Los autores de esta columna sostienen que el Gobierno evalúa las Becas TIC con la vara equivocada: entregar computadores no busca subir el Simce, sino garantizar acceso y habilidades digitales a quienes no pueden costearlos. Recuerdan además que ninguna evaluación del Estado recomendó cerrar el programa, sino corregirlo. Concluyen que «cualquier especialista en política educativa comparada vería ahí una capacidad estatal que muchos países quisieran tener, y una señal que el país envía a cada estudiante que llega a séptimo básico: tu aprendizaje nos importa, tú puedes aún mucho más».

Imagen de portada: Alejandro Zoñez/ Agencia Uno

Durante los últimos días las redes sociales se llenaron de testimonios de jóvenes que recibieron un computador del Estado al llegar a séptimo básico. Cuentan que con él hicieron tareas, siguieron las clases durante la pandemia, aprendieron a editar fotos y a mezclar música, y que más tarde el equipo pasó a una hermana menor, a su abuelo, o que incluso sirvió para que la familia vendiera artesanías por internet. La reacción respondió al anuncio de cierre: el proyecto de Presupuesto 2027 no contempla recursos para las Becas TIC, la línea que financia Yo Elijo mi PC y Me Conecto para Aprender.

El Gobierno ha fundado la decisión en un argumento técnico. La ministra de Educación, María Paz Arzola, afirmó que se trata de «un programa que no está teniendo el impacto que uno esperaría en los aprendizajes», aunque dejó la decisión final abierta al debate en el Congreso. Según el subsecretario de Interior, Máximo Pavez, el programa «ha estado mal evaluado» y «no presenta un efecto relevante en el aprendizaje». Otras personas han planteado que sin el programa lo más probable es que las familias igual hubiesen comprado un computador. Son todos argumentos que merecen analizarse, justamente porque apelan a la evidencia. Revisada en su conjunto, sin embargo, creemos que esa evidencia dice bastante más de lo que se está discutiendo hasta el momento.

El programa nació en 2009 como un premio al rendimiento para estudiantes vulnerables y en 2015 se transformó en una garantía para todos quienes llegan a séptimo básico en la educación pública, con software educativo y un año de conectividad. Lo han sostenido cinco gobiernos de distinto signo, ha llegado a más de un millón de estudiantes y solo en 2026 benefició a unos 96 mil estudiantes de colegios públicos y particular subvencionados.

La evaluación de impacto encargada por Dipres en 2022 analizó las cohortes 2015 a 2017 de la línea asignada por mérito y no encontró efectos significativos en notas, asistencia, Simce ni habilidades no cognitivas (Dipres, 2022). El resultado coincide con la mayor parte de la literatura internacional. El mayor experimento realizado en Estados Unidos, que entregó computadores a escolares de California, aumentó la tenencia y el uso de equipos sin cambiar notas ni puntajes (Fairlie y Robinson, 2013). Algunos estudios también han mostrado un aumento de la distracción, por el uso recreacional de los equipos, algo que en Chile es efectivamente un problema.

Con todo, esa misma literatura muestra efectos positivos consistentes y significativos en dimensiones asociadas a la alfabetización digital. Por ejemplo, en Lima, los niños que recibieron un computador para su hogar obtuvieron 0,8 desviaciones estándar más en una prueba de manejo del equipo (Beuermann et al., 2015), y el seguimiento de largo plazo de Una Laptop por Niño en escuelas rurales peruanas encontró mejores habilidades computacionales una década después (Cueto et al., 2024). Entregar un computador produce aquello que se propone producir, que es acceso, uso y habilidades digitales. Los puntajes en pruebas de lápiz y papel dependen de otros factores, y el programa nunca prometió aumentarlos por sí solo. Ni la evaluación de Dipres ni el Simce miden habilidades digitales.

La pregunta relevante es, entonces, si ese acceso y esas habilidades en el uso de las tecnologías de la información son un objetivo valioso en sí mismo. La investigación sobre desigualdad digital responde que sí, porque la brecha de acceso persiste incluso en países ricos y sobre ella se montan brechas de habilidades y usos que reproducen la desigualdad de origen (van Deursen y van Dijk, 2018). La pandemia lo mostró en Chile con crudeza, con niños que intentaban seguir clases en un celular compartido y con conexiones precarias. Las familias con recursos compran un computador a sus hijos apenas pueden, y a ninguna se le ocurre desecharlo porque el niño anda mal en matemáticas. Intentará ayudarlo en las tareas, intentará monitorear su uso para el aprendizaje. El computador es un útil escolar de esta época, y lo que está en discusión es si el Estado lo garantiza a quienes no pueden costearlo.

Queda el argumento de que algunas familias igual habrían comprado el equipo. La propia evaluación de 2022 ofrece una clave para leerlo. Encontró que, aun entre estudiantes socioeconómicamente vulnerables, los de mejores notas provenían de hogares con más ingresos y más acceso a internet en términos relativos, de modo que el criterio de mérito tendía a favorecer a quienes tenían mayor probabilidad de contar ya con un computador en la casa. Si se abandona el criterio del mérito, se trataría de un problema de focalización, y se corrige asignando mejor según necesidad. La evaluación de 2018 estimó que cerca del 40% de los preseleccionados ya tenía computador (Dipres, 2018), lo que significa también que seis de cada diez no lo tenían. Un programa que llega a esa proporción de estudiantes sin equipo puede afinarse, pero difícilmente puede calificarse de irrelevante. Nótese que la disponibilidad de un computador para el estudio y las tareas escolares en la casa se resuelve solo parcialmente si el único equipo que se tiene es compartido por varias personas, como ocurre en la mayor parte de estos sectores.

Como toda política pública, ésta también es perfectible. Las evaluaciones del Estado llevan casi una década identificando problemas y proponiendo correcciones. La de 2018 concluyó que el programa «debería continuar prestando servicios, no obstante, debe actualizarse», y recomendó extender la conectividad, vincular la entrega con el uso pedagógico y construir  una línea base sobre la brecha digital. La evaluación ex ante de 2021 respaldó su continuidad tras una reformulación (Dipres, 2021), la de impacto de 2022 señaló problemas de focalización y la Contraloría detectó en 2024 muchos equipos sin entregar, una falla de gestión que debe corregirse. Ninguno de estos documentos, hasta donde hemos podido revisar, recomienda cerrar el programa. Se puede discrepar de una política de 17 años, pero llevarla a cero en un solo presupuesto, invocando evaluaciones que proponían mejorarla, es una decisión que la evidencia no respalda.

Las vías de mejora están identificadas. Focalizar mejor según necesidad, manteniendo la garantía en la educación pública, corregiría el problema que detectó la evaluación de 2022, y extender la conectividad evitaría que el equipo pierda buena parte de su valor después del primer año. La tarea más exigente, y probablemente la más importante, es integrar el computador al trabajo pedagógico de las escuelas, porque la dotación sin apoyo pedagógico rinde poco en las otras áreas del aprendizaje (Cueto et al., 2024). Eso supone formación docente, contenidos, herramientas y liderazgo escolar, no solo logística de entrega. El programa debería medirse, además, por lo que persigue, con evaluaciones de habilidades digitales que el país ya ha probado. Y si la restricción fiscal obliga a ajustar temporalmente, pueden entregarse menos equipos sin desmantelar en un año lo que se construyó en diecisiete.

Chile ha entregado computadores a más de un millón de niños, niñas y jóvenes de familias de ingresos medios y bajos. Cualquier especialista en política educativa comparada vería ahí una capacidad estatal que muchos países quisieran tener, y una señal que el país envía a cada estudiante que llega a séptimo básico: tu aprendizaje nos importa, tú puedes aún mucho más. Ese patrimonio de la política socioeducativa chilena debe mejorarse y fortalecerse. La decisión está en manos del Gobierno y el Congreso, para hacer lo que las evaluaciones públicas recomendaron y ajustar el programa para que cumpla mejor su propósito. Hay decisiones que los gobernantes cuentan con orgullo a sus nietos; eliminar los computadores de los estudiantes más pobres difícilmente sería una de ellas.