El Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió su querella en el caso Fundación Local para incluir al exgobernador de La Araucanía Luciano Rivas (ind-Evópoli), a quien acusa de participar en 10 delitos de fraude al Fisco: seis consumados y cuatro frustrados. La ampliación alcanza además a otras 31 personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Regional (GORE) y particulares que habrían obtenido fondos públicos de forma indebida. La arista es parte del caso Convenios, y la fiscalía investiga en ella las transferencias del GORE a la Fundación Local, que recibió más de $2.100 millones.

En paralelo, un reportaje de Bío-Bío reveló la declaración que entregó en junio a la fiscalía Juan Pablo Leonelli, exjefe de gabinete de Rivas, quien está en prisión preventiva como imputado en esa arista. Según Leonelli, al menos dos exdiputados llamaban directamente al entonces gobernador para presionar por proyectos financiados por el GORE y ejecutados por empresas de sus familiares: el expresidente de Evópoli Andrés Molina y el exdiputado RN Diego Paulsen, actual embajador de Chile en el Reino Unido.

Ambos lo negaron. Molina aseguró que nunca llamó a Leonelli ni a Rivas por proyectos o cargos. Paulsen afirmó que nunca ha presionado a funcionarios públicos y que ya no era diputado cuando se convocó el concurso ni cuando se entregaron los recursos.

Lee aquí el reportaje de CIPER publicado en 2024 sobre este caso.

Luciano Rivas en 2023 votando en el plebiscito constitucional (Créditos: Marcos Maldonado / Agencia Uno)

La Fiscalía Regional del Biobío presentó la acusación penal en contra del actual alcalde de Coronel, Boris Chamorro, y del exconcejal Eduardo Araya por el delito reiterado de cohecho. Según el documento, Chamorro habría recibido pagos periódicos que suman alrededor de $82 millones y Araya $70 millones por parte de exgerentes de la empresa Puerto Coronel, quienes también están acusados. Para ambos el Ministerio Público solicita 8 años de cárcel.

Entre los otros imputados en la causa la pena más alta se pide para el empresario Eduardo Hartwig, imputado por soborno, administración desleal y delitos tributarios: arriesga 38 años de cárcel. En tanto, para Javier Anwandter y Daniel Chamorro la fiscalía pide 18 y 28 años de prisión, respectivamente. Para Víctor Olivares y Hernán Romero la fiscalísa solicita 14 años de privación de libertad por los delitos de administración desleal y facilitación de facturas falsas.

Boris Chamorro en una audiencia de 2025 (Créditos: Rodrigo Fuica / Uno Noticias)

El Ministerio de Salud entregó un balance respecto al uso de las Garantías Explícitas de Salud (GES) en los últimos 20 años. Desde julio de 2005 a junio de este año de 2026 hay registrados más de 62 millones casos. De ellos, poco más de 17 millones siguen activos, cifra que equivale al 27,5% del total acumulado. El superintendente de Salud, Fernando Riveros, señaló que “es una de las herramientas de políticas sanitarias más importantes que se han implementado en salud en nuestro país”.

El GES partió como Plan Auge en el gobierno de Ricardo Lagos, en 2005, cubriendo 25 patologías. Hoy hay 90 enfermedades que tienen cobertura. A la fecha los problemas de salud que están dentro de esa categoría y que más se repiten son la hipertensión arterial (2.988.724 pacientes), la diabetes mellitus tipo 2 (1.613.727) y la salud oral (1.501.167).

Imagen referencial (Créditos: Francisco Paredes / Agencia Uno)

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) detectó que la empresa Copec sobrepasó en un 382% el límite de descarga de hidrocarburos volátiles en el Terminal Marítimo de Quintero en agosto de 2025, por lo que presentó cargos en contra de la empresa. El SMA le imputa una infracción a la norma de emisión de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. Se debe a exceso de volumen diario en noviembre de 2023 y de manera continua entre abril y septiembre de 2025.

Emol informó que, según la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, estas faltas pueden sancionarse con amonestaciones por escrito o con una multa de entre una y 1.000 UTA (alrededor de $866 millones). Copec cuenta con 15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento.

El superintendente de Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, sostuvo que «las exigencias fijadas en los programas de monitoreo de residuos líquidos son fundamentales para evitar la degradación de los ecosistemas marinos y proteger la Bahía de Quintero».

(Créditos: sitio web SMA)