La autora de esta columna contrasta la evidencia mundial disponible con las medidas incluidas en la recientemente aprobada Ley Escuelas Protegidas. Sostiene que «un estudiante que intenta ingresar a su colegio con un arma tendría que haber recibido ayuda mucho antes de que se le revisara la mochila. Encontrar un arma en una mochila no es una victoria, es un fracaso. El proyecto desconoce la importancia de medidas que permitan construir contextos educativos donde ninguno de sus integrantes llegue a considerar la violencia como una alternativa. Ese es el trabajo verdaderamente efectivo, pero también el más desafiante, y las escuelas siguen desarmadas en esa cruzada».

Imagen de portada: foto referencial (José Campos / Agencia Uno)

El 21 de septiembre de 2023 a las 3:44 pm, vi en mi celular el mensaje que ninguna mamá quiere recibir: “ALERT: Active shooting reported at the intersection of Buchanan and Eastshore Hwy. AVOID THE AREA” (ALERTA: tiroteo en curso reportado en la intersección de Buchanan y Eastshore Hwy. EVITE LA ZONA). Sentada en mi oficina, a 15 minutos del lugar del tiroteo, sentí un debilitamiento generalizado del cuerpo, como si hubiera perdido el control de cada músculo, mientras imaginaba a mis niños desprotegidos y en estado de pánico. Tenía que llegar lo antes posible al colegio de mi hijo, ubicado en la misma cuadra donde ocurría el tiroteo. En el trayecto, inundado por el sonido ensordecedor de sirenas y helicópteros, me invadió un profundo resentimiento contra una sociedad patologizada que deliberadamente se niega a adoptar las medidas científicamente probadas y efectivas para combatir la violencia escolar. 

Me refiero a Estados Unidos, el país que nuestra clase política tomó como referencia al discutir el recientemente aprobado proyecto de Ley de Escuelas Protegidas, para proponer medidas de tolerancia cero. En ese país, donde la mano dura ha sido aplicada con plena rigurosidad, la violencia escolar sigue siendo un problema endémico.

La presencia de una persona disparando en una escuela es producto de múltiples condiciones habilitantes que llevaron a Estados Unidos a registrar ese año 325 incidentes con armas de fuego en escuelas con 250 víctimas entre heridos y fallecidos. Como en la mayoría de los casos los responsables de los tiroteos son estudiantes o una persona con fuertes vínculos con el establecimiento (un exalumno o un apoderado), es lógico enfrentar la violencia escolar desde adentro, pero la pregunta clave es: ¿cómo? El proyecto de ley recientemente aprobado pone el foco en la vigilancia (revisar mochilas), la criminalización (recurrir a Carabineros o a la PDI) y el castigo (restringir el beneficio de gratuidad en la educación superior). Revisemos si los datos respaldan estas medidas.

Contrario a lo que ocurre en muchos ámbitos de la educación, en este tema la evidencia es irrefutable; los hallazgos se repiten reporte tras reporte y generación tras generación. A grandes rasgos, podemos hablar de dos aproximaciones adoptadas para enfrentar la violencia escolar. La primera es la estrategia de la ley y el orden, que privilegia medidas de vigilancia como destinar policías armados de punto fijo a los colegios, instalar detectores de metales y cámaras, aplicar sanciones ejemplarmente duras o entrenar y entregarles armas de fuego a profesores o administrativos. Armar a los profesores es una táctica tan popular que ya se ha adoptado en 34 estados de EE.UU. Estas medidas le cuestan 4 billones de dólares anuales a las arcas fiscales estadounidenses, y las investigaciones que han evaluado su efectividad muestran que estas estrategias han sido ineficaces para disminuir la violencia y, en algunos casos, la han exacerbado. ¿La razón? Un incidente violento en una escuela es la punta del iceberg y combatirlo con vigilancia y castigos no aborda las causas reales del problema. Detrás de este hecho se esconde una telaraña asociada al fácil acceso a las armas de fuego, a la falta de apoyo en materia de salud mental, a la aislación social, a la desconfianza y a la hostilidad no solo al interior de las escuelas, sino también en la sociedad en general.    

La evidencia, por tanto, apunta en una dirección completamente distinta. El Learning Policy Institute, fundado por la profesora de Stanford Linda Darling-Hammond, ha documentado sistemáticamente las medidas que sí funcionan: las barreras de acceso a las armas y la inversión en apoyo socioemocional son las más efectivas para crear ambientes escolares seguros. Las relaciones cercanas entre docentes y estudiantes son un factor clave para prevenir actos de violencia. Estudiantes que denuncian amenazas de violencia y que han permitido prevenir incidentes también son quienes afirman confiar en uno o más adultos de su escuela. A esto se suma la construcción de ambientes escolares positivos, donde los estudiantes desarrollan un fuerte sentido de pertenencia. Un clima acogedor y una sana convivencia escolar no solo contribuyen a mejorar la seguridad, sino que también se asocian con una mejora en los resultados académicos.

Para construir estos ambientes y priorizar la prevención, es fundamental contar con apoyo profesional especializado en problemas de salud mental y establecer conexiones directas con centros de salud y otras organizaciones externas a la escuela. Finalmente, la implementación de programas de justicia restaurativa, que priorizan el apoyo tanto a los estudiantes que cometen actos violentos como a las víctimas, permite interrumpir el escalamiento de la violencia asociado a la mayoría de los incidentes que involucran armas de fuego en las escuelas. Si bien los estudios académicos que respaldan estas aproximaciones fueron realizados en el contexto estadounidense, todas estas medidas tienen el potencial de funcionar en nuestro país y varias ya se aplican en escuelas chilenas que se han convertido en ejemplos de éxito. 

Un foco reactivo en caso de incidente por sobre uno preventivo para evitarlo privilegia también simulacros de tiroteo escolar. Estos ejercicios se aplican en el 95% de las escuelas y su efectividad ha sido sumamente cuestionada porque su ejecución deficiente y su carácter extremadamente realista pueden provocar daño psicológico y aumentar la sensación de inseguridad. No es sorpresa que, en un contexto así, un 75% de los estudiantes reporta un grado de preocupación asociado a la violencia por armas de fuego. 

Aun cuando esta realidad parezca lejana, lo cierto es que también comenzó a configurarse a partir de una tragedia. Las acciones tomadas en respuesta a la masacre de Columbine en 1999 desencadenaron un efecto dominó que hoy resulta muy difícil de revertir. Después del trágico homicidio ocurrido en un establecimiento educacional de Calama, nuestra clase política tuvo la opción de hacer las cosas mejor de lo que se hicieron en Estados Unidos, pero esa oportunidad fue desaprovechada.

La Ley Escuelas Protegidas propone mecanismos aplicables después de que la semilla de la violencia encuentra terreno fértil. Un estudiante que intenta ingresar a su colegio con un arma tendría que haber recibido ayuda mucho antes de que se le revisara la mochila. Encontrar un arma en una mochila no es una victoria, es un fracaso. El proyecto desconoce la importancia de medidas que permitan construir contextos educativos donde ninguno de sus integrantes llegue a considerar la violencia como una alternativa. Ese es el trabajo verdaderamente efectivo, pero también el más desafiante, y las escuelas siguen desarmadas en esa cruzada.