Mientras el gobierno busca flexibilizar normas ambientales en favor de la industria salmonera, esta investigación de Terram revela infracciones que se arrastran desde 2013 sin sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente. Aquachile, la mayor salmonera del país, concentra 203 mil toneladas de esta producción no autorizada, misma empresa que según un ex asesor del senador Calisto habría financiado al parlamentario con asesorías fantasmas en 2021. Hoy, mientras es investigado por fraude al fisco, el senador también es parte de la Comisión de Medio Ambiente y su voto podría volver a dar la mayoría al gobierno en la votación por la megarreforma.

Imagen de portada: foto referencial (Cristián Duarte / Agencia Uno)

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) entró en vigencia el 3 abril de 1997. Los proyectos que buscaban obtener concesiones de mar para engordar salmones cuyo trámite iniciaron antes de esa fecha no tenían la obligación de ser evaluados ambientalmente, siempre y cuando no modificaran el proyecto técnico aprobado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) aumentando su producción por sobre las 35 toneladas respecto de lo aprobado originalmente, según establece el reglamento del SEIA.

Asimismo, desde el año 2013, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es la institución encargada de fiscalizar que aquellos centros salmoneros que no tienen Resolución de Calificación Ambiental (RCA), no sobrepasen la producción máxima establecida en su proyecto técnico -entre otras materias-, ya que ello constituiría una infracción a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente N°19.300, conocida como elusión al SEIA.

Con el propósito de identificar si las concesiones salmoneras que no han sido evaluadas ambientalmente cumplen con los niveles de producción autorizados, para esta investigación se revisó cada uno los proyectos técnicos y el historial productivo de estas concesiones, identificando que al menos 187 centros nunca han evaluado ambientalmente su actividad productiva por iniciar su trámite para obtener la concesión antes de abril de 1997, de los cuales 48 registran niveles de producción muy por encima de los autorizados por la Subpesca en sus proyectos técnicos, por lo cual se encuentran desde hace años eludiendo la ley ambiental, sin haber sido sancionados por la SMA hasta hoy.

Los 48 centros salmoneros pertenecientes a 12 empresas matrices han eludido el SEIA durante 164 ciclos productivos por un total de 435.546 toneladas de salmones producidos entre 2013 y 2023. 

Para dimensionar el beneficio económico, a modo de estimación, estas 435.546 toneladas de producción en exceso equivalen a US$4.263 millones en ventas, considerando el precio de venta promedio del salmón en EEUU -principal producto y mercado de destino- durante el 2025 (US $9,8/kg), según un informe de Aquabench.

Centros salmoneros con elusión al SEIA según nivel de producción no autorizada (2013-2023)

Esta cifra de producción no autorizada es relevante porque representa el 46% del promedio anual producido por toda la industria salmonera en Chile en ese mismo periodo (2013-2023), que fue de 941.703 toneladas de esta especie exótica destinada a la exportación. 

LOS CAMBIOS QUE PRETENDE IMPULSAR EL GOBIERNO EN FAVOR DE LA INDUSTRIA SALMONERA

El proyecto de ley denominado como de reconstrucción nacional por el gobierno (boletín N°18.216-05) contiene una serie de medidas que modifican aspectos relevantes en favor de la industria salmonera, entre ellas, eliminar la obligación de evaluar ambientalmente la relocalización de los centros de cultivo, es decir, su traslado desde un lugar a otro, como también permitir que los centros se trasladen hasta 350 metros de su lugar actual y hacia cualquier dirección, sin tener que evaluar ambientalmente dicho traslado, categorizándose bajo la nueva figura de microrelocalización.

Si bien la redacción específica aún se encuentra en discusión al momento de publicarse esta investigación, el objetivo declarado por el gobierno representa una clara flexibilización de la regulación ambiental y acuícola, poniendo en riesgo aquellos ecosistemas donde esta actividad de escala industrial busque trasladarse sin siquiera evaluar sus efectos, como lo señala la regulación vigente.

EL VOTO CLAVE DEL SENADOR CALISTO 

Mientras en la Cámara de Diputadas y Diputados la votación en favor del gobierno fue holgada gracias al apoyo de la bancada del Partido de la Gente (PDG), el panorama es más ajustado en el Senado, tal como se reflejó en la aprobación de la idea de legislar el pasado 24 de junio con 26 votos a favor; 23 en contra y una abstención del senador Pedro Araya (PPD), de la coalición opositora.

En esta distribución, el senador Miguel Ángel Calisto jugó un rol clave, porque si bien en el papel salió electo con un cupo del Partido Regionalista Verde Social (PRVS), que en teoría es parte de la oposición, fue su voto el que dio la mayoría al gobierno, y que podría volver a dársela cuando el proyecto vuelva a la sala del Senado para su aprobación en particular.

Recientemente, en el marco de una investigación por fraude al fisco que involucra al senador Calisto y su círculo de confianza, Roland Cárcamo, ex jefe de campaña del actual senador, declaró ante la Fiscalía que la mayor salmonera del país, Aquachile -propiedad del grupo Vial Concha que controla Agrosuper-, financió a Calisto durante su reelección para diputado en 2021 a través del pago de asesorías que nunca se prestaron por parte de una consultora propiedad de Cárcamo, la cual habría sido utilizada como fachada para intermediar dineros que terminaban en manos del hoy senador, según informó el medio Fastcheck.

Por efecto de esta investigación por fraude al fisco, Calisto ya fue desaforado en 2025 mientras era diputado -con votos en contra de los ministros Matus y Simpertigue-, pero zafó luego de ser electo senador, volviendo a tener fuero parlamentario.

Hoy, a partir de estos nuevos antecedentes, el Tribunal ordenó reabrir la causa, por lo cual podría volver a ser desaforado, pero el tiempo corre en favor el gobierno, el que ya puso plazo para votar en sala la reforma el 15 de julio, mientras que, al reabrirse la causa, antes de pronunciarse sobre el desafuero del senador, la Corte de Apelaciones deberá evaluar los antecedentes de las partes en un plazo de 60 días, quedando aún pendiente lo que sentencie la Corte Suprema ante una eventual apelación de alguna de las partes.

De esta forma, de no inhabilitarse, el senador Calisto podría volver a dirimir el destino de la reforma en favor del gobierno con cambios relevantes en materia tributaria, laboral y ambiental para el país, incluyendo medidas importantes en favor de la industria salmonera.

CASOS DE ELUSIÓN AL SEIA EN ÁREAS PROTEGIDAS

Previamente, otras investigaciones de Fundación Terram revelaron que otros 11 centros de cultivo de salmones producían miles de toneladas por sobre lo aprobado en sus proyectos técnicos con el agravante de emplazarse dentro de áreas protegidas.

De estos 11 centros en elusión dentro de áreas protegidas, solo dos tienen una reciente sanción de la SMA, pertenecientes a la canadiense Cooke Aquaculture, mientras los nueve restantes, propiedad de Aquachile, siguen impunes sin ningún proceso de sanción, a pesar de que estos antecedentes son de público conocimiento desde agosto de 2024 en el caso de los dos centros ubicados en el Parque Nacional Isla Magdalena y desde junio de 2025 en los siete restantes emplazados en la Reserva Nacional Las Guaitecas.

Si la SMA tiene estos antecedentes a la vista y desde 2022 tiene acceso en línea a la producción de todos los centros de engorda de salmones, ¿por qué no inicia los procedimientos sancionatorios si es su mandato legal?