Señor director:

Cada septiembre recordamos la Primera Junta Nacional de Gobierno como el inicio de un proceso mediante el cual Chile comenzó a asumir responsabilidad por su propio destino. Más de dos siglos después, ser patriota no puede consistir solamente en celebrar símbolos y tradiciones. También exige preguntarnos qué país estamos construyendo y qué lugar ocupan en él sus niños, niñas y familias.

Chile necesita recuperar el crecimiento, aumentar la productividad y generar empleo. Sin embargo, este debate suele ignorar una condición esencial: contar con un sistema sólido de cuidados y educación inicial. La desocupación femenina alcanzó un 10,3% en el trimestre mayo-julio de 2026, mientras la participación laboral de las mujeres continúa muy por debajo de la masculina. Sin alternativas de cuidado accesibles y de calidad, miles de mujeres no pueden ingresar al trabajo formal, conservarlo o desarrollar plenamente sus capacidades.

Por eso, la educación parvularia no es solamente una política social. Es también infraestructura para el desarrollo del país. Permite reducir desigualdades desde los primeros años de vida y, al mismo tiempo, favorece el empleo femenino, los ingresos familiares y la actividad económica.

El avance del proyecto de Sala Cuna Universal constituye una oportunidad histórica. Pero universalizar este derecho no puede limitarse a financiar un cupo. Debe asegurar calidad educativa, cobertura territorial, corresponsabilidad, condiciones laborales dignas y recursos públicos suficientes y permanentes. Tampoco puede debilitar los fondos destinados a proteger a las personas frente al desempleo ni trasladar a las familias la diferencia entre el aporte estatal y el costo real del servicio.

Esta discusión ocurre mientras persiste la incertidumbre sobre el Presupuesto 2027 para la educación inicial y distintas organizaciones de trabajadores perciben una reestructuración en Fundación Integra que no ha sido formalmente declarada ni explicada de manera integral. Sin un diagnóstico público, un plan conocido o una evaluación de impacto, ya se observan decisiones fragmentadas, revisión de funciones y señales que apuntan a reducir dotaciones y capacidades institucionales.

Que Integra sea una fundación de derecho privado no convierte estas decisiones en asuntos meramente privados. Su misión, financiamiento e impacto son públicos. La institución atiende a más de 93 mil niños y niñas, por lo que reducir equipos nacionales o regionales puede significar menos acompañamiento a los jardines infantiles, respuestas más lentas en los territorios y mayores cargas para quienes sostienen diariamente la atención educativa.

El Presupuesto 2027 debe entregar certezas y fortalecer a JUNJI, Fundación Integra y los jardines VTF. No existe Sala Cuna Universal sostenible si las instituciones llamadas a garantizar la educación inicial enfrentan recortes, precariedad o debilitamiento de sus capacidades.

La Primera Junta representó la voluntad de comenzar a gobernarnos pensando en un destino común. En la etapa actual, esa responsabilidad histórica debiera expresarse en decisiones capaces de mirar más allá del próximo año presupuestario. Invertir en educación inicial es cuidar a la niñez, reducir desigualdades, respaldar a las familias y permitir que más mujeres participen del desarrollo económico.

En estas Fiestas Patrias, conviene recordar que amar a Chile no es solamente celebrar su historia. Es asumir responsabilidad por su futuro. Y ese futuro comienza, necesariamente, en la primera infancia.