Los autores de esta columna analizan cómo la detención del consultor Fernando Cerimedo reabrió en Chile el debate sobre bots, trolls y campañas sucias digitales, y comentan las respuestas de Brasil, desde las reglas de su justicia electoral hasta la exigencia de transparencia sobre el contenido generado con IA. Concluyen que «sea con desinformación, actividad inauténtica, o interferencia de la Inteligencia Artificial, el espíritu del desafío es el mismo: limpiar el ecosistema informativo para que la ciudadanía pueda tomar sus propias decisiones, sin interferencia indebida (…) No regular, por lo tanto, no es una opción».

La reciente prisión preventiva en Bolivia del consultor político argentino Fernando Cerimedo, el “rey de los bots/trolls”, acusado de mandar asesinar a su expareja, ha repercutido fuertemente en Chile, gracias a sus lazos con diversas campañas políticas de la extrema derecha, sector con el que el mismo consultor se identifica públicamente. Sean usuarios no humanos que operan de forma automatizada siguiendo instrucciones predeterminadas (los bots, corto para robots) o milicias de personas, remuneradas o no, caracterizadas por un comportamiento excesivamente negativo (los llamados trolls), ambos actúan en general de forma coordinada en red para difundir información falsa, difamar personas o temas, engañar algoritmos para posicionar sus tendencias, intoxicar el ambiente digital, entre otras. Dichas tácticas pueden variar, pero tienen en común que son recursos de manipulación de la opinión pública, por lo tanto, esencialmente antidemocráticos, y que residen en un área gris de la regulación de campañas electorales, lo cual significa que en Chile, hasta el momento, no constituyen en sí un delito.

En la arena nacional, Cerimedo es asociado al menos a la campaña por el rechazo del primer proceso constituyente en 2022, la que llevó José Antonio Kast a la presidencia (lo que fue negado por el Presidente y otras autoridades de gobierno) , y los lazos con personeros importantes de La Moneda en su mandato actual. Si bien su actividad va más allá de los bots y los trolls, esta dimensión digital de las campañas electorales es la menos regulada y que ha desatado más debate e inclusive un proyecto de ley del diputado Jaime Bassa impulsando sanciones para quienes usen bots y otros tipos de “cuentas automatizadas o de identidad falsa destinadas a manipular la opinión pública o los procesos electorales”. Este tipo de reacción contundente es una respuesta de quienes entienden como profundamente dañina la actividad de usuarios inauténticos –como cuentas automatizadas sin una persona real detrás– y campañas coordinadas de manipulación de opinión pública –como las milicias de trolls.

LA ACTIVIDAD INAUTÉNTICA EN CHILE

Uno de los supuestos de una democracia son sus procesos participativos, en particular las elecciones, en que la ciudadanía elige propuestas con las cuales siente mayor afinidad ideológica, o que le parece las más justas, que defienden los intereses de su grupo en particular y así sucesivamente. Esta ecuación parece muy funcional siempre y cuando se apoya en información veraz.

En otros tiempos esta actividad inauténtica se manifestaba de forma algo rudimentaria. En 2012, la amplificación del apoyo al presidente Piñera se dio acarreando un grupo de mujeres a un día de playa con la promesa de un “cocaví”, sin advertir que las obligarían a prestarle el cuerpo a una puesta en escena de apoyo al Presidente tras su cuenta pública. Por otro lado, posiblemente la operación de desinformación más famosa e infame de la historia chilena sea la Operación Colombo, en que el asesinato de detenidos desaparecidos fue plantado en un diario en Brasil, con una edición y un número –es decir, nunca fue un diario de verdad–, como un conflicto entre militantes resultando en 119 muertos. Esta noticia fue luego reproducida por medios de primera línea como El Mercurio, La Tercera y la infame portada “Exterminados como Ratones” de La Segunda.

En estos últimos tiempos no faltan evidencias de actividad inauténtica coordinada, por ejemplo en la campaña presidencial de 2021 en favor de Kast y en contra de los otros candidatos y candidatas, mostrando tendencia ideológica a la derecha, predominancia de sentimientos negativos y ataques a la izquierda,  y el vaciamiento de la discusión en el contexto del primer proceso constituyente (2020-2022), replegando un repertorio afectivo más que sustantivo. Más recientemente, sin embargo, los ataques de este tipo en contra de Evelyn Matthei, candidata de la derecha más tradicional en las últimas presidenciales, cobraron protagonismo, transformando la agenda de combate a las campañas sucias digitales en una batalla casi transversal en el espectro político chileno.

La explosión de la IA aumentó la complejidad de este debate y de los sistemas de detección de actividad automatizada. Los bots que reproducían instrucciones sencillas, como poner “me gusta” o republicar algo, a veces con comentarios muy estandarizados (algunos hashtags y un link, por ejemplo), ahora producen textos contextualizados con lenguaje sintético pero muy similar al natural. Como suele ser en estos casos, es una constante caza entre gato y ratón: los sistemas de detección de bots mejoran; los bots se ponen más sofisticados, y los sistemas de detección se ponen más sofisticados… y así sigue.

En este contexto, muchos se preguntan, desde la ciudadanía hasta la clase política, ¿qué se puede hacer para contener este tipo de actividad inauténtica, la desinformación y otros procedimientos que erosionan los espacios públicos de discusión de la realidad nacional?

BRASIL: LIDERAZGO REGIONAL

Toda esta discusión partió mucho más temprano en otros lados. La arremetida de campañas sucias digitales en Chile es un despertar tardío de sectores asociados a la ultraderecha como una reacción conservadora al estallido social en el contexto del plebiscito de entrada del proceso constituyente 2020-2022. En Venezuela hay relatos de actividad relevante de bots en redes sociales desde 2010, en México también desde 2010, en Brasil desde 2012.

Brasil es considerado un pionero a nivel internacional en el debate sobre los derechos y deberes en Internet desde la promulgación del Marco Civil de Internet (Ley N° 12.965/2014), al establecer una constitución digital centrada en la defensa de los derechos fundamentales en la red. Una parte del Marco Civil (artículo 19) fue reevaluada por la Corte Suprema Federal para acelerar la respuesta de las plataformas en línea a las solicitudes de eliminación de contenido problemático.

El tema se puso más grave en Brasil en el contexto de la invasión de la Plaza de los Tres Poderes: el 8 de enero de 2023, seguidores de Bolsonaro depredaron edificios simbólicos del poder político nacional, organizados y coordinados por redes, con un papel importante de grupos de Telegram, alimentados e inspirados por grupos dentro de los círculos de poder e influenciadores del sector, en particular el mismo expresidente Jair Bolsonaro. En contraste con los perdonazos de los invasores del Capitolio y el empoderamiento de Donald Trump en la versión estadounidense de la intentona golpista, el Poder Judicial y la autoridad electoral brasileña procesaron tanto los participantes como los autores intelectuales de lo que fue clasificado como un intento de golpe de Estado. Como resultado el mismo Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel y perdió sus derechos políticos.

Entre tantos imputados en el proceso, la Policía Federal brasileña investigó y solicitó la acusación formal contra Fernando Cerimedo por su participación en el núcleo de desinformación contra el sistema electoral brasileño (uno de los grupos involucrados en el intento de golpe de Estado). El papel de Cerimedo consistía en dar legitimidad a la idea de que las urnas serían manipuladas.

Además de la investigación conjunta de la policía federal y del Poder Judicial, las medidas de Brasil en defensa de la democracia incluyen iniciativas legales: desde 2018, más de 70 proyectos de ley sobre el tema han aparecido en el parlamento. Los avances concretos incluyen la protección de datos (entendiendo que toda segmentación realizada por algoritmos de plataformas utiliza datos personales de usuarios brasileños) a través de la Agencia Nacional de Protección de Datos y la Ley General de Protección de Datos, y el Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia, conocido como ECA Digital (Ley Nº 15.211/2025), que regula la relación entre los adolescentes y las plataformas en línea.

Otros esfuerzos para aprobar una legislación específica que aborde problemas como la información falsa en las plataformas entre 2020 y 2024 (PL2630/2020) sufrieron un fuerte lobby por parte de las plataformas en línea en el Congreso. Adicionalmente, las big techs presionaron a los influencers del país, alegando que de aprobarse el PL2630 ganarían menos. También enviaron mensajes a sus usuarios y modificaron su página de inicio para mostrar mensajes en contra del proyecto. Según el entonces presidente de la Cámara de Diputados, las llamadas big techs “se pasaron de la raya”.

En el ámbito electoral, las normas relativas a las elecciones se mantienen actualizadas mediante resoluciones del Tribunal Superior Electoral (TSE), sujetas a audiencias públicas en las que se reciben críticas y sugerencias y se discuten normas para —entre otras cosas— el entorno digital. También existe el requisito de un plan de cumplimiento de las plataformas, un documento técnico y operativo exigido por el TSE en el que las plataformas de redes sociales en línea, los motores de búsqueda y otras empresas de tecnología de información –como las de chatbots de IA– detallan las medidas preventivas para proteger la integridad de las elecciones y cumplir con los requisitos legales del país.

En cuanto a las resoluciones para 2026, destacamos:

• La prohibición de las recomendaciones algorítmicas de candidatos, según la cual los chatbots de inteligencia artificial no pueden clasificar ni indicar candidatos preferidos, incluso cuando los usuarios lo soliciten;
• El etiquetado obligatorio de la propaganda de campaña creada o modificada significativamente por inteligencia artificial;
• Un período de restricción electoral durante el cual los contenidos sintéticos (como los generados por IA) quedan suspendidos en las 72 horas previas y en las 24 horas posteriores a la votación;
• La prohibición de los deepfakes y contenidos sintéticos equivalentes.

Además de las resoluciones del tribunal electoral, la sociedad civil se organiza en diferentes coaliciones, como la denominada Sala de Articulación contra la Desinformación, una red de organizaciones de la sociedad civil que funciona como un espacio permanente de articulación, coordinación y colaboración para hacer frente a la desinformación y otras amenazas al entorno informativo en Brasil.

DESAFÍOS PRESENTES Y FUTUROS

La ausencia de injerencia sobre las plataformas representa una cascada de dificultades para la regulación del tema. Un gran avance en Chile fue la aprobación de la ley 21.719 de protección y tratamiento de datos personales, pues obliga las plataformas, a partir de 1 de diciembre de 2026, a tener representación legal en Chile, evitando conflictos como el generado por Elon Musk al retirar la representación legal en Brasil para no tener que cumplir con determinaciones legales. Esto es un paso fundamental en cualquier dimensión de la defensa del ecosistema informativo, sea desinformación, bots, trolls, contenido sintético, chatbots con IA y otras problemáticas que el futuro guarda.

Sobre la Inteligencia Artificial, hay un cierto consenso de que trae diversos nuevos desafíos relacionados con la salud de los ambientes informativos. Por un lado está este juego de gato y ratón, en que los problemas actuales pueden a la vez ser mitigados y potenciados con la ayuda de la IA, como los bots en plataformas digitales.

Por otro lado, los chatbots de IA empiezan a ocupar un lugar como fuente de información. Antes de la primera vuelta de las presidenciales de 2025, un 27% de los encuestados de un panel online del Núcleo MEPOP declaró haber conversado sobre la elección con un chatbot de IA (como ChatGPT, Gemini o Copilot). Entre los 18 y 29 años la cifra sube a 38%, y en el grupo de mayor nivel socioeconómico, considerando todas las edades, llega a 44%. Se trata de una sola medición, en una muestra no probabilística, que no permite hablar de una tendencia, pero sí sugiere un hábito que para 2029 podría ser más que relevante.

En el caso brasileño, entre las directrices y reglas sobre la producción de contenido sintético se optó por, en vez de prohibir, exigir transparencia en el uso de contenido generado por IA. El no cumplimiento puede llevar a multas o la revocación de la candidatura de la parte infractora. La misma transparencia es exigida si hay una plataforma de IA para responder a las consultas ciudadanas.

Sea con desinformación, actividad inauténtica, o interferencia de la Inteligencia Artificial, el espíritu del desafío es el mismo: limpiar el ecosistema informativo para que la ciudadanía pueda tomar sus propias decisiones, sin interferencia indebida, favorecimiento tecno-político, errores tecnológicos que afecten lo político, amplificaciones forzosas, confusiones intencionadas, alucinaciones sintéticas, manipulaciones algorítmicas, entre otros problemas derivados del rol fundamental que las tecnologías de la información como plataformas sociales digitales y chatbots de IA tienen en nuestras vidas. No regular, por lo tanto, no es una opción.