El autor de esta columna sostiene que el Gobierno presentó como cooperación policial una adhesión que también compromete decisiones sobre inversiones, minerales críticos y política exterior, y advierte que Chile deberá demostrar que puede decir que no a Washington cuando sus intereses lo aconsejen. Concluye que «Un escudo protege según dónde se lo coloque y quién lo sostenga. El de las Américas acaba de abrir una discusión sobre delincuencia, inversiones y poder regional. La firma fue en Nueva York. La decisión sobre sus límites tendrá que tomarse en Chile».

Imagen de portada: gráfica de Constanza Ovalle / Agencia Uno

¿Qué firmó Chile en Nueva York? ¿Un acuerdo para perseguir al Tren de Aragua? ¿Una mesa de seguridad regional? ¿O una iniciativa que también influirá en las inversiones, los minerales y las decisiones diplomáticas? El anuncio de Cancillería sobre la adhesión de José Antonio Kast al Escudo de las Américas, el 22 de septiembre, se concentró en la persecución del crimen organizado. La declaración suscrita plantea un proyecto bastante más amplio. Esa diferencia merece atención: el Gobierno presentó como cooperación policial una decisión que alcanza también a la economía y a la política exterior.

Hay razones para cooperar. Las redes criminales mueven dinero, drogas y personas entre países cuyas policías y fiscalías difícilmente pueden investigarlas por separado. Cancillería promete acceso a información, herramientas de análisis y capacitación para Carabineros y la PDI. La utilidad de esos recursos dependerá de lo que produzcan y de las condiciones en que circulen los datos. ¿Qué información entregará Chile? ¿Quién podrá conservarla o utilizarla después? Son preguntas policiales, pero también preguntas sobre quién controla una investigación desarrollada en territorio chileno.

LA AGENDA DETRÁS DE LA SEGURIDAD

El texto firmado reúne seguridad, economía y coordinación multilateral. Propone explorar mecanismos para evaluar inversiones, asegurar el suministro de minerales críticos y establecer reglas para proveedores de infraestructura digital. También contempla consultas para impulsar posiciones compartidas en organismos internacionales. Las decisiones concretas vendrán después. Y allí estará buena parte de la disputa: en la definición de qué inversión representa un riesgo, qué proveedor merece confianza y qué interés regional justifica actuar en conjunto.

Esas preguntas adquieren otro peso al leer la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Washington declara su propósito de recuperar la primacía en el hemisferio, limitar el control de activos estratégicos por competidores externos y condicionar los términos de sus alianzas a una menor influencia de esas potencias. Anuncia incluso el uso de sus recursos financieros y tecnológicos para orientar decisiones de los países de la región. El promotor del Escudo ha sido bastante claro acerca de sus fines; sería extraño que Chile leyera la declaración conjunta sin tenerlos presentes.

Ryan C. Berg, analista estadounidense especializado en América Latina, observó antes de la creación del Escudo que la iniciativa podía servir para ampliar la estrategia de Washington frente a China mediante acuerdos económicos, de defensa y de seguridad. Berg considera deseable ese rumbo. Su análisis permite ver con claridad la relación entre asuntos que el comunicado chileno presentó por separado: perseguir carteles y disputar influencia sobre puertos, minerales o redes digitales caben en una misma política estadounidense.

Eso coloca a Chile ante decisiones difíciles, aunque perfectamente reconocibles. Examinar una inversión en un puerto o en telecomunicaciones puede responder a riesgos reales. La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales ya había abierto en junio una discusión sobre cómo evaluar inversiones extranjeras en sectores estratégicos. El problema aparecerá si los criterios chilenos se confunden con las preferencias de Washington. Una regla fundada en riesgos verificables puede aplicarse a cualquier empresa. Una regla diseñada para excluir a un competidor geopolítico exige otra explicación, especialmente en un país que mantiene vínculos económicos profundos con China.

La capacidad estadounidense de encarecer decisiones ajenas tiene, además, un antecedente reciente. En febrero, durante el gobierno anterior, Washington revocó las visas oficiales de tres funcionarios chilenos a quienes atribuyó actividades contrarias a la seguridad regional. Eran los funcionarios que estaban evaluando la aprobación de un cable submarino de una empresa china. La Cancillería rechazó la medida y defendió expresamente el ejercicio de la soberanía nacional. Meses después, Chile se incorpora a una iniciativa que incluye la evaluación de inversiones y proveedores estratégicos. La pregunta para el Gobierno de Kast es concreta: ¿cómo responderá cuando su propio juicio sobre una inversión difiera del de Washington?

LA REGIÓN TIENE OTRA MESA

Chile cuenta con un espacio desde el cual discutir esa cooperación con sus vecinos. En mayo, junto a Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú, adoptó el Compromiso de Santiago contra la delincuencia organizada transnacional. Sus participantes encargaron a un grupo de trabajo preparar un plan de acción con medidas verificables y aprobación ministerial. El plan sigue en elaboración. El 23 de septiembre, mientras aún se discutían los alcances de la adhesión al Escudo, representantes de los países participantes se reunieron en Nueva York para impulsar esa tarea.

Ambas iniciativas pueden aportar información y coordinación contra redes que cruzan fronteras. Su convivencia plantea una cuestión política menos cómoda: ¿desde dónde se decidirá qué necesita la región? El Compromiso de Santiago reúne a países directamente afectados por rutas, fronteras y delitos compartidos; su eficacia todavía está por construirse. El Escudo ofrece el peso tecnológico y diplomático de Estados Unidos, junto con sus prioridades estratégicas. Chile tendría más margen para negociar si llega a esa segunda mesa después de acordar posiciones con sus vecinos en la primera.

Hay un punto en que la coordinación podría adquirir consecuencias más precisas. La declaración del Escudo propone solicitar una reunión en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, para considerar medidas colectivas contra organizaciones criminales. Esa reunión aún debe solicitarse, convocarse y adoptar, si corresponde, alguna decisión. El tratado establece que determinadas medidas aprobadas por su órgano de consulta obligan a los Estados que lo ratificaron; exceptúa el empleo de fuerza armada, que requiere el consentimiento de cada país. Por eso interesa saber desde ahora qué alcance atribuye Chile a esa vía y qué medidas estaría dispuesto a apoyar.

Juan Gabriel Valdés, excanciller y exembajador chileno en Washington, advirtió sobre la subordinación que podría producir esta iniciativa y rechazó involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la droga. La declaración de Nueva York no dispone esa participación. Su inquietud, sin embargo, alcanza un problema mayor: cuando la seguridad se organiza bajo el liderazgo de una potencia, los demás gobiernos deben explicar hasta dónde acompañarán sus propuestas. La firma abre ese proceso; las respuestas se conocerán en las decisiones siguientes.

LAS DECISIONES QUE FALTAN

Cancillería debe comenzar por explicar el documento entero. Su comunicado detalló las ventajas policiales y apenas permitió entender por qué Chile adhirió también a una agenda económica y diplomática. El Gobierno tendría que publicar sus criterios para compartir inteligencia, evaluar inversiones y escoger proveedores tecnológicos; precisar cómo coordinará el Escudo con el Compromiso de Santiago; e informar qué posición llevará a una eventual reunión del TIAR. Son definiciones que pueden discutirse en el Congreso y examinarse cuando llegue el primer desacuerdo importante.

El riesgo para Chile puede acumularse en decisiones pequeñas: compartir datos sin reglas claras sobre su uso, descartar una inversión sin exponer las razones técnicas, acompañar una posición internacional para evitar una disputa con Washington. Ninguna exige un anuncio solemne sobre el futuro de la soberanía. Bastaría con presentarlas una por una como asuntos demasiado específicos para suscitar debate. Una cooperación que haga más eficaz la persecución del crimen es posible; para sostenerla, Kast tendrá que demostrar que Chile también puede decir que no cuando sus intereses así lo aconsejen.

Un escudo protege según dónde se lo coloque y quién lo sostenga. El de las Américas acaba de abrir una discusión sobre delincuencia, inversiones y poder regional. La firma fue en Nueva York. La decisión sobre sus límites tendrá que tomarse en Chile.