El exvicepresidente del Partido de la Gente, Jorge Passadore, se querelló contra el extimonel del colectivo, Luis Moreno porque, según acusa, falsificó su firma y la de la exdiputada de ese partido, Yovana Ahumada, para abrir y gestionar cuentas que el partido mantiene en el Banco Estado. La acción penal imputa delitos de falsificación o uso malicioso de documentos privados y se interpone a días de que, según La Segunda, el Servel informó en su sesión de directorio que denunciará al PDG ante el Ministerio Público por presuntos gastos no acreditados realizados en la administración de Moreno. En la querella se señala que las firmas estaban en un poder que confería a Moreno y a otros tres directivos, administrar los instrumentos financieros y administrativos del PDG. Y según detalla, la falsificación permitió “la administración irregular de fondos públicos” entregados por el Servel.

El exvicepresidente del Partido de la Gente (PDG), Jorge Passadore, presentó una querella criminal contra Luis Moreno, quien fue presidente por dos años del PDG desde que en 2021 se constituyó el colectivo. En el escrito, que se declaró admisible este sábado 25 de julio,  se acusa al exdirigente de haber incurrido en los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado, suplantación de identidad, administración y obtención fraudulenta de prestaciones del Estado. 

En la querella se argumenta que Moreno habría manipulado un acta correspondiente a una sesión del directorio central del PDG, realizada el 27 de agosto de 2021 en la comuna de Coronel, Región del Biobío. En esta instancia se habría acordado que Claudia Arias, protesorera del colectivo, junto a Luis Peña, secretario general del partido; Rafael Huenchuñir, tesorero nacional, y Moreno, serían representantes bancarios del partido. 

“La gravedad de los hechos de la falsificación que relato, se presenta en la situación que, en dicha sesión, se habría discutido y aprobado otorgar poderes amplios para operar cuentas corrientes, créditos, mutuos, actos de administración y disposición patrimonial”, explicó Passadore en la acción penal que el Séptimo Juzgado de Garantía ya admitió a trámite. 

Según se explica en la querella, Moreno habría tramitado dicha acta en una notaría para formalizar el documento, y solicitó la reducción de este a escritura pública. Y, con ese documento ya protocolizado, Moreno pudo abrir y suscribir contratos de al menos tres cuentas corrientes para el partido ante el Banco Estado. 

El acta reducida a escritura pública, según Passadore, la habría conocido recién casi cuatro años después. Esto, ya que en 2024 la exdiputada del PDG, Karen Medina, interpuso una querella contra Moreno, la cual aún se encuentra desformalizada. En esta, la Policía de Investigaciones (PDI) tomó declaración al exvicepresidente el 4 de agosto de 2025, momento en que, según afirma, se percató de que una supuesta firma electrónica suya había sido utilizada en el documento. 

Según esa declaración contenida en un informe elaborado por la PDI -al que CIPER tuvo acceso-, Passadore aseguró que no concurrió a esa reunión de la directiva: 

“Yo no concurrí en esa fecha en mi calidad de vicepresidente de la directiva del Partido de la Gente a la sesión de directorio en la cual se habría dado este poder (…) ni mucho menos otorgué este poder ni firmé mediante la modalidad de firma electrónica avanzada en mencionado documento (…) Es más, en dicho año nunca tuve firma electrónica avanzada”, aseguró.

Passadore, sin embargo, no es el único que desconoce esa sesión. La exdiputada del PDG, Yovana Ahumada, también declaró algo similar ante la PDI: 

“Yo nunca participé de esa sesión de directorio ni mucho menos concurrí a la ciudad de Coronel. Asimismo, debo indicar que tampoco es efectivo el hecho de yo haber firmado el acta de esa sesión de directorio mediante mi firma electrónica. Es más, no tengo firma electrónica, ni actualmente, ni en ese periodo”, señaló, según se cita en el informe de los policías.  

CIPER contactó a Passadore para saber las funciones específicas que mantuvo durante su rol de vicepresidente del PDG hasta 2022. También, para entender cómo tomó conocimiento de la existencia de esa acta de manera tan tardía, considerando que dentro de las facultades de la directiva de un partido está la de administrar las finanzas de este. Al respecto, señaló: “Dentro del equipo de trabajo cada uno tenía sus funciones. La mía en particular era ver el área política. Tenía que conformar todo lo que era el discurso político con respecto a las juventudes, la misión y visión del partido, nexos con organizaciones sociales y otros partidos políticos, levantar propuestas. También estuve a cargo durante harto tiempo de levantar el programa de gobierno que se iba a presentar en la candidatura de Franco Parisi. La parte administrativa o la parte legal estaban a cargo de Emilio Peña y de Luis Moreno. Ahora, ¿por qué lo hicieron? No sé si por un tema de ganar tiempo [en medio de la campaña presidencial de Franco Parisi] o algo por el estilo, la verdad es que lo desconozco por completo”.  Agrega que no tuvo funciones administrativas ni económicas durante su rol de vicepresidente: “Ninguna, no estaba dentro de mis funciones, yo veía solo la parte política del partido. Las funciones administrativas o legales estaban a cargo del secretario general [Luis Peña] y del presidente [Luis Moreno]”.

Por su parte, Yovana Ahumada señaló a CIPER que por el momento no se iba a referir al contenido de la querella.

CIPER se contactó con Luis Moreno para conocer su versión de los hechos y solicitarle el acta original que Passadore acusa no haber firmado, dado que la querella solo adjunta la reducción a escritura pública del acta, el cual fue tenido a la vista por el notario que realizó la reducción y luego devuelto a Moreno. Al respecto Moreno declinó responder a las consultas y señaló que esperará que las investigaciones del Ministerio Público esclarezcan los hechos que se le imputan.

La nueva querella contra Moreno se suma otros dos procesos abiertos que se vinculan al partido: una querella inicial interpuesta en 2024 por Karen Medina, exdiputada del PDG, y que investiga la Fiscalía Centro Norte; y una reclamación en proceso en el Tribunal Calificador de Elecciones por alteración del resultado en las últimas elecciones internas del PDG. Además, el medio La Segunda informó este viernes 24 de julio que pronto se sumará otra acción penal, porque el Servicio Electoral informó en su directorio que denunciará ante el Ministerio Público al partido por gastos no acreditados en los balances financieros. 

En 2025, CIPER reveló que el PDG tenía dificultades para administrar el partido y que el Servel había rechazado en reiteradas ocasiones los balances financieros del colectivo. De hecho, según ese reportaje, el partido había perdido $628 millones de aportes estatales, luego de que el Servel no aprobara sus gastos, dado que algunos no tenían respaldos  (vea ese reportaje aquí). 

LAS OTRAS INVESTIGACIONES CONTRA EL PARTIDO

El expresidente del PDG, Luis Moreno, es investigado por la Fiscalía Centro Norte desde enero de 2024, debido a la presunta falsificación de documentos para la obtención de recursos públicos. Esto, a raíz de una denuncia impulsada por la exdiputada Karen Medina junto a otros militantes del partido, en la cual se acusa la falsificación de firmas en el acta que en 2021 constituyó legalmente al partido.

De acuerdo con los testimonios de exmiembros del Tribunal Supremo, según consignó Ex-Ante, el partido nunca sesionó para la elección de la directiva y, pese a ello, su firma aparece en el acta eleccionaria. Gonzalo Ward, exdirectivo metropolitano del PDG, testificó ante fiscalía que “el acta de proclamación del Tribunal Supremo que supuestamente declaró la directiva del Partido de la Gente y que da cuenta de un proceso eleccionario para estos efectos realizado supuestamente el 5 de agosto de 2021 es absolutamente falsa (…). Nunca estuve en ese lugar y no firmé ningún tipo de documento”.

En esa causa, Marjorie Catalán, exintegrante del Tribunal Supremo, también denunció la falsificación de su firma en otros documentos del partido, lo cual ya fue corroborado por la PDI. De acuerdo con información publicada por La Segunda, en julio de 2025, el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI presentó en la causa un informe en el cual se afirmó lo siguiente: 

“Las firmas trazadas a nombre de Marjorie Catalán en el certificado del Tribunal Supremo del PDG del 5 de agosto 2021 y el acta de proclamación de la directiva central, ambos referidos al período del 6 de agosto 2021 al 6 de agosto 2023, son falsas y el resultado de un proceso imitativo de las genuinas de esta persona”.  

La querella interpuesta por el exvicepresidente Passadore constituye una nueva acusación de falsificación de documento y se refiere a un documento distinto al que hace referencia Catalán.

De acuerdo a la información de Ex-Ante, Moreno aún no ha sido formalizado en la causa que comenzó en 2024, y los delitos por los cuales se le acusa -fraude de subvenciones y falsificación de documento privado- arriesgan quedar prescritos al cabo de cinco año -por tratarse de delitos simples- ya que datan de 2021.

En paralelo, el PDG enfrenta otra investigación en su contra: una denuncia ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), en la cual se acusa que el Tribunal Supremo anuló las elecciones internas de 2026 del partido por supuestas inconsistencias en el proceso electoral, las cuales habían sido solucionadas. Esa denuncia también se presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso mediante un recurso de protección en el cual se acusó al partido de “retener materialmente los padrones de votación física de zonas claves y ocultar informes remitidos por los veedores oficiales del Servicio Electoral”. El 22 de julio la corte lo rechazó argumentando que ya existía una investigación en curso en el Tricel.

La situación del partido liderado por Franco Parisi, podría también enfrentar una investigación penal distinta. Porque el viernes 24 de julio, el medio La Segunda informó que se sumaría otra acusación: el Servel denunciará al Partido de la Gente ante el Ministerio Público por gastos no acreditados en los balances del partido, los cuales desde 2023 no han sido aprobados.