El autor de esta columna escribe sobre la discusión pendiente en el Congreso sobre el proyecto de sala cuna universal, y pone el acento en las diferencias que hay del costo de la medida dependiendo de la región del país. Sostiene que «el precio de una sala cuna por región —la variable que decide si el derecho universal es usable o decorativo— no lo produce ninguna política pública, y hoy la información disponible es escasa para todos: familias, empresas y gobierno. Para proyectar impactos reales y dar un paso más hacia el desarrollo, necesitamos mejor información local».

Imagen de portada: Luis Bozzo / Agencia Uno

Recientemente, el Senado rechazó el mecanismo de financiamiento fiscal que propuso el Gobierno para el proyecto de Ley de Sala Cuna Universal, que consistía en financiar la medida con cargo al seguro de cesantía y con un aporte adicional del 0,35% para trabajadores independientes. 

Ahora, la estructura de los aportes del fondo como del límite del copago deberá ser rediseñada y discutida nuevamente en la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero, ¿existirá en la propuesta una mirada regional? Y es que Valparaíso y Santiago están a 100 kilómetros, pero la Ley de Sala Cuna Universal revelará en ellas realidades opuestas. En una, la ley tiene bastante con qué trabajar. En la otra, resulta cara: mucho gasto por cada mujer que efectivamente se incorpore al trabajo. No es una curiosidad regional. La reforma opera por dos canales que conviene mirar por separado.

El primero es el fin de lo que en la práctica funcionaba como un impuesto a contratar mujeres: la obligación del artículo 203 del Código del Trabajo, que hacía que la trabajadora número 20 le costara a la empresa bastante más que la 19. Eliminar esa obligación alivia mucho donde hay muchas empresas rondando ese umbral, y casi nada donde dominan las grandes, que ya pagaban y seguirán pagando. La proporción del empleo femenino que está en ese tramo crítico varía 2,3 veces entre regiones: en Magallanes es más del doble que en la Región Metropolitana, según parte del análisis Observatorio Territorial que realicé. Eso es estructura productiva, no voluntad política.

El segundo es el precio. El Estado aportará hasta un tope —5,2 UTM, unos $372.000— y lo que cobra el jardín es libre y local. Con los precios regionales del estudio Edenred 2026, la diferencia que debe cubrir la familia va de unos $71.000 en Coquimbo a $175.000 en el Maule. Antes del subsidio, el costo del Maule era 1,2 veces el de Coquimbo; después, 2,5 veces. Esto no es un misterio: restar la misma cifra a números distintos achica las diferencias absolutas y agranda las relativas. Una transferencia pareja sobre precios desiguales mejora el promedio y empeora la dispersión. El punto aquí es que el instrumento importa tanto como el monto. Medida contra el ingreso de las mujeres de cada región, esa diferencia pesa entre 9,8% en Magallanes y 34,8% en el Maule: 3,5 veces. Y la brecha casi no viene de que unas regiones sean más pobres —los ingresos femeninos regionales se parecen bastante entre sí—: lo que varía son los precios de los servicios de sala cuna.

Lo relevante es que ambos canales son estadísticamente independientes: saber cuánto alivia la ley en una región no dice nada sobre si la familia podrá pagar la diferencia. No hay una lista de regiones ganadoras y otra de perdedoras. Hay cuatro situaciones, cuatro Chiles. Regiones donde la ley rinde sola. Regiones donde hay mucho con qué trabajar, pero el precio lo bloquea, y ahí el instrumento no es más la ley en sí, sino un arancel de referencia. Regiones donde el beneficio es caro —el caso de la Metropolitana, justamente donde hay más beneficiarias—. Y regiones con margen acotado por ambos lados. Cuatro Chiles, una sola ley, la necesidad de cuatro bajadas distintas.

Si una ley de sala cuna produce cuatro Chiles, la pregunta que sigue es más grande: ¿cuántos Chiles hay frente a la variación de la tasa de política monetaria?, ¿el salario mínimo? Un alza de tasas no se transmite igual donde el empleo está en empresas chicas que donde está en faenas grandes con financiamiento propio. Esto nos interpela a todos: pasamos años considerando y discutiendo sobre el efecto promedio sobre la familia promedio, sabiendo que “el promedio” oculta realidades.

Lo peor de los promedios es la tentación de rankear regiones en función de una sola dimensión. Hicimos el ejercicio, en el caso de la ley de sala cuna y sirve poco. Lo que sirve es más específico: cómo se distribuyen los tamaños de empresa, cómo es la estructura industrial, cuánta gente hay realmente disponible para trabajar, qué precios rigen localmente y quién puede pagarlos. Igual que en el caso de la pobreza el problema es multidimensional.

Y ahí aparece el Desafío País. El precio de una sala cuna por región —la variable que decide si el derecho universal es usable o decorativo— no lo produce ninguna política pública, y hoy la información disponible es escasa para todos: familias, empresas y gobierno. Para proyectar impactos reales y dar un paso más hacia el desarrollo, necesitamos mejor información local. En la era digital, ese es un desafío abordable.