Museo de Basilea, el procedimiento continuó y la consulta se postergó hasta el traslado de los cuerpos, previsto para fines de octubre de 2026. La secuencia descripta exige examinar la debida diligencia institucional.

Otro punto que las comunidades objetan es la investigación de procedencia realizada sobre los ancestros. Si bien las publicaciones oficiales de la fundación señalan que fueron exhumados en la isla Santa Inés, su presidente reconoció ante los medios de comunicación que uno de ellos podría no ser kawésqar, pues era oriundo de otra región. Según información difundida por la prensa, provendría del sur o del este de Tierra del Fuego. Las comunidades advierten, sin embargo, que ni la dieta marina ni la procedencia geográfica aludida en las noticias permiten, por sí solas, identificar a este ancestro como kawésqar. Señalan, además, que los datos brindados sobre su origen corresponden a territorios habitados históricamente por otros pueblos (selk’nam, yaganes y haush), que también se proveían de alimentos del mar. 

Frente a estas inquietudes, el presidente de la fundación afirmó haber convocado a comunidades selk’nam y yaganes de Santiago y de Puerto Williams (Chile). Sin embargo, al consultar a las autoridades de la comunidad selk’nam Rafaela Ishton y de la comunidad yagan Paiakoala (Argentina), así como a la comunidad yagan Bahía Mejillones (Chile), manifestaron no haber sido informadas sobre la restitución. El Museo, de este modo, delegó en la fundación la representatividad de los pueblos selk’nam y yagan situados a ambos lados de la frontera argentino-chilena.

Las autoridades comunitarias solicitaron acceder a los resultados de las investigaciones históricas, documentales y bioantropológicas realizadas por el museo, para responder a sus inquietudes: ¿quiénes eran esas personas? ¿Cómo llegaron a Europa? ¿En qué circunstancias murieron? ¿Qué vínculos familiares podrían reconocerse? En su respuesta (9 de septiembre), el Museo justificó la decisión de no divulgar la información por su contenido traumático, y ofreció facilitarla previa solicitud. No obstante, aún no han recibido ningún reporte. Mientras tanto, el presidente de la Fundación difunde públicamente datos sensibles brindados por el Museo. Reparar implica brindar la información de forma transparente y simultánea a todas las partes involucradas, para que tengan la posibilidad de participar en las decisiones y, así, recomponer memorias y relaciones que el genocidio y otras violencias coloniales interrumpieron o silenciaron.

El Código de Ética del ICOM (2026) establece, entre otras cuestiones, que las determinaciones sobre los restos humanos deben tomarse conjuntamente con las comunidades de procedencia. Los museos tienen la responsabilidad de reconocer y ayudar a reparar injusticias pasadas, y permitir que las comunidades se reconecten con su historia. Deben también realizar investigaciones sobre procedencia y basar los intercambios tanto en hechos científicos e históricos como en conocimientos tradicionales o espirituales. Finalmente, frente a la restitución, se espera que desarrollen un proceso colaborativo y abierto al diálogo para garantizar el retorno seguro a las comunidades de pertenencia. El Comité de Ética del ICOM informó que, el 2 de octubre, examinó tanto la solicitud de las comunidades como otra presentada por el Museo para revisar sus actuaciones, y pidió aclaraciones a ambas partes. También comunicó que las preguntas de las comunidades serán consideradas en la elaboración de futuras directrices éticas. 

El caso de Basilea plantea problemas que trascienden esta restitución particular. Las comunidades indígenas tienen derecho a intervenir desde las primeras investigaciones y negociaciones, mantener su autonomía y decidir sobre la recepción, las ceremonias, la custodia, el lugar de descanso y el cuidado futuro de sus ancestros. Las actuaciones diplomáticas de Chile y Suiza también exigen examinar las responsabilidades estatales, ya que los procedimientos no reconocieron seriamente ni las territorialidades ni las formas de autoridad comunitaria. 

En síntesis, tanto los museos como los Estados tienen la responsabilidad de respetar la libre determinación de los pueblos (UNDRIP, 2007). Restituir ancestros, sin reconocer la autoridad de las comunidades indígenas y sus formas de organización política y tradicional, actualiza las relaciones coloniales bajo el lenguaje de la reparación.