El autor de esta columna advierte que la declaración sobre «soberanía hemisférica», firmada por Estados Unidos y 14 países de las Américas, busca asegurar el suministro de minerales críticos frente a China, entre ellos el litio de los salares altoandinos. Concluye que “existen preocupaciones fundadas de que el incremento de la presión que hoy pone Estados Unidos para la explotación de este mineral en los salares andinos de ABC va a profundizar los impactos negativos que esta industria ya ha provocado en los derechos humanos, en particular en los derechos de los pueblos indígenas desde cuyos territorios ancestrales este es extraído”.

Imagen de portada: Cristofer Devia / Agencia Uno

El gobierno de Estados Unidos, junto a los 14 países de las Américas, incluyendo a Argentina, Bolivia y Chile (ABC), suscribieron el 22 de septiembre pasado una “Declaración conjunta relativa a la defensa de la soberanía en el Hemisferio”. En la declaración, que viene a profundizar otras anteriormente impulsadas por el gobierno de Trump, como el Escudo de las Américas, la Pax Silica, se propone fortalecer la resiliencia del denominado “Hemisferio Occidental” a través de diversos objetivos y mecanismos. Dicha iniciativa, al menos en el caso de Chile, fue dada a conocer por el Ejecutivo como una que apunta a la seguridad y a la defensa de “la gobernanza democrática ante las redes armadas de narcoterroristas…”.

La lectura de su texto, sin embargo, deja en evidencia que este está lejos de ser su objetivo central. En efecto, en las temáticas que se abordan en ella figura en primer orden “defender nuestras economías potenciando la cooperación económica; explorando mecanismos de control de las inversiones; salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante un abastecimiento diversificado y confiable; y promoviendo normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital, que se apliquen de forma no discriminatoria”.

Sin desconocer la relevancia que en la declaración tienen otras temáticas, como el intercambio de información y tecnologías de inteligencia, en las cuales los gobiernos conservadores de la región se alinean con Estados Unidos,  la dimensión económica de la misma, y en particular la referencia a la salvaguarda de las cadenas de suministro de minerales críticos , no puede pasar desapercibida.

Aquello se entiende en un contexto de creciente confrontación geopolítica de Estados Unidos con China, la que en el caso de los minerales críticos, al menos para Estados Unidos como lo ha señalado expresamente Trump, ya no tiene como objetivo la transición energética, sino la defensa. La preocupación de Estados Unidos está claramente motivada por el control indudable que China tiene tanto en la producción como en el procesamiento de los minerales críticos. En efecto, este último país extrae cerca del 70% y procesa el 90% de las tierras raras, refina el 73% del cobalto, el 68 % del níquel, el 60 % del litio, y el 40% del cobre es el segundo productor de litio a nivel mundial, desplazando a Chile de esa posición, y controla el 80% de la producción de las baterías de litio.

Las implicancias que esta declaración tiene para el desarrollo de la industria del litio salares altoandinos de ABC, uno de los minerales críticos cuyo suministro Estados Unidos anhela, así como sus repercusiones en los derechos humanos,  en particular en los derechos de pueblos indígenas,  requiere de un mayor análisis. Esto, teniendo presente que de estos salares se extrae cerca de un tercio de la producción mundial de litio, y que ellos albergan la mitad de las reservas conocidas del mismo mineral.

Tal como las organizaciones que llevamos adelante la iniciativa Litio y Derechos Humanos en ABC hemos documentado, el desarrollo acelerado de la industria del litio en los salares altoandinos en estos tres estados ha generado impactos significativos en derechos humanos. En particular, en el derecho al medio ambiente y al agua, siendo el caso más ilustrativo el del Salar de Atacama, donde más de cuatro décadas de extracción de litio con una metodología intensiva en el uso de salmueras y aguas continentales han degradado significativamente sus acuíferos, y consecuentemente, el ecosistema del salar. A esto se agregan los impactos en derechos de pueblos indígenas en cuyos territorios de ocupación tradicional se emplazan los salares desde los que se extrae el litio. Entre las afectaciones más graves a los derechos de estos pueblos que hemos identificado en nuestros estudios se encuentran las referidas a la imposición de esta industria sin procesos de consulta adecuados, sin el consentimiento libre, previo e informado de sus comunidades, sin una compensación proporcional a los daños provocados, y, en la mayoría de los casos, sin una participación en los beneficios generados por ella.

Si bien Estados Unidos ha participado en el desarrollo del litio en los salares altoandinos a través de diversas empresas, como Albemarle en el Salar de Atacama en Chile, y Livent (hasta 2025) en Arcadium Lithium en el proyecto Rincón en Argentina, la participación de China en esta industria en ABC ha sido hasta ahora gravitante. Mediante empresas como Tianqi, a través de SQM, en el Salar de Atacama; Chinalco, a través de Rio Tinto en el Salar de Maricunga, ambas en Chile; CBC para el desarrollo del litio junto a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) en el Salar de Uyuni en Bolivia, y Ganfeng Lithium en Cauchari-Olaroz; Zijin Mining Group en el Salar Tres Quebradas ; y China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en Argentina. A eso se agrega el hecho no menor de que alrededor del 70% del litio extraído de los salares altoandinos de ABC es exportado a China.

No resulta extraño entonces el que Estados Unidos esté presionando a los gobiernos de ABC para fomentar sus inversiones en minerales críticos, incluyendo entre ellos en cobre y litio. Demostrativo de aquello son los anuncios formulados por el embajador de Estados Unidos en Chile sobre el análisis de inversión que su agencia de inversiones estratégicas (Development Finance Corporation o DFC) está realizando para “proyectos en Chile por miles de millones dólares”. De manera análoga en el caso de Argentina el gobierno de ese país suscribió en febrero pasado un acuerdo con Estados Unidos en que se compromete a priorizar a ese país como socio comercial y de inversión en recursos como el litio, el cobre y otros minerales críticos, inversiones que dicho gobierno se comprometió a agilizar a través de su Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Tal acuerdo fue complementado recientemente a través de un protocolo adicional suscrito por ambos países para dar “previsibilidad para las exportaciones argentinas al mercado estadounidense”. De manera similar, el gobierno de Bolivia suscribió con Estados Unidos un memorándum de entendimiento sobre minerales críticos en abril de este año, cuyos contenidos no se han hecho públicos.

Tampoco sorprende en este contexto el que los ministros de minería de ABC, junto a Perú, se hayan juntado en Santiago en agosto pasado para suscribir una declaración conjunta sobre minerales estratégicos a objeto posicionar el “Cono Sur como el proveedor de minerales estratégicos más confiable, sostenible y competitivo” y otorgar “seguridad y estabilidad de las cadenas de suministro globales.” Lo mismo cabe señalar sobre el memorándum sobre asuntos mineros para promover el intercambio de información y las iniciativas conjuntas en este sector incluido en el acuerdo suscrito por los presidentes Kast y Paz en la reciente visita del primero a Bolivia en días pasados.

La presión por el desarrollo del litio en los salares andinos de ABC, a la que ahora se suma Estados Unidos, resulta extremadamente preocupante desde la perspectiva de derechos humanos. En la actualidad Chile cuenta con dos proyectos en explotación en el Salar de Atacama (Salar Futuro de Novandino de Codelco y SQM, y Salar de Atacama de Albemarle), uno adicional en el mismo salar aprobado por el actual gobierno (Planta de Producción de Sales de Potasio de Grupo Errazuriz), y 2 más en el Salar de Maricunga (proyecto Paloma de Codelco y Río Tinto, y Simco del Grupo Errazuriz). A ello se agrega el proyecto de ENAMI en los Salares Altoandinos (La Isla, Aguilar y Grande), y seis proyectos adicionales en exploración en distintas fases de tramitación a través del mecanismo de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOLES) en salares del norte del país.

Si bien en muchos de los proyectos de litio aprobados o en perspectiva de serlo, en los tres países se exigen metodologías de Extracción Directa del Litio (EDL), las que en teoría al menos -ya que aún están en experimentación- tendrían un menor impacto en los acuíferos que la mayoría de los proyectos hoy en desarrollo, basados en extracción de salmuera y decantación en piscinas de evaporación, no existen garantías de que los impactos en los derechos de pueblos indígenas hasta ahora provocados por esta industria no se incrementen. Por el contrario, legislaciones aprobadas, como el RIGI en Argentina, o la ley de Reconstrucción Nacional en Chile, no solo flexibilizan los estándares ambientales, sino además debilitan la participación y consulta indígena de proyectos de gran envergadura, como son los proyectos de litio.

Más aún, una de las prácticas cada vez más comunes en los proyectos de litio en perspectiva, en particular en el caso de Chile, es la inclusión de modalidades de participación en los beneficios en los procesos de consulta indígena sobre los mismos. Si bien esta participación constituye un derecho reconocido en el Convenio 169 de la OIT ratificado por los estados de ABC, su inclusión en estos procesos opera muchas veces como un mecanismo de distorsión de la voluntad de las comunidades afectadas por esta industria, las que en condiciones de fragilidad económica, terminan por aceptar su instalación en sus territorios tradicionales. Esto, a pesar de la evidencia de los impactos adversos que ella tiene en sus formas de vida y culturas.

Lo anterior, además de incumplir con el requisito de la buena fe que debe orientar a los Estados en estos procesos, así como también a las empresas cuando intervienen en ellos, termina por fragmentar a los pueblos indígenas desde cuyos territorios se extrae el litio. La participación de empresas estatales en el desarrollo del litio, como Codelco en Chile, YLB en Bolivia, y JEMSE en la provincia de Jujuy, Argentina, las que de acuerdo a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos tienen una especial responsabilidad en la materia, hasta ahora al menos no ha resultado en la prevención, mitigación y/o la reparación de los impactos adversos que sus proyectos provocan en estos derechos.

Por lo anterior, es que existen preocupaciones fundadas de que el incremento de la presión que hoy pone Estados Unidos para la explotación de este mineral en los salares andinos de ABC va a profundizar los impactos negativos que esta industria ya ha provocado en los derechos humanos, en particular en los derechos de los pueblos indígenas desde cuyos territorios ancestrales este es extraído. Esperamos equivocarnos.