El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo al exagente chileno por delitos de homicidio… y luego lo dejó en libertad. Hace 50 años, Fernández Larios participó en el complot de Pinochet para asesinar a Orlando Letelier en Washington, D.C.. También formó parte de la «Caravana de la Muerte» que ejecutó a civiles tras el golpe militar de septiembre de 1973.

*Este artículo corresponde a una traducción del original, publicado en la página del Archivo de Seguridad Nacional. Visite ese reportaje haciendo clic aquí.

El 27 de octubre de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) silenciosamente detuvieron a Armando Fernández Larios, un exagente de la policía secreta chilena que vivía en Florida. Su encarcelamiento en el Centro de Detención Krome, en Miami, pasó desapercibido hasta que apareció en la lista de “Lo peor de lo peor” del Departamento de Seguridad Nacional, una de las varias maniobras publicitarias de la administración de Trump a partir de enero de 2026 destinadas a demostrar que el ICE estaba deteniendo a inmigrantes con antecedentes penales reales. A pesar de haber detenido a Fernández Larios por delitos pasados de “homicidio”, el ICE lo liberó después de que él presentara una demanda por “detención ilegal”, según registros judiciales publicados hoy por el Archivo de Seguridad Nacional (NSA) junto con documentos desclasificados sobre su papel en un acto de terrorismo internacional en Washington, D.C., hace 50 años.

En lugar de responder a la demanda, los funcionarios del ICE liberaron a Fernández Larios el 19 de marzo de 2026, según un fallo judicial del caso obtenido por el Proyecto de Documentación de Chile del NSA.

La sentencia del 30 de marzo, dictada por la jueza principal del Tribunal de Distrito de EE.UU., Cecilia Altonaga, desestimó la demanda contra Fernández Larios por considerarla ”sin objeto”, ya que el ICE ya lo había puesto en libertad. Sin embargo, la sentencia ofrece detalles sobre el último giro en la saga de un notorio violador de los derechos humanos chileno que ha vivido en libertad en Florida durante décadas, a pesar de su participación en el atentado con coche bomba del 21 de septiembre de 1976, que le costó la vida al exembajador chileno Orlando Letelier y a su colaboradora de 25 años, Ronni Karpen Moffitt, en el centro de Washington, D.C.; y también su condena en una demanda civil federal de 2003 por su participación en la “Caravana de la Muerte”. 

EL ASESINATO LETELIER-MOFFITT

En su demanda contra ICE, Fernández Larios presentó “una demanda por incumplimiento de contrato”, argumentando que el gobierno de Estados Unidos había incumplido un acuerdo legal celebrado a principios de 1987, durante los últimos años de la dictadura de Pinochet. Por su participación en el asesinato de Letelier y Moffitt, Fernández Larios se declararía culpable de ser “cómplice después del hecho de un homicidio”, y accedería testificar con veracidad sobre la operación Letelier y el papel del general Pinochet en ella. A cambio, el Departamento de Justicia de EE.UU. recomendó una reducción de la pena y prometió que “no intentaría deportarlo a Chile ni cooperaría en su extradición a Chile, salvo que se violara el acuerdo”.

Ahora, según la demanda de Fernández Larios, el gobierno de Estados Unidos habría “incumplido de manera sustancial el acuerdo de declaración de culpabilidad entre las partes al iniciar un proceso de expulsión y detenerlo con el fin de deportarlo a Chile”.

Hace cincuenta años, Fernández Larios era un agente de 26 años de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile —la policía secreta del régimen de Pinochet responsable de gran parte de la represión durante los primeros años de la dictadura militar, incluidas las operaciones de asesinato a nivel internacional—. A mediados de 1976, Fernández Larios y el principal sicario de la DINA, Michael Townley, recibieron la orden de llevar a cabo una operación en Estados Unidos contra el principal crítico del general Pinochet en el exilio, Orlando Letelier. El subdirector de la DINA, el coronel Pedro Espinoza, le ordenó a Townley que él y el teniente coronel Armando Fernández Larios viajaran a Paraguay para obtener pasaportes falsos y visas estadounidenses, y luego se dirigieran a Washington, D.C., para una misión “cuyo resultado sería el asesinato de Orlando Letelier”, según un resumen desclasificado del caso del Departamento de Estado.

Townley y Fernández Larios viajaron a Asunción, Paraguay, como parte de una colaboración entre los servicios de inteligencia del Cono Sur conocida como la Operación Cóndor, donde obtuvieron pasaportes falsos de las autoridades paraguayas. Tras cierta demora, la embajada de Estados Unidos les otorgó visas, después de que alegaran que se encontraban en una misión secreta para reunirse con el subdirector de la CIA, Vernon Walters, en la sede central de Langley, en Virginia. Pero en lugar de volar a Estados Unidos, regresaron a Santiago, preocupados de que las autoridades estadounidenses sospecharan de su coartada.

Tras esperar un mes para ver si la operación contra Letelier se había visto comprometida, Fernández Larios viajó a Washington utilizando un pasaporte chileno falso a nombre de Armando Faúndez Lyon. Su misión consistía en realizar una vigilancia previa de los movimientos de Letelier. El 9 de septiembre de 1976, en el baño de hombres del aeropuerto John F. Kennedy, Fernández se reunió en secreto con Townley para entregarle un mapa de vigilancia, notas sobre las direcciones del hogar y la oficina de Letelier, además de dinero en efectivo para la operación. Posteriormente, Townley reclutó a miembros del violento grupo de exiliados cubanos anticastristas, el Movimiento Nacional Cubano, para que lo ayudaran a fabricar, colocar y detonar el auto bomba.

El 21 de septiembre de 1976, Letelier y su colega de 25 años del Instituto de Estudios Políticos, Ronni Karpen Moffitt, perdieron la vida cuando explotó la bomba instalada en el chasis del Chevrolet Chevelle en el que viajaban, mientras se dirigían al trabajo en el centro de Washington, D.C. El esposo de Moffitt, Michael, fue el único sobreviviente del atentado.

Fuente: Archivo de Seguridad Nacional (NSA).

En una “declaración de hechos” entregada a funcionarios estadounidenses a principios de febrero de 1987, Fernández Larios afirmó que había sido excluido de todas las discusiones sobre la eliminación de Letelier. Pero, admitió que “entendía que el verdadero propósito podría ser distinto de la misión de vigilancia limitada que se le había descrito, [y] que el resultado para el objetivo de la misión, Orlando Letelier, bien podría ser un daño o incluso la muerte”. Una prueba de polígrafo que se le realizó en Brasil cuando funcionarios estadounidenses intentaban determinar su credibilidad, mostró “signos consistentes de engaño en las negativas de Fernández” de que no conocía la verdadera intención de su misión para la DINA. “Ahora reconoce que su vigilancia contribuyó a la muerte de Letelier y Moffitt”, según un resumen secreto de los resultados de su prueba de polígrafo incluido en la publicación de hoy.

Tras el asesinato, Fernández Larios participó en un extenso encubrimiento orquestado por altos funcionarios de la DINA —y por el propio general Pinochet—. Fernández Larios admitió haber engañado a los investigadores militares oficiales, haber testificado falsamente ante la Corte Suprema de Chile (después de que la prensa estadounidense y chilena lo identificara, junto con Townley, como uno de los principales sospechosos del atentado con auto bomba) y haber mentido a los investigadores estadounidenses del FBI y del Departamento de Justicia.

Después de que el gobierno de Carter exigiera su extradición en 1978, Fernández Larios permaneció recluido en un hospital militar de Santiago durante 14 meses, junto con el exdirector de la DINA, Manuel Contreras, y el subdirector, Pedro Espinoza. Cuando dejó en claro que quería ir a Estados Unidos “para resolver este asunto”, lo convocaron a una reunión con el general Pinochet, quien le ordenó que se quedara donde estaba. “Sé un buen soldado, aguanta”, le dijo Pinochet, “y este problema tendrá un final feliz”. Una revisión exhaustiva de la CIA sobre su información de inteligencia relativa al caso Letelier-Moffitt, realizada unos meses después de la deserción de Fernández Larios, concluyó que había “evidencia convincente de que el presidente Pinochet ordenó personalmente a su jefe de inteligencia que llevara a cabo el asesinato”. La evaluación agregaba que Pinochet posteriormente “decidió hacer un bloqueo informativo sobre el caso para ocultar su participación y, en última instancia, para proteger su control sobre la presidencia”.

A finales de 1985, funcionarios estadounidenses utilizaron a un intermediario para ponerse en contacto con Fernández Larios, quien renovó sus esfuerzos por desertar y viajar a Estados Unidos. A mediados de enero de 1987 tuvo lugar en Santiago una primera reunión secreta con varios funcionarios estadounidenses, que duró diez horas. Posteriormente, funcionarios del Departamento de Estado y del FBI organizaron una sesión informativa con él en Brasil a finales de ese mismo mes y, más tarde, lo llevaron a Estados Unidos.

El 4 de febrero de 1987, Fernández Larios compareció ante el juez Barrington Parker en un tribunal de Washington. No se le acusó de ser cómplice de un ataque terrorista, sino de ser “cómplice después del hecho”, ya que «testificó falsamente y proporcionó información falsa” para ayudar a sus superiores de la DINA a “escapar de ser detenidos para ser juzgados y castigados”. Para conseguirle una reducción de la pena, los funcionarios del Departamento de Justicia se comprometieron a “informar al tribunal sobre la naturaleza y el alcance de la cooperación del Sr. Fernández Larios con todas las ramas del gobierno de Estados Unidos a las que está asistiendo”, lo que sugiere que Fernández Larios podría estar compartiendo información sobre las operaciones de la DINA con las agencias de inteligencia estadounidenses.

Monumento conmemorativo a Letelier-Moffitt, Sheridan Circle, Washington D. C. (Crédito de la foto: Peter Kornbluh)

El 6 de mayo de 1987, el juez Parker lo condenó a una pena de hasta siete años de prisión. Casi de inmediato, funcionarios estadounidenses comenzaron a presionar para que fuera liberado. “He llegado a conocer bien al Sr. Fernández Larios y su carácter”, escribió el asesor legal del Departamento de Estado, Michael Kozak, a la Comisión de Libertad Condicional de Estados Unidos en julio de 1987. “Puedo dar fe de que, cuando salga de prisión, seguirá siendo castigado todos los días. Ha renunciado a muchas cosas debido a su disposición a dar un paso al frente y saldar su deuda con Estados Unidos y con la sociedad en general”, afirmó Kozak. “En mi opinión, el Sr. Fernández Larios es una persona extraordinariamente estable y responsable que no representa ningún peligro para la sociedad”.

Después de solo cinco meses encarcelado, Fernández Larios fue puesto en libertad condicional el 11 de septiembre de 1987 –durante el 14vo aniversario del golpe de Estado chileno.

LA CARAVANA DE LA MUERTE

Como parte de las negociaciones para llegar a un acuerdo con la fiscalía, según un resumen confidencial de su primera entrevista con funcionarios estadounidenses, Fernández Larios era “plenamente consciente de que, si no superaba cualquier otra prueba de credibilidad… en cualquier aspecto significativo, incluida su participación en otros actos violentos, cualquier acuerdo quedaría sin efecto y se encontraría en grave peligro”. Sin embargo, Fernández Larios parece haber ocultado información sobre las múltiples atrocidades contra los derechos humanos que cometió como miembro de una unidad militar de élite conocida como la “Caravana de la Muerte”. En las semanas posteriores al golpe, un equipo de agentes militares se trasladó en helicóptero a pueblos pequeños del norte y el sur de Chile para detener a funcionarios municipales —alcaldes, concejales, jefes de policía y otros— que apoyaban al Presidente derrocado, Salvador Allende. Aproximadamente 72 personas fueron ejecutadas sumariamente; muchas de ellas desaparecieron posteriormente. Varios testigos identificaron a Fernández Larios como uno de los miembros más despiadados del escuadrón de la muerte militar.

Fernández Larios durante el juicio civil por la Caravana de la Muerte, julio de 2003 (Fuente: Archivo de Seguridad Nacional (NSA)).

Después de que Pinochet fuera obligado a abandonar el poder en 1990, comenzaron las investigaciones sobre las atrocidades cometidas por su régimen. A medida que se localizaban y exhumaban los cuerpos de las víctimas de la Caravana, las autoridades chilenas iniciaron procesos judiciales contra los responsables, entre ellos Fernández Larios.

El 19 de marzo de 1999, la familia de Winston Cabello, un director de planificación regional de 28 años de la ciudad de Copiapó, en el norte del país, ejecutado junto con otros 12 presos políticos por la Caravana de la Muerte el 17 de octubre de 1973, presentó una demanda federal contra Fernández Larios en Florida por “ejecución extrajudicial, tortura, crímenes de lesa humanidad y trato cruel e inhumano”. La familia estuvo representada por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con sede en San Francisco, con el apoyo del bufete de abogados Wilson Sonsini Goodrich Rosati, de Palo Alto, y del abogado Robert Kerrigan, con sede en Florida. Tras más de tres años de investigación —gran parte de la cual fue llevada a cabo por la hermana de Cabello, Zita Cabello-Barrueto—, el equipo legal localizó y tomó declaración a testigos chilenos que identificaron a Fernández Larios como participante en la tortura y las ejecuciones de prisioneros en varios municipios. En Copiapó, según declaró un testigo, Fernández Larios habría matado a Cabello a puñaladas con un cuchillo curvo conocido como “corvo”. Durante el juicio, Fernández Larios declaró que él era el único miembro de la unidad militar que llevaba esa arma como “adorno” en su uniforme.

Winston Dwight Cabello Bravo (Fuente: Archivo de Seguridad Nacional (NSA)).

El juicio, que duró tres semanas, concluyó el 15 de octubre de 2003, 30 años después de la muerte de Cabello. El jurado declaró a Fernández Larios culpable de ejecuciones extrajudiciales, tortura y crímenes de lesa humanidad, y le otorgó a la familia una indemnización de $4 millones de dólares. “Nuestra demanda marcó la primera vez en la historia de Estados Unidos en que, en un juicio con jurado, se declaró a alguien responsable de crímenes de lesa humanidad”, escribió Zita Cabello-Barrueto en sus memorias sobre el caso de su hermano, titulada En busca de la primavera.

“También fue la primera vez que un colaborador de Pinochet fue juzgado en Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile”, contó Cabello-Barrueto.

SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN

Durante el juicio civil contra Fernández Larios, el jurado también escuchó testimonios sobre otro delito contra los derechos humanos que cometió: el secuestro y la desaparición del exgerente de la mina de cobre más grande de Chile, David Silberman. El 4 de octubre de 1974, un equipo de agentes de la DINA llegó al centro penitenciario de Santiago, donde Silberman se encontraba recluido como preso político, y se lo llevaron en una camioneta sin distintivos: nunca más se le volvió a ver. El director de la cárcel declaró que el jefe de la unidad de la DINA que se lo llevó era Fernández Larios. 

La desaparición de Silberman se convirtió en otro crimen contra los derechos humanos vinculado a Fernández Larios; y, tal como lo habían hecho en los casos de la Caravana de la Muerte, las autoridades judiciales chilenas solicitaron su extradición desde Estados Unidos. De hecho, desde finales de la década de 1990, Fernández Larios ha sido objeto de cinco intentos de extradición, el más reciente como parte de una investigación sobre el asesinato de Ronni Moffitt, ocurrido en septiembre de 1976. El mes pasado, la magistrada chilena, Paola Plaza, anunció que había dado por concluido ese caso, tras declarar culpables a otros tres agentes de la DINA por participar en el complot terrorista de hace 50 años. Estados Unidos nunca respondió a la solicitud de extradición de Chile respecto a Fernández Larios.

Es de suponer que Fernández Larios sigue a salvo de ser extraditado a Chile; sin embargo, aún podría ser deportado a un tercer país —una práctica que la administración de Trump ha utilizado notoriamente para expulsar a inmigrantes de Estados Unidos— y desde allí ser trasladado a Chile. Además, su detención por parte del ICE el pasado octubre revela que la situación migratoria de Fernández Larios sigue en el limbo, como lo ha estado durante décadas. 

En 2005, Fernández Larios intentó obtener una visa “S”, que protege a los informantes extranjeros de la expulsión de Estados Unidos. Sin embargo, altos funcionarios del gobierno estadounidense se opusieron a que se le otorgara ese estatus de protección. “Algunos funcionarios de inmigración han querido detener a Fernández Larios para someterlo a un proceso de deportación, alegando su falta de documentos migratorios y una ley de 1996 que ordena la deportación de extranjeros condenados por delitos graves”, informó el Miami Herald en ese momento.

Más de 20 años después, parece que se ha vuelto a examinar ese intento poco conocido de deportarlo. Aunque Fernández Larios vive, una vez más, en libertad en Florida, es probable que el próximo 50.º aniversario del asesinato de Letelier y Moffitt vuelva a llamar la atención sobre su papel en una de las atrocidades más infames jamás cometidas en las calles de Washington, D.C. “Si hay alguien que realmente merezca el calificativo de ‘lo peor de lo peor’”, señala Peter Kornbluh, analista principal del Archivo para Chile, “ese es Armando Fernández Larios”.