El autor de esta columna sostiene que la promesa de recortar US$6.000 millones partió de un diagnóstico equivocado: el de un Estado con grasa de sobra. Según las cifras, el Estado chileno es más pequeño que el promedio de la OCDE y está razonablemente bien evaluado. Por eso, advierte, el ajuste del Presupuesto 2027 resulta modesto en cifras pero costoso en capacidades: menos personas donde se atiende, menos medición donde se decide y más precariedad donde se implementa. Concluye que «si el gobierno quiere gastar mejor, debe empezar por evaluar su propio diagnóstico. De lo contrario, la grasa seguirá sin aparecer, y lo que se termine cortando será músculo».

Imagen de portada: Óscar Guerra / Agencia Uno

Todo presupuesto recorta y todo presupuesto aumenta: es la expresión contable de las prioridades de un gobierno. El propio proyecto 2026, presentado por la administración anterior, redujo en promedio 15% los recursos de 157 programas con debilidades en sus evaluaciones y dejó sin presupuesto a 28 programas.

Se debe reconocer que la preocupación del gobierno tiene fundamentos. La deuda bruta pasó de cerca de 4% del PIB en 2007 a 41,5% en 2025, y el Consejo Fiscal Autónomo calificó de «gran magnitud» el incumplimiento de la meta de balance estructural de 2025: se proyectó un déficit de 1,1% del PIB y terminó en 3,6%. El caso Convenios expuso transferencias a fundaciones sin control adecuado, y la Contraloría detectó que más de 25 mil funcionarios salieron del país estando con licencia médica. Ordenar las cuentas y exigir más al Estado es una tarea legítima y necesaria.

El problema está en el diagnóstico desde el cual se diseñó este presupuesto. En campaña, José Antonio Kast prometió recortar US$6.000 millones en 18 meses, sobre la premisa de un aparato público con grasa de sobra y «operadores políticos que abusen del Estado»; uno de sus asesores más cercanos llegó a describirlo como lleno de parásitos. Hoy, el ministro Jorge Quiroz sostiene que el proyecto «busca gastar mejor, proteger los beneficios sociales». Vale la pena preguntarse, desde la gestión pública, si esa premisa se sostiene.

LO QUE MUESTRAN LAS CIFRAS

En marzo ya fue posible ver este diagnóstico en acción. Hacienda ordenó rebajar 3% el presupuesto de todos los ministerios, con una meta de US$4.000 millones para 2026: la misma tijera para todos, como si la ineficiencia estuviera repartida de manera pareja. La práctica obligó a corregir: el decreto final sumó algo más de US$1.400 millones, poco más de un tercio de la meta. El proyecto 2027 confirma la distancia entre el anuncio y la realidad: propone un gasto del Gobierno Central de $91,2 billones, 1,5% real más que en 2026. Es la expansión más baja en dos décadas, sin contar el ajuste pospandemia de 2022, pero del mismo orden que el 1,7% propuesto para 2026. Una consolidación fiscal prudente, no la reducción del Estado que se anunció.

Que el recorte prometido no haya llegado no se explica por falta de voluntad, sino por una lectura equivocada de cómo funciona el Estado. Más del 90% del gasto público está asociado a obligaciones legales y, como advirtió el exdirector de Presupuestos Matías Acevedo, «pensar que todo se puede hacer por vía administrativa es desconocer cómo funciona el Estado». Cuando la tijera es pareja y el margen es estrecho, el recorte no cae donde está el problema, sino donde es posible.

Educación lo muestra bien. La partida se mantiene en $17,3 billones, sin variación real, pero por dentro se mueve. Hay decisiones defendibles: los jardines infantiles suben 3% y los administrados por municipios y fundaciones, 6,4%. Pero el proyecto fija topes a las horas de profesores (−3,6%) y de asistentes de la educación (−4,1%) en los Servicios Locales de Educación Pública, servicios aún jóvenes; solo el tope docente podría equivaler a unas 1.888 jornadas completas. Además, reduce en 8,6% los recursos del Simce y en 31% los de otras evaluaciones de la Agencia de Calidad: se debilita la capacidad de medir aprendizajes justo cuando el gobierno invoca la evidencia para decidir qué recortar.

El gobierno sostiene que protege los beneficios sociales. Si por beneficios se entienden solo las transferencias monetarias, puede argumentarlo. Pero un beneficio no es solo un pago: detrás hay una cadena de implementación hecha de funcionarios, equipos en terreno, convenios con municipios y sistemas de información. Desde el clásico estudio de Pressman y Wildavsky, sabemos que es en esa cadena donde muchas políticas fracasan. Cuando se congelan contrataciones, no se reemplazan licencias o se ponen topes a las horas docentes, el beneficio queda intacto en el papel, pero llega más tarde, peor o a menos personas.

UN ESTADO MÁS PEQUEÑO Y MEJOR EVALUADO DE LO QUE SE SUPONE

Pero, ¿es realmente el Estado chileno tan ineficiente? El gobierno ha hecho de la evidencia su criterio para recortar programas. Apliquemos ese estándar a su premisa.

Primero, el tamaño. Según la propia Dipres, en 2023 el gasto público chileno rondaba el 24% del PIB, bajo el promedio OCDE de 30,7% y lejos de Portugal (37,5%), Uruguay (37%) o Colombia (33,3%). Difícilmente puede hablarse de un Estado hinchado. Segundo, el desempeño, que las mediciones ubican consistentemente en la parte alta:

• En Efectividad Gubernamental del Banco Mundial, que mide la calidad de los servicios públicos y la independencia del servicio civil frente a presiones políticas (el terreno de los supuestos «operadores»), Chile está en el percentil 76 (2023), aunque su puntaje está bajo su promedio histórico.
• En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 obtuvo 63 puntos, lugar 31 de 182; en América Latina solo lo supera Uruguay.
• En gobierno electrónico, Naciones Unidas lo situó en 2024 en el lugar 31 de 193.
• En transparencia presupuestaria obtuvo 60 de 100 puntos en 2023, sobre el promedio mundial de 45.
• En la Medición de Satisfacción Usuaria (MESU) 2025, el 69% de más de 57 mil encuentas calificó con nota 6 o 7 su último trámite.

Obviamente hay brechas reales: Chile está bajo el promedio OCDE en transparencia y participación presupuestaria, su puntaje de corrupción se ha estancado y los usuarios evalúan peor la rapidez de respuesta y los servicios de salud y educación. Pero son problemas específicos, que requieren soluciones específicas.

SOLUCIONES DE TALLA ÚNICA PARA UN ESTADO DIVERSO

Si la ineficiencia está en todas partes por igual, la receta lógica es una regla igual para todos. Sin embargo, el estudio de las organizaciones públicas advierte hace décadas que no existe una única forma eficiente de organizar: depende de la tarea y del entorno. Un hospital que funciona las 24 horas no se gestiona como el Servicio de Impuestos Internos, cuya dotación genera ingresos, ni como un servicio local de educación que se está instalando. En el primero, una licencia sin reemplazo es un turno descubierto; en el segundo, menos fiscalizadores pueden significar menos recaudación.

Donde más se nota la talla única es en la gestión de personas. El oficio de marzo congeló concursos, prohibió reemplazos por licencia y suprimió incluso la reposición de cargos por retiro. El proyecto 2027 restituye la regla previa de reponer una de cada tres vacantes y reduce de 6.500 a 1.500 los cupos para traspasar a contrata a trabajadores a honorarios. Esto afecta la eficiencia, porque la vacante no repuesta no desaparece: se cubre con horas extraordinarias o servicios comprados a terceros, y la sobrecarga alimenta el ausentismo que el gobierno quiere combatir. Y afecta la efectividad. El Estatuto Administrativo reserva los honorarios para labores accidentales, pero más de 26 mil personas trabajan así en el gobierno central, muchas en funciones permanentes, sin carrera ni calificaciones y renovando contrato año a año. Cada rotación se lleva experiencia y conocimiento de los usuarios. Traspasarlas a contrata no crea empleo: regulariza un trabajo que ya existe.

La OCDE advirtió este año que la coexistencia de planta, contrata y honorarios fragmenta el empleo público, y recomendó una arquitectura común de cargos y una carrera ligada al mérito: profesionalizar el Estado, no congelarlo con un tope único.

EVALUAR PARA DECIDIR, NO PARA JUSTIFICAR

La evaluación de programas sufre la misma lógica. La fusión de 25 programas en 9 del gobierno responde a un problema real de fragmentación. Pero si la mala evaluación es el criterio, debe aplicarse con consistencia. Las siete evaluaciones de programas de 2026 no dejaron ninguno con desempeño medio o bueno; aun así, Crédito MiPyme sube 22,2% y Competencias Deportivas 49,7%, mientras el programa de la Ley Cholito, que nunca ha sido evaluado, pierde 86%. Una mala evaluación es un diagnóstico, no una sentencia, y el sistema contempla rediseñar, no solo eliminar. Además, si reportar debilidades se traduce en recortes, los servicios aprenderán estrategias para ocultarlas.

La pregunta del título tiene respuesta. La grasa que justificó la promesa de campaña no apareció porque nunca estuvo donde se decía. Lo que el presupuesto encontró fue un Estado pequeño, razonablemente bien evaluado y profundamente heterogéneo, y le aplicó una tijera pareja.

El resultado es un ajuste modesto en cifras, pero costoso en capacidades: menos personas donde se atiende, menos medición donde se decide y más precariedad donde se implementa. Ordenar las cuentas es necesario; hacerlo a ciegas, no. Si el gobierno quiere gastar mejor, debe empezar por evaluar su propio diagnóstico. De lo contrario, la grasa seguirá sin aparecer, y lo que se termine cortando será músculo.