El fiscal que investiga los intercambios de mensajes entre Manuel Guerra, Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, confirma que citará al exministro para que declare nuevamente. Además, explica que someterá la información del teléfono del penalista a nuevos motores de búsqueda y que, según le explicaron proveedores de extracción de mensajería, el Ministerio Público podría acceder a plataformas como Telegram o Signal, las que hasta ahora no han podido ser pesquisadas por la fiscalía. Esta opción cobra importancia luego de que la fiscalía accedió a mensajes entre Hermosilla y Chadwick que sugerirían que se comunicaban por otras plataformas además de WhatsApp.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, afirma que, a diferencia de cuando estalló el caso Hermosilla en 2023, hoy el Ministerio Público sí contaría con tecnología para acceder a plataformas de mensajería instantánea como Telegram o Signal, utilizadas habitualmente para mantener conversaciones privadas. 

Hasta ahora, la fiscalía no ha logrado extraer mensajes de esas aplicaciones desde el teléfono de Luis Hermosilla, cuyos intercambios por WhatsApp han abierto varias indagatorias penales en los últimos años. Este avance tecnológico podría ser clave para la investigación que el propio Carrera lidera contra el exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra, a quien indaga por presuntamente haber favorecido a cercanos de Hermosilla mientras ejercía ese cargo. Recientemente, esa fiscalía tuvo acceso a mensajes entre Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, que sugieren que también se comunicaban a través de Telegram. 

“Lo novedoso que podemos tener acá es que hoy día cada vez la tecnología ha ido avanzando más, y cosas que hace un año no podíamos hacer, hoy día, de acuerdo a lo que se nos ha informado por las empresas proveedoras de servicio, en aperturas de teléfono y análisis de la información, sí estaríamos en condiciones de hacerla. Estamos trabajando con motores de búsqueda mucho más fuertes, mucho más ágiles y es algo a lo cual vamos a someter el teléfono del señor Hermosilla”, afirma Carrera. 

Y agrega: “Se podrían abrir algunas aplicaciones o encontrar información para la que, hasta el año pasado, no había una tecnología disponible. Y ahí es donde nos surge, por ejemplo, otras herramientas como Telegram, como Signal o incluso WhatsApp que hayan sido borrados, a los cuales podríamos eventualmente tener acceso hoy. Eso es algo para lo cual se nos comunicó por la empresa, pero que tenemos que ver si se dan las condiciones para que eso sea posible desde este teléfono en particular”.

Lo que sí, para poder acceder a esas plataformas, el Ministerio Público planea solicitar al tribunal autorización. Esto, porque hasta ahora, al menos la fiscalía que lidera Carrera, solo tiene permiso para acceder a los intercambios vía WhatsApp.

Esta semana, Reportea dio a conocer chats alojados en la carpeta investigativa del caso Guerra que dan cuenta de que muchas de las conversaciones que el exfiscal sostenía con Hermosilla eran informadas por este último a Chadwick. Incluso, el exministro daba instrucciones al respecto (vea ese reportaje). 

En varias ocasiones de esos intercambios, se alude a que la conversación continuaba por Telegram, por lo que de acceder a esa plataforma, dice Carrera, “podríamos encontrar información valiosa”. 

Hace más de un año, CIPER publicó que había inconsistencias en las declaraciones que Guerra y Chadwick habían entregado al Ministerio Público: mientras Chadwick negó categóricamente haberse reunido con Guerra cuando este último era fiscal -salvo en un encuentro oficial-, el expersecutor indicó que se reunió unas cinco o seis veces con el exministro. 

A raíz de esa incongruencia, Carrera asegura que volverá a citar a declarar a Chadwick en calidad de imputado, pero que lo hará una vez que haya auscultado todos los chats que llegaron hace poco desde la Fiscalía Oriente y que corresponde a una diligencia donde se solicitó acceder a todos los chats donde se menciona a Chadwick (vea el artículo de CIPER al respecto).  

Pese a que Chadwick aparece en reiteradas ocasiones en las conversaciones entre Guerra y Hermosilla, el fiscal Carrera señala que todavía no hay pruebas suficientes de que Andrés Chadwick haya sido quien llevó al exfiscal a trabajar a la Universidad San Sebastián (USS). Según se señaló en la audiencia de formalización de Guerra, en marzo de este año, fue en esa incorporación que se consumó el denominado “crédito corruptivo” que presuntamente acumuló Guerra con Hermosilla. 

En los intercambios entre el penalista y el exfiscal se habla de que el exministro del interior fue con quien habló Guerra para obtener ese trabajo. Sin embargo, Carrera señala que, en la evidencia, es Luis Cordero -fallecido- quien se reunió con Guerra para contratarlo:  

“Desde la lógica uno piensa, y ya hemos apuntado en la investigación, que [Chadwick] sí está relacionado, pero lo que nos falta ahí efectivamente es el elemento que acredite aquello. Desgraciadamente el señor Cordero murió, por lo tanto no nos puede dar su versión y eso nos complejiza un poco esto. No estoy diciendo que lo hemos descartado en lo absoluto, sino que es algo en lo que estamos trabajando”.

—¿Va a citar a declarar a Andrés Chadwick?

—Sí, efectivamente. De la nueva información que hemos ido copiando con la investigación que dirige esta fiscalía regional, evidentemente hay algunas discordancias entre lo que se declaró previamente, tanto por el señor Chadwick, como por el señor Guerra y Hermosilla. Por lo tanto, vamos a tomar declaraciones nuevamente para que nos expliquen, efectivamente, si es que hay alguna explicación, para que se hagan cargo de esas discordancias. Y eso no solamente tiene que ver con el señor Guerra, sino también con el señor Chadwick y el señor Hermosilla, que sin perjuicio de que este último, me refiero a Hermosilla, va a ser formalizado, también se le va a tomar una declaración nuevamente. Vamos a fijar fecha en los próximos días. 

La incorporación de Guerra a la USS ocurrió en agosto de 2021. Según han señalado algunos intervinientes de la causa, ese hecho –asociado a tráfico de influencias– podría prescribir tras cinco años, es decir, este 1 de agosto. Sin embargo, Carrera señala que, a su juicio, eso no ocurre porque hay otros hechos que interrumpen la prescripción:

“Hablamos de muchos hechos distintos. Si vemos cada hecho por separado, en el análisis cambia todo el contexto. Cuando analizamos el caso de Guerra, vemos que en un principio él no hacía ninguna solicitud. Él simplemente estaba al servicio de determinadas formas para dar término o guiar alguna investigación, pero no había ninguna solicitud. Las solicitudes empezaron a aparecer años después como, por ejemplo, formar parte del Consejo de Defensa del Estado, ir a un estudio jurídico, ser contratado en alguna universidad, etcétera. Entonces, cuando uno analiza un hecho en particular, uno podría decir, ‘sí, está prescrito’. Pero, cuando uno lo analiza en su contexto, resulta que esto no está prescrito y así lo entendió el tribunal de garantía cuando formalizamos al señor Guerra. Incluso se acuñó el término de ‘crédito corruptivo’, o sea, que él empezó a infringir los deberes del cargo para en algún momento, con posterioridad, comenzar a realizar el cobro de ese crédito”. 

En relación con Chadwick, quien no ha sido formalizado, Carrera dice que opera lo mismo: “Si nosotros lográramos que se determinara la responsabilidad de otros intervinientes, evidentemente corre la misma suerte. Las prescripciones se van interrumpiendo y además se toma un contexto genérico entre los distintos hechos. Y el último, por cierto, no es el de la Universidad San Sebastián, si es lo que preocupa en cuanto a los plazos. Si asumiéramos que la contratación de Manuel Guerra en la Universidad San Sebastián no interviene, por ejemplo, el señor Luis Cordero, y que en realidad tiene otra lógica [que Chadwick lo haya llevado], efectivamente, de eso ya se cumplieron 5 años el día de hoy o ayer. Pero, hay hechos posteriores que, eventualmente, de ser eso constitutivos de delito, lo interrumpirían. Porque estas comunicaciones no cesan con la llegada de Guerra a la Universidad San Sebastián”.

LA DILIGENCIA QUE PODRÍA LLEGAR A TELEGRAM

En abril pasado, el fiscal Mario Carrera solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una serie de diligencias que implicaba reabrir el teléfono de Luis Hermosilla. Sin embargo, el tribunal dio acceso parcial a su requerimientos: el 18 de mayo, autorizó el envío de los chats de Luis Hermosilla sobre sus conversaciones con Guerra y el exministro del Interior, Andrés Chadwick. También, aprobó el acceso a todos los mensajes en los que se menciona a Guerra y Chadwick, o los que hagan referencia a ellos mediante sus nombres completos, abreviaturas, iniciales, apodos o cualquier otra forma de individualización de esos imputados. El tribunal, además, dio luz verde para enviar los chats que hagan referencia a nombres de instituciones como “Municipalidad de Vitacura”,  “La Florida” o “Universidad San Sebastián”.

Lo que no autorizó el tribunal, fue la entrega de los chats en los que se menciona a al menos seis “sujetos de interés” que aparecen aludidos en los intercambios entre Guerra y Hermosilla -y que dio a conocer The Clinic en 2024-. Estos son: 

• Héctor Espinosa Valenzuela: exdirector de la PDI, defendido por Hermosilla en una causa judicial por fraude al fisco. Aunque Guerra no estaba a cargo del caso, orientó y aconsejó jurídicamente a Hermosilla.   
• Felipe Sepúlveda Araya: fiscal de Alta Complejidad Oriente. Guerra lo menciona cuando, una vez fuera del Ministerio Público, filtró información sobre una denuncia vinculada a la Municipalidad de Vitacura y el exalcalde, Raúl Torrealba.
• Raúl Fernando Torrealba del Pedregal: exalcalde de la Municipalidad de Vitacura, investigado por la Fiscalía Regional Oriente.
• Darío Calderón González: abogado e interviniente de varias causas. Guerra señala en los chats con Hermosilla que se juntaría con él.   
• Antonio Mauricio Ulloa Márquez: exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guerra también lo menciona cuando le ofreció ayuda a Hermosilla por la causa de Héctor Espinosa.
• Rodolfo Carter Fernández: exalcalde de La Florida. Lo investigó Guerra y luego trabajó con él en esa municipalidad.  

En respuesta, el tribunal argumentó que el uso de la denominación «sujeto de interés» que consignó la fiscalía “opera como un mecanismo de elusión de este control de garantías, pues sitúa al ciudadano en un limbo procesal, al negársele formalmente la calidad de imputado, ya que con ello, se le despoja de ejercer los derechos que se asisten, entre ellos, el derecho de defensa, generándose con ello, una investigación ‘oscura’ o ‘secreta’, situándolo en una flagrante desigualdad de armas en favor del ente persecutor”.

El tribunal también se negó a la entrega de mensajes de causas singularizadas como de “alta connotación pública”. Esto, porque la fiscalía requería conversaciones en las que se mencionara las palabras Penta, Exalmar-Dominga, Huracán, Ossandón, Vitacura y el nombre del exfiscal, Tufit Bufadel Godoy.