El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago condenó al ex presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Poblete, y al ex director de Inteligencia del Ejército, Schafik Nazal, por haber interceptado en forma ilegal en 2017 los teléfonos de una serie de personas que investigaban o denunciaban a militares por hechos de corrupción. Entre ellos, al periodista Mauricio Weibel, quien destapó el caso Milicogate y al capitán (R) del Ejército, Rafael Harvey. Tras reconocer los hechos por los cuales fueron acusados, Nazal y Poblete consensuaron con la fiscalía y la parte querellante una pena de cinco años que cumplirán bajo libertad vigilada intensiva, además de la pérdida de derechos políticos a perpetuidad.

El ex director de Inteligencia del Ejército, general (R) Schafik Nazal y el ex presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Poblete, fueron condenados por montar una operación de espionaje ilegal en contra del periodista Mauricio Weibel quien investigó para el diario The Clinic, casos de corrupción en la compra de armas de guerra del país, conocido como Milicogate. 

Según quedó consignado en la investigación de la fiscalía iniciada tras una querella interpuesta por el periodista, militares también fueron espiados ilegalmente, entre ellos, el capitán (R) Rafael Harvey. 

Nazal y Poblete reconocieron este martes los hechos imputados en la causa ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Esto, para llegar a un acuerdo con el Ministerio Público y la parte querellante que implica una pena de cinco años de presidio bajo régimen de libertad vigilada, y la pérdida de derechos políticos a perpetuidad. Este jueves 2 de julio se dará lectura de la sentencia definitiva cuyo veredicto ya fue condenatorio.

Inicialmente, la fiscalía había pedido condenas de 20 años de presidio para ambos imputados. Sin embargo, a la salida de la audiencia, la fiscal a cargo, Ximena Chong, calificó como una salida “satisfactoria” el acuerdo alcanzado: “Se trata de una salida satisfactoria. Era importante poder consolidar una resolución condenatoria. Se ponderaron los intereses tanto de las víctimas como los intereses persecutorios del Ministerio Público”, señaló. 

Por su parte y a través de una declaración pública, el querellante Mauricio Weibel –periodista que hoy forma parte del equipo de CIPER–, resaltó lo que significa esta histórica condena para la libertad de expresión: “Marca un precedente de máxima importancia para la defensa de la libertad de expresión, pues constituye una señal clara de que no puede haber impunidad para quienes agreden a periodistas, en especial a aquellos que investigamos casos de corrupción e interés público”.

Según los antecedentes de la causa, para poder espiar a Weibel, el juez Poblete y el general Nazal emitieron en 2017 una orden de escucha fraudulenta, en la cual consignaron el número telefónico del periodista pero, en lugar de poner su nombre real, la resolución indicaba el de una inmigrante boliviana a quien acusaron falsamente de ser una agente extranjera. Es así como, adulterando la identidad del titular del teléfono, Inteligencia del Ejército a cargo de Nazal pudo acceder a las conversaciones del reportero, quien por ese entonces ya había publicado una serie de reportajes del Milicogate.

CIPER accedió a un informe en derecho presentado durante este juicio y elaborado en agosto de 2025 por la Global Freedom of Expression, una iniciativa de la Universidad de Columbia (EE.UU.) creada para promover y documentar estándares legales sobre la libertad de expresión y el acceso a la información a nivel mundial. El escrito, además de repasar el caso y citar jurisprudencia internacional, califica el alcance de lo hecho por Poblete y Nazal como un “efecto amedrentador” para la prensa y concluye que “una respuesta judicial firme frente a estos hechos resulta imprescindible para garantizar que el periodismo pueda ejercerse libremente y sin temor a represalias, y para asegurar que la sociedad acceda efectivamente a información esencial para el debate público y la vida democrática” (vea el informe completo).

A juicio de la universidad, el caso de Weibel representa una amenaza estructural para la práctica del periodismo porque, según puntualiza,  el mensaje implícito es que “quienes investiguen y pretendan sacar a la luz asuntos de relevancia pública —como los tratados por Weibel— serán puestos en la mira de los servicios de inteligencia del Estado, como si su trabajo representara un riesgo para la defensa o la seguridad nacional, al mismo nivel que actos de terrorismo o crimen organizado”.