Un nuevo estudio de la Fundación Horizonte Ciudadano indica que la Ley de Presupuesto 2027 presentada por el gobierno propone eliminar 18 programas que otorgan beneficios sociales, los que involucran un monto total de $50 mil millones. Los planes para fomentar el empleo concentran el mayor ajuste, con menos fondos para subsidios y capacitación. De los 18 programas que se pretenden eliminar, dependientes de siete ministerios, al menos 13 están evaluados favorablemente por la Dirección de Presupuestos del gobierno. El coordinador del estudio, Tito Bofill, dijo: “El gobierno trata la protección social como un gasto que se puede ajustar y no como un deber que se debe garantizar”.

Créditos imagen de portada: Agencia Uno.

La propuesta de Ley de Presupuesto para el año 2027 presentada por el gobierno, contempla eliminar un total de 18 programas sociales que financian iniciativas de empleo, apoyos a las personas con discapacidad y a los trabajadores agrícolas, además de iniciar el cierre de otros tres programas del mismo tenor. Así se desprende de una investigación realizada por la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por la expresidenta Michelle Bachelet en 2018.

Estos programas que serán eliminados de aprobarse la propuesta del gobierno, dependen de los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo, Educación, Justicia, de la Mujer, Agricultura y de Cultura. 

De los 18 programas, un total de 13 estaban recomendados favorablemente por la Dirección de Presupuestos (Dipres) del propio gobierno, entidad encargada de evaluar la efectividad de las iniciativas financiadas con recursos públicos. De los cinco restantes, uno mantenía una objeción técnica; otros dos no poseían calificaciones recientes; otro se subdividía en 10 iniciativas que tenían diferentes evaluaciones y el último correspondía a un cierre que ya se había concretado en 2025 (revise el detalle de los programas eliminados y en proceso de cierre aquí).

La decisión de suprimir estos 18 planes supone recortar $50.615 millones, además de reducir en $8.621 millones el financiamiento de las tres iniciativas cuyo cierre empieza este año. 

Sobre el análisis realizado por la fundación, el coordinador de estudios de la entidad, Tito Bofill, aseguró que el proyecto de Presupuesto 2027 refleja una postura política: “El gobierno trata la protección social como un gasto que se puede ajustar y no como un deber que se debe garantizar. Cuando el ajuste cae de forma sistemática sobre quienes tienen menos capacidad de defenderse, el presupuesto deja de ser un instrumento técnico y pasa a ser una declaración de prioridades”.

A pesar del alza de los desocupados a nivel nacional, que llegan ya a un 9,6% de la fuerza laboral, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), fueron eliminados programas pro-empleo como los de Empleabilidad Sostenida ($1.646 millones), Promoción del trabajo cultural ($748 millones) y Mujer Emprende ($288 millones). 

PROGRAMAS RECOMENDADOS FAVORABLEMENTE

En este marco, CIPER revisó las evaluaciones efectuadas por la Dipres a los programas eliminados. De los 18 programas recortados, un total de 13 estaban recomendados favorablemente. Los programas con buenas evaluaciones corresponden a subsidios laborales y sociales para mujeres (Mujer, Participación Política y Social; Mujer Emprende: Derechos previsionales de mujeres rurales) además de subsidios laborales a nivel general (Pequeños productores campesinos del secano; Empleabilidad sostenida: Apoyo a la gestión Innova FOSIS).

Dentro de este grupo de programas bien evaluados, también había algunos enfocados en niños y jóvenes (Hablemos de todo; Crecer en comunidad; Fortalecimiento del aprendizaje del inglés) y a personas en situación de discapacidad (Desarrollo inclusivo territorial y programa de Apoyo a instituciones para la inclusión de personas en situación de discapacidad). Por último, un par que abordaba temas de cultura (Fomento de ecosistemas creativos y Promoción del trabajo cultural).

Del resto de programas, uno mantenía una objeción técnica en 2019 (Becas TICS, Yo elijo mi PC); y otros dos no mantenían calificaciones recientes (Desarrollo juvenil cívico y social y Acceso a la justicia para persona con discapacidad).

En tanto, el programa Justicia Juvenil se subdivide en 10 proyectos, los que mantenían diferentes calificaciones. Dos de ellos se encuentran recomendados favorablemente en sus últimas evaluaciones (Libertad Asistida y Libertad Asistida Especial). Otros seis, según el monitoreo 2025 de la Dipres, presentaron una sobre ejecución presupuestaria (Salidas Alternativas, Centros de internación provisoria, Medidas cautelares ambulatorias, Apoyo socioeducativo para jóvenes infractores de la ley, Centros de Sanciones Semicerrado y Centro de Sanciones Régimen Cerrado). Otro fue objetado técnicamente (Intermediación laboral para jóvenes sancionados) y el último, Servicios en Beneficio de Comunidad y Reparación Daño, mantuvo una observación en su monitoreo 2025 debido a que “el gasto administrativo no describe adecuadamente los gastos en servicios de apoyo incurridos por el programa”.

Sobre el programa de Justicia Juvenil, Bofill explicó su relevancia: “Se trata del remanente de los recursos con que el antiguo Sename financiaba a los organismos colaboradores, función que, tras su cierre en enero de 2026, pasó al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SNRSJ) mediante licitaciones. Sin embargo, esos recursos no se traspasan al nuevo servicio: por el contrario, el aporte fiscal al SNRSJ cae 2,7 %, equivalente a $5.168 millones, justo en su primer año de funcionamiento en todo el país. A esto se suma que, en los centros de reinserción que el servicio administra directamente, el gasto en personal baja 8,5 %, de $72.684 a $66.516 millones”, aseguró.

Sobre la eliminación de estos programas, Bofill agregó: “Mientras el gobierno habla de seguridad, recorta justamente aquello que evita que un adolescente vuelva a delinquir. Un Estado que no invierte en reinserción, no combate el delito: lo posterga y, de paso, abandona su responsabilidad de proteger y acompañar a los jóvenes más vulnerables”.

Por otra parte, la eliminación de la corporación cultural Artistas del Acero responde a un cierre que ya había sido anunciado en 2025 (vea la noticia aquí).

Aparte de los 18 programas que se propone eliminar, los otros tres que iniciarían su proceso de cierre son: Fundación para la promoción y desarrollo de la mujer (Prodemu), Fundación de las familias y el programa de apoyo integral al adulto mayor Vínculos. Todos ellos figuran como recomendados favorablemente en sus evaluaciones ex ante.