Los autores de esta columna analizan de manera crítica el impacto del millonario recorte presupuestario a la salud pública y a la Atención Primaria por parte del Ministerio de Hacienda. Asimismo, exponen cómo la posterior respuesta policial y represiva del gobierno ante las manifestaciones gremiales refleja una preocupante contradicción ética que pone en riesgo el debate democrático y precariza el bienestar de pacientes y trabajadores sanitarios. Sostienen que «la represión en la Alameda no puede ser leída como un hecho aislado. Nos sitúa ante la urgencia de confrontar el verdadero legado que este gobierno pretende construir: uno donde se precarizan los derechos fundamentales a través del bolsillo y se acalla la disidencia con gas pimienta».

Imagen de portada: Sebastián Beltrán / Agencia Uno

“Ahorrar en prevención, salud mental o cuidados paliativos no reduce la demanda de salud, solo la traslada a etapas más graves, más caras y más difíciles de resolver”. Esa fue la advertencia de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada (Confusam). La respuesta del gobierno fueron carros lanzaaguas y represión.

Lo ocurrido hace unos días es inaceptable. Funcionarios de la salud pública salieron a las calles a pedir algo que no debería requerir movilización alguna: atención digna para sus pacientes y condiciones seguras para ejercer su labor. La respuesta del gobierno fueron carros lanzaaguas, gas pimienta y ocho detenidos, entre ellos dirigentes nacionales. ¿Cómo es posible que un llamado a conversar termine resuelto a bombas lacrimógenas? La Confusam no llegó a La Moneda a tomarse un palacio: llegó a entregar una carta.

Este episodio de violencia nos deja ver una contradicción de fondo que amenaza con transformarse en el sello identitario de esta gestión y que nos obliga a preguntarnos si la tónica definitiva de este gobierno será asfixiar financieramente las áreas más críticas del bienestar social y, acto seguido responder con represión a aquellos gremios y profesionales que se atrevan a cuestionar las decisiones con argumentos técnicos en la mano. Cuando la respuesta a una propuesta diagnóstica sobre el sistema sanitario es el uso de la fuerza, lo que se cierra no es solo una calle, sino que la posibilidad misma de un debate democrático sobre el país que habitamos.

La Atención Primaria de Salud ha sido, históricamente, la trinchera de quienes creen que la salud es un derecho y no una mercancía. Son, además, quienes menos ganan dentro de toda la red asistencial: profesionales que dejaron atrás ofertas con mejores sueldos y mayor reconocimiento porque decidieron apostar por lo público y con rol comunitario. Que sea precisamente a ellos, a quienes sostienen los consultorios, los CESFAM, la atención primaria del país entero, a quienes el gobierno les responda con represión, es una señal que no admite matices: es inaceptable.

El detonante no fue una demanda abstracta. Fue dinero que el gobierno ya debe: más de $21.800 millones represados por trámites entre Contraloría y Hacienda, correspondientes al per cápita que financia el funcionamiento de la atención primaria en cada comuna del país. A eso se suma la incertidumbre sobre 40 programas de salud que la Dirección de Presupuestos anunció que descontinuaría desde 2027, y un per cápita basal congelado por segundo año consecutivo.

Y todo esto ocurre sobre un terreno ya erosionado. El decreto 333 de Hacienda, firmado el 24 de abril, instruyó un recorte de $413.193 millones al Ministerio de Salud, el ajuste más alto en pesos de todo el gabinete, golpeando principalmente a Fonasa, al financiamiento hospitalario por GRD y al fondo de contingencia que permite a los hospitales resolver imprevistos. La Fenasenf, que agrupa a más de 12 mil enfermeras y enfermeros de hospitales públicos desde Arica a Magallanes, fue clara: quienes integran la organización conocen directamente la realidad operacional de la red, “equipos sobreexigidos, listas de espera, déficit de personal y establecimientos funcionando bajo condiciones de enorme exigencia”, y advirtieron que cualquier proceso de eficiencia debe construirse incorporando esa experiencia, no decretarse desde un escritorio en Hacienda. El propio Colegio Médico preguntó lo que cualquiera debería preguntarse: ¿cómo pretende el gobierno mantener la red funcionando, con la alerta oncológica vigente y más de tres millones de personas en lista de espera, mientras le quita recursos al corazón del sistema?

La interrogante que queda suspendida en el aire tras estos recortes debería apuntar directamente a la brújula ética de las autoridades. ¿Es admisible que la política pública de una administración se caracterice por sacar el dinero precisamente de donde más se requiere, para luego criminalizar a quienes evidencian el colapso operacional? Castigar el presupuesto de FONASA y de la Atención Primaria, mientras se despliega un arsenal represivo contra sus trabajadores, demuestra que para el Ejecutivo la salud ha dejado de ser un desafío técnico de gestión para convertirse en un problema de orden público.

La ministra Chomalí insiste en que esto no es “la muerte de la Atención Primaria”. El ministro Quiroz sostiene que “con menos recursos, se hace más”. Pero la eficiencia no se decreta desde un escritorio en Hacienda: se construye con los mismos funcionarios que fueron dispersados con bombas lacrimógenas frente a un palacio que, esa misma jornada, abría sus puertas para celebrar 200 años de la presidencia de la República. La contradicción es elocuente: mientras el gobierno reduce impuestos a las grandes empresas y firma el endeudamiento del país, exige “eficiencia” a quienes ya trabajan con déficit estructural.

Porque en el fondo de esta demanda hay algo que trasciende el ítem presupuestario: la justicia social es el centro de quienes eligen trabajar con la población más vulnerable. Son ellos y ellas quienes se enfrentan, todos los días, al sufrimiento humano en su forma más cruda, la lista de espera que se convierte en un cuerpo concreto, el diagnóstico tardío, la persona que no tiene cómo pagar lo que el sistema público debiera garantizarle. Ese contacto sostenido con el dolor ajeno tiene un costo que rara vez se contabiliza: el desgaste de quien cuida se paga en salud mental, en burnout, en cuerpos que se agotan de sostener lo que el Estado no sostiene. Por eso lo que pedían los funcionarios de la salud no era solo para sus pacientes. Era también para ellos mismos: un trabajo digno, que no los queme. Y un gobierno que responde a esa doble demanda con gas pimienta no está solo desatendiendo una protesta: está decidiendo que el agotamiento de quienes cuidan es un costo que no le corresponde asumir.

​Por todo esto, la represión en la Alameda no puede ser leída como un hecho aislado. Nos sitúa ante la urgencia de confrontar el verdadero legado que este gobierno pretende construir: uno donde se precarizan los derechos fundamentales a través del bolsillo y se acalla la disidencia con gas pimienta. Si la marca registrada del Estado será quitarle el sustento a la salud pública y golpear a quienes la sostienen con argumentos, Chile no solo estará perdiendo los CESFAM y su Atención Primaria, estará perdiendo también la dignidad de su convivencia democrática.