El autor de esta columna sostiene que la contaminación lumínica también está presente en barrios, carreteras y espacios naturales, y que la nueva norma obliga a cuestionar una creencia muy instalada: que más luz equivale a más seguridad. Concluye que «el éxito de esta norma no debería medirse solamente por la cantidad de luminarias reemplazadas o por los certificados emitidos. Debería evaluarse por resultados concretos: calles donde podamos desplazarnos con buena visibilidad, viviendas menos afectadas por luces innecesarias y espacios naturales donde la noche siga siendo noche».

Imagen de portada: Diego Martin / Agencia Brasil

Imagine que está descansando en su dormitorio y una luminaria de la calle proyecta luz directamente hacia su ventana o que conduce de noche por una carretera y una luminaria es demasiado intensa y le dificulta distinguir lo que ocurre más adelante. Incluso, puede ocurrir que una plaza permanezca completamente iluminada durante la madrugada, cuando prácticamente nadie la utiliza.

Estas situaciones tienen algo en común: muestran que la contaminación lumínica no es solamente un problema de los astrónomos que necesitan cielos oscuros para observar las estrellas. También está presente en nuestros barrios, carreteras y espacios públicos, aunque muchas veces no la reconozcamos como contaminación.

Desde el 19 de octubre de 2026, Chile dio un paso importante. Las exigencias de la nueva norma lumínica, establecida mediante el Decreto Supremo N.º 1 de 2022 del Ministerio del Medio Ambiente, comenzaron a aplicarse a las nuevas instalaciones y recambios de alumbrado exterior en todo el territorio nacional. Su propósito es reducir la contaminación lumínica y proteger no solo nuestros cielos, sino también la biodiversidad y la salud de las personas.

Pero ¿qué significa este cambio para alguien que camina por su barrio o transita diariamente por una carretera?

En términos sencillos, significa que las nuevas instalaciones deberán controlar mejor hacia dónde se dirige la luz, evitar emisiones innecesarias hacia el cielo y cumplir exigencias sobre sus características y niveles de iluminación.

Por ejemplo, cuando un municipio renueve el alumbrado de una calle, no bastará con instalar luminarias LED que consuman menos electricidad. También deberá preocuparse de que iluminen correctamente la calzada y las veredas, sin desperdiciar luz hacia las ventanas de las viviendas o hacia el cielo.

Sin embargo, esto no significa que todas las luminarias existentes deban reemplazarse inmediatamente. Fuera de las zonas de protección especial, las instalaciones existentes deberán adecuarse cuando corresponda efectuar su recambio. Por lo tanto, los cambios serán graduales y no necesariamente visibles de un día para otro.

Otro ejemplo está en los letreros publicitarios, las fachadas iluminadas y los recintos deportivos. ¿Es necesario que permanezcan encendidos durante toda la madrugada? La normativa contempla restricciones horarias para determinados tipos de alumbrado, incluyendo exigencias de apagado desde la medianoche. La idea es evitar que instalaciones destinadas a actividades específicas sigan generando contaminación cuando esas actividades han terminado.

También debemos cuestionar una creencia muy instalada en nuestra sociedad: que mientras más luz exista, mayor será nuestra seguridad.

En mi experiencia profesional realizando evaluaciones de iluminación en carreteras, túneles e instalaciones exteriores, uno de los aspectos fundamentales es comprobar si la luz realmente permite distinguir adecuadamente el entorno. Una instalación puede ser muy intensa y, sin embargo, generar molestias visuales o dificultar la identificación de obstáculos debido al deslumbramiento o a la presencia de sectores excesivamente claros junto a otros oscuros.

Pensemos en un conductor que sale de un túnel o circula por una vía iluminada irregularmente. Lo importante no es simplemente cuánta luz recibe la carretera, sino que pueda reconocer oportunamente otros vehículos, peatones y obstáculos. Iluminar más no siempre significa ver mejor.

Algo similar ocurre con la biodiversidad. En sectores costeros, humedales y otros espacios naturales, la iluminación artificial puede alterar las condiciones nocturnas que necesitan distintas especies. Una luminaria mal orientada puede iluminar innecesariamente un hábitat, aunque su objetivo original sea dar seguridad a un camino cercano.

La nueva normativa también promueve una iluminación de tonalidades más cálidas, limitando especialmente ciertas emisiones de luz azul. Pero sería equivocado pensar que basta con cambiar una luz blanca por una amarillenta para solucionar el problema. Una luminaria cálida, si es excesivamente intensa o apunta hacia lugares donde no se necesita, también puede contaminar.

Aquí surge una pregunta fundamental: ¿quién comprobará que estos cambios realmente funcionan?

Durante años, las ciudades han invertido en reemplazar luminarias tradicionales por tecnología LED, destacando principalmente el ahorro energético. Sin embargo, una instalación eficiente desde el punto de vista eléctrico no necesariamente es responsable con el medioambiente.

La fiscalización, por tanto, no puede limitarse a revisar certificados o características de los equipos. También es necesario evaluar cómo funcionan una vez instalados. La Superintendencia del Medio Ambiente y los organismos competentes tienen un desafío importante, al igual que los municipios y las empresas responsables de ejecutar estos proyectos.

Desde la investigación y el trabajo de medición en terreno sabemos que es posible evaluar cuánta luz llega a los espacios, cómo se distribuye y qué efectos puede producir en su entorno. También podemos medir el brillo del cielo nocturno y comparar sus condiciones a lo largo del tiempo. Estas herramientas permiten determinar si las medidas adoptadas están generando mejoras reales.

El ciudadano también tiene un papel relevante. Puede observar si una luminaria invade su vivienda, si un letrero permanece encendido fuera de los horarios permitidos o si una nueva instalación produce molestias evidentes, y comunicar estos antecedentes a las autoridades correspondientes.

Chile tiene una oportunidad importante, pero el éxito de esta norma no debería medirse solamente por la cantidad de luminarias reemplazadas o por los certificados emitidos. Debería evaluarse por resultados concretos: calles donde podamos desplazarnos con buena visibilidad, viviendas menos afectadas por luces innecesarias y espacios naturales donde la noche siga siendo noche.

No se trata de apagar nuestras ciudades ni de elegir entre seguridad y medioambiente. Se trata de comprender que iluminar mejor significa utilizar la luz donde se necesita, cuando se necesita y en la cantidad adecuada.

Porque una ciudad moderna no debería ser aquella que más brilla durante la noche, sino aquella que sabe iluminar sin contaminar.