La ajustada victoria de Keiko Fujimori suele interpretarse como una expresión más de la inestabilidad peruana. Sin embargo, el principal desafío del país podría no ser la falta de desarrollo, sino el desfase entre una sociedad que cambió profundamente durante las últimas décadas y un sistema político que no logró adaptarse al mismo ritmo. La autora de esta columna sostiene que hay un aprendizaje para Chile con el caso peruano: “Cuando la sociedad cambia antes que la política, el desafío deja de ser únicamente crecer. Pasa a ser construir formas de representación capaces de acompañar ese cambio. Esa es, probablemente, una de las preguntas que hoy también comienza a enfrentar Chile”.

Imagen de portada: instagram @keikofujimorih

La elección presidencial de 2026 volvió a mostrar un país profundamente dividido. Keiko Fujimori alcanzó la Presidencia por un margen inferior a tres décimas porcentuales, suficiente para definir al próximo gobierno, pero demasiado estrecho para disipar la sensación de fragmentación política que acompaña al Perú desde hace más de una década.

La explicación más extendida atribuye esa inestabilidad a un desarrollo insuficiente. Perú continúa siendo un país desigual, mantiene importantes brechas territoriales y registra elevados niveles de informalidad que limitan la capacidad integradora del Estado. Sin desconocer la relevancia de esos factores, esa interpretación deja abiertas preguntas que la evolución del país obliga a reconsiderar.

Durante las últimas tres décadas, pocas sociedades latinoamericanas mejoraron con igual intensidad sus condiciones de vida. La pobreza disminuyó de manera sostenida; aumentó la esperanza de vida; retrocedieron la mortalidad infantil y la desnutrición crónica; la alfabetización supera el 94 % y la expansión de la educación superior incorporó a generaciones históricamente excluidas. Incluso la evolución de la estatura promedio —uno de los indicadores más sólidos del bienestar biológico acumulado— confirma una mejora persistente entre generaciones.

En conjunto, estos indicadores describen una trayectoria difícilmente compatible con la imagen de un país estancado. A diferencia del PIB o del ingreso per cápita, reflejan procesos acumulativos en salud, educación y capacidades humanas cuya consolidación requiere décadas.

Mientras amplios sectores de la población ampliaban sus oportunidades, diversificaban sus trayectorias e incrementaban su integración económica y territorial, el sistema político mostraba crecientes dificultades para producir representación, estabilidad y legitimidad. Desde 2016, esa tensión se expresó en presidentes destituidos o forzados a renunciar, enfrentamientos recurrentes entre el Ejecutivo y el Congreso, investigaciones por corrupción y un deterioro sostenido de la confianza institucional.

La pregunta deja entonces de concentrarse exclusivamente en las limitaciones del desarrollo. También obliga a considerar otra posibilidad: ¿qué ocurre cuando una sociedad cambia más rápido que las organizaciones encargadas de representarla? Esa hipótesis orienta la interpretación que sigue.

LA POLÍTICA LLEGÓ DESPUÉS

Durante buena parte del siglo XX, el principal desafío del Perú consistió en integrar un territorio profundamente fragmentado. Lima concentraba el poder político, administrativo y económico, mientras amplias regiones permanecían relativamente desconectadas de los principales circuitos nacionales.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, ese panorama comenzó a modificarse. Millones de personas migraron desde las áreas rurales hacia ciudades grandes y medianas, accedieron a mayores niveles de educación, ingresaron a mercados laborales más diversificados y construyeron redes económicas y familiares que atravesaron territorios históricamente separados. El crecimiento económico aceleró ese proceso, pero no lo originó.

Las migraciones modificaron la estructura del país. Las ciudades crecieron, aumentaron los intercambios y comenzaron a integrarse espacios que durante décadas habían permanecido relativamente aislados. Como resultado, el Perú alcanzó un grado de articulación territorial, económica y social muy superior al existente medio siglo atrás.

Ese proceso fue mucho más que una expansión económica. Incorporó nuevos actores, intereses y expectativas dentro de un mismo espacio nacional, elevando las exigencias sobre un sistema político concebido para un país considerablemente menos diverso.

Mientras buena parte del debate público seguía concentrada en cómo integrar el país, millones de peruanos ya lo estaban transformando mediante las migraciones, la educación, el trabajo y los mercados. Cuando la política comenzó a advertir la magnitud de ese cambio, el país ya era otro.

Ese desfase constituye el punto de partida de la interpretación propuesta en estas páginas. Comprender cómo se produjo permite mirar la elección presidencial de 2026 desde una perspectiva distinta a la que ha predominado en el debate público.

CUANDO EL DESARROLLO CAMBIÓ LA POLÍTICA

Ese desfase obliga a revisar una de las ideas más persistentes sobre el desarrollo latinoamericano. Durante décadas predominó la convicción de que el crecimiento económico, la expansión educativa y la reducción de la pobreza conducirían, casi automáticamente, a una mayor estabilidad política. La experiencia peruana obliga a reconsiderar esa premisa.

La explicación más extendida atribuye la inestabilidad a un proceso incompleto de construcción nacional. Sin embargo, los mismos cambios que ampliaron las oportunidades de millones de peruanos produjeron otro efecto menos advertido. Las migraciones internas, la urbanización, la expansión educativa y la movilidad social incorporaron nuevos sectores a la vida económica y política. Con ello aumentaron las expectativas sobre el Estado y se multiplicaron las demandas que el sistema político debía procesar.

El desafío dejó entonces de ser únicamente la integración del territorio. Pasó a consistir también en la capacidad de la representación política para incorporar una sociedad mucho más diversa que aquella para la cual habían sido diseñadas sus principales organizaciones. El mismo proceso que amplió las oportunidades elevó las exigencias sobre un sistema político cuya capacidad de adaptación avanzó con mayor lentitud que el cambio social.

La trayectoria del APRA ilustra esa transición. Durante gran parte del siglo XX consiguió articular regiones, sectores populares y clases medias dentro de un proyecto nacional que dio representación al Perú surgido tras las grandes migraciones internas. Su progresivo debilitamiento reflejó las crecientes dificultades de los mecanismos tradicionales de intermediación para adaptarse a una sociedad que ya había cambiado. El espacio ocupado por los grandes partidos nacionales fue reemplazado por liderazgos personalistas, coaliciones electorales inestables y organizaciones con escasa implantación territorial. La volatilidad electoral dejó así de ser una excepción para convertirse en un rasgo permanente del sistema político.

José Matos Mar describió ese proceso como el desborde popular; Aníbal Quijano analizó las consecuencias sociales de las migraciones y la urbanización; Carlos Iván Degregori estudió la emergencia de nuevas formas de ciudadanía y representación. Desde perspectivas distintas, los tres convergían en un mismo diagnóstico: el país estaba cambiando más rápido que las categorías utilizadas para comprenderlo.

Leído desde esa perspectiva, El pez en el agua adquiere un significado que trasciende la autobiografía política de Mario Vargas Llosa. Más que el relato de una campaña presidencial, registra el encuentro entre un sistema político construido para el Perú del siglo XX y un país que ya había comenzado a reorganizarse por caminos distintos de los imaginados por sus élites. Mientras buena parte de la política seguía interpretando esa nueva realidad mediante categorías heredadas, la sociedad ya funcionaba sobre bases diferentes.

Vista desde esa trayectoria, la elección presidencial de 2026 deja de aparecer como un episodio aislado de inestabilidad. Pasa a expresar la continuidad de un proceso histórico iniciado varias décadas antes.

LO QUE REALMENTE ESTÁ EN JUEGO

Vista desde esa trayectoria, la segunda vuelta presidencial de 2026 adquiere un significado distinto. Keiko Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos frente al 49,865 % alcanzado por Roberto Sánchez, una diferencia de apenas 49.641 sufragios que terminó definiéndose gracias al voto emitido en el extranjero. Más que cerrar un ciclo de incertidumbre, un resultado de esa estrechez volvió a poner de relieve las dificultades del sistema político peruano para construir mayorías estables.

El mapa electoral reprodujo una geografía conocida. Lima, buena parte de la costa urbana y el electorado residente en el exterior respaldaron mayoritariamente a Fujimori, mientras las regiones andinas y gran parte del interior mantuvieron su apoyo a Sánchez. Esa distribución territorial no basta, sin embargo, para explicar la persistente fragmentación política. Décadas de crecimiento económico, urbanización y movilidad social modificaron profundamente la sociedad peruana sin que sus mecanismos de representación evolucionaran al mismo ritmo.

Las dos candidaturas ofrecían respuestas distintas frente a ese escenario. Fujimori priorizó el orden público, la seguridad, la inversión privada y el fortalecimiento de la capacidad estatal para impulsar el crecimiento económico. Sánchez enfatizó la descentralización, la representación territorial, la industrialización y un mayor protagonismo de los gobiernos regionales. Ambos programas identificaban dimensiones relevantes de la crisis, pero ninguno respondía plenamente la pregunta de fondo: cómo gobernar un país que cambió mucho más rápido que su sistema político.

El desafío del Perú parece situarse, por ello, en otro plano. No consiste únicamente en elegir entre proyectos políticos alternativos, sino en reconstruir mecanismos de representación capaces de incorporar intereses cada vez más diversos, procesar conflictos crecientemente complejos y producir decisiones reconocidas como legítimas por una sociedad que ya no se parece a aquella para la cual fueron concebidas sus principales organizaciones políticas.

Las consecuencias de ese desfase trascienden la competencia electoral. Cuando disminuye la capacidad para coordinar intereses, producir reglas previsibles y generar confianza, aumentan los espacios para redes clientelares, organizaciones criminales y fenómenos de captura del Estado. Desde esta perspectiva, la persistencia de la corrupción y del narcotráfico también puede interpretarse como un indicador de las dificultades para institucionalizar una sociedad que cambió con rapidez. Esa lectura no excluye otros factores —económicos, culturales o internacionales—, pero incorpora una dimensión institucional que suele recibir menor atención en el debate público.

La experiencia peruana ofrece, además, una advertencia para América Latina. Durante buena parte del siglo XX, el desafío consistió en integrar sociedades fragmentadas y ampliar las oportunidades de desarrollo. Hoy la cuestión parece distinta. Las sociedades son más urbanas, más educadas, más conectadas y más diversas que los sistemas políticos construidos para representarlas. El problema ya no consiste únicamente en crecer o fortalecer el Estado, sino en adaptar las formas de representación a esa nueva realidad.

Chile ofrece un contraste revelador. Durante décadas exhibió una estabilidad institucional mayor que la peruana. Sin embargo, la expansión de la educación superior, la incorporación de nuevos sectores medios, la digitalización, el acceso masivo al crédito y el aumento de las expectativas de movilidad modificaron profundamente la sociedad chilena, mientras buena parte del sistema político continuó interpretándola mediante categorías heredadas de la transición.

Las trayectorias de ambos países son diferentes y no admiten equivalencias mecánicas. Precisamente por ello la comparación resulta útil. En ambos casos, aunque por caminos distintos, la velocidad del cambio social comenzó a superar la capacidad de adaptación de los mecanismos tradicionales de representación.

Durante décadas predominó la convicción de que el desarrollo económico conduciría, casi automáticamente, a sistemas políticos más estables. La experiencia peruana obliga a revisar esa premisa. Las crisis políticas no siempre expresan el fracaso del desarrollo. En ocasiones revelan una tensión distinta: la distancia entre una sociedad que cambió profundamente y unas instituciones que no lograron adaptarse al mismo ritmo. Cuando la sociedad cambia antes que la política, el desafío deja de ser únicamente crecer. Pasa a ser construir formas de representación capaces de acompañar ese cambio. Esa es, probablemente, una de las preguntas que hoy también comienza a enfrentar Chile.